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La Agència Tributària Valenciana hace aflorar 101,2 millones de fraude fiscal en 2019
La actuación de la Agència Tributària Valenciana (ATV) contra el fraude fiscal ha permitido recuperar 101,2 millones en la Comunitat Valenciana, en 2019, según las primeras estimaciones de este organismo. De ellos, un total de 85,36 millones se corresponden con las actuaciones de los Departamentos de Gestión e Inspección, en referencia al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones, Donaciones y Actos Jurídicos Documentados que suman 74,6 millones y 10,7 millones al Impuesto de Patrimonio; mientras los 15,89 millones restantes corresponden a la acción del departamento de Recaudación. “Nuestro objetivo es incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y perseguir a todos aquellos que de manera intencionada tratan de evadir sus obligaciones fiscales, ya que eso perjudica a toda la sociedad”, ha indicado el conseller de Hacienda, Vicent Soler a la espera de los resultados definitivos del informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda y Función Pública que se emitirá en breve. “No podemos olvidar que con los impuestos que pagamos todos se financian los servicios públicos fundamentales de los valencianos: la sanidad, la educación y los servicios sociales”, ha afirmado el conseller. Sucesiones, Donaciones, Transmisiones y AJD Con respecto al impuesto de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los programas asociados a regularizar la aplicación indebida de los beneficios fiscales, la presentación de autoliquidaciones fuera de plazo, la comprobación de valores y la aplicación indebida de tipos impositivos han obtenido unos ingresos de 65 millones. A esto se le suma el Plan de Actuación de Protocolos No Autoliquidados (PAPNA), que tiene como objetivo detectar a aquellos ciudadanos que tienen la obligación de realizar autoliquidaciones y no las han presentado. Las actuaciones desarrolladas en este marco han permitido obtener ingresos de 8 millones de euros. Impuesto de Patrimonio: actuaciones intensivas y extensivas Por su parte, el Plan de Choque contra el fraude fiscal en el Impuesto de Patrimonio, puesto en marcha hace ahora 4 años, «está dando muy buenos resultados», indica el titular de Hacienda. Se inició en 2016 y permitió recuperar 5,2 millones, y en 2019 la cifra que se ha recuperado ya alcanza los 10,7 millones. Además, se ha comprobado que se han presentado autoliquidaciones extemporáneas, como efecto indirecto a las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal por valor de 3,10 millones. En este tributo la Agència Tributària Valenciana combina dos tipos de actuaciones, las extensivas y las intensivas, para una mayor eficacia de su actuación. Las primeras se realizan en masa con el fin de someter a control las declaraciones que presentan los obligados tributarios mediante el cruce de información y la verificación de datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El objetivo es detectar y corregir los incumplimientos tributarios reiterados y de menor gravedad y complejidad. Por su parte, las actuaciones intensivas, que lleva a cabo el Departamento de Inspección Tributaria, están dirigidas a descubrir, regularizar y reprimir las formas más graves y complejas de fraude tributario, así como a comprobar en profundidad el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. “En los últimos años el peso relativo de las actuaciones extensivas se está reduciendo por la presentación voluntaria que van realizando los contribuyentes”, ha indicado Vicent Soler. Dumping fiscal “En cambio, las actuaciones intensivas cada vez tienen mayor peso, especialmente por los expedientes relacionados con el ‘dumping fiscal’, que aparecen cuando los contribuyentes realizan traslados ficticios de residencia a aquellas comunidades con beneficios fiscales o bonificaciones. Estas actuaciones se realizan con la colaboración de la AEAT a través de los datos de tramitación de expedientes de cambio de domicilio”, ha explicado el conseller, quien pone en el punto de mira a Madrid cada vez que lo denuncia públicamente. “Los casos de ‘dumping fiscal’ son especialmente graves porque, además, producen un doble efecto; el primero en relación con los tributos cedidos que gestionan las CCAA (Sucesiones, Donaciones, Patrimonio) y el segundo sobre la recaudación del IRPF, una de las bases sobre las que se calculan las transferencias del sistema de financiación autonómico”, ha explicado la directora de la ATV, Sonia Díaz. ¿Cómo se persigue el dumping fiscal? “La labor inicial de la ATV es de investigación, la búsqueda de indicios de la vida cotidiana que conduzcan a iniciar ese procedimiento de verificación de cambio de domicilio; tarjetas sanitarias, gastos en farmacia y lugares de presentación de recetas, consumos eléctricos, incluso, visitas al domicilio ficticio para comprobar si está habitado de verdad”, ha indicado la directora de la ATV.
