Mujeres al Timón
La ejecución presupuestaria se hunde en Vivienda y Economía a menos del 20%
La ejecución presupuestaria de la Generalitat Valenciana hasta el mes de octubre alcanza el 70,28% del total del presupuesto definitivo de este 2020, cifrado en 25.635,7 millones de euros. Esto son 18.018 millones de euros que la Generalitat ya habría pagado a finales del mes de octubre. No obstante, según el visor de cuentas de la Generalitat, en los 10 primeros meses del año, el ente autonómico lleva comprometido el 90,1% del presupuesto y reconocido, es decir, ha cumplimentado el trámite administrativo para llevar a cabo el consiguiente gasto que está pendiente de pago, el 75,64%. Datos que, si comparamos con el mismo periodo de 2019, en el mejor de los casos apenas arrojan un punto de diferencia a favor del presente ejercicio: comprometido (89,29%), reconocido (75,1%) y pagado (63,33) en 2019. Por consellerias, las más cumplidoras, según el porcentaje de ejecución global que reportan, son Sanidad y Educación, con un 75,4% y un 66% del presupuesto ya pagado respectivamente, pero en ambos caso el gasto de personal y las transferencias corrientes absorben la mayor parte del presupuesto. Mientras que Vivienda y Economía Sostenible, se sitúan por debajo del 20% en cuanto a presupuesto ejecutado, concretamente un 12,65% y un 18,91%, si tenemos en cuenta todos los capítulos del presupuesto. Si entramos a desgranar el presupuesto ejecutado podríamos centrarnos en el porcentaje del volumen que supone el capitulo I (gasto de personal) en el total de cada organismo o el capítulo II (compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento), así como el IV, transferencias corrientes (mediante las que se financian también las entidades del sector público); pero si centramos la mirada en inversiones, tanto directas (capítulo VI) como indirectas, a través del sector público, para que sean otras entidades y organismos públicos los que inviertan (capítulo VII) comprobamos que la ejecución presupuestaria ya pagada se reduce en algunos casos a porcentajes muy modestos. Solo Presidencia y Política Territorial y Obras Públicas presentan en octubre una ejecución presupuestaria superior al 50% en el capitulo de inversiones reales, 75% en el primer caso y 65%, pero si sumamos el capítulo VI y VII en el caso de Presidencia de los más de 37 millones previstos a principios de año, apenas llevaba abonados a 30 de octubre algo más de 1,8 M, aunque tiene reconocidos más de 15 M. En el caso de Territorio, las inversiones anunciadas superan los 200 millones y prácticamente lo pagado, alcanza ya la mitad, y hasta 111 M están reconocidos. Hacienda, con inversiones definitivas previstas por 114 millones, habría pagado poco más de 35 millones. Justicia, que presupuestó 51 millones en inversiones, lleva pagados 23 y si nos ceñimos exclusivamente al capítulo VI lleva ejecutado el 45%, 16 puntos porcentuales más que hace un año. De las grandes, Educación debía invertir 388 millones, y en estos primeros diez meses lleva pagados 54 M (el 24% y el 8% en los respectivos capítulos que hacen referencia a la inversión) y reconocidos 83 M . En cuanto a Sanidad, hablamos de casi el 40% de los 116 M de inversiones reales y apenas el 2% de los 20 M más que suman las transferencias corrientes. Llama más la atención Vivienda, del vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau, lleva pagados hasta octubre solo 13 de los 222 millones presupuestados en inversiones, por capítulos un 3,7% y un 6,4%, respectivamente. De los 166 M que tenía previsto invertir la conselleria de Economía Sostenible, solo 7,6 M han sido abonados (el 8,2% del VI y el 4,6% del VII), eso sí, están reconocidos 96M, un 57% del grueso de transferencias. Porcentajes mínimos también en Transparencia, de los más de 6M apenas 300.000 euros liquidados. Porcentualmente hablamos del 0,82% de la partida de mayor peso (VII, 5,8M). De los 85 M de inversiones de la consellera Carolina Pascual (Innovación), 32 han sido abonados. Y por último, de 31 M previstos para políticas de Igualdad de la vicepresidenta Mónica Oltra, 4,5 M se han ejecutado. Mantente informado cada día con nuestra newsletter. Suscríbete gratis.
Crece el interés del empresario por vender la empresa e invertir posteriormente en ella
Dos crisis en menos de una década está llevando a muchos empresarios a querer poner en valor el trabajo de toda una vida, haciendo líquido el capital de su compañía. Esta es una de las realidades que se ha puesto sobre la mesa en la jornada organizada por Cámara Valencia “La financiación para afrontar el reto de la nueva normalidad”. Eliminar parte del riesgo, al tiempo que el empresario se convierte en coinversor de su propia compañía a través de otros vehículos, es una las posibilidades que permite el decantarse por nuevas formas de financiación alternativa, dada la gran cantidad de liquidez que existe en el mercado, lo que genera, según los expertos presentes en la jornada, «un mercado mucho más eficiente y competitivo». Jesús Losa, director de Financiación Estructurada de Banca de Empresas de CaixaBank, ha explicado cómo la entidad ha logrado conformar un equipo muy cualificado de 30 personas que entiende la financiación estructurada como un mecanismo de ayuda a las empresas, más allá de las limitaciones de la banca tradicional, que, por su regulación está adoptando un papel más conservador «y ahora más que nunca porque todos los parámetros de las compañías han caído y por tanto, hay que estudiar muy bien los proyectos de forma cualitativa, cuantitativa, desde el punto de vista del perfil de riesgo y de su evolución…», explica Losa. Asegura que tras el estallido de la pandemia, en financiación corporativa se muestran más prudentes con determinados sectores como automoción, restauración u hostelería, mientras otros, «están tirando de la economía, como el agro, el retail en alimentación o la logística». Admite que llegaban «fácilmente a plazos de 6-7 años», aunque con la crisis reconoce que se están reduciendo “un poco” estos periodos. En cuanto a ratios, admite «que el famoso deuda financiera/ebitda por debajo de 3 se ha roto” y se espera que muchas compañías este año lo sobrepasen, porque “han cogido deuda por ser prudentes pero a la vez, su ebitda está cayendo de forma dramática”. CaixaBank, primer financiador de Amazon En cuanto a financiación Real Estate entran en operaciones muy enfocadas a oficinas prime y a logística –no en vano, CaixaBank es el primer financiador de Amazon en nuestro país en naves logísticas–, y también se ha sumado a la moda de las residencias de estudiantes, en plazos de entre siete y diez años, «siempre que sean buenos activos». Con respecto a la financiación en adquisiciones, M&A, Losa la ha calificado como “un mundo que está por venir, donde va haber mucho capital riesgo, fondos y family office, comprando compañías, pues a la liquidez se le suma el cansancio de algunos empresarios que han dedicado toda su vida a la empresa y que quieren poner en valor el trabajo de toda una vida vendiendo parte de la compañía”. «También está muy en boga vender el 100% y luego reinvertir un porcentaje importante otra vez en ella», afirma. Explica el experto que la financiación en adquisiciones se diferencia de la corporativa en que esta última “se asigna contra el balance de la compañía y la primera contra el balance de la adquirida, no del cliente que viene a solicitarla, sino de la compañía que va a ser comprada”, ha especificado Losa. Por último, ha hecho mención a los bonos verdes y al compromiso de CaixaBank con la financiación Verde, Social y Sostenible «que ha venido para quedarse», y como ejemplo menciona un bono de 1.000 millones que acaba de emitir para financiar a clientes. Iván Cristóbal, Co-Founder y Head of Structuring & Recovery de BeSpoke Capital ha explicado cómo esta firma ha traído a nuestro mercado sistema de financiación muy establecidos en otros países, consciente de que está habiendo una “transformación en la forma de financiar” : “La banca por su estructura regulatoria se ve obligada a tomar una serie de decisiones en función de su consumo de capital, y al final se queda fuera en muchas decisiones corporativas. Nosotros somos gente de deuda y por ello estructuramos una primera emisión – Alhambra- que se ha materializado en 52 operaciones, que llegaron hasta las 60, por un volumen global de 300 millones, con inversiones medias de entre 2 y 10 millones de euros”. Asegura que redujeron su porfolio, porque 8 empresarios vendieron sus compañías con grandes rentabilidades «y ahora tienen la mirada de private equity, y están coinvirtiendo en ellas y en algunos casos las siguen gestionando para terceros y para su propio capital». Trajes a medida para no competir con ‘tirachinas’ Asegura este valenciano que su función es hacer “trajes a medida para que las empresas valencianas no salgan a competir fuera ‘con un tirachinas’, trayendo toda esa abundancia de liquidez de los mercados de capitales para apoyar a nuestras pymes”. Y confirma que una empresa valenciana está luchando por un contrato con uno de los mejores y más grandes supermercados de EE.UU., gracias a estos métodos de financiación donde haya un componente de análisis “muy importante, que en su caso está apoyado por un equipo en Madrid de 27 profesionales”. Admite que están cómodos en tramos de volumen de inversión de 3-15 millones por compañía, con titulizaciones muy diversificadas en las que ningún cliente toma participación de más de un 2,5% y ningún sector supone más de un 20%, “algo que para el inversor aporta valor y se percibe como algo muy bueno; lo que revierte en nuestros clientes, tanto en plazo y como en precio, que se determina en función del riesgo”, confirma. Admite que ha sido fundamental el papel del ICO y la banca para “sostener la caja de las compañías, con avales por 100.000 millones con los balances de la banca”, si bien, Cristóbal ha cifrado que las necesidades de liquidez para el año que viene van a estar entre 20.000 y 30.000 millones, aunque el Banco de España ya estima 55.000 millones. ¡Vivan los presupuestos! Luis Tarabini-Castellani, director del Área de Corporate Finance de EFE&ENE ha abordado la importancia de discriminar los instrumentos de financiación alternativa que hay en el mercado, pero antes de ello, cree que el análisis debe detenerse «en entender la dinámica de los flujos de caja de una compañía, en entender su modelo de negocio y transformarlo en números, en una dinámica de flujos de caja, para saber qué financiación necesita o necesitará estructurar en función de sus necesidades y objetivos». En este sentido, admite que «no existe una única estructura de financiación óptima», si no, que esta se debe adecuar a cada compañía: «no será la misma para un propietario que está pensando en hacer crecer su negocio para venderlo en 5 años, que para aquel que sigue pensando en el largo plazo y no quiere vender su empresa; ni será igual para un modelo de negocio que obtendrá retornos a largo plazo, que para una actividad que no requiera carencia», ha concretado. Opina también que el mercado necesita que haya varios actores que compitan por una misma propuesta, «la competencia garantiza las mejores condiciones», ha dicho, y cree esencial en las actuales circunstancias, «aterrizar todos los escenarios posibles en unos presupuestos, ¡vivan los presupuestos!», ha subrayado. A partir de ahí, se seleccionarían a los posibles financiadores y se negociarían las ofertas para ver cuál es la estructura de financiación «que me va a permitir ser más rentable». A su juicio, tal y como espera la banca habrá una avalancha de refinanciaciones y por ello cree fundamental profesionalizar dicha gestión para aportar soluciones que funcionen y que permitan a la compañía llevar a cabo su actividad sin comprometer su crecimiento y su estabilidad, sino al contrario, mejorándolos. Durante la jornada, que se ha podido seguir de manera presencial y por streaming, se ha entregado la publicación “guía útil para la búsqueda de financiación”, elaborada por EFE&ENE que puede descargarse también de manera online. La jornada ha sido inaugurada por el presidente de Cámara Valencia José Vicente Morata y por el director de riesgos de CaixaBank Vicente Castellano y ha intervenido, además, el director de relaciones institucionales del ICO, Alfonso Noriega, quien ha descrito los tipos de financiación ICO Covid e ICO Inversión. Mantente informado cada día con nuestra newsletter. Suscríbete gratis.
Empresarios valoran la ampliación de plazos ICO pero recelan de gastos y acceso a CIRBE
Desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, CEV, su presidente Salvador Navarro valora de forma «positiva» el cambio de condiciones en los préstamos suscritos por autónomos y empresas avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Real Decreto-ley aprobado extiende la ampliación de los periodos de suscripción, carencia y devolución de dichos créditos. En concreto, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la concesión de avales por parte del ICO y a petición del cliente, las entidades financieras incrementarán hasta tres años adicionales, hasta un máximo de ocho años, el vencimiento de los préstamos garantizados. Asimismo, se podrán extender los períodos de carencia del pago del principal de los préstamos avalados en doce meses. Eso sí, las empresas o autónomos que soliciten la ampliación de plazos no deberán estar en mora ni incursos en procedimientos concursales. Para Navarro esta «era una demanda que veníamos haciendo en repetidas ocasiones desde el sector empresarial, para evitar el cierre de negocios que son solventes si se asegura la liquidez». Entiende que las previsiones que sustentaron los calendarios para los préstamos ICO «habían quedado desfasadas», «porque la llegada de una segunda ola de contagios, el desplome de la actividad y el retraso de la recuperación siguen mermando la tesorería de empresas y autónomos», confirma el también vicepresidente de la CEOE. «Necesitábamos que el Gobierno diese luz verde cuanto antes a la ampliación del periodo de carencia y al periodo total de vencimiento de los préstamos. La medida llega más tarde de lo que nos hubiese gustado pero su aprobación es una buena noticia», subraya Salvador Navarro a Economía 3. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente Lorenzo Amor, da la bienvenida a la ampliación de plazos, pero advierte que se «necesitan muchas más medidas». «Será oxígeno para más de 800.000 autónomos que tienen estas líneas de financiación; sin duda un avance pero los autónomos necesitan muchas más medidas», confirma Amor a este medio. En la misma línea se manifiestan desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), su secretaria general, María José Landaburu valora positivamente los cambios pero exige “más financiación y en condiciones más justas” y que se acompañen de “planes sectoriales para los sectores más castigados y ayudas directas para los gastos fijos” de los negocios. Ampliar aval al 100% y un interés máximo del 1% “Pese a que esta medida suponga un balón de oxigeno y liquidez para el tejido productivo, hemos visto cómo la banca ha llevado a cabo prácticas abusivas con intereses disparados y solicitud de garantías superiores al aval público”, opina Landaburu. Por ello, en estos términos remarca “la necesidad de regular la tramitación de manera más clara y con mayores garantías para los autónomos”. En este sentido el Ministerio de Asuntos Económicos ha trasladado que las entidades financieras garantizarán que no se produzcan incrementos injustificados en los tipos de interés, ni que se exija la contratación de productos vinculados, pero admite que si la solicitud de vencimiento se extiende más allá de seis años, el empresario o autónomo tendrá que hacerse cargo de los incrementos de los intereses por mayores garantías en los años séptimo y octavo, tal y como ha demandado Bruselas. El decreto establece también deducciones del 50 % en los costes de aranceles o gastos notariales, que corresponde al banco asumir por el cambio de condiciones y se contempla un tratamiento más favorable en novaciones y préstamos. Por su parte, desde la Asociación Española de Banca (AEB) aseguran a Economía 3 que «los bancos mantienen su total disposición para seguir apoyando a sus clientes, familias y empresas, como lo han hecho desde el principio de la crisis». Asimismo, UATAE solicita que se habiliten los 32.000 millones de euros no concretados de la segunda línea de avales, pendientes desde julio. Y que este nuevo tramo de ayuda se destine íntegramente a los autónomos y pymes. Garantizando, además, el 100% de aval (frente al 80% actual) para autónomos y micropymes -hasta 10 empleados- en préstamos de un máximo de 200.000 euros y con un interés máximo del 1%. Además, UATAE apuesta por una mayor solidaridad de la banca, para que la solución para los trabajadores por cuenta propia no pase únicamente por el endeudamiento. En esta líneas UATAE apuesta por la aplicación de moratorias financieras (préstamos, créditos, leasings, etc.) de entre 6 y 18 meses sin intereses de demora ni recargos añadiendo plazos suspendidos al final de los préstamos. Los números de la menor carga financiera Desde el ministerio defienden que con las modificaciones aprobadas se alivia de manera notable la carga financiera de autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que puedan disponer de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones. Por ejemplo, para el crédito medio concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor (operación de 77.500 euros con un tipo del 2,5%) y que tuviera un plazo de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia, el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar 161 euros los próximos 12 meses y 1.518 a partir de entonces. En el ámbito de turismo, ocio y cultura, en el que el crédito medio concedido tiene un importe de 100.270 euros al 2,2%, con un plazo de devolución de cinco años y que contara con 12 meses de carencia, el cliente mantendría su cuota durante un año adicional en 183 euros y, al extender el plazo de devolución en tres años más, una vez finalizada la carencia vería reducida su cuota de 2.184 a 1.487 euros. En el crédito tipo del sector de la industria de alimentación y bebidas, con un plazo de devolución de cuatro años, un importe de 270.600 euros y una cuota del 2,1%, la extensión del plazo de devolución en otros tres ejercicios y la introducción de 12 meses de carencia permitiría bajar la cuota mensual de 6.688 a 473 euros durante un año y, a partir de entonces, situarla en 4.344 euros. Con datos a cierre del pasado mes de octubre, los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, y el de industria textil y moda, junto al comercio al por menor de estos ámbitos, concentran 274.000 operaciones, casi un tercio de los créditos concedidos, por lo que defiende el Ministerio de Asuntos Económicos que estas medidas pueden ayudar de manera notable a proteger la solvencia de los autónomos y empresas vinculadas Acceso al CIRBE No obstantes, fuentes empresariales recelan de que el ICO tenga a partir de ahora acceso a la información recopilada por la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE). Según defiende el Ministerio se trata de tener información de pymes o autónomos que puedan incumplir el aval, siempre para facilitar los procesos de recuperación, no para vetar operaciones previas de nuevos clientes. Eso sí hará sus consultas y análisis en operaciones de cierta importancia, para evitar posteriores recuperaciones, ya que conocerán la posición que mantiene la empresa en otras entidades. El cauce para la mayoría de clientes será el siguiente: si hay impago, el banco va a recurrir al ICO para que cubra la parte avalada, y el ICO a su vez va a poner en marcha un proceso de recuperación con el apoyo del banco, de ahí la importancia de que pueda conocer la situación del cliente, y ver si puede hacer frente a sus responsabilidades.
