Este miércoles llega al Congreso de los Diputados, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que aspira a recabar apoyos para sustituir las vigentes cuentas, de 2018, y avanzar en la reconstrucción económica tras la pandemia.

El proyecto prevé un aumento de los ingresos del 14,7 %, gracias sobre todo a la mejora de la situación económica y, en menor medida, a nuevos impuestos -sobre transacciones financieras, servicios digitales, envases de un solo uso y bebidas azucaradas– y ajustes tributarios recogidos en las propias cuentas -con un impacto de 1.862 millones-.

Además, el impuesto de hidrocarburos que paga el diésel subirá de 30,7 a 34,5 céntimos de euros el litro para los no profesionales, un repunte que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá un coste de 3,45 euros al mes para un consumidor medio.

Entre los ajustes tributarios figura un aumento de la tributación de las rentas altas: el IRPF sube dos puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y en tres puntos para las rentas del capital superiores a 200.000 euros, mientras que el tipo del impuesto de patrimonio, que tendrá carácter indefinido, sube un punto para fortunas a partir de 10 millones de euros.

Las socimis en el punto de mira

Las empresas con filiales verán reducidas sus exenciones sobre los dividendos y plusvalías de filiales, que pasan del 100 % al 95 %, mientras que las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) tendrán que tributar al menos un 15% del porcentaje del beneficio que no están obligadas a repartir como dividendo.

Por el momento, el gravamen de las socimi en el Impuesto de Sociedades es del 0%, siempre que las sociedades cumplan una serie de requisitos relacionados con el reparto de dividendos y con los tipos de activos en los que pueden invertir.

La única socimi cotizada valenciana Veracruz Properties, ha explicado a Economía 3 que prefieren «analizar los detalles de los cambios propuestos y su impacto en nuestro negocio antes de emitir opiniones».

Desde Asocimi, la asociación que representa a las socimi, su presidente Javier Basagoiti ha asegurado que «cualquier modificación de la legislación que no tenga como objetivo mejorar la posición competitiva de nuestros REITs frente a otros países europeos será interpretado negativamente por los inversores que han apostado por nuestro sector inmobiliario ya que genera inseguridad jurídica e institucional. El carácter estratégico y de inversión a largo plazo del negocio de las socimi exige que el marco normativo sea estable, seguro y genere confianza para garantizar que los flujos de capital siguen llegando a nuestro país y que las empresas del sector pueden acometer con solvencia sus planes de negocio, cumpliendo así con sus obligaciones con todos sus stakeholders, incluida la propia administración pública”.

A su juicio cabe explicar «las ventajas de tener un sector inmobiliario especializado y profesionalizado dedicado a la gestión del patrimonio en alquiler con visión de permanencia a largo plazo, volcado en la conservación del patrimonio, la adaptación a las obligaciones medioambientales y la profesionalización de la relación con los inquilinos».

Además de modificar la fiscalidad de las socimi, PSOE y Unidas Podemos han acordado llevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses la Ley de Vivienda, que limitará los precios del alquiler en zonas tensionadas.

De momento, la bolsa ha castigado ya este martes a las socimis y al sector inmobiliario en general, al cierre, Inmobiliaria Colonial ha bajado un 4,93 %, el quinto mayor descenso del Ibex 35, y Merlin Properties se ha dejado un 1,57 %.

De este modo, las acciones de Colonial han terminado la sesión en 6,17 euros, su nivel más bajo desde marzo; y las de Merlin Properties, en 5,945 euros, su mínimo histórico.

Fuera del Ibex 35, Lar España ha perdido este martes un 1,04% y Arima ha cerrado plana. Entre las inmobiliarias caídas de Renta Corporación, un 3,83 %; Neinor Homes, un 0,94 %; Metrovacesa, un 0,79 %; y Aedas Homes, un 0,46 %.

El sector del seguro y los planes de pensiones

Otras de las medidas que contemplan los PGE son rebajar de 8.000 a 2.000 euros el máximo de reducción en el IRPF de los planes de pensiones individuales, aunque sube de 8.000 a 10.000 euros el tope para los colectivos y aumentar el impuesto sobre las primas de seguros, que subirá del 6 % al 8 %.

La patronal de las instituciones de inversión colectiva, Inverco, y la del sector asegurador, Unespa, han mostrado su disconformidad y han cifrado que la medida afectará a los 7,5 millones de partícipes de los planes de pensiones individuales y a un millón de personas que cuenta con planes de previsión asegurados.

En su opinión, el establecimiento de límites diferentes y la decisión de relegar a los sistemas individuales resulta «discriminatorio» para la mayoría de la población ocupada, ya que en España «hay un elevado número de autónomos y empresarios individuales, y que la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena trabaja en pymes, donde el ahorro colectivo apenas está presente».

«Se debe posibilitar a toda esta población ocupada, que queda fuera de la provisión social empresarial, que pueda acceder a sistemas de previsiones individuales en las mismas condiciones», subrayan.

Según las dos asociaciones, la limitación de las aportaciones «carece de sentido en situaciones de crisis como la actual, en la que muchos trabajadores han visto reducidos significativamente sus ingresos». Por este motivo, añaden, «debe permitirse a los trabajadores recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación».

Inverco y Unespa consideran que los límites anuales deben suprimirse, en lugar de reducirse, y ser sustituidos por un tope global para el conjunto de la vida laboral.

Las dos patronales destacan que en España existe un «significativo déficit de ahorro para la jubilación» en comparación con otros países de nuestro entorno.

Una opinión que ha compartido el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich que en declaraciones a Economía 3 ha señalado que no parece lógico que actúe «sobre la única deducción potente que tiene la clase media para procurar el ahorro».

El 95% de las familias españolas tiene alguna póliza contratada

Respecto a la previsible subida de un 6% al 8% del tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguro, cree Unespa que la medida va a afectar significativamente a familias y empresas al tratarse de un recargo externo a la prima de seguro.

El 95% de las familias españolas tiene alguna póliza contratada. Las más comunes son las de automóvil (79%), hogar (74%) y decesos (45%), por tanto, opina que perjudica a las personas y a las empresas que, a través del seguro y con un criterio de responsabilidad, aseguran su vida diaria, su patrimonio y sus actividades empresariales y profesionales frente a los posibles daños que puedan causar a terceros.

«El impacto de esta medida se ha valorado por el Gobierno en unos 455 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 25% en la recaudación de este tributo. Para Unespa se trata de una medida desproporcionada y carente de justificación. El encarecimiento de la fiscalidad del seguro puede derivar en una disminución de las protecciones que contratan familias y empresas y, por consiguiente, en una mayor exposición al riesgo».

Finalmente quedan fuera de la revisión tributaria que impulsará el Gobierno algunas de las medidas que se habían barajado, como el establecimiento de un tipo efectivo mínimo para el impuesto de sociedades o una subida del IVA para la sanidad y la educación privada.