Utor: «El sector turístico no se ha tenido en cuenta, ni en discursos ni en actuaciones»
Adolfo Utor, presidente y consejero delegado de Baleària y Carlos Bertomeu, presidente ejecutivo de Air Nostrum han reclamado la necesidad de la vuelta a la actividad del sector turístico y de la movilidad, íntimamente relacionados, «conciliando la percepción de seguridad con modelos de negocio rentables: no puede viajar un avión con el 50% de la ocupación, ni un tren, ni siquiera un barco o un hotel», ha lamentado Bertomeu en el encuentro #Salvemos al turismo organizado por Grupo Hotusa. Tal y como ha recordado el dirigente de Air Nostrum, el turismo representa un 12% del PIB y un 13% del empleo en España «y en estos momentos, de los cerca de 140.000 millones que aportábamos al PIB, hay estimaciones de que van a desaparecer entre 90.000 y 120.000 millones, es decir estamos jugándonos casi 10 puntos porcentuales del PIB». De hecho, ha llegado a calificar la situación de “devastadora”, “no nos hubiéramos imaginado ni en la peor de las pesadillas una situación de 0 ingresos”. Admite el presidente ejecutivo de la aerolinea que están “noqueados”, pero «muy activos y con la responsabilidad de guiar las políticas que están marcando nuestro regreso a la actividad que, por cambiantes y no sé si por no estar lo suficientemente bien pensadas, explicadas o ambas, están añadiendo desconcierto en un momento en el que España se juega mucho”, ha incidido. Por su parte, Utor ha reconocido que en esta “crisis sufrimos todos, pero unos más que otros, incluso dentro del propio sector turístico, donde nos hemos visto afectados de lleno”. Respecto al transporte marítimo de mercancías ha manifestado que ha mantenido cierta actividad, «incluso costándonos más mover los barcos que tenerlos parados”. Pero a su juicio, la situación se ha ido agravando y el gran problema ahora es el de la solvencia, «¿en qué situación van a quedar las empresas?», se ha preguntado. Cree el empresario que la nueva normalidad “se complica”, porque nos enfrentamos a una recesión económica que conllevará una contención de la demanda y por otra parte, empresas más endeudadas, “un horizonte que podrá poner en riesgo buena parte del sector”, ha dicho. De todas las crisis se aprende Aunque ambos empresarios han reconocido ser optimistas por naturaleza, según Utor, “hay que rebajar y ponderar el optimismo con el que se habla de la reactivación”, “lo importante es ponerse a trabajar cuanto antes”. Entienden que “es una buena señal que vayamos a ponernos en marcha, y de este modo seguiremos ocupados, pero ahora sí, con retornos, porque hasta ahora el sector no ha tenido”. Lo evidente a su juicio es que “ha habido un despertar hacia la necesidad de esa movilidad en condiciones de seguridad, al evidenciarse que de esta situación o salimos todos o no saldrá nadie: La economía no puede seguir en este grado de paralización, se tienen que abrir fronteras entre provincias, entre comunidades e inmediatamente con Europa”, ha reiterado. Críticas a la gestión Carlos Bertomeu ha destacado que España es una gran potencia turística, gracias a que una “generación de gestores del turismo en España” ha sabido forjar “un sólido producto turístico”, gracias a ingentes inversiones públicas y privadas y a los recursos y atributos que atesoramos (gastronomía, oferta cultural…). “Pero lo que me preocupa -ha matizado- es que no estemos liderando las decisiones y medidas que impulsen la recuperación del turismo en Europa, siendo el país que más criterio y know how puede tener en la materia y jugándonos lo que nos jugamos con ello”. Además, Bertomeu ha dicho sentirse «irritado«, porque en el ámbito doméstico, el argumento que han tenido que esgrimir ante los dirigentes políticos ha sido: “fíjense en qué están haciendo otros mercados, para ver si nosotros hacemos algo -haciendo referencia a la apertura de fronteras o a la cuarentena a los turistas, ha citado como ejemplos-«. Cree Bertomeu que ha habido “ muchas, demasiadas e inoportunas declaraciones que restan; algunas