Mujeres al Timón
El Colegio de Auditores se incorpora a la CEV y Olga Álvarez, ejercerá su representación
El Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana ha oficializado este jueves su incorporación como miembro de pleno derecho de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). El Colegio, presidido por Rafael Nava, participará también en la Comisión de Economía y Fiscalidad, a la que ha solicitado formar parte, y en la que aportará la visión profesional que de la situación económica y empresarial tienen los auditores de cuentas. La persona escogida por la corporación colegial para representarla ha sido Olga Álvarez, vocal del Colegio y socia responsable de las oficinas de la firma Mazars en Alicante y Valencia. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante, Olga Álvarez es también diplomada en Auditoría y Control de Gestión por la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España (ROAC). Tras su paso profesional por Grant Thornton, se incorporó a la firma Mazars en el año 2000. Desde 2008 es socia responsable de las oficinas de Mazars en Alicante y Valencia, dirigiendo trabajos de empresas privadas y públicas, fundaciones, universidades y entidades del sector público, especializándome en el área de auditoría de cumplimiento de la legalidad, normativa en gestión de fondos públicos y Administraciones Públicas. Tal y como explica la auditora “para el Colegio de Auditores es un privilegio poder establecer un vínculo de colaboración con los empresarios valencianos, conocer de primera mano su problemática e inquietudes en la actual situación de incertidumbre en la que desarrollan su actividad y ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, en el planteamiento de alternativas viables para el futuro”. “Los auditores estamos en contacto permanente con el mundo empresarial y conocemos de primera mano los efectos que cualquier circunstancia del entorno social, económico, financiero y normativo, tanto en el ámbito nacional como internacional, tienen sobre las actividades, los negocios y la situación financiera de las empresas», ha explicad la auditora. En este sentido, ha insistido en que «la diversa tipología de nuestros clientes hace que nuestro conocimiento abarque desde pymes hasta grandes grupos empresariales, y de cualquier sector de actividad. Ello puede ayudar a la Confederación en sus análisis sobre las situaciones que viven las empresas valencianas, sus riesgos ante cambios en las circunstancias del entorno, así como en la valoración de posibles soluciones y alternativas de futuro”, afirma sobre su aportación. Según la última entrevista mantenida por este medio con el presidente del Colegio, Rafael Nava en este contexto es previsible que aumenten las auditorías voluntarias por parte de las empresas para reforzar su posicionamiento ante las entidades financieras.
El CaixaForum València avanza a buen ritmo y en 2022 el Ágora será un centro cultural
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el presidente de la Fundación «la Caixa», Isidro Fainé, han visitado las obras del CaixaForum Valencia, que convertirá el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en un centro cultural en el primer semestre de 2022. Los trabajos de construcción del centro avanzan según lo previsto a pesar de los 26 días que la obra permaneció parada a causa del Estado de Alarma, tras la firma del acta de replanteo el día 9 de marzo que dio inicio a las obras en el interior del edificio. Hasta el momento han finalizado las fases de derribo y cimentación, ya que se ha tenido que reforzar todo el subsuelo del edificio para que este pudiera soportar el levantamiento de estructuras de gran envergadura que ya se ha iniciado en el interior del edificio. Una de ellas servirá de base para acoger las oficinas y la cubierta de la tienda del futuro centro cultural. El edificio que tendrá una superficie final pisable de unos 10.000 metros cuadrados, podrá ser transitado por todos los ciudadanos, que tendrán acceso a la instalación y a áreas como la cafetería, la libería o la tienda de manera gratuita, únicamente se pagará un ticket para acceder a la zona expositiva o a las actividades que se celebren en el auditorio que tendrá capacidad para unas 290 personas. La idea es que los 365 días del año, el centro tenga actividad, bien programada por la Fundación bancaria «la Caixa», que se encargará de dotar de contenido todo el espacio con una inversión anual de unos 5 millones de euros, bien, gracias a permitir la celebración de actividades por parte de entidades sociales y culturales de la Comunitat valenciana, a las que gratuitamente la Caixa les cederá el espacio cuando las actividades no sean lucrativas. «Siempre hablaremos de un centro comercial y no de un palacio de congresos. Por la experiencia que tenemos de otros recintos, aproximadamente el 50% corresponderá a iniciativas de entidades valencianas «, señalan fuentes de la entidad. Será el noveno Caixaforum que abra la entidad, pero por la singularidad del edificio y su espacio, se sumará «a los grandes» recintos de Madrid y Barcelona que integran la red -con el mismo espacio expositivo que el de Madrid-, «no queremos recargar el espacio, queremos que el visitante respire el edificio, que en su parte central alcanza los 70 metros de altura», según han trasladado durante la visita desde la fundación. La inversión de la Fundación ”la Caixa” para hacer realidad el proyecto -para el que hay una concesión de la Generalitat de 50 años- será de 19,4 millones de euros, a los que se suma un presupuesto anual de unos 5 millones como decimos para mantenimiento, programación y funcionamiento del centro. El proyecto El proyecto, presentado por el arquitecto Enric Ruiz-Geli y su estudio Cloud 9, fue el elegido para construir un nuevo CaixaForum en el interior del edificio Àgora, obra de Santiago Calatrava. El diseño del centro respeta, potencia y convive con el Àgora, manteniendo su concepto original como espacio de reflexión y gran superficie cultural abierta, pública y de gran actividad. A día de hoy, ya se ha llevado a cabo la contratación de toda la obra pendiente, excepto la parte audiovisual. En fase de licitación se encuentra el revestimiento de una futura sala polivalente que los visitantes podrán ver prácticamente suspendida en el aire a unos 9 metros de altura, y que el arquitecto del proyecto denomina nube. El nuevo CaixaForum tendrá dos salas de exposiciones, un auditorio, librería, restaurante y un espacio familiar y educativo, con un total de 6.500 metros cuadrados útiles. Comprometidos con el bienestar de los valencianos CaixaForum València permitirá incrementar la acción social y cultural que la Fundación ”la Caixa” lleva a cabo en esta ciudad y en la Comunitat Valenciana, y que ha ido aumentando de forma significativa en los últimos años. En este sentido, la entidad ha ampliado su inversión para el desarrollo de iniciativas sociales, educativas y culturales durante este 2020, hasta alcanzar los 32,5 millones de euros. «Nos encontramos aquí, una vez más, para reafirmar nuestra voluntad de contribuir al bienestar de los valencianos. Nuestro compromiso es más sólido si cabe en estos momentos tan difíciles. Por ello, estamos incrementando nuestra inversión para reforzar las iniciativas de carácter social, científico y educativo en esta comunidad. Del mismo modo, apostamos por la cultura como herramienta para fomentar la inclusión social y el crecimiento personal, como ponen de manifiesto las obras de este nuevo centro CaixaForum», ha explicado Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. Entre las prioridades de la entidad en la Comunitat para afrontar la crisis social y sanitaria, destaca la colaboración en la mejora de las condiciones de vida de los niños más vulnerables, la promoción del envejecimiento activo de las personas mayores, y la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como el apoyo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
El Botànic vuelve a plantear una reforma de la ley que baje la barrera electoral del 5 al 3%
Los grupos del Botànic han vuelto a plantear este jueves una propuesta de reforma electoral para bajar del 5 al 3% la barrera para obtener representación en Les Corts y promover listas desbloqueadas y paritarias, el voto preferencial y primarias abiertas a la ciudadanía. El PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem ya presentaron una iniciativa similar la pasada legislatura, que fue rechazada en enero de 2019 debido a que una modificación de la ley electoral valenciana necesita el apoyo de dos tercios del pleno (66 votos) y no los consiguió porque Ciudadanos, en un principio proclive a apoyarla, votó en contra. El síndic socialista, Manolo Mata, ha indicado que Ciudadanos «ha evolucionado, para bien», por lo que espera que desaparezcan sus reticencias sobre la paridad de las listas y la sobrerrepresentación de Castellón y se sume, y también lo haga el PP, pues es la ley «más moderna del Estado español» y no hay «franjas rojas» que en el texto imposibiliten acuerdos. Según el síndic de Compromís, Fran Ferri, esta norma aporta «más democracia, más igualdad y más lucha contra el cambio climático», y permitirá un Parlamento «más representativo de la sociedad valenciana», pues evitará que formaciones con 100.000 votos se queden fuera. Y la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha señalado con esta ley la Comunitat Valenciana «sigue demostrando que es vanguardia», y se da «más poder a la ciudadanía por encima de los partidos políticos» al tiempo que se garantiza avanzar en la igualdad y en la renovación de las instituciones. La nueva proposición de ley propone bajar la barrera electoral para lograr representación parlamentaria del 5% de los votos emitidos a nivel autonómico al 3% de los votos válidos (sin contar los nulos) por circunscripción y en el conjunto de la Comunitat Valenciana. También aboga por el voto preferencial y las listas desbloqueadas: los electores votarían una lista única pero podrían marcar su preferencia por un máximo de tres candidatos, y los que obtuvieran el 10% de los votos logrados por su lista avanzarían puestos dentro de ella. La propuesta quiere promover también la paridad, de forma que candidaturas estén compuestas al menos por un 50% de mujeres, respetando esta proporción en cada tramo de dos puestos, e incentivar las primarias abiertas a la ciudadanía, con un aumento del 5% de la subvención electoral a quienes las hagan. Plantea además nuevas incompatibilidades, de forma que será incompatible ser diputado y ser miembro de las corporaciones locales, integrantes de los gabinetes de miembros del Consell, personas que ocupan la presidencia o dirección general de una Caja de Ahorro, o titulares de autoridades portuarias por nombramiento de la Generalitat. Otras medidas son los debates obligatorios en la televisión pública valenciana en horario de máxima audiencia, mientras que, con el fin de ahorrar gastos y reducir el impacto en el medio ambiente, se plantea el envío centralizado de papeletas y publicidad de las diferentes candidaturas. El Botànic también defiende que se facilite el voto de los residentes ausentes que viven en el extranjero, mediante el acceso a papeletas en formato electrónico para que puedan ser impresas y enviadas, y que la distribución de espacios electorales gratuitos sea proporcional a la representación obtenida en Les Corts, garantizando cinco minutos a cada formación.
Los directivos piden dejar la demagogia de lado y salvar a las empresas y personas
El XIX Congreso de Directivos de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos que se celebra en el Palau de les Arts Reina Sofía de València bajo el lema liderazgo transformador, busca aportar propuestas de futuro para sobrellevar el impacto económico derivado de la pandemia provocada por la COVID-19, poniendo en el centro al empresario y al directivo. Como anfitrión el alcalde de València, Joan Ribó ha abogado por «reconfigurar un nuevo espacio que nos proyecte para afrontar los desafíos futuros» y ha destacado entre los retos de la ciudad -recientemente reconocida entre las seis ciudades europeas más innovadoras y que ejercerá como capital mundial del diseño en 2022-, el que «directivos de lo publico y lo privado apostemos por unos valores éticos donde la sostenibilidad, la justicia y los derechos sociales marquen el rumbo». «Si queremos salir de esta crisis mejor, más reforzados, no podemos consentir que nadie quede atrás», por tanto ha animado a los presentes a ser «valientes en sus propuestas y firmes en sus conclusiones». Ana Colonques presidenta del comité organizador, ha recordado parafraseando a Antonio Garrigues Walker que el futuro de la globalización no está escrito, subrayando que la transformación empieza aquí desde el dialogo, «hay que exigir pero alcanzar acuerdos entre empresarios, dirigentes y sociedad», ha defendido. Asimismo ha recordado que la empresa «no es un fin en sí misma, si no un medio para mejorar la vida de las personas, desde un liderazgo creativo y solidario, alejado del conflicto y de la deshumanización laboral; con el objetivo de forzar un marco común que propicie el éxito económico , el bien común y la prosperidad del país». Antoni Francesc Gaspar, president de la Diputació de Valencia, ha calificado este congreso como «muy oportuno» y se ha mostrado crítico contra «quienes alzan la voz y hacen ruido», pues ha alertado que «fomentar el miedo conduce al odio y el uso intensivo del miedo y del odio nos hace mucho más vulnerables». Por tanto, ha dicho, es el momento «de la buena política y de la buena empresa, de buenos políticos y buenos empresarios porque tanto la política como la empresas las hacemos las personas». «Desconfiemos de quienes lo tienen todo claro, la soberbia y el dogmatismo son dos síntomas a erradicar del poder y la toma de decisiones», ha añadido. A juicio la política «tiene que seguir marcando las prioridades sociales, pero no tendrían la misma eficacia sin la aportación y participación del tejido económico y social, siendo labor de administración y empresa hacer frente al miedo, transmitiendo confianza y certeza», ha dicho. En la imagen el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, durante su intervención. EFE/Kai Försterling Hilario Albarracín, presidente de KPMG ha moderado la mesa de debate con José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE. Por su parte, José Luis Bonet, ha recalcado que esta es la peor crisis, no solo sanitaria sino también económica, que hemos vivido. Haciendo memoria ha destacado que desde la transición, España ha dado «un salto mayúsculo» en progreso y bienestar, porque ha habido «estabilidad» basada en los principios fundamentales de la Constitución, mencionando expresamente la «separación de poderes» o la «monarquía parlamentaria». Además ha subrayado la internacionalización de la economía española donde ha añadido «la acción determinante de la corona». Entre las previsiones económicas que maneja la institución, el presidente de la Cámara de España ha señalado una caída prevista del PIB del 14% y que la tasa de paro alcance el 22,5%, además de una importante «destrucción del tejido productivo». A su juicio hay dos alternativas posibles: rendirse y morir, o luchar y salvarse. A su juicio la resiliencia se consigue a través de la colaboración: «basta de demagogias y vayamos a salvar a la gente», ha dicho, donde la «cogobernanza y la colaboración-público privada, se hacen imprescindibles». Cree Bonet que a las empresas hay que acompañarlas, potenciar el emprendimiento, y favorecer la flexibilidad: «Europa nos va a salvar, pero esto significa deuda, por tanto el sistema bancario debe apoyarlo, aunque conlleve de forma extraordinaria, una revisión de la regulación». El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido a la clase política «que trabaje por el país, que juegue a la moderación» que es lo que necesita España para tener estabilidad y generar la confianza necesaria para superar la crisis generada por la pandemia. Durante su intervención en este XIX Congreso de Directivos CEDE ha subrayado que una de las claves para que España funcione es generar confianza y que para ello se necesita estabilidad a través del entendimiento y la moderación. «Yo creo que este país necesita moderación, este país es moderado», ha subrayado el presidente de la patronal, que ha insistido en la importancia de que «la economía no se pare» y en el papel jugado por los ERTE, donde ha dicho quedan unos 790.000 trabajadores, y las líneas ICO. «No podemos parar la economía», ha defendido Garamendi, que ha apuntado que se habrá que seguir ayudando a las empresas que lo necesiten «mientras esto no funcione». Además, ha hecho hincapié en un uso eficiente y adecuado de esos recursos, y ha recordado que «las empresas son las que crean riqueza«, ha señalado Garamendi que ha defendido que «deben ganar dinero, dar dividendos y con eso crear valor a la sociedad».