El Gobierno amplía hasta 2 años la carencia y a 8 años el plazo para devolver crédito ICO
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que extiende la ampliación de los periodos de suscripción, carencia y devolución de los préstamos de autónomos y empresas avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). De este modo, autónomos, pymes y empresas que solicitaron financiación con aval del Estado por un máximo de 5 años, tendrán ahora hasta tres años más para devolverlo con garantía del ICO, hasta un máximo de 8 años y la posibilidad de solicitar 12 meses más de carencia hasta un máximo de 24 meses. El 73% de ellos se ha concedido a un plazo de entre 4 y 5 años, y según el Ministerio, si quisieran ampliar las garantías hasta los 7 y 8 años deberían hacerse cargo de los costes por ampliar la garantía. Además, se extenderá el plazo de solicitud de estos créditos avalados por el Estado hasta el 30 de junio de 2021, tanto en la línea principal de financiación de 100.000 millones como en la posterior de inversión de 40.000 millones. Hasta este lunes los avales del ICO habían servido para conceder 881.368 préstamos, el 98% a pymes y autónomos, por un importe avalado de 82.141 millones de euros, lo que ha permitido movilizar financiación por más de 108.084 millones. Según la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se trata de reforzar la «red de seguridad» para preservar el tejido productivo en los próximos meses. Acogerse a estas ampliaciones dependerá en todos los casos de la voluntad de la empresa, que lo tendrá que solicitar y en ningún caso será una cuestión obligatoria. Entre las condiciones que debe cumplir el deudor para acogerse a estas ampliaciones, tanto de carencia como de vencimiento, destaca que no puede estar en mora ni haber comunicado algún incumplimiento de sus operaciones avaladas, ni tampoco encontrarse en situación concursal. Si se cumplen los requisitos, el Estado ampliará el plazo de los avales, cuya tramitación debe ser lo más fácil posible sin que la entidad financiera que otorga el préstamo pueda condicionarlo a la contratación de productos adicionales ni a un aumento del coste que no esté justificado. Las entidades financieras están obligadas a ampliar el vencimientos siempre y cuando se cumplan las condiciones. El decreto establece también deducciones del 50 % en los costes de aranceles o gastos notariales, que corresponden al banco y tendrán un tratamiento más favorable en novaciones y préstamos. Acceso al CIRBE El ICO tendrá a partir de ahora acceso a la información recopilada por la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE), espacio en el comparten información las entidades de crédito, y al que el ICO no tenía acceso previo si no eran ya clientes suyos. No obstante, hasta el momento el ICO daba por buenos los análisis de riesgo de las entidades financieras y solo hacía análisis propios por encima de los 50 millones o en las operaciones en las que el instituto entraba como financiador. De lo que se trata ahora es de que el organismo pueda tener información de pymes o autónomos que puedan incumplir el aval, siempre para facilitar los procesos de recuperación, no para vetar operaciones previas de nuevos clientes. Eso sí hará sus consultas y análisis en operaciones de cierta importancia, para evitar posteriores recuperaciones, ya que conocerá la posición que mantiene la empresa en otras entidades. El cauce para la mayoría de clientes será el siguiente: si hay impago, el banco va a recurrir al ICO para que cubra la parte avalada, y el ICO a su vez va a poner en marcha un proceso de recuperación con el apoyo del banco, de ahí la importancia de que pueda conocer la situación del cliente, y ver si puede hacer frente a sus responsabilidades. Algo más del 30 % de los préstamos con aval del ICO tienen un plazo de devolución inferior a 4 años, que ahora, siempre que la situación de la empresa lo permita, podrá alargarse hasta los 8. Otras medidas adoptadas Asimismo, podrán beneficiarse de los avales de la Línea de 40.000 millones para liquidez e inversión aprobada en julio los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Estas medidas son adicionales a las ya aprobadas en las últimas semanas para apoyar a las empresas exportadoras a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). En primer lugar, se ha creado una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada con 1.000 millones de euros, dando así continuidad a la línea del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En segundo lugar, se ha ampliado en 100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para PYME y empresas no cotizadas. Y, finalmente, se ha creado una nueva línea de cobertura de avales para empresas cotizadas, por un importe de 1.000 millones de euros de euros y con vigencia temporal hasta diciembre de 2021. El Gobierno blinda a empresas también de inversores intracomunitarios Además se amplía el alcance temporal de algunas medidas aprobadas en materia concursal. De forma específica, se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores. También se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación. Por otra parte, se eleva de 500 a 1.000 millones de euros el umbral de capitalización recogido en la Ley del Mercado de Valores a partir del cual una empresa está obligada a solicitar que la negociación de sus acciones pase de realizarse exclusivamente en un mercado de Pyme en expansión a hacerlo en un mercado regulatorio. Adicionalmente, se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos. En relación con el régimen de autorización previa de inversiones extranjeras, se aclaran los sectores estratégicos en los que se requiere autorización para llevar a cabo una inversión. Asimismo, de forma temporal hasta el 30 de junio de 2021, se incluyen en el régimen de autorización previa las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas si la inversión es superior a 500 millones de euros. Asimismo, con el fin de garantizar la continuidad de las instituciones en tanto se produce el proceso de renovación, se prevé que, tras la finalización del mandato del presidente, vicepresidente y consejeros no natos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estos puedan continuar en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de sus sucesores. Mantente informado cada día con nuestra newsletter. Suscríbete gratis.
Gobierno eleva el umbral para pasar del BME Growth al Mercado Continuo a los 1.000M
El Gobierno ha elevado el umbral de capitalización a partir del cual las empresas deben pasar del BME Growth -antes Mercado Alternativo Bursátil (MAB)- al Mercado Continuo, que sube de 500 millones de euros a 1.000 millones, ha anunciado este martes la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Este cambio está incluido en un real decreto ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. En la conferencia de prensa posterior a la reunión del gabinete, Calviño ha explicado que el objetivo de esta medida es «facilitar el acceso de las empresas a fuentes de financiación alternativas a las bancarias». Según Calviño, con esta decisión se conseguirá que los mercados de pymes en expansión sean «más líquidos y profundos» y, por lo tanto, resulten «más atractivos» para los inversores y «más eficaces» para financiar a las empresas. El paso obligatorio establecido hasta la fecha en 500 millones, según fuentes del sector, suponía en algunos casos autoimponerse limitaciones de crecimiento, por las mayores exigencias en el ámbito regulatorio, de transparencia y gobierno corporativo que supone el salto al Mercado Continuo, de este modo se facilita el espacio para el mayor crecimiento. Para facilitar también el acceso a las fuentes de financiación, los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) podrán beneficiarse de los avales de la línea de liquidez de 40.000 millones aprobada en julio. Además, el Gobierno ha extendido al ejercicio 2021 el plazo para que las juntas generales de accionistas puedan celebrarse por medios electrónicos aunque no esté previsto en sus estatutos. Mantente informado cada día con nuestra newsletter. Suscríbete gratis.
La Comunitat se acerca a 3.000 trabajadores afectados por ERE desde el inicio pandemia
Un total de 254 empresas de la Comunitat Valenciana ha solicitado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) desde el estallido de la pandemia en nuestro país, tomando como referencia el pasado 14 de marzo. De hecho, 98 de ellas lo hicieron en los primeros quince días tras decretarse el estado de alarma. De este modo, el número de personas trabajadoras para las cuales se ha solicitado un ERE asciende a 2.854 personas, a las que habría que sumar 410 más de la factoría Ford en Almussafes cuya tramitación se produjo unos días antes de dicha fecha, según consta en los registros publicados por la Generalitat Valenciana en el portal de datos abiertos. Además, de manera agregada, al mismo tiempo que estas 254 compañías solicitaban un ERE, para otros 103 trabajadores solicitaron un ERTE de suspensión y para otros 5 trabajadores un ERE de reducción. Ciñéndonos a las solicitudes de ERE, del total, 1.361 trabajadores afectados son hombres, 1.077 mujeres y en 416 casos no se ha determinado el sexo en el expediente. Castellón la menos tocada y los servicios los más afectados Por provincias, Castellón es la provincia que menos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha registrado en este periodo, solo 14, frente a los 101 expedientes de Alicante y los 139 de la provincia de Valencia. En cuanto a los sectores más afectados, según consta en los datos de la GVA, 185 compañías están vinculadas con el sector servicios, 52 con la industria, 11 con la construcción, 2 con agricultura y pesca y 4 se categorizan en otros. Destacan por volumen los 167 empleados de la división de automoción del Grupo Segura con sede en Burjassot, cuyo expediente se solicitó en junio, aunque no fue hasta septiembre cuando se envío al SPEE, Servicio Público de Empleo Estatal, toda la documentación del expediente, con comunicación final a la autoridad laboral para el traslado al SPEE en el mes de julio. Llaman asimismo la atención otros 124 trabajadores afectados en una compañía de Benifaió relacionada con el cultivo de cítricos; otra con sede en Altea con 86 afectados en el sector del comercio al por mayor de frutas y hortalizas o 76 personas de una industria en l’ Olleria relacionada con la fabricación de vidrio hueco cuyo expediente se presentó ante la autoridad laboral concursal. Si bien, de los cerca de 3.000 afectados según las cifras publicadas en el portal de datos abiertos, el total de trabajadores con concesión de extinción hasta el momento es de 1.710. De estas resoluciones, 777 afectan a hombres; 677 a mujeres y en 256 no se determina el sexo. La crisis sobrevenida El número de empresas que ha solicitado un ERE desde el 14 de marzo al 15 de noviembre, se ha triplicado si se compara con los datos registrados en el mismo periodo de 2019, cuando fueron solo 84 empresas, es decir tres veces menos. En cuanto al número de personas afectadas, en 2019 se reduce casi a la mitad, con 1.649 trabajadores afectados por las solicitudes, mientras las concesiones de extinción se cobraron en dicho periodo 1.013 puestos de trabajo. ERTE Por último, en cuanto a las estadísticas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (datos acumulades desde el 12 marzo hasta el 2 de noviembre, se han registrado 68.127 solicitudes de expedientes en la Comunitat con 458.839 trabajadores afectados; mientras las resoluciones han alcanzado a 65.389 expedientes con un total de 429.798 empleados afectados. Mantente informado cada día con nuestra newsletter. Suscríbete gratis.
La Comunitat recupera la mitad de los mil millones de caída de la recaudación tributaria
El estallido de la pandemia hizo que de marzo a julio, se esfumaran 16.500 millones de recaudación tributaria neta en España, cerca de mil de ellos, en la Comunitat. Con los datos hechos públicos hasta septiembre por la Agencia Tributaria (AEAT) en su informe mensual de recaudación tributaria, vemos que en el acumulado de los nueve primeros meses del año, la Comunitat ha conseguido recuperar la mitad de esa caída perdida y en la comparativa interanual solo está un 5% por debajo (494 millones de euros) de la recaudación registrada en el mismo periodo de 2019. Teniendo en cuenta el conjunto de todas las figuras impositivas que gestiona la AEAT (con el IVA, Sociedades y el IRPF como las de mayor volumen); el comportamiento de la Comunitat ha sido mejor que el del conjunto de España. La merma de los ingresos tributarios en la Comunitat es del 5% en los nueve primeros meses del año, hasta los 9.287,9 millones de euros, cuatro puntos y medio menos que la media del descenso en España, del 9,6%, con 134.949,7 millones. Por provincias, el comportamiento ha sido dispar, la caída más pronunciada en el acumulado del año (pese a los buenos datos del mes de septiembre) es la de Castellón que prácticamente se iguala a la media nacional con un descenso del 9,1% y se deja por el camino más de 70.000 millones de euros de recaudación en lo que va de año, mientras en la provincia de Valencia el descenso porcentual se reduce al 3,7%, que en volumen suponen casi 250.000 millones de euros menos para las arcas tributarias, y es que Valencia concentra el 68% de la recaudación de toda la Comunitat. La provincia a de Alicante también registró un buen septiembre, cuando los ingresos de Hacienda se elevaron a 116,4 millones de euros, un 37% más que el mismo mes de 2019 (84,5 millones), y en el acumulado del año alcanzan los 2.262 millones, lo que supone una caída del 7,4%. Ha dejado de ingresar 150.000 millones. Al analizar los ingresos y en concreto los más ligados a la coyuntura económica (retenciones por IRPF, IVA bruto mensual y los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y Electricidad), observamos que en la Comunitat el desplome del consumo interno no se ha dejado notar con tanta intensidad como en el conjunto de España, el IVA cae un 14,5% de media nacional y en la Comunitat un 6,8% y el impuesto de Sociedades se deja un 40% en España frente al 11% de la Comunitat. Cabe recordar que en estos meses se ha podido ver el impacto de las medidas implementadas a consecuencia de la covid, con el objetivo de facilitar a las empresas tanto la liquidez (ampliando las posibilidades para acceder a los aplazamientos), como en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (atrasando los plazos para la liquidación de deudas). La AEAT reconoce que «estas medidas han supuesto el diferimiento del ingreso por parte de los contribuyentes, ingresos que se están realizando progresivamente en estos meses». Los aplazamientos sin coste a pymes y autónomos concluyeron el pasado 20 de septiembre (se extienden ahora hasta noviembre con recargo) y por su parte, los expedientes de regulación temporal de empleo están conteniendo el mercado laboral. Las exportaciones, actividad que genera gran volumen de devoluciones de IVA han beneficiado a la Comunitat en dicha partida. Fuente: Agencia Tributaria Salvo en los impuestos especiales (con el tirón del 75% en Alicante), el resto de impuestos que gestiona la Agencia Tributaria ha experimentado un descenso respecto al mismo periodo del año pasado. En la Comunitat, además de las tasas y otros ingresos tributarios del capítulo III, incluyendo recargos, intereses y sanciones que caen un (-21,3%), los impuestos que más descienden son los vinculados al tráfico exterior, que gravan las importaciones: ascienden a 326 millones, un 22% menos que un año antes. Esta situación viene derivada del menor número de movimientos de mercancía a consecuencia de la covid. En España el descenso se cifra en un 16%. Los impuestos sobre la Renta de los no Residentes, caen un 19,6%, 13,4 millones en valores absolutos. En volumen, los ingresos que anotan una mayor caída en la Comunitat son los del impuesto del IVA, cerca de 250 millones menos (-6,8%), mientras IRPF se mantiene prácticamente en las mismas cifras (-0,4%). Los impuestos especiales, entre los que se sitúan, el de hidrocarburos, el de la electricidad o el tributo sobre las labores del tabaco, se incrementan por el fuerte aumento registrado en la provincia de Alicante (75%). El Impuesto de Sociedades, una de las grandes fuentes de recaudación del Estado, también ha sufrido las peores consecuencias de la pandemia y su caída llama la atención principalmente a nivel nacional, con un descenso superior al 40% frente al 11,4% regional, 117 millones menos.