neutras (inexplicables con la importancia que debía darse al sector), y de las que suman, tendría que hacer un ejercicio para recordar alguna». Concreta Utor que “si hablamos de comunicación al servicio del sector turístico esta ha sido nefasta, fundamentalmente porque no se ha tenido en cuenta ni en los discursos ni en las actuaciones”. Lamenta que no haya habido medidas específicas para el sector de la movilidad -para Baleària el pasaje representa casi el 60% del negocio-, aunque reconoce el acierto de los mecanismos de liquidez y los ERTE. “La realidad es que no hay economía sin salud, ni salud sin economía”, ha añadido Utor, quien entiende que “se debía haber contenido la crisis sanitaria, al tiempo que manteníamos viva la economía”. Conciliar seguridad y negocio “En este tiempo hemos tenido 12 barcos trabajando que han albergado a miles de conductores de mercancías y personal de operaciones, y no hemos tenido un solo contagio”, ha expuesto el empresario alicantino. “Frente a la campaña del miedo efectiva durante el confinamiento, debemos comunicar ahora nuestro esfuerzo por garantizar la seguridad (siendo absolutamente diligentes en los medios y las normas) pero sin cargarnos nuestro modelo de negocio, ya que aviones, trenes, hoteles y barcos tienen que tener la densidad que tienen para ser rentables”, ha añadido Bertomeu. Reconocen ambos ponentes que España ha perdido imagen y seguridad, a raíz de la pandemia, incluso Utor ha hablado de “hipoteca reputacional”, pero creen que se levantará con éxito “gracias a nuestras fortalezas que son innegables”. Amancio López, fundador y presidente de Grupo Hotusa ha clausurado este encuentro que tendrá sus próximas convocatorias el día 2 y 11 de junio, para pedir flexibilidad en los ERTE.
La Generalitat abona ya desde este jueves las ayudas a los autónomos
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado como adelantaba este medio hace unos días, que el Consell ha empezado este jueves a pagar las ayudas comprometidas a autónomos cuya actividad se vio comprometida por la pandemia, en concreto «57 millones de euros que llegarán a unas 60.000 personas, una cifra mayor que en ninguna otra autonomía». Puig ha apuntado que cerca de 478.000 trabajadores han cobrado ya las compensaciones por haberse visto afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha admitido que «faltan unas 25.000, pero cobrarán esperamos que a antes que pueda acabar este mismo mes» y ha defendido que «el objetivo es mantener la capacidad de renta de los trabajadores». Durante la sesión de control al president del pleno de Les Corts, ha subrayado que la Comunitat Valenciana «es la región que más ha crecido en gasto sanitario en los últimos cuatro años» y ha añadido: «Ese es nuestro plan: reforzar el estado del bienestar», al tiempo que se ha comprometido a escuchar «todas las propuestas» en el proceso de reconstrucción. Por otra parte, ha anunciado que la próxima semana convocará a los presidentes de las tres diputaciones y a alcaldes de las principales ciudades con el objetivo de que «el pilar institucional sea también fundamental en la salida de la crisis». Víctimas en geriátricos Desde la oposición se le ha inquirido al president por las victimas de la pandemia, principalmente por los 532 fallecidos en residencias y por los 786 trabajadores sanitarios contagiados o los hospitales de campaña “acabados y embalados para otra ocasión” . Según la oposición un 57% de los residentes en geríatricos no fueron trasladados a centros hospitalarios a pesar de padecer el corovirus y ha mantenido que esta Comunitat ha estado a la cola de la realización de PCR, lo que significó, entre otras cuestiones, la negativa del Ministerio a pasar de fase. Según los datos aportados por la consellera de Sanidad, ha habido 2.619 hospitalizados por COVID-19 en las residencias de la Comunitat desde los 70 a los 94 años. De estas personas, 251 ingresaron en las UCI (9,6%). Además, tal y como ha indicado Ana Barceló, han tenido que ser hospitalizados por otras patologías 24.416 