Goiri y Roig piden seguridad jurídica y fiscal y más «pico y pala» para salir de esta crisis
Juan Roig, presidente de Mercadona y José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia han protagonizado otro de los diálogos del Congreso de Directivos con Elena Salgado, consejera de Saba Infraestructuras como moderadora. El presidente de Mercadona, Juan Roig ha asegurado que en tiempos de crisis hay que apoyarse en las fortalezas y no en las debilidades, ya que ahora estamos «haciendo un túnel en el Himalaya» y no se sabe qué profundidad tiene ni cuánto tiempo va a durar, y por eso hay que dedicarse «a picar» y no a mirar atrás. «Esto un día acabará y tenemos una gran ventaja, las infraestructuras están, los aeropuertos, las autopistas, y no hay que hablar tanto de la vacuna sino hacer pico y pala, pico y pala», ha manifestado. El presidente de Mercadona ha insistido que la gran apuesta de la cadena de supermercados ha sido la de «estar al pie del cañón» para dar servicio a la sociedad, primero desde la dirección, «dando ejemplo» -con la celebración solo en el mes de marzo de once comités de dirección presenciales-; así como mantener el plan de inversiones que tenía la compañía para este año -1.600 millones- y tomando medidas para proteger la salud de empleados y clientes con inversiones por valor de 300 millones de euros. Sobre la convivencia entre salud y economía, ha dicho que son como respirar y comer, las dos son necesarias y, ante la crisis económica que vendrá en 2021 y 2022, cuanto menos tiempo de atención se preste a la economía, peor. Roig ha manifestado que los que sacarán adelante la crisis serán las empresas, los empresarios y los trabajadores, y las empresas están para satisfacer al cliente y al trabajador, pero también para ganar dinero y hacerlo de forma honesta. Ha recordado que en Valencia en el siglo XVIII los productores de naranjas y los ceramistas no sabían hablar castellano, inglés o francés pero se dedicaban a exportar, y por eso ha opinado creer más en la fuerza mental que en los medios físicos. En la imagen el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, durante su intervención en el congreso. EFE/Kai Försterling Por su parte, José Ignacio Goirigolzarri ha señalado que ningún banco tenía entre sus planes de contingencia «una pandemia», por ello «que todos los servicios funcionaran, con el 90% de las oficinas abiertas y vendiendo productos que no conocíamos antes entonces, implementados en tiempo récord desde el teletrabajo de los servicios centrales moratorias o créditos ICO, da una idea de la capacidad de adaptación y flexibilidad que ha tenido la entidad». Preguntado sobre por qué la caída del PIB va a ser mayor en España que en el resto de países del entorno, ha destacado el presidente de Bankia algunos aspectos idiosincráticos que lo justifican, como la estructura productiva del país con un peso muy importante del sector turístico, además de otras debilidades de la economía española como «la baja productividad, un mercado laboral muy dual, o una economía sumergida que supone un foco de vulnerabilidad tremendo». Ambos han instado a las autoridades a poner un «buen marco» de seguridad jurídica y fiscal para las empresas privadas, protagonistas de la recuperación económica y ha advertido el presidente de Bankia en que «sería una irresponsabilidad tremenda» no invertir los fondos europeos en proyectos que creen riqueza, en los que «el auténtico protagonista es el mundo empresarial». Ambos coinciden también en que «es un error concentrar las esperanzas en la vacuna» porque «nos hace fatalistas», cuando en opinión de Goirigolzarri, lo que hay que hacer ahora es «centrarnos en las capacidades y en las cosas en las que hoy por hoy podamos influir así como optimizar la gestión de esta situación». En su opinión, ahora «la agenda política debe concentrarse en las cosas que realmente preocupan a los ciudadanos: la crisis sanitaria, esto es, salvar vidas, y en la crisis económica, generar puestos de trabajo». Y como hilo conductor Goirigolzarri ha señalado que es necesario «un presupuesto con el máximo consenso posible y concentrado en la generación de riqueza» y un cambio en el modelo educativo que alcance a las personas de cualquier edad en un mundo en transformación que exige nuevas habilidades y «pues si no se hace un esfuerzo ahora, será un problema en los próximos años». En la imagen el presidente de Mercadona, Juan Roig, durante su intervención en el congreso. EFE/Kai Försterling
Garamendi pide presupuestos anuales y rechaza cierres masivos en la hostelería
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha manifestado en el marco del congreso CEDE que no se opone a establecer un toque de queda en España, porque entiende que es mejor «cerrar a las once de la noche que hacerlo todo el día«, como se ha decidido hacer con la hostelería en Cataluña. No obstante, ha vuelto a insistir en combinar la lucha contra la pandemia con el hecho de que la economía no pare, si bien, ha preferido no entrar a valorar qué medidas se deberían adoptar por parte del Ministerio de Sanidad, pero una vez más ha hablado de eficiencia, de la realización de más test y de reforzar las urgencias hospitalarias que se colapsarán cuando llegue también la gripe. El presidente de la patronal aboga por gestionar la lucha de la pandemia «perfectamente» con la economía y ha advertido «cuidado con no hacerlo porque si no, tendremos un problema más grave, ya que tampoco podemos morirnos de hambre», ha lanzado como mensaje a la clase política; a la que ha pedido además normas y protocolos «comunes» para todas las comunidades autónomas y evitar así rupturas del mercado. En este sentido, ha insistido en la situación en Cataluña donde se ha cerrado la hostelería «de golpe» «cuando no creo que sea la hostelería la responsable, pues estamos viendo que los contagios llegan en las reuniones sociales y familiares en otro tipo de ambientes». A su parecer, los cierres masivos son peligrosísimos porque ponen en riesgo a 350.000 locales comerciales de hostelería en España, que son familias y pequeños comercios. «Hay que tener responsabilidad en lo que estamos haciendo», ha sentenciado, pues «la economía española está anestesiada» a través de los ERTE, los ICO y la compra del BCE de bonos españoles, pero «sigue viva». En relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Garamendi ha considerado que «es la norma más importante», pero ha lanzado el mensaje de que tienen que ser sólo por un año. «Lo que no puede ser es que sean para un año y nos duren cinco o seis años. Presupuestos sí, pero anuales», ha concluido. Incide en la necesidad de sean «muy serios y ordenados»: «Que sean los que tengan que ser, pero no pueden durar cinco años y que al final sean un cajón de sastre y un desastre», ha apostillado. Por último ha afirmado que la sociedad está reclamando unidad y España debe mantenerse en un espacio de moderación, y ha reclamado «amplitud de acuerdos, de escucha y de diálogo».
Pallete sitúa a España a la vanguardia en digitalización y Garmendia habla de fisuras
En el marco del Congreso de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, que reúne en València a directivos y empresarios con el objetivo de dialogar y reflexionar sobre el contexto que estamos viviendo, Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación COTEC; ha destacado que antes de la pandemia, partíamos de unos cimientos que «ya tenían fisuras», «con tendencias que se atendían, pero que no se impulsaban de manera clara -ha declarado- como la digitalización, la economía circular, o las inversiones basadas en el conocimiento». Por tanto, a su juicio, la crisis ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria circular que nos dote de capacidades «con lo que existe una oportunidad clara de relocalizar cadenas de suministro globales que se puedan asentar en nuestro territorio, paliando otros problemas asociados como la despoblación de los municipios», ha apostado Garmendia. La directiva ha sido clara respecto a las capacidades educativas: «Los alumnos no han aprendido lo que tenían que haber aprendido este año, y no lo han hecho porque solo el 50% de los docentes tenían capacidad y competencias para facilitar la enseñanza online», por tanto ha hablado de «brecha de acceso, brecha de uso y brecha escolar». Garmendia también ha hecho hincapié en la importancia de las “inversiones intangibles que no se miden, pero que son las que dotan de competitividad a las instituciones y empresas. Hay que captar y proteger el talento y los activos inmateriales”. Por último también ha sido clara a la hora de asegurar que la capacidad digital “de nuestros sistema sanitario es muy deficiente. Y tenemos una gran brecha de desigualdad entre comunidades autónomas, algunas con un grado de digitalización de un 49 sobre 100 y otras sin llegar al 5. No tenemos calidad en los datos que manejamos y esto no se improvisa de la noche a la mañana. Necesitamos urgentemente digitalizar el sistema nacional de salud”, ha urgido. Ángel Simón, vicepresidente de Suez; ha asegurado que la COVID-19 ha permitido a esta compañía con 160 de historia reafirmarse en su apuesta por la innovación como concepto integral. «De un día para otro hemos puesto a prueba nuestro sistema de innovación. Y esta se construye cada día en un negocio, innovando en nuestro trabajo diario con bases previas de investigación gracias a la participación público-privada (mencionando acuerdos por todo el mundo con universidades e instituciones como el CSIC)”, ha remarcado. “También hemos tenido que hacer innovación social. No podemos dejar a nadie sin agua. La empresa debe ser un actor social, su capacidad de acción en la sociedad cada vez es más importante”, ha ejemplificado. Por su parte, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha asegurado que la pandemia ha acelerado «entre tres y cuatro años» la digitalización de las empresas españolas, proceso al que se ha referido como la «primera revolución tecnológica que pilla a nuestro país a la vanguardia» ya que España «tiene hoy la mejor red de Europa» y suma «más fibra que Reino Unido, Italia, Alemania y Francia juntas». Ante la aparición de este «cisne negro», ha dicho, España «ha funcionado bien, desde las infraestructuras a sus organizaciones». Para el presidente de Telefónica, la pandemia ha llevado tanto a individuos como empresas a hacer «cosas que antes no nos atrevíamos», acelerando la digitalización «entre tres o cinco años» y es que «hemos quemado las naves en ese sentido». «La digitalización ya no es una opción, está aquí, y las empresas que no nos adaptemos sufriremos más», ha recalcado Álvarez-Pallete, que prevé que esta «disrupción tecnológica» aumente el Producto Interior Bruto (PIB) hasta dos puntos porcentuales, y la productividad de las pymes, entre un 15 y un 25 %. No obstante, ha admitido que el proceso también «va a generar desigualdades porque va a tener un impacto sobre los mercados laborales». Además ha advertido de que este escenario, requiere de un nuevo marco de valores y ética, «pues no solo valen las reglas de competencia del siglo XX». «Proponemos un pacto digital», ha sentenciado. Francisco Reynés, el presidente de Naturgy, ha señalado que aunque el reto de la transformación energética «es anterior a la pandemia», cree que «ahora sí» que esta transición «va a ser uno de los motores tractores de inversión». Reynés confía en que los planes puedan canalizarse en «proyectos concretos» impulsados económicamente por estas empresas y por una dotación «adecuada» de los fondos europeos. «Vamos a ser impulsores de la economía del neutrógeno, de la generación distribuida, y de la digitalización de las redes, que van a ser los tractores de esos proyectos de desarrollo», ha concluido.
Cuatroochenta, la primera firma de Castellón que debuta en BME Growth el 22 de octubre
Cuatroochenta empezará a cotizar en BME Growth el próximo día 22 de octubre. La compañía tecnológica hará el toque de campana en la Bolsa de Madrid con un precio de salida de 9,35 euros por acción para una valoración total de 20,8 millones. La fecha ha sido acordada hoy por el Consejo de Administración de BME Growth (antes MAB), que ha validado su ampliación de capital de 2,5 millones de euros con una destacada sobredemanda, conforme recoge la correspondiente adenda al Documento de Incorporación al Mercado (DIIM). Su código de negociación será “480S”, con Renta 4 como asesor registrado y proveedor de liquidez. Con un crecimiento interanual de facturación superior al 20%, Cuatroochenta será, aparte de las socimis, la primera compañía en incorporarse al mercado de valores español para empresas en expansión tras su homologación europea. Después de tres años de preparación y auditorías de la mano de Entorno Pre Mercado, Cuatroochenta tiene como objetivo su consolidación nacional y expansión internacional como compañía de referencia en el desarrollo de software avanzado, combinando crecimiento orgánico e inorgánico. Toque de campana seguro Cuatroochenta adaptará su debut en el parqué al protocolo de seguridad sanitaria marcado por las autoridades y BME para el control de la pandemia del coronavirus. El toque de campana se emitirá en directo en streaming desde la Bolsa de Madrid para que se pueda seguir en directo por el equipo, accionistas, inversores, clientes, proveedores y entorno. Y la asistencia al acto se limitará al mínimo de personas imprescindible para su realización, con identificación y medición de la temperatura en el acceso, uso de mascarillas, gel hidroalcohólico y separación marcada por sillas. En el toque de campana intervendrán el director gerente de BME Growth, Jesús González Nieto-Márquez; el presidente del Consejo de Administración de Cuatroochenta, Vicente Montesinos; el CEO y cofundador de la compañía, Alfredo R. Cebrián; y el CTO y cofundador, Sergio Aguado. Los fundadores, de 36 y 38 años respectivamente, mantienen intacto su compromiso al frente de la compañía desde que la pusieron en marcha en 2011 en el parque tecnológico de la Universitat Jaume I de Castelló, Espaitec.