Invertir en cannabis como alternativa a la exposición directa a índices generales
Uno de los eventos financieros más destacados de habla hispana, Rankia Markets Experience, organizado por la comunidad financiera Rankia , ha conseguido reenfocarse y adaptarse al formato online para analizar desde la perspectiva financiera la situación de la economía americana y mundial y las posibilidades que se abren de cara a 2021. Miguel Arias, CEO y cofundador de Rankia, ha destacado la importancia de este evento financiero que durante tres días, que hoy concluyen, ha contado con la participación de más de 15 ponentes expertos en mercados financieros y bolsa de España y Latinoamérica. «Grandes nombres de la inversión española y latinoamericana, como Mario Weitz, consultor del Banco Mundial, Diego Parrilla, Portfolio Manager Global Macro Quadriga Funds o los analistas Pablo Gil y David Galán, por ejemplo, nos han acompañado, en esta edición que ha podido ser seguida por 3.000 asistentes, confirmando el éxito de la que celebramos en Madrid en 2019 y en Santiago de Chile y México DF a principios de año». Economía 3, charla con Pablo Gil, ponente durante el encuentro y analista de XTB. – ¿Qué está pasando en los mercados? – Es sorprendente que en términos globales nos encontremos en máximos históricos cuando estamos viviendo la peor recesión del último siglo, es una paradoja, ya que cuando los ciclos económicos son tan negativos, lo normal es que los activos de riesgo coticen con mucho descuento, con caídas fuertes. – ¿Y por qué no está ocurriendo esto a nivel global? – Por la actuación de los Bancos Centrales y los Gobiernos que se están endeudando como nunca antes lo habían hecho y están interviniendo en los mercados comprando todo tipo de activos, lo que está generando una ilusión, entre la realidad económica y lo que muestran los activos financieros que cotizan. – ¿Y esto a qué puede llevarnos? – Lo cierto es que se está generando la mayor burbuja bursátil que se pueda recordar. – ¿Y qué alternativas quedan a la renta variable? – Muy pocas la verdad. Ahora mismo hay más de 16 trillones de bonos en el mundo con tasas negativas, lo cual hace que sea un producto totalmente aborrecible por cualquier inversor conservador, cuando precisamente históricamente era este producto el refugio para este perfil. Aquel inversor que quería poco riesgo a cambio de una rentabilidad baja acudía a los bonos. Pero el mercado de deuda ya no existe como tal, porque está intervenido por los Bancos Centrales que lo compran a ritmos de billones todos los meses, lo que ha provocado esta situación absurda, y cuando uno compra un bono, en lugar de recibir interés tiene que pagarlo, con lo cual esa vía de explotación de retorno ya no existe. – ¿Y la pata inmobiliaria cómo la ve? – Aún con tasas de interés incluso negativas, el mercado inmobiliario cada vez está más caro en proporción al salario medio de las personas, con lo cual, entendemos que no ha corregido y por lo tanto, no es una oportunidad clara de compra. Por ello digo que nos vamos quedando casi sin alternativas, lo que nos empuja a adquirir renta variable. – Pero con lo que acabas de decir de la burbuja es para pensárselo… – Hay que saber que estás adquiriéndola con la esperanza de que los bancos centrales no la dejen caer, pero sabiendo que compras un activo que está históricamente caro, con lo cual, el inversor tradicional se mueve en un entorno preocupante y complicado. – Pero realmente hay muchas posiciones, por ejemplo españolas que han caído mucho… – Es cierto, pero que algo haya caído mucho no quiere decir que esté barato. Esto es uno de los grandes problemas de percepción que tiene el inversor particular. Por ejemplo, alguien puede mirar un banco español y decir qué barato, porque nunca ha estado a estos precios, pero en lugar de mirar el precio, debe mirar la capitalización bursátil, esto es, multiplicar el número de acciones por el precio de mercado. De este modo, descubres que ese banco está tres veces más caro de lo que estaba en los 90, pese a que nunca ha estado a un precio tan bajo, y es que, después de la recesión de 2008 toda la banca europea tuvo que recapitalizarse y emitir nuevas acciones en cantidades ingentes para restaurar los balances. Por tanto una cosa es la percepción del precio y otra la valoración, es decir cuánto tendría que pagar un inversor u otra compañía si quisiera comprar esa empresa, pues pagaría casi el triple de lo que hubiera pagado en los años 90. Esto lleva a confusiones muy erróneas, siempre se identifica un precio bajo con algo barato y no tiene por qué. Un precio bajo lo que demuestra es que la cuenta de resultados de la compañía cada vez va peor de ahí que muchas veces no sea un activo de valor si no, un value trap, una trampa de valor, es decir que realmente el negocio no funciona. – Ante este panorama, ¿qué recomendaciones darías a un inversor? – Si un inversor quiere seguir viviendo en el espejismo de las bolsas porque cree que los Bancos Centrales no van a permitir que caigan, le diría, compra Japón. El índice japonés Nikkei acaba de superar máximos que no rompía desde hace 4 años y cuenta con el banco central de Japón, el más intervencionista del mundo. Un banco, que no solamente financia a su gobierno, uno de los estados con mayor deuda pública sobre el PIB, más de 240% de deuda sobre PIB, si no, que además, tiene limitada la rentabilidad de los bonos hasta diez años al 0%, con lo cual tiene intervenida la curva. Es decir, si vas a apostar por el intervencionismo, hazlo con el país que más interviene. El Nikkei tiene un PER del 17 veces mientras que la bolsa americana de 34. Por tanto, puestos a jugar disparates juégalos donde parezca que hay más valor. O por ejemplo, en lugar de los índices tradicionales de economías desarrolladas como los estadounidenses o europeos, me iría a mercados emergentes, porque tienen una pirámide de población a medio y largo plazo mucho más positiva que los países desarrollados y porque probablemente el dólar se vaya a debilitar a raíz del gran endeudamiento en el que ha incurrido EEUU, que va a superar el 120% del PIB que alcanzó durante la segunda guerra mundial, y ello beneficiará a las economías emergentes. Pero otra opción es salirse del sistema. -¿Cómo? – Por ejemplo, poniendo algo de tu patrimonio en una criptomoneda como bitcoin, comprando oro o plata para cubrirte del riesgo inflacionista por el incremento gigantesco del agregado monetario M2 o haciendo apuestas regulatorias. – ¿En qué cambios regulatorios ve posibilidades? – Es probable que Joe Biden y Kamala Harris pueda legalizar el consumo de cannabis y marihuana en EEUU que hasta ahora se permite como uso terapéutico y podría ampliar el uso medicinal al recreacional; por tanto, esta apuesta nos llevaría a comprar el índice de cannabis y marihuana, porque probablemente este tipo de activos lo hagan bien. Creo que es un momento para buscar alternativas y huiría de la exposición directa al mercado en índices generalizados; haría un esfuerzo por buscar sectores que se puedan ver beneficiados de los recursos que se van a inyectar en energías renovables, tecnología… creo más en un mercado de stock picking que de exposición a índices generales.
Corredor Mediterráneo urge a finalizar en 2025 las obras con recursos europeos
La iniciativa Quiero Corredor impulsada hace 4 años por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) no baja la guardia. Ha conseguido lo más difícil, aunar en una sola voz reivindicativa a la mitad de la población española, a organismos y patronales de toda España y a una amplia representación de la clase política para el impulso de una infraestructura estratégica, que no solo beneficia al arco mediterráneo sino a España en su conjunto, como se ha recalcado en varias ocasiones en el acto empresarial celebrado con motivo del bautizado “Día del Corredor”, cada 12 de noviembre. En este sentido, aprovecha la coyuntura con el impulso que pueden suponer los futuros fondos europeos para reclamar que se cumplan los compromisos y se culminen las obras previstas para 2025. El Corredor Mediterráneo ha acometido avances importantes en los últimos 4 años, –principalmente con el impulso de los ministro Serna y Ábalos como ha dejado claro Federico Félix (presidente de ProAVE)– y ahora tiene una oportunidad de recibir inversiones de los fondos comunitarios al estar plenamente alineado con las exigencias del plan de la Unión Europea como son el cambio climático –se dejará de emitir un millón de tonedalas de CO2 a la atmosfera–, y la digitalización y conectividad. El presidente de AVE, Vicente Boluda ha recordado que “los empresarios debemos jugar un papel clave en la activación económica pero, además, como parte activa de la sociedad civil que somos, queremos tener voz en los asuntos estratégicos”. Boluda ha señalado que para que “los empresarios podamos seguir generando empleo, necesitamos algunos elementos determinantes en los que la administración juega un papel clave. El primero es la agilización administrativa y reducción de la burocracia, porque no son momentos para ponernos límites ni barreras, sino, para todo lo contrario: para acelerar y facilitar la creación de empresas, actividad y empleo. Y el segundo, tiene que ver con la planificación y ejecución de las infraestructuras (tangibles e intangibles) que hagan más competitivo a nuestro país”. Como respuesta, el ministro de Fomento José Luis Ábalos, ha destacado que los Presupuestos del Estado, a los que el congreso ha dado luz verde para su tramitación, recogen 1.982 millones de euros para este corredor ferroviario. Ábalos ha aludido a la reforma de la ley que hará el Gobierno para abreviar los procedimientos de tramitación de los contratos públicos, de forma que permita «invertir y ejecutar» esos fondos europeos cuyo compromiso es que estén ejecutados antes de 2026. Para el ministro lo importante para que siga avanzando es «voluntad política, recursos financieros y tener claro el esquema de lo que queremos hacer», aunque preguntado si en 2025 podría estar concluido, ha evitado pronunciarse con rotundidad y ha dicho: «Esperemos que sí». Según el ministro este es un proyecto estratégico, paradigmático y que sin duda forma parte ya de la identidad no solo de un pueblo, si no, de toda España, al tiempo que se ha comprometido también con el corredor Atlántico. El ministro, no obstante, se ha mostrado prudente: “nos movemos en torno a las fechas previstas y estamos atajando algunos cuellos de botella”. Como reto a corto plazo ha mencionado “superar los plazos de los estudios informativos y las declaraciones de impacto ambiental, así como llegar a acuerdos con los puertos para su conexión, hemos avanzado en un convenio con Barcelona, que llevaba 10 años atascado”, ha subrayado. Además de empresarios de varias regiones de España y del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al acto ha asistido el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha calificado el corredor como «un nervio fundamental para el progreso de España» y ha afirmado que los fondos europeos deben servir para «acabarlo de una vez por todas» y conectar el sur de Europa con el centro del continente. En esta línea, el empresario Juan Roig ha reivindicado la necesidad de que se ejecute el Corredor Mediterráneo, una infraestructura que a su juicio «tendría que estar ya», porque «no tener la España circular unida a la España radial es una animalada desde todos los puntos de vista». Roig ha afirmado que, aunque no entiende de plazos, si le preguntan cuándo tendría que estar hecho el Corredor Mediterráneo su respuesta sería «ayer», y ha recordado que llevan «años y años» reivindicando una infraestructura que es «muy necesaria para España», pues «vertebraría a nivel global» e «igualaría a muchísimos españoles». La doble vía ferroviaria de alta velocidad que discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras por Barcelona, València, Alicante, Murcia y Málaga, 1.300 km de trazado, permitiría entre otras cuestiones duplicar las exportaciones españolas y dotar de agilidad y fluidez la conectividad del arco mediterráneo, potenciando asimismo uno de los sectores más castigados por la pandemia, el turismo. «Podremos desayunar en Castellón, comer en Murcia y dormir en Málaga», ha ejemplificado Agnès Noguera. Entienden los empresarios que el Corredor Mediterráneo es una infraestructura fundamental para la activación de la economía y las inversiones en un momento clave para que España fortalezca su competitividad y siga generando riqueza y empleo en beneficio del conjunto de la sociedad. En concreto, Federico Félix, se ha referido al sector agroalimentario: “Si no se hace la infraestructura el sector está muerto. El 20% de las exportaciones de España corresponden al sector agroalimentario y el 70% de lo que exportamos va a Europa. Europa cada vez es más verde y nuestros clientes necesitan tener garantía de plazos de entrega que el ferrocarril en las largas distancias puede asegurar mejor. El secreto está en la intermodalidad, una combinación de medios de transporte para ser muy competitivos en costes y británicos en los plazos de entrega”. El copresidente de Barceló Hotel Group, Simón Pedro Barceló, ha manifestado que el turismo se fundamenta, entre otros pilares, en las infraestructuras y por tanto una apuesta por el Corredor lo que va a hacer es impulsar el sector. “Una infraestructura tan próxima a Baleares va a generar oportunidades también en las islas”. Por su parte, el presidente de Stadler Rail, Íñigo Parra, ha comentado que el ferrocarril va a ser protagonista del transporte del futuro, porque en una agenda de descarbonización esta es la alternativa. “El Corredor lo que ha hecho es unir una sociedad, un sector para poder apoyar un gran proyecto tanto de pasajeros y de mercancías, que va a permitir hacer más competitiva su oferta a todos sus empresarios”.
El Botànic pacta subir el IRPF a las rentas más altas y un impuesto ambiental
Los grupos del Botànic han acordado este miércoles varias medidas fiscales, como nuevos tramos superiores del IRPF para las rentas altas, un impuesto a grandes tenedores de viviendas vacías, y un impuesto medioambiental sobre instalaciones del transporte de energía eléctrica. En este sentido, se crean dos nuevos tramos en el IRPF para las rentas que ganan más de 140.000 y 170.000 euros y una nueva figura para los patrimonios de más de diez millones de euros. Además el Impuesto de Patrimonio que hasta ahora estaban exentos de pagar aquellos que tuvieran un patrimonio inferior a 600.000 euros, ahora el limite se reduce a 500.000 euros. Además, se harán públicas las listas de grandes morosos y defraudadores a la hacienda pública valenciana, y se crearán nuevas deducciones al alquiler a colectivos de discapacidad, jóvenes y mujeres víctimas de violencia machista y al autoabastecimiento energético. Los acuerdos buscan avanzar en un fiscalidad más justa y progresiva; van en la línea marcada por el Acuerdo de Resconstrucción de la Comunitat y el modelo fiscal del Gobierno de España, y se han alcanzado en una reunión de los síndics del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem en Les Corts, para concretar las enmiendas a la conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2021. El síndic socialista, Manolo Mata, ha asegurado que «las clases medias y trabajadoras seguirán beneficiándose de la política fiscal de este Consell», con medidas como ayudas fiscales al alquiler para jóvenes, la bonificación del autoconsumo eléctrico o el ajuste respecto a lo marcado por el Gobierno de España sobre el impuesto de patrimonio. Mata ha precisado que siguen la senda iniciada con la reforma fiscal de 2017, que convirtió al sistema fiscal valenciano «en el más progresivo de España», y ha confiado en «poder sumar en esta senda a todas las fuerzas que firmaron el acuerdo de reconstrucción, que es la base de esta propuesta». El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha destacado que, después de estar meses exigiendo «que pague quien más tiene, que pague quien más contamine», llegar a este acuerdo les permite decir que lo han conseguido, y además en un momento clave de reforzar servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales. «Nosotros, además de pedir mejoras, decimos de dónde queremos obtener el dinero para pagarlas: de los ricos, de los bancos que tienen miles de pisos vacíos, de las grandes multinacionales que han ganado dinero con la crisis», ha afirmado Ferri, que ha añadido: «Queremos que esta crisis la paguen los poderosos y no los valencianos y las valencianas». La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha resaltado que con este acuerdo logran que las grandes fortunas «arrimen el hombro junto al resto de la sociedad valenciana», pues se crean dos nuevos tramos en el IRPF para las rentas que ganan más de 140.000 y 175.000 euros y una nueva figura para los patrimonios de más de 10 millones de euros. Además, ha afirmado que no dejarán que «ningún fondo buitre se aproveche de la situación de crisis», por lo que habrá nuevas medidas contra la especulación inmobiliaria y bonificaciones en el alquiler para las personas jóvenes, personas discapacitadas y víctimas de violencia machista.