residentes de esta franja de edad, de estos residentes, en UCI ingresaron 1.766 (7,2%). «Lo que se ha valorado ha sido el criterio clínico para determinar si una persona tenía que estar o no en la UCI, solo el criterio clínico«, ha recalcado la consellera. Asimismo, Barceló ha destacado el esfuerzo “descomunal” del Consell por dotar de suministros y material a los sanitarios y ha vuelto a pedir disculpa. Su intención ha dicho es haber dado “la mejor respuesta” posible aunque haya podido haber “insuficiencias”. Por otra parte ha añadido que ha habido muchos bulos durante esta crisis, y que la conselleria no se ha manifestado al respecto: «Cuando acabe esta pandemia daré mi opinión. También responderé ante la justicia, no hay problema, daré cuenta de mi gestión», ha asegurado. Sanidad publica los datos por municipios del coronavirus Por su parte, el president de la Generalitat, ha asegurado que la Conselleria de Sanidad publicará a lo largo de este jueves los datos de la afección por la COVID-19 por municipios. En su respuesta, al síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, quien ha reprochado que «la Generalitat no tuvo matrícula de honor para pasar a la fase 1, sino un suspenso», Puig ha insistido: «Cumplimos escrupulosamente todo lo que el Ministerio había dicho». «Todo es todo. Si luego cambiaron de opinión es su problema. Teníamos más camas hospitalarias de las que pedían, teníamos UCI y todo lo planteado -ha defendido el president-. Es cierto que el Ministerio cambió de opinión sobre los PCR. Desde entonces somos la comunidad que más ha crecido en PCR, lo ha dicho el propio Ministerio», ha concretado el president
Galán (Renta 4): «Es muy difícil perder dinero en bolsa con los precios actuales a 3-5 años»
Cerca de 4.000 inversores han seguido en directo la primera edición del evento Renta 4 Gestora Investor’s Day 2020 a través de su canal de YouTube. En total 4 mesas redondas en dos jornadas para abordar las perspectivas de la Renta Variable Europea; la RV Global; la Renta fija; y los Fondos Mixtos y de Retorno Absoluto, donde los inversores han podido plantear sus preguntas directamente a los protagonistas de las jornadas. Economía 3 habla con Javier Galán, gestor de Gestor Renta 4 Bolsa FI y Renta 4 Valor Europa FI, quien nos explica la filosofía de estos fondos y las perspectivas de la RV tras las abultadas caídas a raíz de la crisis sanitaria. – ¿Cómo se han comportado estos fondos que gestionas que hacen referencia a renta variable española y europea? – En general los fondos de Renta 4 Gestora han tenido un buen comportamiento tanto en términos de rentabilidad como de volatilidad en los últimos tres años, porque ya no nos acordamos que 2018 fue también un año complicado. En concreto, Fondos Renta 4 Bolsa y Renta 4 Valor Europa, lo han hecho un 20 y un 40% mejor que la competencia en estos últimos diez años. La clave está en no tener exposición en sectores que lo están pasado mal en un escenario de deuda y tipos de interés negativos. Por el contrario, hay empresas y sectores que prácticamente no tienen impacto negativo como el del consumo de primera necesidad o el de tecnología, con un impacto incluso positivo. En estos momentos, si las bolsas europeas están cayendo entre el 25-30%, los fondos que gestionamos están cayendo en torno al 15%. Esto quiere decir que si este es el punto más bajo, cuando empiece la recuperación, la empezaremos mucho más arriba, es decir, vamos a recuperar mucho más rápido que otros fondos o índices que están mucho más expuestos a sectores más cíclicos o con problemas estructurales. – ¿Bajo qué filosofía de inversión estáis operando? – Es muy clara, damos menos peso al valor (value) y mucho más peso a la calidad (quality) de las compañías en las que invertimos (más del 60% de la cartera se orienta a la calidad, lo que la hace mucho más resiliente). Si nos fijamos en cómo se ha comportado una y otra filosofía en los últimos 20 años, vemos que la calidad ha respondido un 150% mejor que el value investing. Nuestro objetivo es tener