La alicantina FacePhi registra la inyección de 4 millones de la suiza Nice & Green
Se cumple un año desde que la compañía alicantina FacePhi, especializada en tecnologías de reconocimiento biométrico, anunciara un acuerdo de inversión de la suiza Nice & Green, la cual inyectó 4 millones de euros en la alicantina, que se materializaron en una emisión de Warrants por valor de 3,5 millones de euros más un préstamo capitalizable de otros 500.000 euros. Ahora el BORME recoge la inscripción en la hoja registral de FacePhi del acuerdo del Consejo de Administración de emitir un nuevo tramo de Warrants convertibles en acciones al amparo de este acuerdo y cuyo beneficiario (comisario) es Nice & Green. De este modo, Nice & Green tiene así reconocido su derecho de ejercitar los Equity Warrants (correspondientes a la tercera emisión de 26.923.077 warrants convertibles hasta un máximo de 1.400.000 euros) y que serán convertibles en acciones de la compañía tras las oportunas ampliaciones de capital. «Consecuentemente, para poder realizar dichas ampliaciones había que tener inscrito esa decisión del Consejo, que actúa por delegación de la Junta General de accionistas, tal y como aparece reflejado en BORME», según ha explicado la compañía a Economía 3. En esta ocasión Nice & Green ha ejercitado su derecho de conversión de 170.182 Equity Warrants por un importe de conversión total de 900.000 euros, por lo que FacePhi otorgará escritura de ampliación de capital con el objeto de cubrir la emisión de los equity warrants emitidos. Las nuevas acciones de FacePhi a emitir en ejecución de la conversión de los 170.182 Equity Warrants serán 75.329 con una prima de emisión de 5,2700 euros por acción, siendo el tipo de emisión de estas acciones de 5,3100 euros por acción (0,04 euros de nominal más 5,2700 euros de prima de emisión) y 94.853 con una prima de emisión de 5,2313 euros por acción, siendo el tipo de emisión de estas acciones de 5,2713 euros por acción (0,04 euros de nominal más 5,2313 de prima de emisión). En consecuencia, el capital social de FacePhi se incrementará en un importe nominal de 6.807,28 euros (170.182 x 0,04 euros). Tras el mencionado aumento de capital, el capital social se fija en la suma de 573.215,20 euros, el cual se encuentra totalmente suscrito y desembolsado, dividido en 14.330.380 acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, de 0,04 euros de valor nominal cada una de ellas, de una misma clase, iguales, acumulables e indivisibles. La compañía con presencia y proyección internacional a través de sus soluciones biométricas para la verificación de identidad cotiza bajo la fórmula de dual listing, cotizando a la vez en el mercado Euronext Growth de París y en el BME Growth de España. FacePhi incorpora al Consejo Asesor a Juan Antonio Gómez La compañía acaba de incorporar a Juan Antonio Gómez Bule a su Consejo Asesor. Es vicepresidente y responsable de asuntos públicos en Ecix Group, un despacho de abogados especializado en Seguridad de la Información y Cumplimiento, con oficinas en Madrid y Singapur. Es vicepresidente del consejo de Walhalla, proveedor español de cloud y miembro superior del consejo asesor de Headspring, una empresa conjunta del Financial Times e IE Business School que diseña y ofrece programas de educación y liderazgo personalizados. Tras licenciarse en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, donde se especializó en cambio social, Juan Antonio ha sido vicepresidente de la multinacional Ascom en España, director general de Prosegur Tecnología, consejero de compañías de ciberseguridad como S21sec, Visual Tools y OnRetrieval y tecnológicas como General Drones. Además, ha sido propietario y fundador de empresas de telecomunicaciones y seguridad y miembro del Comité de Expertos Independientes de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2017 y 2019 y del grupo de Ciberpolítica del Real Instituto Elcano. “Para FacePhi es un honor contar con un consejero como Juan Antonio Gómez Bule, que aporta tanta experiencia en el sector y que por tanto ayudará a la compañía a cumplir sus objetivos de crecimiento y posicionamiento internacional”, ha asegurado Javier Mira, CEO de FacePhi.
Cs pide no subir impuestos, 8.000 plazas de sanidad y 200M a autónomos al apoyar Puig
El grupo de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, liderado por Toni Cantó, ha traslado al president de la Generalitat, Ximo Puig, en la reunión que han mantenido en el Palau de la Generalitat, cinco ejes para avanzar «en acuerdos que permitan aprobar unos presupuestos autonómicos de la reconstrucción», tal y como han manifestado ambos líderes. El primero, no subir impuestos; el segundo, mejorar la sanidad y más protección a los mayores, con 5.000 plazas al año en las residencias y con el impulso de 4.000 plazas de médicos y 4.000 de enfermeros, lo que supondría una inversión de 200 millones al año. El tercer eje expuesto ha sido la modernización y el refuerzo a la educación, con el apoyo a la FP dual, un plan de digitalización y el fortalecimiento del inglés. Respecto al apoyo a los sectores económicos más afectados por la crisis, Cantó ha mencionado a los autónomos, con el objetivo de ampliar a 200 millones la línea de ayudas a los autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos en el segundo semestre de 2020 más de un 50%, respecto al mismo periodo de 2019. Además ha apostado por destinar 50 millones a la Agencia Valenciana de Innovación y convertir la Comunitat en destino preferente para instalarse y trabajar, a través de incentivos fiscales, digitalización, vertebración del territorio y una campaña de promoción internacional. Por último se ha referido a una auditoría externa de la Generalitat para «avanzar en la eficiencia y en el adelgazamiento de la Administración». Cantó ha agradecido la voluntad de Puig de reunirse con su formación para abordar los nuevos presupuestos, una voluntad que espera vaya acompañada de «hechos y números reflejados en los presupuestos», pues ha lamentado que en materia de residencias de ancianos, la Comunitat se encuentre por debajo de la media española y europea en plazas, por lo que propone este «plan de choque» con colaboración público-privada, «para que dentro de unos años podamos crear 5.000 plazas al año para ancianos». Tras el encuentro, Cantó se ha mostrado «satisfecho» , porque «en general, las propuestas de Ciudadanos han tenido buena acogida, hay buen entendimiento», ha dicho, si bien, ha recalcado que lo importante es eso, «que se trasladen luego y se vean reflejadas en los presupuestos», y que los socios del Botànic «también demuestren voluntad de acuerdos y dejen la pelea, que es lo que piden todos los ciudadanos. La ciudadanía quiere que los políticos nos pongamos de acuerdo», ha sentenciado. Por su parte, la valoración del president también ha sido «muy positiva», por lo que significa de «voluntad de diálogo permanente» y por la expresión del «esfuerzo común» ante una situación tan excepcional como la generada por la pandemia. Así lo han señalado fuentes de Presidencia, que han precisado que durante el encuentro ha habido una «coincidencia amplia» en el diagnóstico de la situación y se ha constatado la determinación para alcanzar acuerdos si resulta posible para revigorizar los servicios públicos fundamentales de los valencianos y la creación de empleo. Desde Presidencia de la Generalitat se considera que, en la actual emergencia sanitaria y socioeconómica, cuanto más respaldo conciten los Presupuestos de la Generalitat para 2021, «más potente será la respuesta de las instituciones y mayor confianza y seguridad se trasladará a los ciudadanos». Las mismas fuentes han asegurado finalmente que hay «coincidencia en muchas medidas» y, en todo caso, ahora habrá que «aterrizar esas propuestas y proyectos». Se crea un grupo de trabajo conjunto Según Cantó, Puig ha dicho que sí a realizar una auditoría para ver dónde sobran y dónde faltan recursos en la Administración pública para modernizarla y para hacerla más efectiva, y ha explicado que, a partir de ahora, se creará un equipo específico para trabajar en estos acuerdos, en el que por parte de Cs estarán los diputados Tony Woodward y Ruth Merino. Por su parte, el síndic socialista en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha manifestado la necesidad de que los Presupuestos de la Generalitat para 2021 «tengan el máximo apoyo posible en esta situación de excepcionalidad” generada por la pandemia. Para Mata hace falta «mucha fuerza de lo público, mucho poder de las administraciones estatales y autonómicas y mucho gasto público para poder atemperar tanto las consecuencias sanitarias como la situación económica”. El también vicesecretario general socialista ha añadido que «las propuestas de este y otros grupos se irán analizando una a una». Ha explicado que, de las propuestas planteadas hoy por Cantó «hay muchas que ya están en vigor, otras que resultan interesantes y alguna que es muy difícil de llevar a cabo, como la contratación de 8.000 médicos cuando no hay tantos disponibles, ni muchísimo menos, en la Comunitat Valenciana”. «Pero es bueno que se haga este ejercicio de hablar del qué y no tanto del quién», ha resaltado Mata, que ha considerado «muy sano» que «alguien dé el paso desde la oposición para hacer propuestas». «Confiamos en que se siga avanzando, en que haya reuniones y reflexiones bilaterales y en que el gobierno y la oposición tenga la suficiente sensibilidad para que en esta situación excepcional los Presupuestos tengan el máximo de apoyo«, ha reiterado Mata. El rifirrafe político En referencia a esta reunión, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha advertido al jefe del Consell sobre la necesidad de «eliminar el gasto superfluo para destinarlo a la alarma sanitaria y la reactivación». Bonig ha mantenido una reunión este lunes en Calp (Alicante) con la alcaldesa de este municipio, Ana Sala, y representantes de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes, según un comunicado del PPCV. La dirigente popular ha indicado, que del fondo de cooperación consensuado «40 millones de euros para los 542 municipios que hay en la Comunitat, solo se han pagado a día de hoy 149.000 euros». «Los alcaldes están haciendo un sobresfuerzo con el dinero municipal para atender todas las necesidades que debería atender la Generalitat y que no lo hace«, ha señalado «Puig está más pendiente de cómo crecen sus asesores que de atender sus obligaciones. Este fin de semana ha contratado uno más, y ya son más de 20 millones destinados a pagar asesores mientras los ayuntamientos adelantan el dinero para atender la grave crisis económica, social y sanitaria«, ha asegurado Bonig. En respuesta a las declaraciones de la síndica, Manolo Mata ha recordado que «afortunadamente, desde el año 2015 no hay gasto superfluo, ese que se iba en la corrupción, en enchufados, en empresas en las que no había ningún contenido ni actividad». «Isabel Bonig debería ser más responsable y trasladar sus propuestas, que algunas de ellas son interesantes, a los foros donde toca, y no buscar hurgar en la herida», ha considerado el portavoz socialista. «Tenemos que hacer una apuesta definitiva por reconvertir sectores productivos, ampliar líneas de crédito y confiar en los proyectos europeos», ha destacado Mata, que ha añadido que «el único gasto superfluo es el de aquellos políticos que no aportan nada y solo quieren hacer daño».
Escobar (PageGroup): «La contratación de mandos intermedios supera la de 2019»
El empleo cualificado sigue al alza en la Comunitat. Las pymes valencianas saben que en momentos complicados es importante reforzar sus áreas estratégicas, por lo que los procesos de selección se recuperan del parón que supuso la declaración del Estado de Alarma. De hecho, este mes de septiembre, la contratación de mandos intermedios y personal cualificado en la Comunitat ha superado los registros de 2019. Así lo confirma a Economía 3 el responsable de PageGroup, consultora experta en la selección de talento cualificado bajo enseñas tan reconocidas como Michael Page o Page Personnel, en la Comunitat, Eduardo Escobar. Vídeo resumen en E3TV – ¿Cómo estáis viendo a la pyme valenciana? – En general, la pyme valenciana está sobrellevando esta situación mejor de lo que ella misma pensaba. La realidad es que siguen contratando, de hecho sus perspectivas son optimistas, y esto se traduce en el que número de procesos de selección que hemos gestionado en septiembre y el número de contrataciones ha sido superior al del mismo periodo del año anterior, y la tendencia desde el mes de mayo es de crecimiento paulatino mes a mes. -¿Qué sectores se están comportando mejor? – Los sectores que más demanda registran tienen que ver con alimentación y gran consumo en general, compañías fabricantes de productos que encuentras en una gran superficie comercial para entendernos Además uno de los que mejor se está comportando en cuanto a contrataciones se refiere es el sector hortofrutícola, tanto en lo que afecta a la parte productora y comercializadora como todo lo que tiene que ver con su industria auxiliar (agroquímica, envase y embalaje, packaging, maquinaria…). También las compañías fabricantes de materiales de construcción muy posicionadas en el canal de grandes superficies de bricolaje han presentado en algunos casos récord de ventas en los meses de verano, por encima de los últimos ejercicios, es verdad que existía una demanda embalsada a la que han tenido que dar respuesta y para ello se han reforzado. El sector logístico es también uno de los más activos en contrataciones al incrementarse el volumen de operaciones por el flujo del comercio online y el transporte de mercancías; así como los servicios profesionales, muy especializados en la parte laboral y en el área mercantil, encontramos muchos despachos que están siendo muy activos en este sentido. – ¿Y qué perfiles son los más demandados en nuestras empresas? – El perfil con mayor demanda en la Comunitat lo engloba la división de ingenieros, vinculados a tareas de mantenimiento, ya que en muchas compañías ha sido clave que la fábrica no parara, también los vinculados a compras, con el objetivo de hacer buenas negociaciones y abaratar costes de producción, y a logística para que la experiencia de cliente en la compra y recepción de un producto sea muy satisfactoria. Asimismo se han fortalecido los departamentos de e-commerce con perfiles de e-commerce manager; marketplaces manager, dedicados a llegar a acuerdos con los grandes players para ganar volumen de negocio y UX/UI, encargados de medir toda la experiencia de cliente en cualquier tipo de compra. Siguen al alza los perfiles comerciales orientados a la exportación, fundamentalmente en el mundo agro, así como el resto de perfiles que dan apoyo a este departamento de venta internacional. Y continúan siendo un clásico los perfiles de Key Account Manager, profesionales que se encargan de gestionar las cuentas claves de la organización. Y en el ámbito de financiero responsables de tesorería y de gestión de cobros. – Tener buenos profesionales en áreas clave es un plus en momentos como estos, entiendo… -Por supuesto, en esta situación extrema las empresas han podido comprobar si ya tenían buenos profesionales en áreas clave, como Finanzas y han sido capaces de responder con una buena planificación financiera así como con una adecuada gestión de tesorería y cobros o han tenido que buscar nuevos perfiles o en todo lo que se refiere a Tecnología y han visto si se han podido adaptar rápidamente a la nueva situación o realmente la empresa no estaba preparada para ello, y de ahí la tendencia, que es global, de atraer perfiles de desarrollo de la tecnología. – De cara a desarrollar vuestro trabajo, a la hora de relacionaros con los clientes, ¿cómo tratáis de gestionar la incertidumbre que puedan tener tanto las empresas como los candidatos a un puesto de trabajo? – La clave está en la franqueza. Les asesoramos y les contamos la realidad del mercado, nosotros estamos constantemente hablando con empresarios y directivos de la Comunitat, y podemos trasladarles nuestras impresiones y los movimientos en el sector, de tal modo que, aunque puedan tener algunas dudas del entorno macro, tanto unos como otros apuestan por la contratación o el cambio, porque son conscientes una empresa necesitan reforzar ciertas áreas o sustituir aquellos recursos que no han mostrado la implicación esperada. De cara a los candidatos también nos gusta ser muy transparentes y trasladarles los retos y el ambiente que se va a encontrar en esa compañía, aspectos que aportan confianza a cada proceso. – ¿Habéis notado reticencias por parte de los candidatos al cambio? – A diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis no hemos visto reticencias por parte de los candidatos, es más en función de cómo haya gestionado su empresa esta crisis, el compromiso del empleado ha subido o ha bajado, y esa pérdida de compromiso se ha traducido en muchos casos en cambio. Además, las compañías se están dando cuenta que facilidades a la conciliación como el teletrabajo o pequeñas concesiones de flexibilidad son una herramienta clara de atracción del talento, que se traduce claramente en productividad. – ¿Están apostando también las empresas por la contratación de perfiles cualificados o mandos medios a través de empresas de trabajo temporal? – Claramente es una vía que supone una alternativa para aquel cliente que tiene una mínima duda o quiere esperar a ver cómo evoluciona el panorama económico, en ese caso, nosotros contratamos al candidato, normalmente por seis meses, y lo ponemos a disposición del cliente, durante ese tiempo este puede evaluar a la persona y al negocio y a partir de ahí tomar decisiones. Es una fórmula más flexible y en todo momento el cliente puede incorporarlo a la plantilla sin esperar a agotar el contrato. – ¿Cómo han influido en vuestro trabajo haber tenido, por la pandemia que renunciar a la presencialidad, para cerrar negociaciones o acuerdos? – Obviamente, nosotros estábamos muy preparados para llevar a cabo procesos online de contratación, pero el hecho de potenciar aún más estos canales nos ha permitido mejorar la comunicación con nuestros cliente, con la facilidad de mantener conversaciones más asiduas cara a cara por videoconferencia. Y por otra parte, de cara a la selección de candidatos, las ofertas han logrado atraer a nuevos perfiles de fuera de la Comunitat, que desde la perspectiva online han encontrado menos dificultades a la hora de presentarse a la oferta; el resultado es que se han cerrados procesos de selección 100% vía online, y de momento, la gran mayoría del proceso se realiza por medios telemáticos, la entrevista presencial se ha reducido prácticamente al último momento. Vídeo resumen en E3TV