El Mueble se queda sin su meet en Feria pero la economía circular toma el relevo vía online
No pudo ser tampoco. Tras el jarro de agua fría que supuso tener que renunciar a la que podría haber sido una de las mayores convocatorias de los últimos años del certamen líder del hábitat ‘made in Spain’ –ya que prácticamente se estimaba una ocupación del 100% del recinto de Feria Valencia antes de que estallara la pandemia–, Hábitat se reinventó en verano hacia un formato de participación y dimensión más ajustado, Ágora encuentros Hábitat VLC, que tampoco ha podido ser. Debía celebrarse estos días, del 11 al 13 de noviembre, en un encuentro en el que la digitalización, el contacto B2B y la sencillez –con estands proporcionados por la feria de 32, 64 o 96 metros cuadros, con una decoración muy neutra para dar protagonismo a las novedades de los fabricantes, tal y como adelantaba este medio– centrara la actividad del encuentro. Si bien, su director, Daniel Marco explica a Economía 3, que las actuales circunstancias y restricciones sanitarias, no solo habían puesto en jaque el desplazamiento internacional sino que comprometían incluso los desplazamientos entre comunidades, a la par que se desaconsejaba todo tipo de reuniones multitudinarias, llegando incluso a prohibirse. «No era el momento de hacer una feria comercial que, aún con mucho contenido online, implicaba juntar a personas, y una inversión por parte de las empresas participantes que no valía la pena sin poder garantizar la asistencia de visitantes. Así lo vimos y lo acordamos en una reunión con los fabricantes», lamenta. No obstante, reconoce Marco que si las circunstancias hubieran sido mejores, el encuentro ya contaba con el apoyo de al menos un centenar de expositores que hubiera acudido al meet previsto. A estos se hubieran unido, en una cita similar y paralela, los del textil que plantearon al unísono un evento alternativo, tras cancelarse a la par que Hábitat, Home Textiles Premium by Textilhogar que este año regresaba a Feria Valencia tras cinco ediciones en Madrid. No obstante, constata Marco que el sector del hábitat en general, está viviendo un boom de demanda tras el confinamiento, «ya que se está dando mucho más valor a los productos del hogar y a la renovación de los espacios domésticos”, comenta. Así se puso de relieve también en el Congreso Hábitat Estrategia Empresarial organizado hace apenas tres semanas por Anieme; el único evento del hábitat que ha mantenido su convocatoria con un formato híbrido streaming y presencial con aforo de 60 personas y otros 270 congresistas conectados. El planteamiento del sector del mueble e iluminación en general será poner toda la carne en el asador en el regreso en septiembre de 2021 de la Feria Hábitat Valencia en su formato habitual. “El sector apuesta por el regreso en 2021 de una Hábitat más fuerte y con mayores garantías de negocio para expositores y visitantes, al tiempo que estamos reforzando toda la parte digital que acompañe al formato presencial que defendemos como modelo de negocio». Apoyando un nuevo encuentro Si bien, la feria ha querido seguir colaborando con el proyecto EnCircular, puesto en marcha por la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) en la programación de la Valencia Disseny Week 2020 que iba a coincidir y reforzar el encuentro del hábitat y que ha mantenido su convocatoria por streaming. De este modo, Feria Valencia alberga desde este martes un gran escenario desde el cual se retransmitirá por streaming la primera edición de la ‘Economía EnCircular Open Week’, con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). Este encuentro digital reunirá a expertos nacionales e internacionales y empresas que están integrando modelos de negocio, estrategias y soluciones basadas en la economía circular y servirá de marco para presentar la plataforma EnCircular.es, tal y como ha explicado a Economía 3, María Navarro, gerente de la ADCV. «La ‘Economía EnCircular Open Week’ tiene como objetivo compartir iniciativas, tendencias, conocimientos y experiencias de proyectos reales e innovadores que aplican soluciones sostenibles para avanzar en la evolución desde el modelo económico lineal -centrado en extraer recursos, producir, usar y tirar- a un modelo en circular -que permite redefinir el concepto de crecimiento y progreso para alcanzar un sistema económico reparador, regenerativo y más sostenible, basado en una mayor eficiencia en el uso de recursos-«. Muestra de ello es el plató previsto en Feria para la retrasmisión en directo, en el que se ha cuidado cada detalle de la escenografía desde el concepto de circularidad, y todo lo que se utilice, como la estructura de cartón, pueda ser reciclado y recuperado para el mayor uso posible de los recursos y de las materias primas. Respecto a la plataforma EnCircular explica María Navarro que viene a «ordenar y dar visibilidad» a todas las iniciativas y actuaciones relacionadas con la economía circular que se están dando en nuestro territorio «todo el mundo tendrá un hueco en la plataforma», desde el convencimiento de que «para lograr los mejores resultados y sacar el mayor partido es clave actuar ya y hacerlo sobre la base de las alianzas entre agentes y con el respaldo de la colaboración público-privada». Navarro defiende asimismo que EnCircular supone un salto cuantitativo y cualitativo en la línea de trabajo que ha desarrollado la ADCV en esta materia en los últimos ejercicios, con apoyo de la AVI, para poner en valor el papel del diseño como uno de los principales impulsores en la transformación de los modelos de negocio hacia la circularidad, sobre la base de la innovación y la creatividad. Entre los ponentes de estas jornadas digitales que se desarrollarán hasta el día 13 estarán presentes Joanna Yarrow, exdirectora de Vida Sostenible y Saludable de Ikea; Brendan Edgerton, director de Economía Circular del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD); Jordi Pascual, project Manager Cities Programme de Circle Economy; Carlos San José (Circular Design Factory), diseñador industrial, consultor y facilitador especialista en co-creación estratégica, y Nicola Cerantola (Ecologing), creador del enfoque metodológico Ecocanvas. Además, se exhibirán las buenas prácticas de empresas de referencia en la implantación de modelos basados en la economía circular, como Coca-Cola, Zicla, Hilaturas Ferre/Recovertex, Ekorec + Ekomodo, CoCircular y ADBioplastics. Como complemento de estas jornadas, bajo el paraguas de la Valencia Disseny Week, por las tardes, se han previsto celebrar acciones de la Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 (VWDC2022), workshops sobre diseño a cargo de estudios como Vibra o Makea tu vida; la presentación del libro de Xema Aznar, “Incidencia y reflexión. Pensamientos en torno al diseño de producto”; así como la exposición Retorno del Sentimiento en el Centro de Artesanía o la presentación del proyecto nacional “From Spain with Design” organizado por la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ). En este sentido explica Navarro, que la veintena de estudios y creativos de la Comunitat que han sido seleccionados por un juradado para formar parte de este proyecto nacional, explicarán en un formato muy ágil -en 90 segundos- alguno de sus proyectos más representativos. Mantente informado cada día con nuestra newsletter. Suscríbete gratis.
La estrategia del IVF para atraer inversión a la Comunitat pasa por el capital riesgo
El director general del Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca reconoce que en estos momentos la prioridad del IVF se centra en atraer y desarrollar una industria del capital riesgo en la Comunitat Valenciana. Así lo ha señalado durante la Jornada Retos de la Economía Valenciana organizada por la Associació de Juristes Valencians en la que ha participado junto a Economía 3. Entiende que el papel de la banca a la hora de dar liquidez con aval público a las empresas ha sido “muy importante”, –al igual que el del propio IVF, con una demanda récord en materia de circulante de 600 M en estos meses de la pandemia–; pero opina que la banca “busca generar activos libres de riesgos para respaldar sus depósitos” y que, por su regulación y supervisión “tiene dificultades para entrar en operaciones de más riesgo”. Si bien, es consciente Illueca de que las empresas de la Comunitat “necesitan ese mayor riesgo”: “porque nuestras empresas en muchas ocasiones están al límite en cuanto a la deuda que pueden captar con sus fondos propios, o son empresas familiares a las que les cuesta mucho captar capital, etc. de ahí que necesiten una industria de capital riesgo mucho más desarrollada de la que tenemos hoy por hoy en la Comunitat Valenciana”, evidencia el director general del IVF. Manuel Illueca, durante su intervención en la jornada de l’Associació de Juristes Valencians. Recuerda que la banca quizá tiene actualmente menos rentabilidad que hace unos años, pero no así “el conjunto de operadores del sistema financiero”. Explica que determinados servicios que antes se prestaban bajo el paraguas de una entidad financiera ahora se ofrecen al mercado “de otra forma y por otros operadores”: “no es cierto que no se gane dinero en el sistema financiero, se gana dinero de otra manera, y nuestra preocupación es que aquí en la Comunitat también se dé ese modo de hacerlo”. Es decir, su apuesta pasa porque “esas estructuras: entidades de capital riesgo, gestoras… estén al lado de las empresas de la Comunitat ahora que lo necesitan, en operaciones de riesgo que les permitan crecer”. Por cada euro del IVF, dos llegan a Valencia Para Illueca la clave está en cómo afrontarán el futuro las empresas: en si las compañías valencianas van a poder tomar participación en otras firmas y fortalecer su balance o en si van a poder comprar empresas que inevitablemente vayan a dejar de operar en el mercado o en si van a tener capital suficiente para crecer orgánicamente o para explotar economías de escala. De ahí, el nuevo foco del IVF, el desarrollo de una industria de capital riesgo en Comunitat Valencia: “¿Tenemos hoy por hoy un sistema de empresas de capital riesgo capaces de proporcionar este servicio a nuestras empresas? Pues nuestra prioridad es desarrollarlo, porque está claro que además de la banca tradicional necesitamos este otro segmento”, ha señalado durante su intervención. Como banco público que sabe que su misión pasa por promover la estabilidad financiera –«prestar cuando la banca se retira y restirarnos cuando la banca acelera»– busca ese apoyo público-privado impulsando el capital riesgo, ya sea con fondos que lleguen tanto desde la iniciativa pública como el Banco Europeo de Inversiones o el ICO, como del ámbito privado. La experiencia de éxito en ambos casos le respalda: por cada euro que pone el IVF, dos están llegando a las firmas de la Comunitat, porque así lo estable en sus bases el organismo, como en la reciente convocatoria que hizo pública hace menos de una semana para su fondo Impulsa. Cambiar la actitud del empresario Valora que haya iniciativas privadas y un ecosistema emprendedor “vibrante” en la ciudad de València que “hay que respaldar”, pero ve “absolutamente necesario” generar profesionales vinculados a este ámbito financiero y “convencer al empresariado” de la necesidad de “creer” en el capital riesgo. A su juicio, esto pasa por aceptar que un tercero entre en el consejo de administración de la compañía para impulsar su crecimiento y por no creer que la persona que viene al consejo, viene a apropiarse de la empresa o a entorpecer la gestión. “Es absolutamente vital que vayamos cambiando esa actitud”, ha dicho Illueca. 420 millones movilizados Como colofón ha manifestado creer en la ley de Say donde la oferta impulsa la demanda, “por lo que el IVF va a impulsar decididamente esa oferta para que el sistema financiero en la Comunitat sea completo y tenga de todo” ha concluido. De ahí que la nueva Estrategia de Apoyo Financiero a las Empresas esté formada por cuatro fondos de inversión estratégicos diferentes, participados por el IVF y de gestión privada, a los que las empresas podrán adherirse en función de su solvencia y situación. En los próximos días se buscará gestora El fondo que copará la mayor parte de los recursos será el Fondo Valenciano de Crecimiento y Competitividad Empresarial «Creix», dotado con 50 millones de euros para inversión en capital y préstamos participativos, con capacidad para movilizar hasta 200 millones. Estará destinado a empresas con capacidad para generar valor al objeto de impulsar su crecimiento y competitividad. Se espera que en los próximos días salga a convocatoria la selección de una sociedad gestora para su creación y gestión como ya ha ocurrido en el caso del fondo «Impulsa». Este fondo de Impulso Empresarial «Impulsa» busca reforzar la solvencia de las empresas valencianas viables y ayudar a la reestructuración de su deuda, incidiendo en los sectores más afectados por la pandemia como el turismo, el ocio y el transporte. Estará destinado a operaciones de entre 500.000 euros y 2,5 millones de euros, con una participación pública minoritaria. «Estos préstamos participativos ayudarán a absorber la deuda no sostenible de las empresas», ha apuntado Illueca. Este fondo se une también a la línea de préstamos participativos con la que ya cuenta el IVF, dotada con 40 millones de euros y gestionado en exclusiva con fondos públicos para los préstamos participativos inferiores a los 500.000 euros. Fondo de Resiliencia Además, se creará también para empresas con grandes dificultades de solvencia el Fondo Valenciano de Resiliencia, orientado al saneamiento de compañías que se consideren estratégicas por su impacto sobre el territorio, el tejido productivo y el empleo. Este fondo está pensado como herramienta de último recurso para aquellas compañías que no puedan acceder a los vehículos de gestión privada y por lo tanto queden fuera del fondo «Impulsa», pero cuyo carácter estratégico aconseje una intervención pública, al amparo de las medidas de recapitalización que contempla la flexibilización del Marco Temporal de la Unión Europea. El Fondo Impulsa y el de Resiliencia movilizarán en su conjunto 70 millones de euros. Finalmente, estará el Fondo Valenciano para el Emprendimiento «Emprén», dotado con 150 millones de euros hasta 2027, que apoyará a los nuevos proyectos empresariales de la Comunitat «con los que queremos redoblar los esfuerzos de ayuda al emprendimiento valenciano y garantizar la creación de nuevas empresas vinculadas a la transformación del tejido productivo y la digitalización». Mantente informado cada día con nuestra newsletter. Suscríbete gratis.
Crecen las empresas creadas en octubre, salvo en Castellón y suben las disoluciones
Remonta el número de empresas constituidas en el mes de octubre en la Comunitat pero lo hace a la mitad del ritmo registrado en el conjunto España, según los datos facilitados por Infocif a Economía 3. Mientras las nuevas empresas crecen en la Comunitat un 12,67%, pasando de 702 empresas creadas en septiembre a 791 en octubre, en España el aumento se sitúa en un 25,63%, al incrementarse de 5.910 compañías a 7.425. De este modo, la Comunitat es la cuarta región en la que más empresas se han creado en octubre, pero a distancia de Madrid (1.641), Andalucía (1.486) y Cataluña (1.374). En lo que va de año, en España se han constituido 62.064 nuevas sociedades frente a las 74.470 de los primeros diez meses de 2019.Por ello, si comparamos este octubre con el mismo mes del año anterior, la caída de la Comunitat -que pasa de 961 en 2019 a 791- es también de las más abultadas porcentualmente hablando, un -17,7%, por detrás de Ceuta, Asturias y Cantabria. La media nacional registra un descenso del 10,38%. Castellón rezagada No obstante, el comportamiento de la Comunitat en el mes de octubre es desigual. Mientras en las provincias de Valencia y Alicante aumentan las constituciones, un 17,68% y un 11,5%, respectivamente. En Castellón las nuevas empresas creadas en septiembre superan a las de octubre, con una variación intermensual del -7,14% al pasar de 70 a 65, según los datos facilitados por Infocif. La provincia de Valencia concentra más de la mitad de las nuevas empresas creadas, 406, frente a las 345 de septiembre, pero lejos de las 475 de octubre de 2019; mientras Alicante crece de 287 en septiembre a 320. En València capital se crean 197 compañías y se sitúa por delante del centenar de la ciudad de Alicante. Registran también un buen comportamiento Elche (31), Castellón (21), Elda (16), Gandia (13) y Torrent (13). Por sectores, según CNAE, destaca el comercio y la construcción. Solo Alicante disuelve menos compañías En los diez primeros meses del año se han disuelto en España 22.989 empresas frente a las 27.886 desaparecidas en las mismas fechas de 2019. Por lo que respecta a octubre, las empresas disueltas alcanzan en el conjunto de España 2.172, lo que supone un incremento respecto a septiembre del 5,54%, pero una caída de más del 20% respecto al mismo periodo de un año antes. En la Comunitat, el incremento intermensual es de tres puntos porcentuales (+8,75%) hasta desaparecer 174 firmas frente a las 160 de septiembre. Por provincias, las disoluciones crecen en Valencia un 22,72% en el intermensual, hasta las 108, con una caída del 37% en el interanual; mientras que en Castellón, solo se registra una disolución más que el mes anterior, pero una decena menos que un año antes. Por contra en Alicante, las sociedades desaparecidas en octubre son menos que las de septiembre, 49 y 56, respectivamente, un +12,5% de diferencia. En la ciudad de València se han disuelto en octubre 50 empresas, la mitad que hace un año; 8 en Alicante, 6 en Orihuela y Paterna y 5 en Elche y Manises.