un retorno por encima de la media de una forma recurrente. No especulamos ni invertimos a corto plazo, siempre lo hacemos en el largo plazo y por ello tenemos valores que llevan más de 20 años en cartera. Comprar acciones de calidad es cierto que suele ser más caro, pero también suelen ser mejores compañías. – Para analizar, conocer y estudiar esas empresas, ¿en qué os fijáis? – Es importante la historia, una compañía que durante 20 años ha demostrado crecimiento en beneficios, márgenes elevados, elevado retorno sobre capital, pago de dividendo estable, tiene más probabilidades de mantener esa tendencia en el futuro, y sin embargo, otras compañías que no hayan sido capaces de tener un crecimiento estable, etc. es más probable que sigan sin hacerlo. Buscamos sobre todo empresas que estén inmersas en tendencias estructurales positivas, por ejemplo, si demográficamente la población mundial va a crecer, sectores globales como consumo o salud, se verán beneficiados, sin embargo, hay que evitar empresas con disrupciones más marcadas, como puedan ser las del sector bancario, las telecomunicaciones… porque te das cuenta que, a poco que cambien las cosas, se van a quedar con una tarta del negocio más pequeña. – ¿Y cómo decidir si una empresas está cara o es el momento de entrar? – Hicimos un ejercicio en el que analizamos a cuánto estaban cotizando por valoración Inditex, Sabadell, Amadeus y Telefónica, hace 10 años. Inditex y Amadeus cotizaban a 18 veces PER, es decir diríamos que estaban caras y Sabadell y Telefónica a 8 veces beneficios, con lo cual diríamos que estaban baratas. Después de 10 años, tomando como referencia los beneficios que han tenido en 2019, podemos decir que Inditex y Amadeus han hecho crecer su beneficio, mientras las otras dos lo han hecho caer. El resultado: estaríamos comprando Telefónica a 25 veces beneficios y Sabadell a 18 veces PER, mientras las otras dos a 4 y 6 veces PER. Es decir, el beneficio ha crecido tanto en estas dos últimas compañías que ha hecho que estuvieran muy baratas lo que aparentemente estaba caro. – ¿Y será posible recuperar precio por ejemplo en Telefónica donde han invertido muchos pequeños ahorradores? – Yo creo que este tipo de compañías están muy baratas y en algún momento tendrán que tener algo de recuperación, pero es cierto que si hay problemas estructurales, y existe mucha dificultad para generar beneficio, es más complicado y dependes más de un rebote de los mercados (porque sorprenda un trimestre de buenos resultados, porque esté sobrevendido…). Por tanto, siempre conviene a un inversor estar invertido en ganadores, en empresas que tienen mucha visibilidad, poco riesgo, y en las que el tiempo corra a su favor, porque cada vez el negocio va a ser más grande. – ¿Qué esperáis de los mercados pensando en el futuro? – En el futuro esperamos un comportamiento mejor que en los últimos tres años. Porque si analizamos los registros históricos las bolsas española, europeas y americana han dado en los últimos 30 años una rentabilidad anualizada entre el 7 y el 10% (teniendo en cuenta que ha habido 6 recesiones), lo que supone entre un 700% de revalorización y un 2.500% (que hace más referencia a los índices americanos más enfocados a tecnología). Pero incluso España, incorporando los dividendos ha tenido retornos muy razonables, sobre el 7% anualizado. Por tanto, para los próximos años esperamos lo mismo. No hay que olvidar que el motivo por el que suben las bolsas es porque se generan más beneficios y para que esto ocurra se necesita que haya algo de inflación, que la demografía sea creciente y que la productividad se incremente. Y creemos que estas tres variables seguirán ayudando a que los beneficios sean crecientes en los próximos años. Estar invertido en aquellos que van a ser capaces de hacer crecer el beneficio es lo crucial. – ¿Cuándo pensáis que se puede recuperar este paréntesis que vivimos por la pandemia? – Hay empresas que lo han recuperado ya, tecnología y salud están ya en máximos de 2019, a otras, en cambio, les va a