Feria Valencia ha previsto dos escenarios, uno más optimista que contempla retomar la actividad de forma prácticamente normalizada a partir del primer trimestre de 2021 –de hecho prevé la celebración de Cevisama el próximo mes de mayo–, con lo cual el parón de la COVID-19 se extendería a poco más de un año, lo que se traduciría en unas pérdidas estimadas de 3 millones de euros; y otro mucho más pesimista, en el que la actividad se vería suspendida hasta diciembre de 2021.

En ese caso se tendría también en cuenta que no se pudieran prorrogar los ERTE más allá del 31 de enero que es la fecha aprobada hasta el momento y las pérdidas en ese caso alcanzarían los 11 millones de euros, pues hablaríamos prácticamente de dos años de parón.

Desde Feria Valencia, confían en que no se cumpla ese escenario tan negativo, y de hecho esperan que sea Cevisama la última gran feria internacional en celebrarse antes de la pandemia y la primera en hacerlo una vez normalizada la situación –con fecha prevista del 24 al 28 de mayo–. Si bien, ante la falta de ingresos, la Generalitat saldrá al rescate del recinto.

«En julio éramos más optimistas, de hecho se celebraron las ferias de Automóvil y Día Mágico pero ahora vemos que prácticamente en su totalidad la actividad va a seguir parada en lo que queda del año», ha explicado el subsecretario de Economía, Natxo Costa, a Economía 3.

De hecho, en la memoria de cuentas aprobadas este miércoles, ya se comenta que los hechos posteriores al cierre de ejercicio se han traducido en la suspensión total de la actividad.

Por tanto, la Generalitat atenderá los gastos corrientes de Feria Valencia. De momento, baraja diferentes alternativas para ayudarla, con el horizonte puesto como mínimo en esos tres millones de euros. Pero el importe condiciona el proceso.

El pasado viernes el Consell aprobó una subvención directa para IFA de 800.000 euros destinada a cubrir costes de funcionamiento y asegurar su supervivencia, en ese caso una partida de inversiones no efectuadas se acomodó al nuevo destino de los fondos.

En el caso de la Feria Valencia, parte de la ayuda, como en la mayor parte del montante de IFA, llegará mediante el mecanismo conocido como Marco Nacional Temporal, la adaptación del nuevo marco aprobado por la Unión Europea para flexibilizar la normativa sobre ayudas de Estado y que habilita a los estados a aportar liquidez en inversiones estratégicas. Pero el importe máximo que permite la UE sin comunicación previa por este mecanismo es de 800.000 euros, una cantidad que se entiende insuficiente para el recinto valenciano.

De momento, continúan las negociaciones entre la Conselleria de Economía y la institución para que esta comunique sus necesidades totales. Además ya se busca la forma de compensar el hecho de que la feria siga al servicio de la sociedad y del resto de instituciones, ya que no solo está sirviendo como almacén de los monumentos falleros, si no también de almacén sanitario y como recinto que puede acoger pruebas de oposiciones multitudinarias.

En Noviembre la asamblea de bonistas

Por otra parte, se pedirá un crédito de hasta 2 millones de euros para atender las obligaciones de pago a la aseguradora derivadas del acuerdo de la subrogación de deuda, cuyo importe asciende a 227 millones de euros y que pasa a la Generalitat, que hasta ahora ejercía de avalista. Esos dos millones se entienden como una «comisión» propia del cambio de titularidad de los bonos que mantienen las mismas condiciones, incluido el seguro.

Ahora se deberá celebrar, lo más probable en noviembre, una asamblea de obligacionistas para aprobar la subrogación y la mayoría de ellos está de acuerdo con la operación, según ha precisado Costa, que ha agregado que hasta que no concluya el proceso no se podrá pasar al siguiente paso de la reestructuración.

Se ha debatido la posibilidad de aumentar el importe del crédito de 2 millones para poder hacer frente a los gastos corrientes de la feria, pero como decimos la Conselleria de Hacienda se ha comprometido a buscar soluciones.

Otra de las cuestiones tratadas en el patronato ha sido el intercambio de los activos patrimoniales (el suelo y los edificios de la feria) del Ayuntamiento por propiedades de la Generalitat, de manera que los activos municipales pasarían a manos de la administración autonómica.

En julio hubo una primera toma de contacto entre la Generalitat y el Ayuntamiento y la intención es hacer una permuta de inmuebles a cambio de la concesión de la actividad ferial. Por ahora se está trabajando en valorar la cuantía del intercambio y los plazos dependerán del avance de las negociaciones.

El alcalde la de ciudad y presidente del patronato, Joan Ribó ha señalado que el consistorio defenderá el valor de estos activos, pero está dispuesto al intercambio en favor de avanzar en la resolución del proceso de reestructuración de Feria Valencia.

Al respecto la portavoz del PP en el consistorio, Mª José Catalá ha exigido a Ribó que no negocie la titularidad del patrimonio de Feria Valencia: “No puede hacer trueques con el Botànic donde Valencia salga perdiendo”  y ha solicitad la constitución de una Comisión Especial formada por todos los grupos políticos del consistorio y de todos los servicios municipales competentes, donde puedan comparecer todos los actores implicados en el recinto ferial, para consensuar la postura del Ayuntamiento de Valencia ante el futuro de Feria Valencia.

En opinión de Costa, la pandemia está demostrando que, sea cual sea el modelo de gestión que escoja para la feria, «siempre tendrá que ser controlada por la administración».

Ha señalado que la Conselleria tiene identificados a los posibles operadores interesados en Feria Valencia para, cuando llegue el momento, avanzar lo más rápido posible en este proceso, pero en cualquier caso tienen que ser socios que aporten «valor añadido».

El nuevo modelo de explotación no se ha definido todavía pero la Generalitat apuesta por una cogestión público-privada y un informe encargado por la Conselleria de Economía, que se hizo público en noviembre de 2019, hablaba de alternativas que impliquen la entrada de socios privados, aunque no necesariamente con carácter mayoritario.