Oltra renuncia a los 21M y Hacienda envía a Les Corts la corrección de las partidas
Días tensos en el seno del Botànic. Las discrepancias existentes entre la Conselleria de Igualdad y la Conselleria de Hacienda a cuenta de los Presupuestos de la primera para 2021 no solo han obligado a aplazar la comparecencia de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, este miércoles en Les Corts para detallar las cuentas de su departamento, sino que han llevado a la renuncia de la vicepresidencia de esos 21 millones que eran una de las notas discordantes del Presupuesto. Eso sí, afirman desde Vicepresidencia que Soler se ha comprometido a que los 21 millones que faltan se incluyan en el primer trimestre de 2021 mediante modificaciones de crédito. En los últimos días desde la Vicepresidencia del Consell aseguraban que el presupuesto de Igualdad publicado por Hacienda y remitido a Les Corts Valencianes no tenía nada que ver con el que se acordó en la Comisión Delegada de Hacienda y se aprobó por el pleno del Consell el pasado viernes. Así se lo hizo saber la vicepresidenta al conseller de Hacienda, Vicent Soler, ese mismo viernes por la tarde, a quien advirtió de que se habían falseado las cuentas acordadas y le exigió una rectificación. Las mismas fuentes afirman que más allá de que haya una diferencia de 21 millones entre la propuesta final hecha por ellos y acordada, y el presupuesto que Hacienda remite a Les Corts, el problema es que se ha cambiado la distribución de las partidas, y no se entiende «por qué no se ha producido ya esa corrección». Desde Hacienda, por su parte, afirman que en ningún momento se había falseado nada ni se ha engañado a nadie, y defienden que el proyecto de presupuestos remitido a Les Corts es el aprobado por el pleno del Consell, y por la propia Oltra. Reconocen que tuvieron que ajustar algunas partidas presupuestarias para adaptarlas al presupuesto asignado a la Conselleria de Igualdad (1.921 millones), puesto que la única propuesta que tenían el jueves por la noche (las cuentas se aprobaban el viernes) superaba esa cantidad en 500 millones. Afirman que a las 8.30 horas del viernes, con la Comisión Delegada de Hacienda ya empezada, Igualdad presentó una propuesta de 1.942 millones (21 millones más de los establecido), y con otra distribución de partidas. En este sentido, se les propuso aprobar el presupuesto presentado por Hacienda de 1.921 millones, pero corregir la distribución de las partidas en función de la propuesta de Igualdad, y si en el futuro era necesario más dinero se harían las modificaciones presupuestarias correspondientes, como se ha hecho en este ejercicio. Por ello, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, remitió el sábado una carta al Parlamento valenciano, a la que ha tenido acceso EFE, en la que advertía de un error en la distribución de las líneas presupuestarias que afectan a la sección 16, correspondiente a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En ella, afirmaba que el lunes procedería a su corrección, pero esa corrección no había llegado a Les Corts, según Hacienda, porque no han recibido la propuesta de Igualdad de cómo quería que se distribuyan esas partidas. Esto ha provocado que la Presidencia de la Cámara autonómica, oída la Mesa y de acuerdo con la presidencia de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, decidiera este martes aplazar la comparecencia de Oltra al viernes, a petición del Consell. Desde la conselleria de Hacienda confirman a este medio que hoy han presentado en el registro de Les Corts una «corrección de errores» de los Presupuestos de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad para 2021, en la que afirma que han sido motivados por «disfunciones» producidas en la grabación de las cuentas. Y esto ha sido posible, según ha podido saber este medio, porque la vicepresidenta Mónica Oltra ha renunciado a tratar de incorporar esos 21 millones en el presupuesto algo que no era posible por esta vía de la corrección. Si bien, días atrás desde Vicepresidencia, insistían en que las cuentas presentadas no eran las que se acordaron, y añadían que en la negociación previa a la aprobación de los presupuestos por el pleno del Consell, en ningún momento Hacienda les remitió ningún documento con una propuesta de presupuesto para su Conselleria. Lo único que se produjo, dicen desde la Vicepresidencia, es un regular envío de propuestas por parte de la Conselleria de Igualdad conforme a las reclamaciones de recortes solicitadas por Hacienda en esta área, y que finalmente se concreta en 270 millones sobre la propuesta inicial. Además, las mismas fuentes critican que durante la negociación en ningún momento tienen acceso a la propuesta detallada del Presupuesto, algo que consideran una anomalía y que, según lamentan, lleva produciéndose desde el principio de la legislatura pasada. Hacienda, por su parte, asegura que todos los consellers recibieron el día de la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos un dossier en el que constaba el presupuesto global, así como el su departamento y la distribución de los diferentes programas.
El IVF busca gestora para la creación y gestión de su fondo para salvar empresas
El Institut Valencià de Finances (IVF) ha convocado, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la selección de una sociedad gestora de entidades de capital riesgo para la creación y gestión del nuevo Fondo Valenciano de Impulso Empresarial – Impulsa I. Este nuevo producto financiero se constituirá como un fondo de deuda dirigido a invertir principalmente (mínimo un 75%) en empresas con domicilio social o sede de actividad en la Comunitat Valenciana que acrediten exceso de endeudamiento o insuficiencia de recursos propios, de modo que mediante la entrada del fondo Impulsa puedan reestructurar su pasivo financiero y dar un impulso a su actividad productiva. Está previsto que las inversiones realizadas a través de este fondo se articulen mediante préstamos participativos, deuda subordinada, deuda preferente y deuda convertible. Podrán ser objeto de estas inversiones empresas privadas no cotizadas, constituidas y con al menos tres años de vida, mediante operaciones que podrán oscilar entre los 800.000 y los 5.000.000 euros. Este Fondo se creará con un tamaño inicial previsto de 60 millones de euros de los que 25 millones, el 40%, será aportado por la Generalitat y los restantes 35 millones, el 60%, serán aportados por entidades privadas, cantidad que podría incrementar en función de la demanda. En cualquier caso, la participación del IVF nunca podrá superar el 49% del importe del Fondo. Tras la publicación de esta convocatoria el director general del Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, ha manifestado que «el IVF cuenta con una amplia experiencia en la gestión de este tipo de instrumentos financieros puesto que actualmente tenemos inversiones en diversos fondos de Capital Riesgo, tanto con recursos propios del IVF como con recursos europeos». «Nuestra experiencia -ha explicado Illueca- nos lleva a poner en valor este tipo de productos como ejemplo del éxito de la colaboración público-privada, lo que nos permite movilizar recursos privados y tener un mayor alcance del que se tendría aplicando únicamente recursos 100% públicos». Por otra parte, el director general ha hecho hincapié en que «el carácter privado de la gestión del nuevo Fondo Impulsa I, cuyo objetivo final es maximizar el retorno de la inversión, va a permitir salvar el mayor número de empresas viables al menor coste para el contribuyente». Selección de una gestora Las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo interesadas en presentarse a esta convocatoria deberán consultar las bases publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana: consultar aquí El plazo para la presentación de instancias es de dos meses y, una vez realizado el proceso de selección y notificado el acuerdo al Consejo General del IVF, la sociedad gestora seleccionada dispondrá de un plazo de seis meses para constituir el fondo y realizar un primer cierre de al menos el 50% del tamaño objetivo del fondo. En otro tipo de instrumentos ya colaboran con el IVF gestoras que ahora podrían estar interesadas en este fondo, entre ellas: Clave Mayor, Columbus Venture Partners, Nekko Capital o Kanoar Ventures.
La Diputación de Alicante establece el 50% de teletrabajo para sus empleados
La Diputación de Alicante adoptará a partir de la próxima semana un sistema de trabajo por turnos que alternará la presencialidad con el teletrabajo, fijando en un 50% esta última modalidad. El objetivo de esta medida, que se adopta tras la declaración del estado de alarma y el agravamiento de la pandemia, es hacer frente a la propagación de la covid-19, al tiempo que se garantiza la continuidad de los servicios que presta la institución y la salud de los trabajadores. En un comunicado, la diputada de Recursos Humanos, María Gómez, ha presentado esta medida a los representantes sindicales en la Mesa General de Negociación celebrada este martes con carácter extraordinario y urgente, en la que también ha participado el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de todos los sindicatos. «Dada la situación actual de la pandemia es necesario regular de nuevo el sistema de trabajo, propiciando que los empleados de la Diputación puedan realizar el teletrabajo», ha indicado Gómez, quien ha resaltado la importancia de «adoptar medidas de forma temprana, adelantándonos y preparándonos para las futuras restricciones que se puedan tomar con el fin de hacer frente a una situación sanitaria que, desgraciadamente, empeora día a día». Ha recordado que desde la institución provincial se habilitaron ya el pasado mes de marzo, coincidiendo con el inicio de la pandemia, «todos los mecanismos y herramientas necesarias para que el personal pudiera realizar sus funciones desde casa». La posibilidad de teletrabajo queda limitada a los puestos que pueden ser desarrollados a distancia y no requieran presencia física. Asimismo, se dedicará a esta modalidad un 50% de la jornada de trabajo en el cómputo mensual. Únicamente los colectivos vulnerables y el personal que tenga a su cargo hijos menores de 13 años o mayores dependientes, y sólo en el caso de que se vean afectados por el cierre de centros educativos y de mayores, podrán prestar sus servicios mediante el teletrabajo sin limitación. La implantación del teletrabajo es una de las medidas que están impulsando las distintas administraciones públicas ante el incremento del número de contagios de coronavirus registrado en las últimas semanas.
Caixa Ontinyent gana 2,5M hasta septiembre (-51%) y provisionará 3M al cierre de año
La única caja de ahorros valenciana, Caixa Ontinyent acaba de cumplir 136 años al servicio del «bienestar de su gente y su territorio». Economía 3 charla con Vicent Ortiz, responsable de la secretaría de los órganos de gobierno, vicesecretario del consejo y responsable de Obra Social de la entidad coincidiendo con dicho aniversario. – En primer lugar Vicent, ¿podrías darnos alguna pincelada de los resultados del tercer trimestre y del cierre esperado del ejercicio? ¿Cómo se están aumentando las provisiones? – Tenemos una cuenta de resultados recurrente bastante similar a la del año pasado, pero estamos detrayendo resultados para generar un fondo de provisión de cara al año que viene. A 30 septiembre tenemos un beneficio de 2,5 millones que es un 51% inferior al del mismo periodo de 2019 y la idea es acabar el año en un porcentaje similar de caída, con unos 3 millones de beneficio. Tenemos provisionados a 30 de septiembre por la covid 1,9 millones de euros que al final de año esperamos que sumen 3 millones con el objetivo de estar preparados para paliar los efectos de la pandemia. Pensamos que tener un año bueno sabiendo que el año que viene no lo va a ser tanto, no era lógico y que valía más la pena acelerar provisiones y armar un fondo de cara al futuro porque hay una incertidumbre total de lo que va a ocurrir, de las medidas que se van a adoptar y de cómo va a afectar todo ello a la cuenta de resultados. En cualquier caso, este año las cuentas de resultados también se están viendo afectadas no tanto por el negocio minorista si no por las valoraciones de los activos en las carteras de inversión en los mercados de capital. – Durante este año, Caixa Ontinyent ha triplicado la financiación a pymes y empresas – Los créditos concedidos a empresas de las comarcas centrales valencianas superan los 40 millones de euros, de ellos poco más de la mitad cuentan con aval del ICO, unas líneas que se están demostrando eficaces para parar el golpe duro de la crisis. – ¿Cómo veis a la clientela vosotros que tenéis esa relación tan cercana con vuestros clientes? ¿Creéis que es necesario ahondar en instrumentos que aporten una mayor flexibilidad para el repago una vez acabado el periodo de carencia de los préstamos o las moratorias? – La vemos bastante preocupada por esa incertidumbre e identificamos dos tendencias: por un lado las familias, que están desapalancándose (desinvirtiendo) e intentando ahorrar todo lo que pueden; mientras que las empresas necesitan financiar su circulante para mantenerse e ir adaptando su actividad a las nuevas circunstancias, y son estas las que realmente se están endeudando. – ¿Creéis que tienen todavía margen de endeudamiento? – Eso va a depender de las medidas que se adopten, la incertidumbre ahora no solo está en el alcance de los efectos económicos de la pandemia, sino también en las medidas que el Gobierno puede ir adoptando, efectivamente creemos que hará falta ahondar en instrumentos que faciliten una mayor flexibilidad en la devolución de esos créditos porque la crisis se está alargando más de lo que se pensaba. – Ya en abril en muchos casos empezará a vencer el primer año de carencia, ¿para cuándo estimáis el repunte de la mora si esa flexibilidad no se produce? – Pensamos que a partir del segundo semestre del próximo año es cuando la situación puede volverse realmente dura, y creemos que antes de ese momento, el Gobierno adoptará otras medidas que flexibilicen y permitan que la economía real pueda seguir subsistiendo. – ¿Habéis estimado qué porcentaje de la cartera podría entrar en mora? – A día de hoy es imposible saberlo, tanto por el alcance del impacto económico como por los criterios del concepto de mora que se fijen. No cabe duda de que las medidas que adopten los reguladores tendrán su impacto en las líneas de financiación de los bancos, porque según se califique la mora e se indique a los bancos cómo tienen que actuar, las líneas de financiación serán más duras o más blandas. -¿Se puede retraer el crédito de cara al futuro? – Si los bancos tienen que provisionar las inversiones que realicen posiblemente habrá consecuencias, pero es muy difícil en este momento saber en qué medida puede evolucionar esa mora, no obstante, dependerá de las medidas que se adopten, el hecho de que se puedan mantener abiertas las líneas de financiación. – ¿En cuanto a las moratorias al consumo e hipotecarias qué esperáis? – Nosotros no esperamos en ese sentido problemas porque primero, no nos han solicitado moratorias en crédito al consumo y segundo, las moratorias hipotecarias afectan a un total de capital principal de 6 millones de euros que es una cantidad relativamente pequeña, son hipotecas además con una parte importante amortizada y no esperamos que nos generen ningún problema. – Volvemos a vivir nuevas concentraciones en el sector, vosotros sabéis muy bien lo que es eso, de 45 cajas de ahorro solo habéis quedado dos: Caixa Ontinyent y, tres veces más pequeña, la balear Colonya, Caixa Pollença. De la número De la 43 a la primera caja, ¿cuál es ahora vuestra posición al respecto? – Lo que se busca con las concentraciones es reducir costes y mejorar rentabilidad y la posición de capital gracias a ganar tamaño, con lo que hablamos de fusiones de grandes entidades. Nosotros somos una pequeña entidad, ubicada en un territorio concreto, con 1.200 millones de euros en activos, con lo cual, poco podemos aportar a una operación si lo importante es ganar tamaño. Pero en cambio, dentro de nuestro ámbito de actuación, somos una entidad importante: estamos financiando a las empresas y a los particulares de las comarcas centrales valencianas, estamos reinvirtiendo aquí todos nuestros beneficios. Tiene todo el sentido que esta caja siga funcionando, muy centrada en el contacto directo y próximo con los clientes, porque somos perfectamente viables con nuestro modelo jurídico, con nuestro tamaño y con nuestra actividad, evidentemente adaptándonos a todas las circunstancias. – Como el esfuerzo tan grande que habéis hecho en digitalización…. -Exactamente, es cierto que, con el distanciamiento social, la gente necesita realizar muchas operaciones a distancia, pero es que además es una tendencia del futuro: las nuevas generaciones están muy acostumbradas a trabajar de manera online y tenemos que poner todas las tecnologías a disposición de ellas. Por tanto, si desarrollamos una actividad en las mismas condiciones tecnológicas, como mínimo, que otras entidades, si podemos ofrecer las mismas condiciones en cuanto a productos y servicios y si tenemos un contacto y un conocimiento más directo de los clientes, entendemos que el modelo está vivo y tiene futuro. – De todos modos, ¿podéis tener una propuesta de integración encima de la mesa o por vuestro régimen jurídico siempre tendríais que pensar en una caja de ahorros, que entonces solo podría ser la balear? – No, las formas de integración son múltiples y muy variadas, por tanto en el caso de que quisiéramos, siempre se podría buscar la fórmula, porque en estos procesos no se trata de una fusión en igualdad de condiciones sino de una absorción o integración de un negocio en otro negocio, con lo cual siempre hay fórmulas para hacerlo. El hecho de ser una caja de ahorros no es obstáculo, pero no nos lo hemos planteado, la verdad. – ¿Y habéis tenido alguna propuesta u oferta recientemente sobre la mesa? – No, ni la hemos tenido ni la hemos buscado. – Acabáis de cumplir 136 años de historia, un poco de vértigo y responsabilidad y nuevos proyectos para otros tantos más… – Sí, fíjate que desde 1884 esta caja ha pasado por pandemias, guerras civiles y mundiales, regímenes políticos distintos, cambios culturales, ciclos económicos, renovaciones tecnológicas… y la caja, fiel a sus principios fundacionales, siempre ha ido adaptando su actividad a cada situación. La idea básicamente es la misma: tenemos que asegurar la disponibilidad de los recursos de nuestros clientes, tenemos que financiar las actividades económicas de nuestro ámbito de actuación y revertir aquí nuestro beneficio en obras sociales. Ese es el camino que queremos continuar y que nos diferencia de otras entidades. Como caja de ahorros, a diferencia de los bancos, no tenemos propietarios, no tenemos que generar beneficios para retribuir a nuestros accionistas, nuestro beneficio lo destinamos a obras sociales. – Se habla mucho de la España vacía pero vuestra contribución social es muy relevante en este sentido… – Nosotros tenemos muchas oficinas en pueblos pequeños de menos de 4.000 habitantes, si piensas en qué necesita un pueblo para ofrecer calidad de vida a sus habitantes y futuro, ves que necesita una actividad próxima que dé salida a las inquietudes empresariales, laborales, profesionales, a una vivienda digna, etc. y eso es lo que estamos haciendo… Pero sobre todo, los municipios también necesitan infraestructuras y actividades de carácter asistencial, docente, sanitario, cultural, recreativo… Nosotros tenemos 25 centros instalados en distintas localidades: centros de salud, escuelas infantiles, centros personas con alzhéimer… Tenemos un programa para impulsar la investigación y divulgación en temas autóctonos a través de publicaciones, colaboramos con más de 300 colectivos para que la sociedad civil permanezca viva y activa, no solo a expensas de la iniciativa pública. Hemos recuperado el monte de piedad y estamos tramitando ya las primeras operaciones por un importe global de 11.000 euros, y estamos impulsando mucho la educación financiera porque ahí nos estamos jugando también nuestro futuro. Y todo eso solo lo hace aquí Caixa Ontinyent y si no estuviera Caixa Ontinyent no lo haría nadie.