costar mucho más, por ejemplo todo lo que tenga que ver con turismo. Pero con la mal llamada gripe española de hace 100 años, en dos años se había recuperado todo. – ¿Y en el caso del petróleo, cómo lo veis? – Nosotros tenemos bastante exposición al sector de materiales, más a materias primas (hierro, cobre..) que a petróleo, pero a este también (en el fondo España nuestra principal posición es Repsol). En este caso, nuestra tesis de inversión (que en este caso es valor) nos dice que se ha producido una tormenta perfecta: no ha llegado a un acuerdo la OPEP, las economías se han cerrado, los aviones y barcos (mas o menos el 40% del consumo energético del mundo) no han registrado demanda, etc. Es lógico que se hayan colapsado estos valores, aunque hayan recuperado ya una parte importante. Nosotros creemos que es insostenible que los precios del petróleo estén por debajo de 30 dólares de manera sostenida, de hecho si cae la oferta subirá el precio a la misma demanda. Creemos por tanto, que hay una oportunidad de retornos muy elevados para inversores pacientes, sabiendo que empresas como Repsol que a 35 dólares el petróleo ya ganan dinero a 60 dólares el barril ganarían el doble. Además de Repsol, tenemos Ferrovial, Vicofarm, Inditex, Grifols, Amadeus, compañías que llevan décadas creciendo, que tienen un balance muy sólido y que creemos que van a recuperar muy rápidamente los beneficios cuando se acabe la crisis. – Hablas de inversores pacientes, el cuándo es lo que no se sabe… – Exacto, pero lo que está claro es que todos los proyectos de inversión en pozos petrolíferos se han paralizado, por lo que en algún momento de los próximos años no habrá bastante producción, porque no ha habido inversiones y la demanda se irá recuperando. Creemos que ese efecto se va a notar en menos de dos años y los precios subirán. – ¿Y en el caso de las materias primas que también viven momentos complicados? – La tesis de inversión es muy parecida a la del petróleo. Hay que tener en cuenta que se han cerrado dos meses las fabricas de automóviles donde ArcelorMittal, por ejemplo, concentra el 40% de sus ventas, de ahí la caída del beneficio, la ampliación capital anunciada… El sector de materiales, ArcelorMittal, Acerinox y Aperam tienen una ponderación importante en el Fondo de Renta 4 Bolsa, sobre un 7,5%, y si englobamos también celulosa (con Ence) y el petróleo tenemos casi el 16%. Pero somos optimistas en su evolución. – ¿Por qué? – Creemos que tienen un potencial elevado si no tienen un problema de deuda, de viabilidad (un problema que quizás pueda darse en las aerolíneas o el sector hotelero, si la crisis dura mucho y hay problemas de liquidez). En el caso de las materias primas creemos que no tienen un problema de liquidez, y que son son rentables con precios de las materias muy bajos… con lo cual el potencial es muy elevado, aunque con ello no decimos que no están exentas de riesgo, porque todas ellas son compañías cíclicas. – ¿Qué recomendaciones han hecho a los inversores? – Principalmente que el corto plazo es muy engañoso, si nos fijamos solo en el corto plazo vamos a cometer muchos errores: solo hay que ver que en marzo, los mercados se hundieron casi un 40% y en abril recuperaron más de la mitad de lo que perdieron en marzo. Yo recomendaría estar diversificado y si no se tiene un patrimonio muy alto, lo mejor es invertir a través de ETF o fondos y tener un horizonte temporal lo más largo posible: a 3-5 años es muy difícil perder dinero en renta variable con los precios actuales, tendríamos que irnos a un escenario muy catastrófico. La probabilidad de estar invertido en bolsa y ganar dinero a 3-5 años es superior al 80%. Y recordaría que se suele incrementar la rentabilidad si en momentos de incertidumbre (“rebajas” como los vividos en marzo) aprovechamos para comprar. Pero lo cierto, es que el inversor en esos momentos, en lugar de comprar suele vender (y si lo analizas, realmente es justo lo contrario de lo que hacemos cuando hay rebajas en el resto de cosas cotidianas de nuestra vida).
