La empresa valenciana Caiba, el mayor diseñador y fabricante nacional de preformas y envases PET para los principales sectores de consumo con una cartera de más de 800 clientes que incluyen las principales compañías del sector de alimentación y bebidas e higiene personal y del hogar, pone de manifiesto la nueva «vuelta de tuerca» que supone para el sector de los plásticos, y para la industria agroalimentaria, en general, la norma de Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra que prepara el Gobierno y que se une al anunciado impuesto a los envases no reutilizables que está poniendo en un brete a más de una compañía.

Tal y como explican desde Caiba a Economía 3, el pasado mes de junio el Ministerio de Agricultura introdujo nuevas modificaciones en el “Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva”, la más reseñable: la prohibición de envasar los aceites de oliva virgen extra en formatos de PET o plásticos.

Con apenas siete días para presentar alegaciones o argumentos para rebatir la propuesta, la valenciana Caiba –participada en un 75% por el fondo de capital riesgo Nazca y bajo la gestión de la familia Baños desde su fundación en 1955–, fue una de las firmas que presentó alegaciones.

«No hay ninguna razón técnica que pueda avalar esta medida, que no se ha parado a valorar los perjuicios que puede ocasionar en la industria, ya que ello podría conllevar a un menor consumo de la categoría virgen extra al encarecerse su precio en el mercado por el mero hecho de estar envasada en cristal», explica Almudena Imbernón, responsable de la dirección de Procesos e I+D+i.

«Realmente el producto es el mismo, a nivel de calidad no hay variación, por lo que no le encontramos el sentido, es más, algunos productores ya se están planteando la posibilidad de llevar a envasar su aceite virgen extra a otros países como Portugal para venderlo después en España», advierte.

En este sentido hace hincapié en la «incongruencia»: «el  productor no puede envasar su aceite de oliva virgen extra en PET en España, pero en España se puede vender este aceite envasado en plástico de otros países, aunque sea de origen español».

Además, pone de relieve, que muchos envasadores no tienen sus líneas de producción preparadas para envasar en vidrio, con lo cual tendrían que transformar previamente sus industrias y líneas productivas, «en un momento complicado como el actual».

A Caiba la normativa le impacta también de primera mano. En 1998 inauguró una planta en Alcalá la Real, en Jaén, porque quería estar cerca de las empresas aceiteras a las que servía, hoy da empleo a unos cien trabajadores. «Tenemos una planta en Jaén de inyección y soplado, al igual que la de Riba-roja de Túria, muy enfocada a este sector y si esta norma saliera adelante un 30% de la producción o incluso más se vería afectada», explica Imbernón.

Caiba fabrica 1.600 millones de envases anuales lo que significan 60.000 tns./año de PET; de ellas, los envases fabricados para el aceite virgen extra y orujo, suponen unos 180 millones y 7.000 tns. de PET, el 11.6% del total.

Imbernón reitera que no ve razones técnicas para ello y opina que «si cada vez se quiere promocionar más este producto de calidad para que llegue a un mayor número de consumidores, no es lógico pretender encarecer el producto, porque el consumo se retraerá, mientras que otros aceites procedentes de otros países  ganarán cuota de mercado».

Un impuesto «recaudatorio»

Caiba también es líder en desarrollo de integraciones -donde el proceso de soplado se realiza en las instalaciones de los clientes-. Con sede en  Riba-roja de Túria (Valencia), una segunda planta en Alcalá la Real (Jaén), y una tercera que adquirió a principios de año en Toledo, logró el pasado año unas ventas de 91,7 millones de euros, un 3,9% por encima del ejercicio anterior y con exportaciones valoradas en 14 millones, un 40% más que un año antes.

Con una plantilla formada por unos 200 empleados, reconoce que la crisis del coronavirus ha hecho aumentar su producción hasta un 20%, al incrementarse considerablemente el consumo en los hogares, con crecimientos importantes en categorías como aguas, zumos o productos de higiene o limpieza, con el gel de manos hidroalcohólico como el más demandado.

Explica Imbernón que hoy por hoy, el plástico PET (polietilentereftalato) que ellos fabrican, “es la opción más ecológica del mercado”, porque se puede reciclar perfectamente.

Respecto al tema del impuesto que contempla el anteproyecto de la ley de Residuos piensan que es una cuestión «meramente recaudatoria, que no tiene justificación técnica ni razonamiento objetivo». «Asumimos que se están buscando alternativas de financiación por la vía fiscal y que el plástico es un blanco fácil. Lo sencillo es decir que el plástico está en los océanos, pero no se hace hincapié en que el problema está en la mala gestión de los residuos, de este y de otros residuos, por tanto, estamos disgustados con esta imagen y este gravamen”.

Reflexiona la directiva que el anteproyecto de ley dice «que habrá exenciones al impuesto cuando se utilice material reciclado producido en España, el problema es que, España en este sentido lleva un retraso respecto a Europa de, al menos seis años, ya que, hasta hace tres o cuatro, el uso del material reciclado no estaba permitido en España, solamente para aguas y refrescos, y por tanto, actualmente en España solo hay un fabricante de material reciclado para uso alimentario si nos referimos al PET».

«Para uso no alimentario sí que hay más recicladores, pero para contacto alimentario es muy limitado el mercado nacional –continúa– por ello, nosotros ahora mismo estamos utilizando hasta cinco proveedores distintos de PET reciclado a nivel mundial, y la norma nos dice que estaríamos exentos del impuesto si utilizáramos el PET reciclado a nivel nacional, ¿pero cómo lo hacemos si no lo hay?”.

Confirma que cada día aumentan su producción con material reciclado, «es una demanda creciente el uso del material reciclado y la mayoría de proyectos que nos entran están relacionados con la incorporación de material reciclado a los envases. El problema es que en España ahora mismo no hay infraestructura industrial para abastecer la demanda, por tanto, lo lógico hubiera sido que antes de poner un impuesto o establecer exenciones, primero se debería haber impulsado y procurado la materia prima”.

Por otra parte, tampoco está claro quién va a pagar el impuesto, si el transformador, como Caiba, por las toneladas de plástico que transforma o el envasador, como fabricante de un producto que sabe cuántas unidades pone en el mercado y por ello ya paga «punto verde» por la recogida y gestión de residuos, pero lo que dejan claro unos y otros es que al final de la cadena el impuesto repercutirá en el consumidor.