5 motivos por los que CaixaBank descarta crisis financiera aunque advierte ‘riesgos’
No cabe duda de que el impacto de la covid está afectando a los resultados acumulados de las entidades financieras en estos primeros nueve meses del año, pero de ahí a que esta crisis económica desemboque en una crisis financiera cuyas consecuencias sean aún más devastadoras, es todavía prematuro predecirlo, aunque empiezan a llegar las primeras voces de alerta tanto del Banco Mundial como del supervisor español. Si bien, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha descartado durante la presentación de resultados del tercer trimestre de la entidad, que podamos hablar de tal crisis. Por lo menos, de momento: «Es muy importante que esta crisis primero sanitaria y luego económica no acabe por llegar a ser una crisis financiera, que tendería a alargar más los plazos y extendería aún más la crisis en el tiempo». A su juicio está claro que si la banca está fuerte «ayuda a la economía a salir antes de la crisis y si no, se produce el efecto contrario». Al respecto, el análisis que hace de la fortaleza de la banca y de su músculo para hacer frente a la situación es positivo. “La banca está bien, en el sentido de solidez, fortaleza y solvencia”, aunque reconoce que “tiene una gran amenaza por delante». Estos son los cinco motivos que aduce para diferenciarla de la gran recesión de 2008: – En cuanto a liquidez, menciona que, por lo que respecta a la propia entidad, alcanza los 110.729 millones de euros -cifra récord para CaixaBank-, con un crecimiento de 21.302 millones en el año por la generación y aportación de colaterales a la póliza del Banco Central Europeo. Así, su Liquidity Coverage Ratio (LCR) a 30 de septiembre es del 280%, mostrando una holgada posición (224% LCR media últimos 12 meses) por encima del mínimo requerido del 100%. Pero en general, admite Gortázar, que es una tendencia del conjunto de las entidades, gracias a estas ayudas del BCE. – Respecto a los niveles de solvencia del sector: doblan los de la crisis anterior y «además calculados de manera más estricta», con lo que en la práctica podemos estar hablando de que son tres veces superiores a los que tenían los bancos en la anterior crisis. Por lo que respecta a CaixaBank, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) alcanza el 12,7% proforma considerando la venta parcial de Comercia (12,5% sin considerarla). Durante los nueve primeros meses se recogen +32 puntos básicos por el impacto extraordinario de la reducción del dividendo previsto con cargo al 2019, así como +51 puntos básicos por el impacto de la aplicación del ajuste transitorio de la normativa IFRS9 y +20 por la venta parcial de Comercia. El resto de la evolución acumulada hasta septiembre son -38 puntos básicos (+45 puntos básicos de variación orgánica, -21 puntos básicos por la previsión de dividendos del año y -62 puntos básicos de la evolución de los mercados y otros). – Poca exposición crediticia al sector inmobiliario: En el momento que estalló la anterior crisis, el sector financiero tenía un porcentaje medio de entre el 23-24% de su exposición crediticia en los sectores promotor y constructor, en este momento supone una tercera parte, está por debajo del 8%. Reconoce Gortázar que ahí hubo unas pérdidas muy importantes, mientras que ahora estima “que puede haber pérdidas en situaciones concretas porque el mercado ha cambiado, pero no venimos de burbuja inmobiliaria y no tenemos una exposición tan extrema”. – Un nivel de endeudamiento de los clientes mucho menor: Mientras en la anterior crisis el nivel de endeudamiento de las familias llegó casi al 85% del PIB en los momentos más álgidos, ahora ronda el 60%; y en el caso de las empresas, hablábamos del 140% y actualmente se sitúa en el en torno al 100%, a pesar de haber repuntado. No obstante, el primer ejecutivo del banco con sede social en València, opina que el sector empresarial «no solo necesita liquidez», sino también «otro tipos de ayudas», ya sean «en forma de capital» o con «otros instrumentos», como ayudas directas en algunos casos, que no generen mayor endeudamiento a las empresas. Además ha defendido la necesidad de prorrogar tanto los créditos ICO como los periodos de carencia de estos préstamos dadas las nuevas restricciones de actividad forzadas por la pandemia. «A partir del segundo trimestre de 2021 no tendremos la normalidad completa. Todavía tardaremos tiempo en recuperarla en algunos sectores, por lo que el sentido común hace pensar que será una buena herramienta que tengamos que alargar en el tiempo», ha deseado. – Capacidad de acceso al capital, a través de los mercados podrían darse posibles ampliaciones de capital, pero por ello advierte que es «necesario que una empresa pueda retribuir a sus accionistas». «Una empresa que no paga dividendo no vale dinero porque inviertes y no sacas nada», ha lamentado. Desde la «prudencia» entiende aconsejable pagar dividendos el próximo año, una vez lo autorice el BCE y siempre que haya culminado el proceso de fusión a partir del primer trimestre: «Un pago cero de dividendos -ha añadido Gortázar-, puede generar efectos secundarios negativos, pues hay fondos que solo invierten en empresas que retribuyen al accionista», ha remarcado. Riesgos Eso sí, reconoce el número dos de la entidad presidida por Jordi Gual que el sector se ve afectado por un problema de rentabilidad que viene fundamentalmente de unos tipos de interés negativos que se van a prolongar en el tiempo, “se trata de un sector que no ha sido capaz de ser adecuadamente rentable, es decir que no ha conseguido que su rentabilidad cubra su coste de capital y eso no es bueno ni para accionistas ni para la sociedad en general» porque ha definido al sistema financiero como el aparato circulatorio de la economía y en la medida que este esté fuerte «lo estará la economía”. Admite que la consolidación del sector es una medida para ganar rentabilidad y no cree que haya que preocuparse por problemas de competencia, “están entrando participantes nuevos en el mercado que aseguran una competencia efectiva en el sector, que, a su vez se entiende por la banca establecida como un aliciente para mejorar y poder ofrecer mejores servicios a los clientes», ha afirmado.
La Comunitat, entre las tres que ganan más del Fondo de Compensación Interterritorial
Al mismo tiempo que hemos conocido que la inversión directa del Estado en la Comunitat supondrá un aumento del 57% respecto a los presupuestos de 2018 (presupuesto base de 2020), al pasar de 742 millones a 1.164 millones, lo que supone el 9,6% del total que percibirán las autonomías; la Comunitat es también una de las tres únicas regiones que mejora su asignación de los Fondos de Compensación Interterritorial. Por ello, dejando al margen las partidas que llegarán de la UE, la Comunitat se coloca como la cuarta autonomía que más dinero recibirá del Estado en 2021, por detrás de Andalucía (17,7 % s/total reg.), Cataluña (16,5 % s/total reg.) y Madrid (10,3 % s/total reg.); mientras que será la tercera región que más dotación recibirá del total que se reparte entre las autonomías beneficiarias de los Fondos de Compensación Interterritorial, según el Informe Económico y Financiero de los PGE. En cifras absolutas, recibirá el próximo año un total de 53,8 millones procedentes de estos Fondos de Compensación Interterritorial, lo que supone un 2,9% más que en 2020 y un 12,6% del total que se reparte entre las autonomías beneficiarias, por detrás de Andalucía que se lleva el 37,7% de la tarta y de Canarias que percibirá el 13,6%. Solo tres comunidades mejoran su importe respecto al presupuesto de 2020 Canarias, la Comunitat y Castilla y León. Pero precisamente el destacado aumento de Canarias (que crece un 15,3%) desbanca a la Comunitat, que en el presente ejercicio era la segunda autonomía que, en cifras absolutas, recibía un mayor importe de los Fondos de Compensación Interterritorial. Mientras la Comunitat avanza un millón y medio de euros, Canarias mejora algo más de 7,5 millones con lo que se explica el retroceso de la Comunitat de la segunda a la tercera posición en cifras absolutas, muy alejadas en cualquier caso de la dotación andaluza que asciende a 160,7 millones de euros. Según el proyecto de presupuestos para 2021, el Gobierno destinará el próximo año 432,4 millones de euros a los Fondos de Compensación Interterritorial, la misma cifra que el presente año, si bien la distribución entre autonomías ha variado, la más perjudicada en este caso es Extremadura. Los Fondos de Compensación Interterritorial constituyen un instrumento de desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Los Fondos de Compensación Interterritorial son dos: el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario. El primero se destina a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario. Por su parte, el Fondo Complementario podrá dedicarse a financiar gastos de puesta en marcha o funcionamiento de inversiones. Según detalla el informe, serán beneficiarias de los Fondos las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía propio que, a tal efecto, figuren designadas en los Presupuestos: Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla, que son las que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, presentan una renta por habitante inferior a la media nacional. La distribución entre las comunidades autónomas se realiza de acuerdo con las variables de población relativa, saldo migratorio, paro, superficie y dispersión de la población. Una vez efectuado el reparto conforme a estas variables, se produce una corrección del resultado aplicando dos criterios: inversa de la renta por habitante de cada territorio e insularidad.
Bankia alerta de ‘crisis de insolvencia’ sin un marco de flexibilización de los créditos ICO
El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha reconocido durante la presentación de resultados del tercer trimestre de la entidad, que el sector trabaja con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con el Ministerio de Asuntos Económico -previas conversaciones con Bruselas- para crear un esquema de reestructuración de deuda de los créditos empresariales con el aval del ICO. Sevilla ha subrayado que la reacción del Gobierno y de las entidades financieras para evitar la crisis de liquidez ha sido «fantástica», pero opina Sevilla que esa etapa “ya está culminada” y en esta segunda etapa, en la que esta segunda ola de la pandemia está retrasando la recuperación económica cabe «trabajar para que la crisis de liquidez no se convierta en una crisis de insolvencia, con empresas viables que ahora afrontan dificultades de estructura financiera porque han aumentado su deuda y tienen dificultad para seguir invirtiendo». A su juicio hay que centrar el debate en «cómo procurar un marco flexible para modificar las condiciones de los préstamos con garantías públicas», «algo -ha dicho- que en la banca estamos acostumbrados a hacer: con refinanciaciones o restructuraciones de operaciones empresariales, que permitan el alargamiento de los plazos de devolución de la deuda para acomodarlos a sus capacidades de pago, pero también con operaciones más complejas, que pasan por asumir quitas o incluso convertir parte de la deuda en capital para recomponer la situación financiera de la empresa». Si bien, lamenta que el marco de actuación que tiene el ICO es «relativamente rígido» y «condicionado por el esquema de ayudas de Estado aprobado por Bruselas», por lo que ha avanzado que «el Gobierno ya está en conversaciones con Bruselas para buscar un marco de flexibilización y de tratamiento flexible para estos créditos en aquellas compañías que puedan tener problemas y necesiten la refinanciación o restrucctoracion de los mismos». Opina que las soluciones dependerán «de cada caso», pero admite que «habrá una parte de las empresas, esperemos que las menos posibles, a las que habrá que dar una solución conjunta –entre las entidades financieras y el ICO– a esos posibles problemas de repago de los créditos». Si bien Sevilla todavía no ha querido estimar el posible repunte de impagos que traerán estos préstamos con garantía pública. Sin embargo, advierte que «tenemos que prepararnos para el año que viene, porque en la medida en la que la situación económica se está deteriorando, va a afectar a la capacidad de repagar los créditos de las empresas. Este será un tema de máxima atención para 2021», ha aclarado. De hecho Bankia ya se está preparando: las provisiones que ha realizado la entidad ascienden ya 465 millones para suavizar el impacto de la crisis, que unidas a las provisiones ordinarias suman 845 millones. Y es que, en cuanto a las medidas de apoyo a los clientes -las aprobadas por el Gobierno y las del propio banco- Bankia ha concedido 4.136 millones de euros en moratorias hipotecarias desde el inicio de la crisis y 346 millones en soluciones de consumo. Sobre estas últimas, ha señalado, que buena parte de las moratorias de este negocio vencen en el cuarto trimestre del año y, por tanto, serán las que aparecerán más rápido en la cuenta de resultados aunque ha asegurado que Bankia tiene una cantidad «muy pequeña» de moratorias en consumo. En cualquier caso, en función de las alertas tempranas sobre capacidad de pago de los clientes, Bankia ya reconoce que el 0,4% de la cartera de moratorias (consumo e hipotecas) sufre impagos por encima de los 90 días. Con todo, la entidad anticipa que clasificará como dudoso en torno al 6% de la cartera. Los ICO representan un 21% de los créditos a empresas Si bien, será a partir del segundo trimestre de 2021, cuando está previsto que venza la mayor parte de las moratorias hipotecarias y se cumpla el primer año de carencia del principal de los créditos ICO, con lo que habría que empezar a devolverlos. Es por ello, que el banco ya está tratando de identificar qué préstamos tendrán dificultad de pago y cuáles tendrán que ser reconocidos como dudosos. El volumen de la financiación con aval del ICO concedido por la entidad hasta septiembre ha alcanzado los 9.000 millones de euros, lo que supone el 21,1 % de toda la cartera crediticia del negocio de empresas concedida en estos primeros nueve meses. El crédito neto concedido a la clientela creció un 2,8 % en comparación con el cierre de 2019, con una tasa de mora estable en el 4,9%, en tanto que los recursos de los clientes minoristas han aumentado un 1,8 %. El crédito promotor vuelve a dar frutos Sevilla ha destacado también que el banco ha sido capaz de «cerrar el mejor tercer trimestre histórico en formalizaciones de hipotecas». Las formalizaciones de hipotecas han llegado hasta los 2.262 millones de euros, un 9,1% más que a cierre de septiembre de 2019. Se trata del mejor tercer trimestre histórico tras superar los 800 millones de euros (+16,3% sobre el trimestre anterior y un 30,5% más en tasa interanual, aunque en dicha fecha entró en vigor la nueva ley hipotecaria que supuso un breve parón en el mercado). La cuota de nueva producción a cierre de agosto (últimos datos publicados) es del 8,03%, frente al 6,63% en agosto de 2019. Bankia reconoce que un 10% de las nuevas hipotecas llegan ya de la subrogación de los clientes a los préstamos del promotor, un negocio que retomó en 2017. Asimismo ha señalado Sevilla que el crédito al consumo se ha recuperado tras el parón del trimestre anterior, con un crecimiento del 56,3% en relación al segundo trimestre, si bien se sitúa todavía lejos de la facturación precrisis que alcanzaba 500-6000 millones en formalizaciones al trimestre.