«Afín SGR está aprobando casi el 60% de las operaciones, más de 22M en 260 solicitudes»
Desde el primer día, Afín SGR, Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana ha buscado dar la mejor respuesta a las necesidades actuales de autónomos y pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia. De este modo, no solo está procurando atender las necesidades de inversión (compra o reforma de nave o local comercial, traspaso de negocio, adquisición de concesiones administrativas e inversión en activos productivos, entre otros), si no, también de circulante, provocadas por falta de liquidez o desfases de tesorería de esta crisis social y sanitaria. Desde Economía 3 hablamos con su directora general, Cristina Alemany, que nos explica cómo están sobrellevando este incremento de la demanda: – Afín SGR ha ajustado de manera excepcional las condiciones para la concesión de vuestro aval a las pymes y autónomos, ¿en qué sentido? – Afín SGR era consciente de que debía rebajar las condiciones para la concesión de su aval atendiendo las complicadas circunstancias que viven empresas y autónomos. Por eso, en primer lugar, ampliamos el perfil del beneficiario y decidimos estudiar el riesgo de la operación atendiendo la posición del interesado -pyme, microempresa o autónomo- justo antes del decreto de Estado de Alarma. Asimismo, conscientes de las incertidumbres que existen para situar la vuelta a la normalidad, Afín SGR decidió avalar el circulante que necesitaría la empresa en los 6 meses posteriores a la declaración del Estado de Alarma. Esto incluye los gastos de alquiler de locales, los gastos comerciales, de consumibles, de personal o de servicios externos, por ejemplo. Además, para las línea de circulante hemos incluido un año de carencia y eliminado la exigencia de garantía real que existía para determinados perfiles de riesgo. Se multiplica por 6,5 veces la demanda – Desde que se promulgó el Estado de Alarma podría concretarnos cómo ha aumentado el número de solicitudes de aval, tomando como comparación el mismo periodo del mes o del año anterior… – Los datos hablan por sí solos. La demanda se ha multiplicado por 6,5 veces respecto a las cifras del ejercicio anterior. Al poco de declararse el Estado de Alarma creamos canales de urgencia y protocolos para agilizar el estudio y tramitación de operaciones, incluso reforzamos el equipo. Con todo, hemos conseguido aprobar operaciones a un ritmo excepcional. – Y en concreto de estas demandas, ¿cuántas operaciones se han formalizado o cuántas empresas se han beneficiado? – De media, de las solicitudes prefactibles, es decir, las que cumplen con unos requisitos mínimos -acordes con el criterio del Banco de España- para ser atendidas, Afín SGR está aprobando alrededor del 60% de las operaciones. Si el 30 de abril habíamos superado los 12,5 millones de euros en resoluciones favorables, el 20 de mayo alcanzamos los 22 millones de euros. En total, más de 230 operaciones. – Podría decirme por sectores, ¿cuáles están siendo los más beneficiados por el momento? -Hay mucha heterogeneidad. La demanda está muy diversificada, es fiel reflejo de nuestro tejido empresarial. El dato más revelador está en la media de avales aprobados, que ronda los 80.000 euros, lo que evidencia que la mayoría de las operaciones procede de microempresas y autónomos. – ¿Es la banca el principal catalizador de operaciones o debido al impulso de líneas del IVF se han recortado posiciones? – El ejercicio anterior la banca se configuró como nuestro principal proveedor de operaciones, llegando a representar cerca del 40%. Sin embargo, este año quizá esa cifra se reconfigure dado el repunte de solicitudes atraídas por las alternativas que ofrece el sector público, especialmente el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Habrá que verlo al final del año. En cualquier caso, nuestra estrategia de negocio se asienta en el desarrollo de cuatro grandes canales comerciales, para no tener dependencia exclusiva de ninguno: nuestros canales propios, especialmente los del entorno digital (web, perfiles sociales, campañas, etc.), las entidades de crédito, los despachos profesionales y asesores financieros y, por último, el canal de financiación público, entre los que destaca el IVF. Intermediarios independientes – ¿Qué ventajas o aspectos favorables puede destacar tanto a la hora de trabajar con las entidades financieras como con el IVF? – La financiación privada y pública son complementarias y cada una se ha desarrollado tratando de adaptarse lo mejor posible a las múltiples situaciones que puede presentar una empresa o autónomo. Afortunadamente, el mercado es rico en alternativas y surgen nuevas vías para financiarse, como por ejemplo, el crowdlending, modalidad con la que también estamos trabajando. Por eso creo que la respuesta a tu pregunta será distinta dependiendo de las circunstancias del destinatario de la financiación. Es el cliente el que escoge con qué entidad, pública o privada, prefiere trabajar según su necesidad. A veces elige, entre las distintas alternativas que ofrece el mercado, valorando el coste, otras el plazo o las condiciones. Para nosotros, como intermediarios, lo importante es identificar qué es lo que más le puede convenir al que busca financiación. Y en eso, más allá de la concesión del aval, también ayudamos y mucho, porque somos independientes.