AEF rechaza multar a empresas que paguen fuera del plazo y alerta que irán a concurso
Justo cuando conocemos que la situación económica provocada por la pandemia ha empeorado la realidad de los plazos de pago entre las empresas, y que solo el 37% de las empresas trabaja con plazos de pago inferiores a los 60 días que establece la ley, el Congreso estudia una proposición de Ley que prevé sancionar con multas a aquellas que excedan los pagos. ¿Es esta una buena medida? ¿Hay otros instrumentos que permitan lograr acortar los plazos de pago y facilitar liquidez entre las compañías? Economía 3 habla con Alma María Abad, presidenta de la Asociación Española de Factoring (AEF) y que es la actual directora de Banca Transaccional y ‘Leasing’ de CaixaBank – ¿Por qué os preocupa esta propuesta de Ley? – La propuesta que se quiere tramitar con carácter de urgencia prevé imponer importantes multas en caso de que las empresas no paguen al vencimiento que marca la ley que es de 60 días para las empresas. La actual ley de morosidad no impone sanciones por el incumplimiento de los plazos de pago, pero ha conseguido rebajar estos plazos sustancialmente desde su puesta en marcha. Nuestra preocupación está en que, constatado que hay un deterioro de los plazos de pago fundamentalmente en las pymes, si encima se les imponen medidas coercitivas o penalizaciones, muchas compañías acabarán yendo a situación concursal y a liquidación porque ya estaban teniendo problemas para pagar a vencimiento. No hay que olvidar que grandes pagadores hay los que hay, pero España fundamentalmente es un país de pymes que también tienen que pagar a otras pymes y en ocasiones como esta necesitan de algo más de margen. – Dices que hasta ahora sin sanciones la norma ha ido funcionando… – España lleva años, a través de la ley de morosidad, bajando los plazos de pago y están en una situación “confortable”, en la directiva europea aún existiendo medidas coercitivas, se arbitra la posibilidad de que clientes y proveedores se pongan de acuerdo y amplíen los plazos de pago, marcando un plazo máximo de pago. Es decir, de manera discrecional, cliente y proveedor pueden alcanzar acuerdos. En España no se traspuso la directiva tal cual, sino que se dijo que se tenía que pagar a 60 días máximo y esto, como digo, ha permitido que se hayan reducido considerablemente los pagos. Pero en esta coyuntura económica creemos que no tiene sentido que se tramite una propuesta de ley para que el plazo se cumpla taxativamente. El gran pagador no va a tener problema, pero la afectación recaerá sobre el pequeño, muchas pymes que ya recurren a instrumentos como el factoring o el confirming, y es más de la mitad de las pymes está pagando algo por encima de los 60 días, ya que no tienen capacidad de hacerlo antes… – ¿Y en el momento que se impongan sanciones qué ocurrirá? – Primero que las empresas dejarán de recurrir a instrumentos como el factoring y tirarán de póliza de crédito con lo que eso conlleva –más riesgo financiero– y segundo, que si las medidas punitivas que se barajan acaban siendo multas elevadas, las compañías se verán obligadas a presentar concurso de acreedores y acabar en disolución. – Explícanos brevemente en qué consiste el factoring… – Llamamos factoring a un conjunto de servicios de administración, gestión de cobro y financiación para los clientes. Fundamentalmente, esta herramienta se orienta a clientes que tienen un subyacente que es un crédito comercial, es decir una factura, y es a partir de esta factura cuando las entidades financieras (que no tiene por qué ser bancos, en este sentido figuran también en la asociación entidades como Gedesco o Cesce) pueden anticiparle esa factura a la empresa, es decir de ese modo la empresa puede adelantar el cobro de la factura gracias a la financiación que le prestamos las entidades financieras orientadas al factoring. – En función de lo que el cliente solicite se habla de factoring con recurso o sin recurso, ¿qué diferencias hay? – El factoring sin recurso engloba todos los servicios que pueden darse en una operación de factoring: la financiación en primer lugar, que se da tanto en el factoring con como sin recurso, pero también la gestión de cobro –las entidades digamos que nos metemos en medio de la relación que existe entre un cliente y su proveedor y hacemos la gestión de cobro, porque el cliente nos cede esas facturas a nosotros y por tanto somos titulares de las mismas– y por último la asunción del riesgo de insolvencia –nos convertimos en la compañía de seguros del cliente, de manera que somos las entidades financieras las que asumimos el riesgo de insolvencia de su pagador, en caso de que entrara en situación de concurso de acreedores o impago, es decir, la entidad financiera que ya ha anticipado ese riesgo también le cubriría el riesgo–. Esto es lo que sería el factoring sin recurso. – ¿Qué beneficio tiene ese tipo de operación para el cliente? – La liquidez que ofrece, se trata de un riesgo comercial, es decir, a la hora de comunicarlo al Banco de España no se le declara el riesgo al cliente si no al pagador (ya que la entidad financiera está asumiendo el riesgo de insolvencia de ese cliente final que va a pagar). De este modo, el cliente no consume su propio riesgo bancario. – ¿Y pueden tener acceso a este instrumento todas la empresa? – Sí porque cuando la entidad financiera estudia la operación no se basa tanto en la capacidad crediticia del cliente, si no en la del cliente final al que vende. Le damos un riesgo más blando que un crédito financiero, que una póliza de crédito. Por tanto, si una pyme pide riesgo a cargo de Mercadona pongamos por ejemplo, la entidad financiera no va a analizar el riesgo de esa pyme sino el de ese gran pagador, y en función de ello puede darle a su cliente una financiación de mayor volumen, y además es un riesgo que no se le imputa a él si no, en este caso a Mercadona y así se le declara al Banco de España. -¿Y el factoring con recurso? – Si el cliente me pidiera solamente la financiación y la gestión de cobro, pero no el riesgo de insolvencia, porque sabe que su cliente es un gran cliente y no va a tener problemas de insolvencia, hablaríamos de factoring con recurso. En ese tipo de operaciones la entidad financiera realiza el servicio de gestión de cobro y administrativo, aporta financiación, pero no cubre la insolvencia. De cara al Banco de España se declara la operación como riesgo al cliente, que como digo suelen ser pymes. Pero se declara como riesgo comercial, no financiero y esto también es importante. – ¿Por qué? – Porque de cara a que nuestro cliente pueda pedir otras operaciones de activo en una entidad financiera (por ejemplo, si tiene necesidades de tesorería diferentes como el pago de nóminas o impuestos…) cuando las entidades consultamos en el Banco de España el CIRBE y vemos que es riesgo comercial sabemos que hay un subyacente que es un crédito blando que corresponde a unas facturas por unas ventas y por tanto, podemos asumir más riesgo y le podemos dar una póliza de crédito o un préstamo porque sabemos que lo que tiene es riesgo comercial y no financiero. Por tanto, es un producto que utilizan mucho las empresas pequeñas por sus ventajas. – ¿Cómo ha evolucionado su demanda? Es una herramienta que cada vez está siendo más utilizada. Para que te hagas una idea del volumen de cesiones que tenemos, hasta 2019, del crédito comercial que existía en el mercado español, casi el 70% correspondían a cesiones de factoring y confirming. El sector del factoring y confirming creció en conjunto un 11,82% en 2019. El factoring registró un incremento del 12,99%, basado en el dinamismo del subsector internacional, dando apoyo a empresas que venden fuera de España, que aumentó a un 18,82%; mientras que el confirming creció un 10,59%. Factoring + confirming gestionaron créditos en 2019 por importe de 256.927 millones, el 20,64% del PIB. – Explícanos en qué consiste el confirming. – Es lo mismo, pero al revés. Es decir, el pagador, asumiendo él el riesgo, envía a las entidades financieras órdenes de pago y da posibilidad a sus proveedores de poder anticipar sus futuras facturas sin recurso, se trata de un factoring inverso. Hay proveedores que necesitan liquidez y tienen la posibilidad de anticiparlo, y la entidad financiera no estudia la operación de manera individual, sino que en función de la línea de ese pagador, el proveedor recibe una notificación del banco con el detalle de las órdenes de pago conformadas, de forma que puede solicitar un anticipo, tras recibir una oferta de financiación sin recurso de las mismas. Los proveedores se pueden beneficiar de manera automática o en función de sus necesidades. – Aunque no tengamos datos de 2020, ¿qué estáis notando en la asociación ahora con la crisis? – Internamente estamos viendo un decrecimiento en las cesiones porque lógicamente con la parada de la actividad han bajado las facturas de las empresas, y por tanto ha habido un descenso del factoring, pero no así en el confirming, porque las empresas más grandes han ampliado sus líneas para ayudar a sus proveedores. – Podrías ponernos algunos ejemplos… – Es público por ejemplo que Mercadona o Inditex aumentaron sus líneas para que sus proveedores no tuvieran necesidades de circulante y pudieran cobrar en tiempo y forma. – Y desde el punto de vista del conjunto de los asociados, ¿cómo habéis actuado ante esta crisis económica derivada de la sanitaria? – Lo primero que hicimos es ponernos en contacto con el Banco de España y el ICO para que en las ayudas con aval ICO introdujeran en los productos de circulante, expresamente líneas de factoring y confirming porque son el oxígeno de las compañías y creíamos que era necesario que no se dieran únicamente préstamos a las empresas si no también, líneas de confirming y factoring, y la verdad es que hubo muy buena acogida por parte del ICO y Banco de España. Muchas pymes ya no recurren a la financiación tradicional para solicitar sus créditos, sino que buscan otras vías que le permitan disponer de liquidez más inmediata sin aumentar su rating de riesgo, ya que es una financiación que no suma CIRBE. Y también solicitamos prórrogas para que en aquellas operaciones de factoring que los deudores no pudieran pagar, se nos permitiera la posibilidad de hacer prórrogas.
La Comunitat invierte 500 millones menos en la creación de nuevas empresas, un -63%
El número de empresas constituidas en la Comunitat Valenciana aumenta en septiembre hasta las 712 empresas (335 en la provincia de Valencia, 287 en la de Alicante y 70 en la de Castellón) y se sitúa por delante de las creadas en septiembre de 2019 que sumaban 613, lo que supone un incremento interanual del 16,15%, según los últimos datos facilitados por la filial de Cesce, Informa D&B. Un porcentaje que se sitúa algo más de tres puntos por encima del crecimiento registrado en el conjunto de España, cuando en septiembre de 2019 se crearon 5.532 compañías frente a las 6.248 de este año (+12,94%). Por regiones, la Comunitat se sitúa con 712 nuevas empresas, la cuarta, por detrás de Madrid (1.516 constituciones), Cataluña (1.061) y Andalucía (1.043). Pero si en septiembre el número de constituciones se mantiene por encima de las cifras del año pasado, no ocurre lo mismo en el acumulado de los tres primeros trimestres del año. En el conjunto de España, la cifra acumulada se sitúa cerca del 21% por debajo del año pasado; mientras en la Comunitat la caída es del 18,30%. Hasta la fecha, las constituciones en todo el territorio nacional ascienden a 56.849 y de ellas 6.790 se han creado en la Comunitat Valenciana. Hace un año, las cifras ascendían a 71.988 y a 8.311 nuevas compañías respectivamente. Si bien, en el aspecto que peor parada sale la Comunitat según los datos de Informa es en el capital invertido. El mayor descenso en el capital invertido en las constituciones lo registra la Comunitat Valenciana en lo que va de año. Es decir, la Comunitat Valenciana es la autonomía que presenta el mayor descenso en volumen, con 494,4 millones menos invertidos respecto al año pasado, lo que supone un 63,16% menos. Aunque la disminución del capital invertido se observa en la mayoría de las comunidades, en ninguna el volumen supera los 200 millones (Cataluña), mientras que en la Comunitat alcanza casi los 500 M y pasa de 782,7 M en el acumulado de 2019 a 288,4 millones este 2020. En el ámbito nacional, el capital invertido alcanza los 3.515 millones de euros en lo que va de año, es decir, un 17,91 % menos respecto a 2019 (4.282 millones). Incluso en el propio mes de septiembre, pese a incrementarse el número de empresas creadas respecto al mismo mes de 2019, la inversión también es menor en 2020. Si en 2019 se invirtieron en la Comunitat 12,5 millones en la creación de nuevas empresas, en septiembre de 2020 la cifra se estanca en los 11,5 millones (-7,71%). Solo siete comunidades, incluida la Valenciana, presentan en este mes de septiembre peores registros que hace un año. Por sectores en los nueve primeros meses del año, la constitución de empresas en la Comunitat se centra especialmente en Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio. Si bien son también estos los sectores más afectados por los concursos de acreedores declarados. En septiembre, la Comunitat supera el medio centenar de concursos Madrid fue la comunidad en la que se declararon más concursos en septiembre (89), seguida por Cataluña (77) y la Comunitat Valencia (53). Un año antes, en este mes nuestra región contabilizó 8 concursos menos, (45), con lo cual el aumento interanual roza el 18%. En cambio en lo que va de año, las empresas que se han declarado en concurso están por debajo de las que lo hicieron en los tres primeros trimestres de 2019, 427 frente a 469 (-9%). En los primeros 9 meses del año, Cataluña concentra el 25% del total de concursos, Madrid, el 19,5% y la Comunidad Valenciana, el 14,8%. Caen las disoluciones hasta septiembre en todas las comunidades En septiembre, se disolvieron 1.639 sociedades en toda España, un 34,56% más respecto al mismo mes del año pasado. En la Comunitat se disolvieron 146, en este caso un 14% más. En cambio, en lo que va de año, las disoluciones de empresas disminuyen en todas las comunidades, salvo Melilla. En los 9 primeros meses del año, la cifra en el conjunto nacional asciende a 16.151 un 17,13 % menos que el año pasado. En la Comunitat se contabilizan 1.807 disoluciones (-18,64%). En los primeros 9 meses del año, Madrid concentra el 29,89% de las disoluciones, seguida por Andalucía con el 13,45% y por la Comunitat Valenciana con el 11,19%.