Bankia no repartirá dividendo hasta la fusión y destinará el exceso de capital a los ajustes
José Sevilla, consejero delegado de Bankia, ha asegurado que la entidad ha cumplido su objetivo de generar 2.500 millones de exceso de capital tal y como contemplaba en su plan estratégico 2018-2020, pero que, en ningún caso, y según el protocolo de fusión firmado con CaixaBank, se utilizará ese exceso para el reparto de dividendo, en el hipotético caso de que Bruselas autorice el reparto del mismo. Bankia y CaixaBank acordaron que ninguna de las dos entidades pagaría dividendo a sus accionistas antes de que culmine su fusión, por lo que ha concretado el número dos de Bankia, que el dividendo que se pueda acordar ya lo repartirá la entidad fusionada a los casi 8 millones de acciones nuevas resultantes del proceso que sigue su curso y plazos estimados: con lo que el cierre legal de la operación se producirá en el primer trimestre de 2021; mientras que la integración tecnológica de ambas entidades se producirá hacia finales de 2021. Lo que sí ha detallado es que ese dinero servirá para asumir los ajustes y gastos que tiene la fusión, que ya se contempló que restarían uno 150 puntos básicos del ratio de capital. Unos ajustes «que generarán una entidad más rentable», tal y como ha subrayado Sevilla pero que pasan también por el cierre de oficinas y los recortes de plantilla. Ha concretado Sevilla que la entidad no esperará a la integración tecnológica para iniciar el diálogo con los sindicatos para avanzar en las negociaciones que darán lugar a la salida de empleados de la entidad, en una cifra que todavía no se ha cuantificado, pero que se pondrá sobre la mesa a partir del cierre formal de la fusión. El CEO de Bankia, cuyo puesto en el organigrama del futuro grupo está por concretar, ha insistido en que los ajustes de personal se harán igual que en el pasado, de forma consensuada con los sindicatos. Descartada OPA y sin recibir propuestas de otras entidades Sobre la operación, ha detallado Sevilla que siempre se contempló una fusión entre ambas entidades «porque esta fórmula jurídica obedecía más a la voluntad de ambas entidades», mientras que quedó descartada la OPA por suponer «un camino mucho más complejo y que podía dilatar la operación más en el tiempo, generando retrasos» en la integración. Al ser preguntado sobre la elección de CaixaBank como «novia», Sevilla ha señalado que de «CaixaBank teníamos una propuesta que se estudió y se vio que tenía sentido porque había intereses comunes», algo que en el caso de otras entidades, como Sabadell, «no ha existido, nunca ha habido propuesta»; mientras que con CaixaBank «había interés por parte de los dos accionistas para que se analizara y se vio que tenía valor. Estamos convencidos de que CaixaBank es un ‘partner’ perfecto y estamos muy contentos con ello, aunque seguramente también lo estaríamos con Sabadell», ha añadido. La salida a bolsa, error Respeto a la sentencia del caso Bankia, ha declarado Sevilla: «Estamos muy contentos». Por una parte porque ello les permitirá «pasar página» y por otra, porque desde la entidad siempre han defendido que la salida a bolsa de la entidad que se llevó a cabo en 2011, y de la que todos los directivos han salido absueltos, «no era un delito, era una operación reglada y regulada y que seguía todos los cánones regulatorios exigidos». Si bien, Sevilla ha admitido que «con toda la información que tenemos ahora, está claro que la salida a bolsa de la entidad en 2011 no fue una buena idea». «En todo caso un error, no un delito como se estaba juzgando». El CEO de la entidad que ha subrayado que el proceso de fusión es una buena noticia, en su opinión, «para todos los accionistas pues la operación trata de sacar el máximo valor a la inversión«, lamenta tener que romper su alianza con la francesa Crédit Agricole, algo no obstante que no generará penalizaciones. Cabe recordar que a finales del año pasado ambas entidades formaron una ‘joint venture’ para financiación al consumo en el punto de venta. «La lanzamos hace poco y entró en actividad a principios de este año», ha recordado Sevilla. «Nos da pena porque es una operación con muy buena pinta», aunque la inversión en este proyecto ha sido discreta. Al respecto, ha añadido que lo más previsible es que haya una venta de la participación de Bankia a Crédit Agricole. Sevilla ha realizado estas declaraciones durante la presentación de resultados del tercer trimestre, un periodo en el que el banco ha ganado 180 millones, lo que supone un descenso del 68,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. La caída está motivada principalmente por las provisiones realizadas por el coronavirus, sumando a las ya realizadas hasta junio una dotación de carácter extraordinario de 155 millones en este tercer trimestre, con lo que el colchón contra los efectos de la pandemia en lo que va de año suma 465 millones. El coste del riesgo (provisiones respecto al crédito total) se ha elevado en un año desde los 26 puntos básicos hasta los 81 puntos básicos a finales de septiembre.
La Comunitat Valenciana iniciará el estado de alarma con 188.000 empleados en un ERTE
El Consejo de Ministros ha solicitado este martes al Congreso la prórroga por espacio de seis meses del estado de alarma decretado el pasado domingo y ha suprimido del texto inicial los artículos relativos a la restricción de la movilidad nocturna, «el toque de queda», para que lo decida cada comunidad autónoma. Se trata de los artículos 9 y 10 del decreto del estado de alarma, que contemplaban esta restricción entre las 23.00 y las 6.00 horas, regulable en una hora por las autonomías y que estarán en vigor hasta el próximo día 8. Después, quedará a criterio de cada «autoridad competente delegada», es decir, de los presidentes autonómicos, fijar cuáles son las limitaciones de movilidad que se tienen que establecer en sus territorios. El debate sobre esta prórroga de seis meses se celebrará mañana en el pleno del Congreso, y coge a la Comunitat Valenciana con un sector turístico, desde la hostería hasta los servicios, «extremadamente dañado» y que, tal como reconocía el president Puig «tardará en recuperarse por completo». Y es, según recogen los datos de la Conselleria de Economía hasta el 26 de octubre, algo más del 40% de los trabajadores afectados por un ERTE en la Comunitat continúa vinculado a un expediente de regulación temporal, lo que supone un total de 187.984 personas. No obstante, el 58,8 % de los trabajadores afectados ya ha salido del ERTE, un total de 269.009 de los 456.993 que han sido incluidos en un ERTE en la región desde el pasado 12 de marzo. De esos 269.009 trabajadores que han salido del ERTE, 154.252 son de la provincia de Valencia, 81.566 de Alicante y 33.191 de Castellón. Si nos remontamos a datos anteriores, en el último mes, 6.286 trabajadores han salido de un ERTE, según los datos que contabiliza la Dirección General de Trabajo, pero en los últimos quince días los datos han empeorado considerablemente, ya que ha crecido el número de trabajadores que se ha vuelto a incorporar a un ERTE. Es decir, si el 12 de octubre se contabilizaban 271.216 personas desafectadas, esto es, que habían dejado de estar en un expediente de regulación, esta cifra a día 26 de octubre se reduce a 269.009 personas. En dos semanas, 2.207 trabajadores de la Comunitat que antes estaban desafectados vuelven a estar bajo un ERTE. Desde el inicio de la pandemia, las empresas de la Comunitat Valenciana han presentado 67.889 ERTE que han afectado a 456.993 empleados, y se ha resuelto la mayoría (65.220 expedientes, con 427.355 trabajadores). Del total de expedientes los servicios suponen un 84,5% de los expedientes y un 66% del volumen de personas afectadas, en total más de 15.000 mujeres que hombres. De media estas empresas de servicios mantienen afectados a 5 trabajadores, un dato muy inferior si se compara con los casi 21 trabajadores de media que se ven afectados por expediente en el caso de la industria. De hecho la industria representa el 9,4% de las empresas que han presentado expediente temporal de regulación de empleo desde que comenzó la pandemia, pero ha englobado al 29% de los empleados afectados. En el total de expedientes contabilizados, las empresas de 1 a 10 trabajadores suponen el grueso de las solicitudes 60.149 que representan el 89% total y algo más del 38% de los trabajadores. Por su parte, 3 de cada 10 trabajadores afectados desempeñaba su labor en empresas de 11 a 50 trabajadores. A lo largo de la pandemia los ERTE de suspensión de la actividad laboral de manera completa, es decir, aquellos que afectan a los trabajadores cuya empresa ha cesado de manera total su actividad han sido los más numerosos, representando el 89% y afectando al 76% de los empleos afectados. Mientras que los de reducción de la jornada laboral entre un mínimo del 10% y un máximo del 70% han supuesto algo más de 3.000 expedientes y han impactado en 22.000 trabajadores (5%). Los expedientes que han combinado ambas opciones han rebasado los 4.400 y afectado al 19% de los trabajadores Y si hace un mes los ERTE por rebrote sumaban 158 con 1.277 trabajadores afectados, ahora se contabilizan 549 expedientes con casi 4.000 trabajadores afectados. Es decir se han más que triplicado.
Bajar deducción a planes pensiones y subir el impuesto al seguro perjudica a clases medias
Este miércoles llega al Congreso de los Diputados, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que aspira a recabar apoyos para sustituir las vigentes cuentas, de 2018, y avanzar en la reconstrucción económica tras la pandemia. El proyecto prevé un aumento de los ingresos del 14,7 %, gracias sobre todo a la mejora de la situación económica y, en menor medida, a nuevos impuestos -sobre transacciones financieras, servicios digitales, envases de un solo uso y bebidas azucaradas– y ajustes tributarios recogidos en las propias cuentas -con un impacto de 1.862 millones. Además, el impuesto de hidrocarburos que paga el diésel subirá de 30,7 a 34,5 céntimos de euros el litro para los no profesionales, un repunte que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá un coste de 3,45 euros al mes para un consumidor medio. Entre los ajustes tributarios figura un aumento de la tributación de las rentas altas: el IRPF sube dos puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y en tres puntos para las rentas del capital superiores a 200.000 euros, mientras que el tipo del impuesto de patrimonio, que tendrá carácter indefinido, sube un punto para fortunas a partir de 10 millones de euros. Las socimis en el punto de mira Las empresas con filiales verán reducidas sus exenciones sobre los dividendos y plusvalías de filiales, que pasan del 100 % al 95 %, mientras que las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) tendrán que tributar al menos un 15% del porcentaje del beneficio que no están obligadas a repartir como dividendo. Por el momento, el gravamen de las socimi en el Impuesto de Sociedades es del 0%, siempre que las sociedades cumplan una serie de requisitos relacionados con el reparto de dividendos y con los tipos de activos en los que pueden invertir. La única socimi cotizada valenciana Veracruz Properties, ha explicado a Economía 3 que prefieren «analizar los detalles de los cambios propuestos y su impacto en nuestro negocio antes de emitir opiniones». Desde Asocimi, la asociación que representa a las socimi, su presidente Javier Basagoiti ha asegurado que «cualquier modificación de la legislación que no tenga como objetivo mejorar la posición competitiva de nuestros REITs frente a otros países europeos será interpretado negativamente por los inversores que han apostado por nuestro sector inmobiliario ya que genera inseguridad jurídica e institucional. El carácter estratégico y de inversión a largo plazo del negocio de las socimi exige que el marco normativo sea estable, seguro y genere confianza para garantizar que los flujos de capital siguen llegando a nuestro país y que las empresas del sector pueden acometer con solvencia sus planes de negocio, cumpliendo así con sus obligaciones con todos sus stakeholders, incluida la propia administración pública”. A su juicio cabe explicar «las ventajas de tener un sector inmobiliario especializado y profesionalizado dedicado a la gestión del patrimonio en alquiler con visión de permanencia a largo plazo, volcado en la conservación del patrimonio, la adaptación a las obligaciones medioambientales y la profesionalización de la relación con los inquilinos». Además de modificar la fiscalidad de las socimi, PSOE y Unidas Podemos han acordado llevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses la Ley de Vivienda, que limitará los precios del alquiler en zonas tensionadas. De momento, la bolsa ha castigado ya este martes a las socimis y al sector inmobiliario en general, al cierre, Inmobiliaria Colonial ha bajado un 4,93 %, el quinto mayor descenso del Ibex 35, y Merlin Properties se ha dejado un 1,57 %. De este modo, las acciones de Colonial han terminado la sesión en 6,17 euros, su nivel más bajo desde marzo; y las de Merlin Properties, en 5,945 euros, su mínimo histórico. Fuera del Ibex 35, Lar España ha perdido este martes un 1,04% y Arima ha cerrado plana. Entre las inmobiliarias caídas de Renta Corporación, un 3,83 %; Neinor Homes, un 0,94 %; Metrovacesa, un 0,79 %; y Aedas Homes, un 0,46 %. El sector del seguro y los planes de pensiones Otras de las medidas que contemplan los PGE son rebajar de 8.000 a 2.000 euros el máximo de reducción en el IRPF de los planes de pensiones individuales, aunque sube de 8.000 a 10.000 euros el tope para los colectivos y aumentar el impuesto sobre las primas de seguros, que subirá del 6 % al 8 %. La patronal de las instituciones de inversión colectiva, Inverco, y la del sector asegurador, Unespa, han mostrado su disconformidad y han cifrado que la medida afectará a los 7,5 millones de partícipes de los planes de pensiones individuales y a un millón de personas que cuenta con planes de previsión asegurados. En su opinión, el establecimiento de límites diferentes y la decisión de relegar a los sistemas individuales resulta «discriminatorio» para la mayoría de la población ocupada, ya que en España «hay un elevado número de autónomos y empresarios individuales, y que la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena trabaja en pymes, donde el ahorro colectivo apenas está presente». «Se debe posibilitar a toda esta población ocupada, que queda fuera de la provisión social empresarial, que pueda acceder a sistemas de previsiones individuales en las mismas condiciones», subrayan. Según las dos asociaciones, la limitación de las aportaciones «carece de sentido en situaciones de crisis como la actual, en la que muchos trabajadores han visto reducidos significativamente sus ingresos». Por este motivo, añaden, «debe permitirse a los trabajadores recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación». Inverco y Unespa consideran que los límites anuales deben suprimirse, en lugar de reducirse, y ser sustituidos por un tope global para el conjunto de la vida laboral. Las dos patronales destacan que en España existe un «significativo déficit de ahorro para la jubilación» en comparación con otros países de nuestro entorno. Una opinión que ha compartido el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich que en declaraciones a Economía 3 ha señalado que no parece lógico que actúe «sobre la única deducción potente que tiene la clase media para procurar el ahorro». El 95% de las familias españolas tiene alguna póliza contratada Respecto a la previsible subida de un 6% al 8% del tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguro, cree Unespa que la medida va a afectar significativamente a familias y empresas al tratarse de un recargo externo a la prima de seguro. El 95% de las familias españolas tiene alguna póliza contratada. Las más comunes son las de automóvil (79%), hogar (74%) y decesos (45%), por tanto, opina que perjudica a las personas y a las empresas que, a través del seguro y con un criterio de responsabilidad, aseguran su vida diaria, su patrimonio y sus actividades empresariales y profesionales frente a los posibles daños que puedan causar a terceros. «El impacto de esta medida se ha valorado por el Gobierno en unos 455 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 25% en la recaudación de este tributo. Para Unespa se trata de una medida desproporcionada y carente de justificación. El encarecimiento de la fiscalidad del seguro puede derivar en una disminución de las protecciones que contratan familias y empresas y, por consiguiente, en una mayor exposición al riesgo». Finalmente quedan fuera de la revisión tributaria que impulsará el Gobierno algunas de las medidas que se habían barajado, como el establecimiento de un tipo efectivo mínimo para el impuesto de sociedades o una subida del IVA para la sanidad y la educación privada.
La ATV materializará su cuerpo de agentes tributarios con las primeras diez plazas
La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) trata de dotarse de una estructura similar a la que tiene la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) para procurar sus dos objetivos primordiales «incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y perseguir a todas aquellas personas que de manera intencionada tratan de evadir sus obligaciones fiscales«, tal y como recordó el conseller de Hacienda, Vicent Soler en una de las últimas visitas al organismo autónomo. Para ello, en los próximos meses podrá en funcionamiento el cuerpo de agentes tributarios, un cuerpo que ya se creó en la Ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, conocida como ‘ley de acompañamiento’ de 2019, a la vez que se acordaba el cambio de denominación del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) a la actual ATV, si bien será en este último trimestre cuando se materializará y pondrá en marcha este cuerpo. «Lo que estamos haciendo es revisar el presupuesto que tenemos porque para la creación del cuerpo de funcionariado, estamos bajo el paraguas de la tasa de reposición y de la masa salarial, por tanto vamos a ver qué vacantes tenemos y vamos a transformar parte de esas vacantes en la materialización del cuerpo de agentes tributarios», confirma la directora general de la ATV, Sonia Díaz a Economía 3. Como punto de partida la ATV prevé poder impulsar 10 plazas de este cuerpo. Para cubrir estas primeras 10 plazas se habilitará una bolsa temporal de empleo, igual que se hace para reforzar el personal en la campaña de la renta, mientras la Conselleria incluye a este grupo de agentes tributarios en su OPE (Oferta Pública de Empleo) de 2021, pues no será hasta entonces cuando puedan convocarse las oposiciones. Los candidatos a esta bolsa temporal tendrán que pasar un examen, «una prueba escrita general, sobre todo centrada en la Ley General Tributaria y en función de la misma se hará una baremación», constata la directora. 24 plazas de técnicos tributarios y 9 de inspectores Además recuerda Díaz que los procesos selectivos para el resto de cuerpos tributarios están en marcha, ya que de los 426 puestos de la ATV, actualmente están cubiertos unos 232. Está previsto, según el calendario de Función Pública, que en el primer semestre de 2021 empiecen las pruebas para la provisión de 24 puestos de personal técnico tributario (A2), y de 9 plazas de inspectores de tributos (A1). «Ya están publicadas en el DOGV las convocatorias y estamos perfilando los OTS, Órganos Técnicos de Selección y en el primer semestre empezarán los exámenes de las oposiciones», concreta Díaz. Por su parte, los agentes tributarios de la ATV, al igual que los de la AEAT, complementarán las labores y funciones del resto de cuerpos tributarios logrando la «cuadratura del círculo». Mientras el técnico de tributos colabora en el desempeño de las funciones de gestión, recaudación e inspección de los inspectores, los agentes asumen funciones auxiliares administrativas que por su importancia y especificidad tributaria requieren de este cuerpo especializado. «Por tanto, estos auxiliares (C1) tienen que tener conocimientos y unos principios tributarios para poder desempeñar sus funciones», confirma Díaz. El objetivo final es poder asumir la recaudación ejecutiva propia, ahora delegada en la AEAT, así como asumir la de los entes municipales de la Comunitat Valenciana que quieran avanzar con la ATV en este tipo de servicios a través de convenios. Al tiempo que se hace hincapié en la necesidad de una Agencia Estatal Tributaria de carácter federal que incluya y dé mayor protagonismo de las agencias autonómicas en la política tributaria nacional. Les Corts debatirán reforzar la ATV De momento, este miércoles Les Corts Valencianes debatirán una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSPV-PSOE que apuesta por “reforzar la AVT así como los mecanismos de coordinación con la AEAT para detectar posibles evasores fiscales”. La idea es reforzar el organismo con medios personales y materiales para perseguir entre otros el fraude que genera el ‘dumping fiscal’ de otras autonomías, de ahí la necesidad de reforzar también su propio departamento informático a nivel de inversión en el capítulo VI para hacer contratos con empresas que ayuden a la ATV en sus desarrollos y herramientas para contribuir a la lucha contra el fraude. Tal y como explica el portavoz de Hacienda del grupo socialista en Les Corts, José Muñoz, “es necesario reforzar los recursos del organismo valenciano para detectar las fugas ficticias de empresas y ciudadanos que cambian su domicilio fiscal a otras comunidades para pagar menos impuestos”. Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana Por otro lado, respecto al Observatorio Fiscal, constituido el pasado mes de septiembre, se reunirá a finales de noviembre para celebrar su primera sesión técnica para ir debatiendo en la mejora de la gestión de los tributos de los valencianos.
Caiba se rebela ante la prohibición de vender aceite de oliva virgen en botellas de plástico
La empresa valenciana Caiba, el mayor diseñador y fabricante nacional de preformas y envases PET para los principales sectores de consumo con una cartera de más de 800 clientes que incluyen las principales compañías del sector de alimentación y bebidas e higiene personal y del hogar, pone de manifiesto la nueva «vuelta de tuerca» que supone para el sector de los plásticos, y para la industria agroalimentaria, en general, la norma de Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra que prepara el Gobierno y que se une al anunciado impuesto a los envases no reutilizables que está poniendo en un brete a más de una compañía. Tal y como explican desde Caiba a Economía 3, el pasado mes de junio el Ministerio de Agricultura introdujo nuevas modificaciones en el “Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva”, la más reseñable: la prohibición de envasar los aceites de oliva virgen extra en formatos de PET o plásticos. Con apenas siete días para presentar alegaciones o argumentos para rebatir la propuesta, la valenciana Caiba –participada en un 75% por el fondo de capital riesgo Nazca y bajo la gestión de la familia Baños desde su fundación en 1955–, fue una de las firmas que presentó alegaciones. «No hay ninguna razón técnica que pueda avalar esta medida, que no se ha parado a valorar los perjuicios que puede ocasionar en la industria, ya que ello podría conllevar a un menor consumo de la categoría virgen extra al encarecerse su precio en el mercado por el mero hecho de estar envasada en cristal», explica Almudena Imbernón, responsable de la dirección de Procesos e I+D+i. «Realmente el producto es el mismo, a nivel de calidad no hay variación, por lo que no le encontramos el sentido, es más, algunos productores ya se están planteando la posibilidad de llevar a envasar su aceite virgen extra a otros países como Portugal para venderlo después en España», advierte. En este sentido hace hincapié en la «incongruencia»: «el productor no puede envasar su aceite de oliva virgen extra en PET en España, pero en España se puede vender este aceite envasado en plástico de otros países, aunque sea de origen español». Además, pone de relieve, que muchos envasadores no tienen sus líneas de producción preparadas para envasar en vidrio, con lo cual tendrían que transformar previamente sus industrias y líneas productivas, «en un momento complicado como el actual». A Caiba la normativa le impacta también de primera mano. En 1998 inauguró una planta en Alcalá la Real, en Jaén, porque quería estar cerca de las empresas aceiteras a las que servía, hoy da empleo a unos cien trabajadores. «Tenemos una planta en Jaén de inyección y soplado, al igual que la de Riba-roja de Túria, muy enfocada a este sector y si esta norma saliera adelante un 30% de la producción o incluso más se vería afectada», explica Imbernón. Caiba fabrica 1.600 millones de envases anuales lo que significan 60.000 tns./año de PET; de ellas, los envases fabricados para el aceite virgen extra y orujo, suponen unos 180 millones y 7.000 tns. de PET, el 11.6% del total. Imbernón reitera que no ve razones técnicas para ello y opina que «si cada vez se quiere promocionar más este producto de calidad para que llegue a un mayor número de consumidores, no es lógico pretender encarecer el producto, porque el consumo se retraerá, mientras que otros aceites procedentes de otros países ganarán cuota de mercado». Un impuesto «recaudatorio» Caiba también es líder en desarrollo de integraciones -donde el proceso de soplado se realiza en las instalaciones de los clientes-. Con sede en Riba-roja de Túria (Valencia), una segunda planta en Alcalá la Real (Jaén), y una tercera que adquirió a principios de año en Toledo, logró el pasado año unas ventas de 91,7 millones de euros, un 3,9% por encima del ejercicio anterior y con exportaciones valoradas en 14 millones, un 40% más que un año antes. Con una plantilla formada por unos 200 empleados, reconoce que la crisis del coronavirus ha hecho aumentar su producción hasta un 20%, al incrementarse considerablemente el consumo en los hogares, con crecimientos importantes en categorías como aguas, zumos o productos de higiene o limpieza, con el gel de manos hidroalcohólico como el más demandado. Explica Imbernón que hoy por hoy, el plástico PET (polietilentereftalato) que ellos fabrican, “es la opción más ecológica del mercado”, porque se puede reciclar perfectamente. Respecto al tema del impuesto que contempla el anteproyecto de la ley de Residuos piensan que es una cuestión «meramente recaudatoria, que no tiene justificación técnica ni razonamiento objetivo». «Asumimos que se están buscando alternativas de financiación por la vía fiscal y que el plástico es un blanco fácil. Lo sencillo es decir que el plástico está en los océanos, pero no se hace hincapié en que el problema está en la mala gestión de los residuos, de este y de otros residuos, por tanto, estamos disgustados con esta imagen y este gravamen”. Reflexiona la directiva que el anteproyecto de ley dice «que habrá exenciones al impuesto cuando se utilice material reciclado producido en España, el problema es que, España en este sentido lleva un retraso respecto a Europa de, al menos seis años, ya que, hasta hace tres o cuatro, el uso del material reciclado no estaba permitido en España, solamente para aguas y refrescos, y por tanto, actualmente en España solo hay un fabricante de material reciclado para uso alimentario si nos referimos al PET». «Para uso no alimentario sí que hay más recicladores, pero para contacto alimentario es muy limitado el mercado nacional –continúa– por ello, nosotros ahora mismo estamos utilizando hasta cinco proveedores distintos de PET reciclado a nivel mundial, y la norma nos dice que estaríamos exentos del impuesto si utilizáramos el PET reciclado a nivel nacional, ¿pero cómo lo hacemos si no lo hay?”. Confirma que cada día aumentan su producción con material reciclado, «es una demanda creciente el uso del material reciclado y la mayoría de proyectos que nos entran están relacionados con la incorporación de material reciclado a los envases. El problema es que en España ahora mismo no hay infraestructura industrial para abastecer la demanda, por tanto, lo lógico hubiera sido que antes de poner un impuesto o establecer exenciones, primero se debería haber impulsado y procurado la materia prima”. Por otra parte, tampoco está claro quién va a pagar el impuesto, si el transformador, como Caiba, por las toneladas de plástico que transforma o el envasador, como fabricante de un producto que sabe cuántas unidades pone en el mercado y por ello ya paga «punto verde» por la recogida y gestión de residuos, pero lo que dejan claro unos y otros es que al final de la cadena el impuesto repercutirá en el consumidor.
Sp-Berner se plantea cerrar su fábrica de plásticos monouso por puntilla del impuesto
Sp–Berner, la empresa líder nacional en la fabricación de plásticos industriales y para el consumidor, que fabrica más de 1000 referencias para 46 países y es proveedor especialista de Mercadona desde el año 2002 en su línea de limpieza (escobas, mangos, cubos, pinzas…), cuidado personal (peines y cepillos de dientes), así como menaje (herméticos y monousos), se plantea cerrar una de sus fábricas dedicada exclusivamente a la producción de monousos (platos, cubiertos y vasos). Estos productos directamente afectados por la Directiva Europea que prohíbe la comercialización de gran parte de ellos a partir del próximo mes de julio, se ven ahora impactados de lleno con el anunciado impuesto a los plásticos no reutilizables que prevé el Gobierno en su anteproyecto de la ley de residuos. Fundada y dirigida por la familia Escarpa con casi 55 años de trayectoria en el sector de la transformación del plástico mediante inyección y termoconformado, Sp-Berner admite que baraja esta medida, que afectaría a unos 50 empleados «como último recurso», «aunque en ningún caso la compañía se plantea despedir a nadie», deja claro a Economía 3. «Es algo que está sobre la mesa, pero estamos intentando plantear alternativas como evolucionar la producción a productos reutilizables, algo en lo que ya llevamos trabajando mucho tiempo. Estábamos pendientes de la evolución en la fabricación de los vasos de plástico, pues la directiva en ese caso no habla de prohibición sino de reducción, pero con el nuevo impuesto –que nos afecta de lleno ya que solo es posible su fabricación con materiales vírgenes para el contacto alimentario– el impacto será muy importante«, reconoce Alberto Forte, responsable de I+D de la compañía. Sobre cuánto podría encarecerse la producción por la nueva legislación que prepara el Ejecutivo explica que se establece un gravamen de 450 euros/tonelada y que teniendo en cuenta que el precio del polipropileno está en torno a unos 1.000-1.100 euros tonelada, puede repercutir entre un 25-30% en el incremento de los precios, en este caso de los vasos. Añade Forte que SP Berner apuesta por el reciclado desde hace más de una década, de hecho pone en el mercado más de 12.000 toneladas de plástico reciclado con sus propios desarrollos: «el reciclado es un recurso más de nuestra producción, pero a nivel legislativo, en todo lo que se refiere a contacto alimentario se prohíbe el reciclado, excepto en un único caso que es muy limitado en cuanto a propiedades de resistencia de temperatura y otros». «Pero nosotros hemos planteado todos los desarrollos a nivel de I+D con productos compostables, y como digo siempre ha habido negativa por parte de las Administraciones, de hecho la directiva europea lo prohíbe expresamente salvo en el caso del PET reciclado como mencionaba». Un lobby que carga contra el plástico «Nos da la sensación -añade- de que hay un lobby más fuerte que el plástico que está empujando en otra dirección y por eso este impuesto carga directamente contra el plástico y no contra otros materiales sustitutivos como la pulpa de maíz, el bambú, el cartón o papel… dando lugar asimismo a primar las importaciones a costa de la producción nacional«. Opina el experto, que se «está dando más valor a las importaciones de productos asiáticos, que en algunos casos no sabemos muy bien por qué regulación se rigen, y siempre se trata de productos mucho menos regulados que el plástico y no a una industria que ha demostrado sobradamente su alta seguridad alimenticia». Reconoce que la estrategia de la compañía no pasa por reorientarse a alguno de estos «nuevos productos» que ahora compiten con el plástico: «Nuestra apuesta seguirá siendo el plástico porque nos parece la solución más ecológica y con mayor recorrido, ya que hay que recordar que el plástico es perfectamente reciclable cosa que no está tan clara en otros productos que se están poniendo ahora en auge y ello sin tener en cuenta los consumos energéticos necesarios para su producción y el uso mismo del recurso que es muy superior al del plástico», subraya el responsable de I+D. Con la puntilla que supone el nuevo gravamen están en juego unas ventas solo en monousos que, hasta la fecha, venían a suponer unos 4 millones de euros, si bien reconoce el directivo el descenso progresivo de las mismas desde la aprobación de la Directiva ya que los retailers, entre ellos la cadena de distribución Mercadona, «han ido sacando fuera de sus lineales gran parte de esta producción direccionando su política de venta por esta corriente sistemáticamente negativa contra el plástico». Vajillas reutilizables En estos momentos estudian cómo resolver la situación, y trabajan para poner en el mercado, en lugar de monousos, vajillas reutilizables: «Estamos centrándonos en ingeniería de diseño e ingeniería verde y en el estudio de propiedades. De hecho, hemos trabajado en el seno de Anaip en el desarrollo de una normativa en la cual, hemos definido las características que tendrían que tener estos productos reutilizables basadas en los diferentes usos y ciclos de lavado en lavavajillas para que realmente se puedan utilizar varias veces. Nuestro objetivo es poder reorientar la producción y no tener que cerrar la planta, pero no nos lo ponen fácil», lamenta. La compañía cuenta con 5 plantas productivas – Sp Berner y Berner en Aldaia (Valencia), Spalex en Chiva (Valencia) y Suzhou (China) – y dos almacenes logísticos de los que salen 17.000 camiones anualmente. Estas instalaciones que podrían verse afectadas en concreto se ubica en el interior de la planta de Aldaia que en su totalidad integra a unas 700 personas. En su conjunto, la empresa emplea a más de 900 trabajadores y cerró el ejercicio de 2019 con un volumen de negocio de 153,6 millones de euros. Las ventas se centra en 4 grandes áreas estratégicas: La primera es la División de Consumo donde se incluyen artículos de limpieza, menaje hogar, ordenación y cuidado personal; la segunda, la División Mueble de Jardín y Publicitario, que congrega mobiliario de jardín, artículos de camping y mueble publicitario; la tercera es la División Industrial, que ofrece soluciones logísticas (cajas, pallets, flejes de plástico) y taponería para los sectores de alimentación, droguería y perfumería; y finalmente la cuarta área estratégica de Recycling de plasticos. Para el recycling (economía circular) ha implementado en su planta de Aldaia tecnología puntera «y en 2016, decidimos desarrollar una línea de jardín totalmente sostenible. El objetivo fundamental es lograr reciclar 35.000 toneladas de plástico, que es la misma cantidad de kilos que transformamos cada año». En estos momentos, el 30% de la producción se dedica a la exportación, siendo Europa el principal cliente seguido de China, las dos Américas y África del Norte.