AIReF afirma que los efectos de bonificar el empleo no perduran en el tiempo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluye en su informe que los incentivos a la contratación facilitan la obtención de empleo, sobre todo en tiempos de crisis, pero advierte de que sus efectos son modestos y no perduran en el tiempo. Analiza siete tipos de incentivos, cuyo importe supuso alrededor de 2.000 millones de euros en 2018, orientados a dos objetivos distintos: mejorar la empleabilidad de determinados grupos de población y promover determinados tipos de empleo, fundamentalmente la contratación indefinida y el empleo autónomo. Atendiendo a los colectivos, los incentivos a las personas con discapacidad representaron el 41% del gasto evaluado en 2018. Según el tipo de empleo, el 32% del gasto evaluado se destinó a estímulos a las altas en el empleo autónomo. A nivel general, el estudio de la AIReF constata que los incentivos deben constituir una herramienta orientada a mejorar la empleabilidad de determinados colectivos, pero en ningún caso sustituyen a las reformas necesarias para combatir la elevada temporalidad y el alto nivel de desempleo que caracterizan al mercado laboral español. La evaluación muestra los indicios de la eficacia potencial de los incentivos analizados, pues constata que sí facilitan la obtención de empleo en periodos de crisis. Sin embargo, los efectos positivos son modestos y se encuentran sobre todo en individuos con un nivel de formación medio-alto. Además, no perduran en el tiempo una vez que desaparece el incentivo. Por otro lado, a partir de una muestra representativa de empresas, la AIReF concluye que una reducción de incentivos del 50% aceleró la caída del empleo del -2,73% al – 2,96% entre julio de 2012 y diciembre de 2014. Incentivos más focalizados La AIReF considera que los incentivos deben dirigirse a colectivos muy específicos de baja empleabilidad. Para ello aboga por identificar los colectivos con menor probabilidad de encontrar un empleo y consecuentemente adaptar los incentivos a las necesidades de cada momento. Además, ve necesario articular un menor número de incentivos y homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias. Según la AIReF, un sistema más sencillo, con requisitos claros y de fácil verificación podría estimular su uso por parte de las empresas. Además, un sistema más focalizado permitiría incrementar las cuantías y hacerlos más atractivos. ¿Cómo funciona la tarifa plana de los autónomos? En el análisis de la tarifa plana de trabajadores autónomos, la AIReF concluye que cumple el objetivo de fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia, pero en personas con un nivel de formación medio-alto y que llevaban poco tiempo en desempleo. El incentivo mejora la supervivencia de estos trabajadores mientras está vigente, pero al finalizar la supervivencia converge a la de los no beneficiarios. La AIReF recomienda ir hacia un sistema de cotizaciones acorde a los ingresos y, mientras tanto y dado el contexto económico, mantener la tarifa plana reforzando inspección. Sobre el contrato apoyo a los emprendedores, derogado en el año 2018, la AIReF constata que cumplía parcialmente con el objetivo de facilitar el empleo estable y potenciar la iniciativa empresarial. Concluye que los efectos positivos no llegaron a los colectivos más vulnerables, que necesitarían otro tipo de incentivos, bien vinculados a la formación, bien con requisitos que resulten más atractivos para las empresas. Los contratos de formación convertidos en indefinidos Sobre los incentivos a la conversión en indefinidos de los contratos de formación y aprendizaje, la AIReF asegura que cumplen el objetivo de favorecer la inserción laboral de los jóvenes con baja formación. Sin embargo, el efecto encontrado es pequeño y el uso del contrato de formación por las empresas es reducido. Así, la AIReF propone concentrar los esfuerzos en mejorar los contratos de formación, en particular su componente formativo, e impulsar su uso por parte de las empresas. En cuanto a los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, que suponen el 40% del gasto analizado en este Estudio, la AIReF no ha podido evaluar sus efectos sobre la contratación de este colectivo debido a la ausencia de cambios normativos en el periodo analizado. Un enfoque alternativo a través de los incentivos regionales no encuentra evidencia de que fomenten la contratación de personas con discapacidad. Sí encuentra efectos positivos importantes sobre la probabilidad de mantener el empleo frente a trabajadores con discapacidad no bonificados. La AIReF propone rediseñar estos incentivos poniendo el foco en los colectivos con especiales dificultades, especialmente en el empleo protegido. Además, resalta la necesidad de mejorar la disponibilidad de información sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad en el empleo ordinario y en el empleo protegido, tanto a nivel agregado como el acceso a microdatos que mejoren la calidad de las evaluaciones. Formación Asimismo, la institución asegura que la vinculación de los incentivos a programas de formación puede mejorar la empleabilidad de los colectivos vulnerables, si bien se necesitan reformas que mejoren la calidad de la formación y su vinculación con el mercado laboral. Además, la combinación de los incentivos con otras medidas de activación podría mejorar su eficacia. Para ello es preciso avanzar en la implementación de herramientas de perfilado y en el diseño de itinerarios que permitan mejorar la atención personalizada a los demandantes de empleo. La AIReF considera también que hay que realizar un seguimiento y evaluación continuos del sistema de incentivos y construir una base de datos con las evaluaciones realizadas. En concreto, sugiere la construcción de un sistema de indicadores de seguimiento y de conjuntos de datos para que las administraciones puedan evaluar los incentivos, incorporando la información de las comunidades autónomas, así como para facilitar y promover la evaluación entre la comunidad científica.
Las agencias de viajes, sin apoyo específico, abocadas ya a ERES o fondos buitre
Las agencias de viaje son uno de los sectores más afectados dentro de la industria turística, lo confirma Eva Blasco, consejera delegada de Europa Travel, vicepresidenta de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV) y de la Asociación Europea de Agencias de Viaje (ECTAA), quien advierte «habrá destrucción de empleo si no hay soluciones específicas para las agencias de viajes, porque posiblemente no podremos aguantar un año y medio de sequía». Y es que el escenario que se plantea y barajan las agencias «sigue sin acompañar» y la ansiada recuperación en V «no llega»: «en el mejor de los casos podremos estar hablando de una recuperación en el verano que viene, con un negocio esperado para el conjunto de 2021 del 30% del registrado en 2019, mientras este año acabaremos entre un 5-10% de la producción del ejercicio pasado». Blasco confirma que como «primer paso» algunas agencias ya han pasado del ERTE de fuerza mayor al ERTE por causas productivas ya que «los compromisos de mantenimiento del 100% del empleo tras los expedientes, ayudan poco y generan la necesidad de empezar a tomar otro tipo de medidas». «En ese escenario el ERTE ya no soluciona una situación que prevemos que mínimo se extienda 18 meses porque los gastos de estructura y la parte no bonificada de Seguridad Social no hacen más que incrementar unas pérdidas acumuladas que hacen muy difícil que salgan los números», explica a Economía 3. Es por ello que las empresas «están valorando seriamente los ERE, cuando no, ya los han planteado a sus trabajadores». «Es cierto que ahora han subido las bonificaciones a la Seguridad Social, pero cuando finalice el ERTE, la empresa tiene que recuperar el 100% del personal, cuando en las mejores de las previsiones venderá un 30% del total, la situación es muy compleja y es lógico que estemos todos empezando a estudiar medidas pensando en la supervivencia de la empresa», explica Blasco. Sin empresas no hay trabajadores, por tanto opina que salvaguardarlas es prioritario, «para ir paulatinamente incorporando personal en la medida en la que se vaya recuperando la actividad, que no va ser de un día para otro», y recuerda que otro lastre será «la devolución del 100% de las ayudas recibidas, y no las de los empleados que se vieran finalmente afectados». A partir del 20 octubre un pequeño salvavidas Si todo va según lo previsto, el próximo día 20, la Generalitat pondrá al alcance de los ciudadanos de la Comunitat un bono turístico «que busca motivar la demanda interna y el viaje durante la temporada baja”. El programa contará con un presupuesto de 11 millones, 5 millones en 2020 (que bonificará las estancias hasta diciembre) y otros 6 millones en 2021 que contemplará los viajes de enero a abril de 2021. El bono cubrirá el 70% del coste total, hasta un máximo de 600 euros. El único requisito será estar empadronado en la Comunitat Valenciana y se podrá tramitar de dos formas: o bien de manera directa en aquellos establecimientos de alojamiento (hoteles, apartamentos, campings o casas rurales) que se acojan al programa, o bien a través de agencias de viaje, donde los paquetes podrán abarcar también otro tipo de experiencias, como las de aventura o gastronómicas. «Se agradece toda medida de apoyo pero es que la situación ya es crítica», vuelve a recalcar Blasco. Al respecto señala la empresaria que en estos casos «la agencia cobrará por su gestión en función del paquete demandado pero estamos hablando de cantidades reducidas que no permiten mantener las estructuras empresariales, la mayor inyección irá para los alojamientos, pero también sus perdidas son muy abultadas». Ayudas directas La solución a su juicio pasa por una inyección de fondos a nivel estatal «porque en otros países como Polonia, Croacia, Bulgaria o Dinamarca ya se han establecido fondos de ayuda específicos al sector de los turoperadores y las agencias de viaje». De hecho, ha valorado positivamente que la Comunitat Valenciana fuera una de las pocas autonomías que «adoptó medidas de ese tipo y de una forma temprana», «lo que pasa es que en aquel momento pensábamos que era cuestión de tres o cuatro meses y ahora vemos que no es así». En abril el Consell aprobó un decreto para la concesión de ayudas directas para el sector turístico, destinadas a empresas y autónomos adheridos al programa CreaTurisme, que contaran con el distintivo de calidad turística SICTED o fueran agencias de viaje. La cuantía de estas ayudas directas ascendía a 2.500 euros con una dotación global máxima de 5,5 millones de euros. Turisme Comunitat Valenciana confirma a Economía 3 que la medida ha beneficiado a unas 500 agencias. Fondos propios del Consell, sin perjuicio de su posible ampliación «con fondos procedentes del Estado o de la Unión Europea, que puedan dar lugar a una generación, ampliación o incorporación de crédito», ya rezaba en la convocatoria. Según Eva Blasco: «Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, las medidas clásicas sin reinvención en estos momentos son insuficientes». Por ello habla de ayudas directas o inyecciones de capital en la misma línea de las ayudas a empresas estratégicas aprobadas por el Gobierno con el beneplácito de la UE: «Pedimos algo de esa envergadura también para nosotros, aunque estas estén pensadas para grandes empresas del sector energético o del transporte aéreo, pero pedimos que se nos considere, aunque no seamos empresas de ese tamaño». «Hay que empezar a dar soluciones a medida en función de los sectores», reclama la portavoz de las agencias. Los fondos buscan aterrizar De lo contrario alerta Eva Blasco «se producirá una consolidación del mercado en grandes actores internacionales que acabará con el tejido empresarial de las pymes». Al mismo tiempo confirma que «ya han empezado movimientos de fondos de capital multinacional que tantean la posibilidad de comprar agencias a precio de saldo». Como objetivo a analizar admite la empresaria que tanto les interesan grandes cadenas como pymes consolidadas, que según su grado de apalancamiento se verán abocadas a negociar su venta «simplemente llegando a asumir el fondo el apalancamiento y la estructura, que verán posteriormente cómo adecuarla». «Es un movimiento que ya ha empezado y creo que será imparable». Entre otros riesgos añade además que «una consolidación del mercado a medio plazo limita la opción de los consumidores, además de hablar de operadores cuya sede social no estará radicada en nuestro territorio».
Navarro advierte a Oltra que no apoyará una subida fiscal y mira a la economía sumergida
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, defiende y valora el diálogo social «instalado en la Comunitat Valenciana, a diferencia del del Ejecutivo de Sánchez», pero avisa a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, cuya formación (Compromís) ha planteado una amplia reforma tributaria, que no habrá acuerdo para aumentar la fiscalidad en la Comunitat. Lo ha hecho durante un almuerzo de trabajo de la Junta Directiva de la CEV, al que ha asistido la vicepresidenta, en el que Navarro ha manifestado que «no son tiempos de subidas fiscales» en un momento en que hay que centrarse en salir «cuanto antes» de la situación actual y llegar a un equilibrio entre sanidad y economía. Además entiende que todavía hay, a su juicio, capacidad de maniobra en fiscalidad, como por ejemplo en la lucha contra la economía sumergida. A su entender, las cargas impositivas deben hacerse desde «una fiscalidad justa», que no significa que paguen más los que están «por arriba» sino que «paguemos todos», según Navarro, quien ha calificado de «debilidad como sociedad» la existencia de la economía sumergida. Tampoco ve oportuno plantear impuestos a la banca -como defiende Compromis-, cuando la entidad resultante de la fusión CaixaBank-Bankia ha anunciado que tendrá su sede social en València: «lanzar mensajes de subida de impuestos o de impuestos a la banca crean y generan incertidumbre», ha dicho. En definitiva, «en la cuestión fiscal no llegaremos a un acuerdo pero nos saludaremos todos los días», ha bromeado Navarro, quien ha recalcado el «diálogo permanente» que mantiene el Consell con los agentes sociales, algo que la vicepresidenta Oltra ha garantizado a través de una «escucha activa» para «llegar a acuerdos». Españoles de tercera Ambos, se han referido a la infrafinanciación como un «clamor de toda la sociedad valenciana» y Navarro ha afeado a la Ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero que no vaya a cumplir su palabra. En este sentido, ha recordado que el compromiso de la ministra en el mes de noviembre de 2019 era que este noviembre «estaría solucionado» y eso «no lo va a cumplir» y no es por la pandemia sino por «los flecos que en estos momentos desde luego la ministra no controla» . Navarro ha manifestado que no es momento de hacer otra manifestación silenciosa por una financiación justa como la celebrada en València en 2017 pero existen «otras vías de presión» para que se dé una solución por el interés general, ya que la ministra ahora insta a esperar hasta que se solucione la pandemia para abordarlas. «Con el confinamiento en Madrid decían los de Carabanchel que se sentían madrileños de segunda, yo me siento español de tercera; ese es el problema real de la infrafinanciación», ha afirmado el representante de la patronal . «No tener una financiación justa y constitucional hace que sea muy difícil muchas veces garantizar la igualdad de oportunidades de quienes viven en la Comunitat Valenciana«, ha lamentado Oltra. Por otra parte, sobre la aprobación por parte del Gobierno de dos reales decretos con los reglamentos que desarrollan la ley de igualdad laboral, sin el acuerdo de la patronal, Navarro ha criticado «la falta de capacidad de diálogo del ejecutivo central» y ha defendido la importancia de que a las empresas se las tengan en cuenta. Rechazo a la reversión del Hospital de Torrevieja Preguntado por la decisión del Consell de revertir la concesión del Departamento de Salud de Torrevieja, ha calificado esta medida de «error» como el que se cometió en Alzira con Ribera Salud, que contaba con un nivel de satisfacción entre los usuarios muy alto. «El nivel de asistencia y servicios de la sanidad pública no es el mismo que puede tener un hospital público con gestión privada», ha defendido Navarro, para añadir que la concesión de la gestión a la iniciativa privada no es privatizar la sanidad. Por su parte la consellera Oltra ha expuesto que el Plan de Infraestructuras sociales destinado a la construcción de centros residenciales y asistenciales ya iniciado en la provincia de Valencia se extenderá a toda la Comunitat, al tiempo que ha explicado cómo esta pandemia «ha revelado la importancia de que sea la Administración la que ordene todo el sistema, en el que obviamente después participan otros agentes públicos, privados, con ánimo de lucro o no, pero es muy importante que la administración le dé coherencia y ordene todo esto», ha resaltado Oltra.
La pandemia hace mella en la recaudación de impuestos cedidos que cae un 25% en CV
No cabe duda que los efectos de la pandemia en la economía se dejan sentir también en los ingresos tributarios y en este caso concreto en los estatales cedidos a las comunidades autónomas que, en la Comunitat gestiona, recauda e inspecciona la Agència Tributaria Valenciana (ATV) bajo la dirección de Sonia Díaz. Hablamos en concreto de sucesiones; donaciones; transmisiones patrimoniales y societarias y actos jurídicos documentados (AJD); así como los relacionados con el juego, cuya recaudación corriente cae en conjunto hasta septiembre un 24,7% y pasa de 1.151,7 millones en 2019 a 866,9 actualmente. No obstante, la ATV no da por perdida esa cuarta parte de los ingresos que no se ha logrado recaudar en los nueve primeros meses del año, tal y como aparece en el portal de GVA Oberta; y por lo menos, en cuanto a Sucesiones espera si no igualar, acercarse lo máximo a la recaudación del pasado año. También hay que tener en cuenta que hasta que no se levantó el Estado de Alarma no se reactivaron los plazos tributarios. Sucesiones supuso hasta septiembre del año pasado casi el 14% de todo lo recaudado hasta la fecha. De momento, el importe de la recaudación respecto a entonces baja un 5% y se sitúa en los 151,4 millones frente a los 159,6 millones acumulados hasta septiembre de 2019. De hecho y según la lógica, un mayor número de decesos debe tener su correlación a efectos tributarios en cuanto a herencias. No obstante, el periodo que se establece para presentar las liquidaciones en herencias es de seis meses, con la posibilidad de otros seis meses de prórroga, es decir, puede haber herencias ahora que se vean reflejadas en el presupuesto de ingresos del próximo año. Si bien, por lo que respecta al grueso de los impuestos cedidos, Transmisiones Patrimoniales, que en volumen supone un 57% del total (si tomamos como referencia la recaudación hasta septiembre de 2019), este ejercicio se contrae un 26,48%, y pasa de una recaudación corriente de 657,6 a 483,5 millones, 174 millones menos. Por su parte, el de Actos Jurídicos y Documentados (AJD) –que representaba el año pasado hasta la fecha el 18% del montante–, también registra caídas de ingresos en este caso: 46,5 millones menos (-23%). Dado que el comportamiento en Transmisiones Patrimoniales es elástico a la economía, es decir si la economía va bien Transmisiones suele repuntar, mientras que si la economía flojea, las operaciones entre particulares de compraventa se resienten; la ATV ve difícil remontar toda la caída. Lo mismo ocurre con la compra de vivienda nueva sometida IVA y AJD. Por lo que respecta a las operaciones societarias, la recaudación cae un 5%, un dato que no debe interpretarse totalmente como positivo ya que grava el cierre de las empresas, se recauda por la disolución de sociedades, por tanto si acaba creciendo es que se cierran o liquidan más empresas. El juego lastrado por el cierre de establecimientos No obstante, porcentualmente la partida más afectada es la recaudación corriente generada por los tributos relativos al juego, dado que la actividad ha estado paralizada durante meses y con restricciones de aforo una vez levanto el Estado de Alarma. Prácticamente caen a la mitad, de casi 114 millones a 63. Aunque la GVA Oberta ofrece el dato relativo al impuesto de Patrimonio hemos preferido no incluirlo, porque la Agencia Tributaria Estatal todavía no ha hecho el volcado de datos de la campaña de Renta y Patrimonio de este año, con lo cual la GVA no conoce todavía lo que percibirá finalmente la Comunitat por estas figuras impositivas. A cierre de 2019 fueron 151,6 millones frente a los 159 de un año antes. Si hacemos referencia al derecho reconocido, que comprende tanto el importe ingresado (recaudado) como el pendiente de ingreso (aplazado, suspendido)… En este sentido la caída es de un -24,41%, algo más suavizada por las expectativas pendientes de ingreso, pero igualmente lastrado fundamentalmente por la evolución del mercado inmobiliario como comentamos anteriormente. Será decisivo por tanto el comportamiento de la economía y la confianza de los consumidores en este último trimestre del año.
Los particulares tiran del renting: en tres años se ha multiplicado por 6 su demanda
El renting de Turismos, Vehículos Industriales, Vehículos Agrícolas y Todoterrenos registró 145.377 operaciones en los primeros tres trimestres de 2020, con una reducción del 36,8% respecto a igual periodo del año anterior, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR). No obstante, si se obvia el efecto de las compañías rent a car, las matriculaciones bajo el sistema del renting retrocedería hasta septiembre, doce puntos porcentuales menos, un 25%. Unas cifras que no resultarían tan alarmantes si se tiene en cuenta que el mercado del automóvil en general hasta septiembre cayó un 37,4%. Es decir, el renting para particulares, pymes y autónomos está aguantando el tipo ante la caída generalizada de la compraventa de vehículos. Dos de cada 10 vehículos que se matriculan ya lo hacen bajo la fórmula del renting. De hecho, el negocio del renting está intentando capear el parón de muchos sectores de actividad atrayendo a nuevos consumidores, principalmente clientes particulares. El por qué de esta conquista tiene su explicación en parte por la crisis sanitaria, ya que el miedo al contagio ha incrementado significativamente el interés por el vehículo particular y ha desplazado el uso del transporte público. Pero no es del todo una tendencia nueva, eso sí se ha visto acelerada en los últimos meses, ya que según los datos de la AELR, en los tres últimos años la demanda de particulares en la contratación se ha disparado por seis y de unos 770.000 vehículos en flota, 99.000 ya corresponden a particulares y autónomos. «Esta fórmula permite soluciones económicas como poder acceder a un vehículo por 250 euros al mes, sin necesidad de dar entrada inicial y con todo incluido en la cuota mensual: los gastos de seguro a todo riesgo y mantenimiento, es por ello que aquellos compradores con algo de incertidumbre prefieren optar por un renting pues aporta una mayor flexibilidad. El producto estándar contempla plazos entre dos, tres o cuatro años», explica Javier León, presidente del Consejo de Renting de la AELR. Es también una forma de «no descapitalizarse para acceder a un automóvil», ante las previsiones de que la crisis se alargue más de lo previsto: «Mucha gente se plantea que un renting a dos años le genera mucha menos incertidumbre –al pagar una cuota mensual reducida– que comprarse un coche y asumir que mañana ese vehículo puede estar sometido a más o menos restricciones de tráfico en las ciudades». «Estamos notando un incremento muy grande de vehículo pequeño para acceder a las ciudades con etiqueta eco», confirma. «Al igual que de pequeñas furgonetas de reparto», y es que pymes y autónomos relacionados con sectores que han tenido un buen comportamiento durante la pandemia, como el sector logístico por el auge del e-commerce o todo lo relacionado con alimentación han aumentados sus flotas, subraya el portavoz de la AELR. Tal y como confirma León «en todos estos meses, fundamentalmente durante el confinamiento, nuestra prioridad ha sido que nuestros clientes pudieran tener un buen servicio, cubriendo cualquier avería o necesidad e intentando solventar las situaciones anómalas de los clientes que estaban atravesado dificultades económicas», apunta. Según León hay algunas compañías, propiedad de los bancos, que han optado por facilitar a sus clientes moratorias de seis meses y fraccionar todas sus cuotas asociadas al consumo en cinco años, con lo cual la cuota resultante supone un 10% de lo que estaba pagando con anterioridad. Otras compañías –explica el portavoz de la patronal– también han optado por facilidades durante los primeros seis meses, con la condición de ampliar el contrato una anualidad más; mientras que otras han optado por negociar soluciones a medida. El rent a car es sin duda el sector que más se ha visto afectado, si el pasado año hasta septiembre matriculó 239.000 vehículos, este año ha bajado hasta unos 99.000, de ellos 31.000 bajo la fórmula del renting, lo que supone una caída cercana al 60%. Por tipología esto son los datos globales: 2020 2019 Renting Matriculaciones Rent/Matric Renting Matriculaciones Rent/Matric Diesel 79.006 346.567 22,80% 123.699 495.919 24,94% Eléctrico 2.343 11.914 19,67% 3.085 12.415 24,85% Gas Licuado de Petróleo 817 6.350 12,87% 3.618 20.979 17,25% Gas Natural Comprimido 974 4.124 23,62% 1.167 5.489 21,26% Gasolina 62.236 416.486 14,94% 98.343 694.531 14,16% Otros 1 315 0,32% 13 393 3,31% Sin determinar 0 2.151 113 5.433 2,08% 145.377 787.907 18,45% 230.038 1.235.159 18,62%
Autos Montalt dejará de actuar de holding al crearse la matriz Grupo Montalt Servicar
El grupo líder en distribución del automóvil en la Comunitat Valenciana y uno de los tres primeros players del sector a escala nacional, Grupo Montalt, presidido por Juan Eloy Durá, acaba de llevar a cabo un proceso de reorganización societaria. Tal y como viene reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) la sociedad Autos Montalt, que hasta ahora ejercía de holding del Grupo y era la propietaria de todas las sociedades participadas, ha traspasado todas las acciones de las 14 sociedades que conforman el Grupo (entre ellas concesiones tan reconocidas como Mercamoto, Koryo-Car, Valsur-car…) a una nueva matriz creada, Grupo Montalt Servicar SL. Con este movimiento mercantil que responde a una reorganización interna, el Grupo busca ser más ágil en la gestión burocrática del mismo. De hecho, desde la nueva matriz del holding se prestarán servicios transversales a todas las sociedades como dirección operativa de negocio, dirección financiera y administración, RR.HH., servicios tecnológicos y TIC y todo ello en el marco de un nuevo proyecto de transformación digital que ha iniciado la compañía. Según ha detallado la propia empresa a Economía 3, “en los últimos años habíamos crecido mucho -cabe recordar la compra a finales de 2016 del Grupo 4 Automoción con fuerte presencia en el sur de la provincia de Valencia o la compra de cinco instalaciones en Murcia, con las marcas BMW y Mini- y todo pasaba por Autos Montalt, que como sabéis se ha convertido en la concesión más grande de España, por lo que hemos visto más adecuado que todas esas sociedades colgaran ahora de una nueva matriz, en este caso Grupo Montalt Servicar SL.”, explica su director general, Bartolomé Poyatos. Con más de 40 años de experiencia, esta red de concesionarios líder en el sector de la automoción cuenta con 840 empleados repartidos en 7 provincias españolas y más de 50 instalaciones en representación de 14 marcas entre las que se encuentran Ford, Nissan, Toyota, Kia, BMW, Mini, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Hyundai, Jaguar y Land Rover. Su orientación al cliente y profesionalidad, permitieron al Grupo matricular más de 20.800 vehículos y alcanzar una facturación de 564 millones de euros en el último ejercicio. Solo en la provincia de Valencia, uno de cada cuatro coches nuevos vendidos contó con la firma de Grupo Montalt. Nuevo revulsivo de ventas Para favorecer la cercanía de la red de distribución con los consumidores y avanzar en su proceso de digitalización, el Grupo participa en la puesta en marcha de niw.es, una plataforma impulsada por los concesionarios adheridos a Faconauto, que permitirá la venta de vehículos de menos de cinco años. Poyatos sostiene que para los concesionarios era “una necesidad” disponer de una herramienta que “fuera capaz de hacer todo el proceso de venta con gran agilidad”. “El cliente lo que quiere es estar cerca del concesionario, pero intenta ser lo más independiente posible. La independencia que permite niw es tremenda”, asegura Poyatos. De este modo, “el cliente va a poder, en muy poco tiempo, contemplar la oferta de vehículos, hacer el cálculo de las cuotas, del seguro e incluso avanzar hasta el punto de que podría adquirir plenamente el vehículo y todo ello de manera online y a cualquier hora”, concluye.
Feria Valencia se prepara para perder de 3 a 11 millones por los efectos de la Covid
Feria Valencia ha previsto dos escenarios, uno más optimista que contempla retomar la actividad de forma prácticamente normalizada a partir del primer trimestre de 2021 –de hecho prevé la celebración de Cevisama el próximo mes de mayo–, con lo cual el parón de la COVID-19 se extendería a poco más de un año, lo que se traduciría en unas pérdidas estimadas de 3 millones de euros; y otro mucho más pesimista, en el que la actividad se vería suspendida hasta diciembre de 2021. En ese caso se tendría también en cuenta que no se pudieran prorrogar los ERTE más allá del 31 de enero que es la fecha aprobada hasta el momento y las pérdidas en ese caso alcanzarían los 11 millones de euros, pues hablaríamos prácticamente de dos años de parón. Desde Feria Valencia, confían en que no se cumpla ese escenario tan negativo, y de hecho esperan que sea Cevisama la última gran feria internacional en celebrarse antes de la pandemia y la primera en hacerlo una vez normalizada la situación –con fecha prevista del 24 al 28 de mayo–. Si bien, ante la falta de ingresos, la Generalitat saldrá al rescate del recinto. «En julio éramos más optimistas, de hecho se celebraron las ferias de Automóvil y Día Mágico pero ahora vemos que prácticamente en su totalidad la actividad va a seguir parada en lo que queda del año», ha explicado el subsecretario de Economía, Natxo Costa, a Economía 3. De hecho, en la memoria de cuentas aprobadas este miércoles, ya se comenta que los hechos posteriores al cierre de ejercicio se han traducido en la suspensión total de la actividad. Por tanto, la Generalitat atenderá los gastos corrientes de Feria Valencia. De momento, baraja diferentes alternativas para ayudarla, con el horizonte puesto como mínimo en esos tres millones de euros. Pero el importe condiciona el proceso. El pasado viernes el Consell aprobó una subvención directa para IFA de 800.000 euros destinada a cubrir costes de funcionamiento y asegurar su supervivencia, en ese caso una partida de inversiones no efectuadas se acomodó al nuevo destino de los fondos. En el caso de la Feria Valencia, parte de la ayuda, como en la mayor parte del montante de IFA, llegará mediante el mecanismo conocido como Marco Nacional Temporal, la adaptación del nuevo marco aprobado por la Unión Europea para flexibilizar la normativa sobre ayudas de Estado y que habilita a los estados a aportar liquidez en inversiones estratégicas. Pero el importe máximo que permite la UE sin comunicación previa por este mecanismo es de 800.000 euros, una cantidad que se entiende insuficiente para el recinto valenciano. De momento, continúan las negociaciones entre la Conselleria de Economía y la institución para que esta comunique sus necesidades totales. Además ya se busca la forma de compensar el hecho de que la feria siga al servicio de la sociedad y del resto de instituciones, ya que no solo está sirviendo como almacén de los monumentos falleros, si no también de almacén sanitario y como recinto que puede acoger pruebas de oposiciones multitudinarias. En Noviembre la asamblea de bonistas Por otra parte, se pedirá un crédito de hasta 2 millones de euros para atender las obligaciones de pago a la aseguradora derivadas del acuerdo de la subrogación de deuda, cuyo importe asciende a 227 millones de euros y que pasa a la Generalitat, que hasta ahora ejercía de avalista. Esos dos millones se entienden como una «comisión» propia del cambio de titularidad de los bonos que mantienen las mismas condiciones, incluido el seguro. Ahora se deberá celebrar, lo más probable en noviembre, una asamblea de obligacionistas para aprobar la subrogación y la mayoría de ellos está de acuerdo con la operación, según ha precisado Costa, que ha agregado que hasta que no concluya el proceso no se podrá pasar al siguiente paso de la reestructuración. Se ha debatido la posibilidad de aumentar el importe del crédito de 2 millones para poder hacer frente a los gastos corrientes de la feria, pero como decimos la Conselleria de Hacienda se ha comprometido a buscar soluciones. Otra de las cuestiones tratadas en el patronato ha sido el intercambio de los activos patrimoniales (el suelo y los edificios de la feria) del Ayuntamiento por propiedades de la Generalitat, de manera que los activos municipales pasarían a manos de la administración autonómica. En julio hubo una primera toma de contacto entre la Generalitat y el Ayuntamiento y la intención es hacer una permuta de inmuebles a cambio de la concesión de la actividad ferial. Por ahora se está trabajando en valorar la cuantía del intercambio y los plazos dependerán del avance de las negociaciones. El alcalde la de ciudad y presidente del patronato, Joan Ribó ha señalado que el consistorio defenderá el valor de estos activos, pero está dispuesto al intercambio en favor de avanzar en la resolución del proceso de reestructuración de Feria Valencia. Al respecto la portavoz del PP en el consistorio, Mª José Catalá ha exigido a Ribó que no negocie la titularidad del patrimonio de Feria Valencia: “No puede hacer trueques con el Botànic donde Valencia salga perdiendo” y ha solicitad la constitución de una Comisión Especial formada por todos los grupos políticos del consistorio y de todos los servicios municipales competentes, donde puedan comparecer todos los actores implicados en el recinto ferial, para consensuar la postura del Ayuntamiento de Valencia ante el futuro de Feria Valencia. En opinión de Costa, la pandemia está demostrando que, sea cual sea el modelo de gestión que escoja para la feria, «siempre tendrá que ser controlada por la administración». Ha señalado que la Conselleria tiene identificados a los posibles operadores interesados en Feria Valencia para, cuando llegue el momento, avanzar lo más rápido posible en este proceso, pero en cualquier caso tienen que ser socios que aporten «valor añadido». El nuevo modelo de explotación no se ha definido todavía pero la Generalitat apuesta por una cogestión público-privada y un informe encargado por la Conselleria de Economía, que se hizo público en noviembre de 2019, hablaba de alternativas que impliquen la entrada de socios privados, aunque no necesariamente con carácter mayoritario.
Feria Valencia podría aumentar el crédito hasta 2M para afrontar los próximos 2 años
El Patronato de Feria Valencia -presidido por el alcalde de València, Joan Ribó– ha aprobado este miércoles las cuentas del año 2019 de la institución. Unas cuentas que arrojan, tal y como detalla en un comunicado la entidad, «un fuerte crecimiento de la rentabilidad del negocio», ya que los ingresos crecieron un 16,8% sobre los de 2017 (año equiparable por el efecto de las ferias bienales) hasta los 23,43 millones de euros. Por su lado, los gastos registraron un incremento inferior, en este caso la subida fue del 10,9%, hasta los 21,19 millones. Esto permitió que el ebitda del pasado año fuera un 137,5% superior al de dos años antes, quedando en 2,23 millones de euros. Sin embargo, el proceso de reestructuración de la deuda de Feria Valencia que está llevando a cabo la Generalitat Valenciana ha provocado que Feria Valencia registrara finalmente unas pérdidas de 2,21 millones en el año 2019. De no ser por este proceso, Feria Valencia hubiera finalizado el año con unos beneficios de un millón de euros. Comparado con los datos de 2018, las cifras se traducen en caídas: en 2019 se facturó 22,8 millones, frente a los 23,1 millones de euros de 2018 y el EBITDA (resultados anuales sin contar las amortizaciones ni gastos financieros) que en 2019 fue de 2,2 millones, en el ejercicio anterior alcanzó los 3,6. El alcalde ha aclarado que durante los años pares Feria Valencia acoge más certámenes que durante los años impares, de forma que los datos también quedan evidentemente afectados”. Crédito para facilitar la subrogación de la deuda y hacer frente a la pandemia Por otro lado, el patronato ha aprobado la solicitud de un crédito por parte de Feria Valencia de hasta dos millones de euros para de atender las obligaciones de pago que para Feria Valencia se derivan del acuerdo entre la Generalitat Valenciana, Feria Valencia y Assured Garanty Europe para la implementación del Decreto Ley 7/2017, de 29 de diciembre, del Consell, por el que se habilitan los procedimientos y autorizaciones necesarias para la subrogación de la titularidad de la deuda financiera de la Feria. «Se ha pedido la obtención de un crédito que repercutirá sobre la Feria para acabar con todo este proceso, a la par que se ha estado debatiendo sobre la posibilidad de aumentar la solicitud de este crédito para hacer frente a los gastos corrientes que en estos momentos no pueden ser compensados por la actividad de la propia Feria y se ha planteado por parte de la delegación de la Conselleria de Hacienda el compromiso de hacer frente a estos gastos, porque al igual que pasa en la mayoría de las empresas la situación es muy delicada porque ahora no se pueden celebrar las ferias y hay una serie de gastos a los que hacer frente», ha explicado Ribó Por tanto, ante la crisis económica generada por la pandemia de la covid-19, “se ha planteado aumentar el crédito aportado por la Generalitat para encarar los gastos corrientes de la feria que en estos momentos no pueden ser compensadas por las actividades de esta. Se ha planteado aumentarlo y la Conselleria de Hacienda ha lanzado el compromiso de hacerse cargo de estos gastos”, ha resumido el alcalde. “También hemos debatido –ha indicado el alcalde- el proceso de reestructuración de la Feria, un proceso largo del que esperamos ver ya el final”. Activos patrimoniales municipales Por otra parte, según ha manifestado el alcalde y presidente del Patronato de Feria Valencia, en esta reunión “se ha informado también del intercambio de relaciones entre la Feria y el Ayuntamiento y la posibilidad que los activos patrimoniales que tiene el Ayuntamiento en la Feria puedan ser intercambiados con alguna propiedad de la Generalitat”. “Estamos en el momento de evaluar el asunto y ya los he informado que la posición del consistorio es ayudar a avanzar al ayudar la Feria a resolver sus problemas. No tendríamos ningún inconveniente, pero, por supuesto, estos activos patrimoniales son municipales y nosotros defenderemos su valor, puesto que la propiedad del suelo y parte del vuelo es municipal. Lo que se ha planteado es hacer un intercambio de activos”.
España prevé crear 800.000 empleos con los primeros 72.000 millones de la UE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles ‘El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española’ que «desencadenará la segunda gran modernización de la economía española. Un plan que va a permitir a España crecer de una manera nueva, sobre unos pilares mucho más robustos”, ha explicado el presidente. El Plan va a movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. Es decir, este Plan guía la ejecución de cerca de 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023 y además cumple con precisión las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la inversión “verde” representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%. El Plan diseñado para los próximos tres años se estructura en torno a la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. El Fondo de Recuperación Europeo consta de dos instrumentos a través de los cuales se canalizarán los recursos: por un lado, la Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso con 59.000 millones en transferencias, y por otro lado el REACT-EU que permite a nuestro país obtener financiación por un importe de 12.400 millones. El objetivo del plan a tres años asociado a los primeros 72.000 millones es sumar 2,5 puntos de PIB y 800.000 empleos en 2023. Con este objetivo, la mitad de los 140.000 millones de euros en fondos europeos que le corresponden a España para los próximos seis años se movilizarán en el periodo 2021-2023 a través de proyectos que se ejecutarán en ese plazo. En concreto, se trata de 72.000 millones (59.000 millones del fondo de recuperación y resiliencia y 12.400 millones del React-EU), a los que se suman otros 79.000 millones de fondos estructurales y de la política agrícola común (PAC). El Gobierno acelera plazos y adelanta 27.000 millones El Gobierno ha decidido adelantar en los próximos Presupuestos Generales del Estado 27.000 millones de euros de este Plan. «Un adelanto que, más allá de los tiempos que maneja la Comisión para los pagos, va a permitir acelerar la ejecución del Plan desde el mismo momento en el que los Presupuestos Generales del Estado se aprueben», ha señalado el presidente. “El Plan que presentamos y los Presupuestos Generales que lo activan ofrecen una oportunidad única para demostrar el ímpetu de nuestro país y para poner a prueba la buena política, la que facilita acuerdos, la que propicia soluciones”, ha señalado. En materia energética, el objetivo es que en 2050 toda la energía que se consuma en España sea renovable, lograr 250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023 y 5 millones en 2030, con 100.000 puntos de recarga, rehabilitar más de medio millón de viviendas para hacerlas más eficientes o restaurar 25.000 kilómetros de ríos, un proyecto al que se dedicarán 2.500 millones de euros. Para avanzar en la transformación digital se extenderá la formación digital a más de 2,5 millones de pymes y se perseguirá que la cobertura 5G llegue al 75 % de la población, al tiempo que se formará en teletrabajo a 150.000 empleados públicos. Diez políticas tractoras El Plan Nacional de Recuperación se estructura en torno a diez políticas tractoras: 1. La primera de ellas es la Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura. En esta política se concentra el 16% de los recursos y entre sus objetivos figuran la mejora de la habitabilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo. 2. La segunda política, que recibirá el 12% de los recursos, se centra en impulsar las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes, a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otros. 3. Para aprovechar el potencial de nuestro país para posicionarnos estratégicamente como líderes de la renovación energética se establece la tercera política tractora: la Transición energética justa e inclusiva, a la que se destinará el 9% de los recursos. 4. La cuarta política tractora promoverá una Administración para el siglo XXI, para que la Administración pública actúe como motor de los cambios tecnológicos. Entre las reformas que incluye esta línea de trabajo figura la de la Modernización del Sistema de Justicia. A esta cuarta política se dedicará el 5% de los recursos. 5. La quinta política es la modernización y digitalización de las empresas, a lo que se destinarán el 17% de los fondos. 6. La sexta es el Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que contará con el 17% de los recursos. 7. La séptima es la Educación y el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades. Esta política concentrará el 18% de los recursos. 8. La octava es la Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. Entre este apartado se incluyen, entre otros, planes de choque para la economía de los cuidados de larga duración a personas mayores y dependientes, el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia o la modernización de las políticas activas de empleo. A ello se destinara el 6% de los recursos. 9. La novena política tractora, con el 1,1% de los recursos, es el Desarrollo de la de la cultura y el deporte. 10. Y en décimo lugar, se abordará una Modernización del sistema fiscal incrementando la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, según ha apuntado el Gobierno
València Turisme invita a disfrutar de la provincia durante el puente de octubre
El Patronat de Turisme de València, con su marca València Turisme, ha impulsado una serie de acciones bajo el eslogan «Visitemos Valencia» para invitar a disfrutar de la provincia durante el próximo puente del 9 d’Octubre con “propuestas adaptables en presupuesto, tiempo y forma a cualquier preferencia personal, y adaptadas a las circunstancias actuales para ofrecer la máxima seguridad a sus usuarios”, ha destacado el diputado de Turismo, Jordi Mayor. “Es un largo fin de semana que podemos aprovechar para salir de la rutina que nos exige la actual situación sanitaria sin dejar de sentirnos seguros, pues todas las empresas del sector turístico de nuestra provincia han adaptado sus protocolos a la nueva realidad con un gran esfuerzo técnico y económico paramostrar al mundo que en València todas las experiencias turísticas y destinos que se pueden consumir son totalmente seguros”, ha explicado. Para facilitar la elección de los visitantes, conocer y concertar actividades, hay habilitadas tres plataformas virtuales de información turística con múltiples propuestas de turismo gastronómico, cultural y activo o de naturaleza. www.valenciaturisme.org www.firacomarques.com www.tarjetavalenciaon.com El portal www.valenciaturisme.org es la página web oficial del Patronato y reúne las propuestas de los ayuntamientos, las mancomunidades y las empresas de la provincia dedicadas a la actividad turística, así como fotografías, direcciones y teléfonos de contacto, e incluso, el coste de los productos turísticos ofertados, en caso de no tratarse de actividades gratuitas. El portal incluye todas las propuestas organizadas con motivo del puente de octubre, una información elaborada en coordinación con los ayuntamientos de la provincia que han programado actividades turísticas especiales para esta ocasión. La web www.firacomarques.com recoge también las propuestas turísticas de los diferentes destinos, estructuradas por comarcas, y las de las empresas del sector en el territorio valenciano, según su tipología, es decir: Turismo Activo/Naturaleza, Turismo Cultural/Patrimonio y Turismo Gastronómico. El público puede recorrer el territorio valenciano a través del portal web, conocer las múltiples experiencias turísticas que ofrece, solicitar información detallada sobre estas para planificar escapadas de uno o varios días por la provincia, incluso reservar experiencias y productos turísticos mediante WhatsApp o correo electrónico, visualizar vídeos de promoción de múltiples destinos, descargar folletos, planos y catálogos….y todo a golpe de click, desde nuestro ordenador, tableta o teléfono móvil. Otra de las plataformas útiles de cara al próximo puente de octubre es www.tarjetavalenciaon.com, a través de la cual podemos obtener y disfrutar de la Tarjeta València ON. Se trata de una tarjeta virtual y gratuita, que funciona como aplicación móvil y permite a todas las personas mayores de edad empadronadas en la provincia de València disfrutar de la oferta turística de València ciudad y sus comarcas. La tarjeta ofrece descuentos o promociones en establecimientos culturales, restaurantes, tiendas, actividades turísticas y lugares de ocio, y está disponible para ser descargada a través de la App Valencia ON (compatible tanto para Android como para IOS). Los usuarios deberán siempre validar a través de un código QR el uso del descuento o la promoción escogida para que quede registrado. La web recoge detalladamente toda la información sobre el proceso de registro, los establecimientos adheridos e incluye un mapa de la provincia con la localización geográfica de los locales. Además, de manera periódica se vanpublicando y proponiendo planes, actividades y sugerencias que las personas usuarias podrán realizar en las poblaciones y establecimientos participantes.
La demanda de financiación cae a una décima parte, en volumen y en solicitudes
Desde que empezó a estar operativa el pasado 6 de abril la Línea Avales ICO COVID19 por importe de hasta 100.000 millones para dar liquidez a autónomos, pymes y empresas afectadas por la crisis del coronavirus, las compañías con sede social en la Comunitat Valenciana, son las cuartas, por detrás de madrileñas, catalanas y andaluzas, que mayor importe de avales han solicitado en todo este tiempo, entre un 10 y un 11% del montante global. Según los últimos datos conocidos hasta el 30 de septiembre, los créditos bancarios avalados por el ICO y concedidos a empresas y autónomos para garantizar su continuidad superan en el conjunto de las comunidades los 102.000 millones de euros, de los cuales 10.462,3 millones corresponden a la financiación facilitada a empresas de la Comunitat Valenciana, en concreto 3.671,1 M corresponden a sociedades de Alicante, 1.709 M a las de Castellón y 5.082,2 M a empresas y autónomos de la provincia de Valencia. En cuanto al importe total avalado asciende a 77.617,5 millones, 8.061 de ellos relativos a la Comunitat. Desde el inicio de la Línea, el Instituto de Crédito Oficial ha avalado en total 824.000 operaciones, el 98 % de las cuales se han destinado a autónomos y pymes -según la vicepresidenta Nadia Calviño, el programa español de avales ha sido el más utilizado de los que se han realizado en los países de nuestro entorno- y en las compañías de la Comunitat, se han autorizado más de 90.000 operaciones. Si bien, si tenemos en cuenta la serie histórica facilitada por el ICO, las cifras demuestran que tanto el número de empresas como el número de operaciones cerradas y los importes de las mismas, descienden en las últimas semanas a una décima parte de los registros de principios del mes de mayo, cuando los efectos de la pandemia y del propio confinamiento se dejaban notar con mayor crudeza. Si la primera quincena de mayo, casi 9.600 empresas valencianas acudieron a las entidades financieras a solicitar 14.900 operaciones crediticias por importe superior a los 1.600 millones (1.250 de ellos avalados por el Estado), en las últimas quincenas las cifras se desinflan y en promedio apenas suponen el 10%. En concreto, la primera quincena de septiembre anota uno de los registros más bajos en la Comunitat desde que se inició la Línea, solo 714 empresas de Castellón, Valencia o Alicante demandaron financiación, lo que se concretó en 1.335 operaciones por un valor cercano a los 135 millones, cien de ellos avalados. Según los últimos datos conocidos este martes, en la segunda quincena del mes aumenta el importe financiado (38.31% respecto a la quincena anterior) y las empresas solicitantes (41%) pero está lejos de los registros de mayo, junio y julio. Solo en los últimos días del mes de agosto la demanda fue más comedida. Fuente: ICO Según señalan fuentes financieras “es lógico que poco a poco hasta agotar la línea haya menor demanda, porque la urgencia que había, ya se cubrió inicialmente». Además coincide que este mes de septiembre la Línea ICO Inversión ha empezado a estar operativa con un primer tramo de 8.000 millones de los 40.000 que contempla la línea. Desde UpBizor, consultora financiera especializada en potenciar el crecimiento de startups y pymes, destacan que “mientras la línea ICO COVID-19 fomentaba la supervivencia al aportar circulante; este nuevo programa está enfocado a la inversión para que las empresas no se estanquen y puedan seguir creciendo. Ya han sobrevivido; ahora es tiempo de avanzar”.
La Línea de Avales Inversión arranca con ‘escasa’ demanda en las entidades adheridas
Casi un centenar de entidades financieras han firmado ya el convenio con el ICO para adherirse a la nueva Línea Avales Inversión aprobada por el Gobierno y cuyo primer tramo por importe de 8.000 millones lleva operativo desde hace apenas tres semanas. Fue el pasado 3 de julio cuando se aprobó por Real Decreto una Línea de Avales de 40.000 millones de euros para avalar la financiación concedida a empresas y autónomos para atender principalmente sus necesidades financieras derivadas de la realización de nuevas inversiones. El Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de julio estableció los términos y condiciones del primer tramo de la Línea, de modo que 5.000 millones se destinarán a garantizar las inversiones de autónomos y pymes y 3.000 millones a financiar el resto de las empresas En estos créditos el Estado avalará el 80% ante la entidad bancaria en caso de autónomos y pymes, y hasta un máximo de un 70% para el resto de las empresas. Si bien, a diferencia de la Línea Avales Liquidez, el plazo máximo de amortización del préstamo se amplía de 5 a 8 años de duración. Convivirán ambas líneas: Inversión y Liquidez De este modo, ambas Líneas se encuentran operativas. A fecha de 15 de septiembre, con el programa Liquidez se han avalado un total de 804.754 operaciones correspondientes a más de 530.000 empresas. El importe total avalado asciende ya a 76.002,7 millones, lo que ha permitido que las empresas hayan recibido 100.000,4 millones de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante. En el caso de esta nueva Línea de Inversión el arranque está siendo mucho más discreto. Tanto desde el ICO como desde las entidades financieras aseguran a Economía 3 que todavía es «muy prematuro hacer balances o tener cifras oficiales». «La línea está operativa realmente desde el 10 de septiembre y nos consta que está funcionando sin incidencias, pues una vez que ya estaban implementados los sistemas de la otra Línea, todo ha sido más sencillo», indican fuentes del ICO. Pero lo cierto es que fuentes financieras constatan que el interés por la misma es todavía «escaso», «de hecho no prevemos que vaya a haber una avalancha de solicitudes por cubrir esta línea como ocurrió con la anterior. Las empresas han hecho ya acopio de liquidez, y no se están dando todavía grandes propuestas de proyectos de inversión». Según las fuentes consultadas, «evidentemente la incertidumbre es un lastre» y las compañías prefieren ser «prudentes» de momento. «Desde nuestro punto de vista, hay posibilidad de que se alargue la fecha tope prevista para la solicitud establecida en el 1 de diciembre –las entidades financieras pueden solicitar el aval para los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y empresas formalizados con posterioridad al 29 de julio y hasta el 1 de diciembre de 2020–». En la misma línea se manifiestan otras fuentes financieras consultadas «es lógico que no haya tanta demanda como ocurrió con la Línea ICO Liquidez, tiene todo el sentido del mundo que la demanda vaya a un ritmo mucho menor, porque la urgencia que había, ya se cubrió con los 100.000 primeros –en referencia a la Línea ICO Liquidez dotada con 100.000 millones de euros–». Planes de negocio y viabilidad José María Costa, socio de MA Abogados y director del departamento de Fiscal de la oficina de València Desde el despacho MA Abogados, valoran positivamente este tipo de instrumentos “para que la economía no se pare”, “el problema, a pesar de las facilidades y de que se trate de un crédito muy blando es que hay que devolverlo”, explica José María Costa, socio de MA Abogados y director del departamento de Fiscal de la oficina de València. “Se esperaba una recuperación muy rápida, que por desgracia en España no está ocurriendo”, por tanto a juicio de Costa, la pregunta clave está en «ver cuánto vamos a tardar en recuperar el ritmo que llevábamos» y “sobre todo en hacer un buen plan de negocio y viabilidad para poder devolver cualquier crédito, porque las proyecciones de tesorería puede que no se estén cumpliendo y habrá que revisarlas”. En este sentido advierte Costa: “Si hago una inversión pensando que la economía va volver a una situación previa a la pandemia y eso no ocurre, se generará para la empresa un problema mayor”. “Las Líneas inversión es verdad que conllevan más plazo, pero la dotación es más potente –podemos estar hablando ya de cifras de seis dígitos–, y en ese tiempo, se presupone que tienes que haber recuperado la inversión”, insiste. Revisar plazos Opina el experto de MA Abogados que “se ha pedido mucho dinero –en cantidades ingentes–, y que difícilmente se podrá devolver en los plazos que están establecidos”. “Creo sinceramente que habrá que replantearse los plazos”. En su opinión deben ajustarse a la realidad que tenemos y “hoy por hoy” creemos que 2021 va a ser un año “muy malo” y “no tenemos visibilidad de lo que ocurrirá mucho más allá”. No obstante, aclara que gracias a estos instrumentos y otras medidas como los ERTE se han frenado por el momento los impagos: “En el despacho no se están dando todavía reclamaciones de impagos, si bien todo se sustenta en un colchón que hay que reactivar”, aclara. Características de la Línea Inversión El principal objetivo del nuevo programa del ICO es fomentar nuevas inversiones de las empresas en España destinadas a «adaptar, ampliar o renovar sus capacidades productivas y de servicios o para el reinicio o reapertura de su actividad». Se entenderán como tal las inversiones nuevas efectuadas en activos de primer uso o segunda mano desde el pasado 29 de julio, el día posterior a la aprobación del primer tramo de estos avales en el Consejo de Ministros. Podrá solicitarse un crédito con este aval para inversiones o gastos corrientes y de capital destinados a la ampliación, adaptación o renovación de las capacidades productivas o de servicios; y para el reinicio o desarrollo de la actividad También para los gastos corrientes y de capital asociados o destinados, entre otros, a la adquisición, alquiler, leasing o renting de equipos, maquinarias, instalaciones, suministros de materiales y bienes y servicios relacionados con la inversión, incluidos, entre otros, la creación y mantenimiento del empleo, gastos en I+D+i. Y también para necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas o vencimientos corrientes de obligaciones financieras o tributarias. Aspectos que abren las puertas a las startup. La inversión deberá hacerse efectiva en el plazo de 24 meses siguientes a la fecha de firma de la operación de financiación. No son finalidades de esta línea de avales, las refinanciaciones, restructuraciones, renegociaciones, o las renovaciones de préstamos vivos ni las cancelaciones o amortizaciones anticipadas ni la aplicación de fondos para financiar a deudores comerciales o no comerciales anteriores a la fecha de formalización de la operación de préstamo.
Nuevo impulso a la Educación Financiera de la mano de la Fundació Caixa Ontinyent
Con motivo del Día de la Educación Financiera en España, que se celebra este lunes, la única caja de ahorros de la Comunitat y la primera de España, Caixa Ontinyent, hace balance desde su Fundación de los proyectos puestos en marcha en este sentido, al ser una de las entidades más comprometidas con la causa y así reconocida en distintos ámbitos. Formación online para profesores, app interactiva de cuentos infantiles, webinars, herramientas de gestión y campaña divulgativa con la actriz María Juan, destacan entre estas actividades. En línea con las recomendaciones generales y con la situación creada por la pandemia, la Fundació Caixa Ontinyent está reorientando su programa de educación financiera “Finança’t, hacia el ámbito online y con nuevas actividades: – El próximo lanzamiento de una campaña divulgativa, con la colaboración de la actriz y cómica Maria Juan que aborda, desde el humor, los conceptos financieros. – El impulso de cursos online para profesores, realizados a través de los Cefires de Xàtiva y Xest. En el caso de Xátiva, la IV edición de “Finanzas básicas: es básico saber lo básico”, tendrá lugar la próxima semana y ya se encuentran programadas la quinta y la sexta edición ante la alta demanda formativa. En Xest, el curso “Finanzas básicas: un poco más allá” va dirigido a profesores de formación profesional de la Comunitat Valenciana. – Puesta en funcionamiento de “Los cuentos de Dino”, una App interactiva para aprender divirtiéndose, que contiene la colección de cuentos infantiles de la serie de educación financiera publicados por la obra social de Caixa Ontinyent, con audición, lectura, juegos y actividades en valenciano, en castellano y en inglés. Es gratuita y está disponible para Android y Apple. – Lanzamiento de un programa de webinars, con el fin de dar a conocer la nueva realidad online, que juega ya un papel fundamental en la gestión cotidiana de la economía personal y familiar. – Elaboración de nuevas herramientas online como apoyo para la previsión y realización de presupuestos de la economía doméstica. Casi 40.000 usuarios en sus cuatro años de trayectoria Desde su puesta en marcha en octubre de 2016, el programa de educación financiera de la Fundació Caixa Ontinyent “Finança’t” ha sido utilizado por 39.954 personas, 37.182 a través de la web y redes sociales, y 2.142 en cursos, talleres y conferencias presenciales. “Finança’t” es innovador por sus contenidos, por su público objetivo, por sus actividades y por los canales de comunicación que utiliza. Está abierto a personas de todas las edades, en valenciano y castellano, y tiene como eje su web programafinancat.es, que dispone de un autotest, documentación segmentada por edades y materias, información, herramientas, enlaces y noticias en constante evolución. La educación financiera permite al individuo conocer y evaluar de forma correcta las posibles alternativas que se le presenten en un proceso de toma de decisión financiera, conociendo las posibles consecuencias y resultados de cada una de estas alternativas, para en último caso elegir de forma correcta en función de sus circunstancias personales. Siendo esta una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país, hace unos años el Banco de España y la CNMV pusieron en marcha esta iniciativa anual, del Día de la Educación Financiera, este año bajo el lema ‘Finanzas responsables, finanzas para todos’. Cabe considerar que el índice de conocimientos en algunas de las comarcas de la Comunitat se encuentra por debajo de la media de España, que a su vez se encuentra por debajo de la media internacional.