CaixaBank apunta al 35% de paro con ERTE, desempleados y autónomos con prestación
El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha confirmado este viernes en la junta de accionistas de la entidad, celebrada telemáticamente con un quórum del 66,26% de los accionistas, que a medida que se conocen los datos económicos derivados del impacto de la COVID-19 «ganan plausibilidad» los escenarios «más adversos», que apuntan a una caída del PIB de dos dígitos este año y una recuperación más lenta de lo deseado. “Es importante que no perdamos de vista el dificilísimo entorno económico en el cual nos movemos, y quiero recordar que, si contásemos las personas acogidas a los ERTE, los autónomos que reciben prestación del Gobierno y los desempleados, hablaríamos de tasas de paro del orden del 33 al 35% de la población”, datos históricos de los que este medio se hacía eco con un reciente informe del Ivie. En este sentido, ha asegurado que «estamos ante un choque de enorme magnitud» en el que todavía existen «muchas incertidumbres», y que en el mejor de los casos, “tanto en España como en Portugal estaríamos ante descensos de la actividad muy superiores al de los peores años de la gran recesión», ha declarado. En su opinión, la recuperación económica, dependerá del grado de éxito en la contención del virus, y de la efectividad de las políticas económicas adoptadas. Europa debe compartir gasto Las medidas implementadas hasta ahora, ha dicho, «van en la buena dirección», aunque ha hecho un llamamiento a Europa para que haga «un esfuerzo fiscal coordinado y sustancial» e implemente «mecanismos de compartición del gasto entre países para evitar la distorsión del mercado único». Resumen en E3tv «El acuerdo de Alemania y Francia es muy positivo y sería deseable que saliera adelante«, señaló. La propuesta de estos dos países pasa por crear un fondo de recuperación de la economía europea de 500.000 millones de euros destinado a los países y los sectores más golpeados por el Covid-19, vía transferencias presupuestarias. Pese a las dificultades de la actual situación, Jordi Gual ha querido trasladar un mensaje de «confianza y esperanza» y ha asegurado que en CaixaBank están «preparados para contribuir a la recuperación económica», cubriendo las necesidades de financiación de los clientes, ayudando a quienes más lo necesitan e intensificando su labor social. Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha incidido en que las prioridades de los próximos años pasan por «mantener la posición de fortaleza financiera» que permita seguir apoyando la economía ante la actual crisis sanitaria y económica. Para ello, ha subrayado, CaixaBank parte con una ratio de morosidad «en mínimos«, del 3,6 % en 2019 (un pto. menos que un año anterior), una elevada posición de liquidez, de más de 96.000 millones (que duplican el mínimo regulatorio) y unos «holgados» niveles de solvencia, con una ratio del capital del 12 %. Apoyo frente a la COVID-19 Asimismo ha repasado las principales medidas que desde la entidad se han adoptado para apoyar a la economía real, entre ellas: CaixaBank ha adelantado el abono de las pensiones y las prestaciones de desempleo y ha establecido un plan de atención prioritaria en oficinas para personas mayores. En el ámbito de la vivienda, además de adherirse a la moratoria hipotecaria y de préstamos al consumo planteada por el Gobierno y apoyar la moratoria sectorial, CaixaBank ha condonado durante el estado de alarma el alquiler de las viviendas de su propiedad. Desde el inicio del estado de alarma, CaixaBank ha puesto a disposición de autónomos y empresas el crédito que necesitan, con la gestión de 144.000 solicitudes. Solo a través de las líneas ICO, ya se han gestionado préstamos por más de 12.000 millones de euros. La entidad ha seguido con su labor de voluntariado para atender necesidades de personas en riesgo de exclusión. Por ejemplo, colaborando con la Fundación “la Caixa” en la campaña “Ningún Hogar sin Alimentos”, que ha recaudado más de 2 millones de euros. VidaCaixa y SegurCaixa Adeslas han contribuido con más de 8,5 millones de euros en la constitución de un fondo solidario que asegura al personal sanitario (700.000 personas) de forma gratuita. No habrá ampliación de capital A lo largo de su discurso, ha agradecido en numerosas ocasiones el esfuerzo realizado por el equipo humano de CaixaBank, y la perseverancia de los accionistas, cuyo dividendo este año ha caído un 59%. «La retribución al accionista sigue siendo una prioridad para CaixaBank», ha señalado, pese a haberse visto obligada a reducir el pago correspondiente a 2019 de 15 céntimos a 7 céntimos por acción, lo que implica un pay-out del 24,6% y una rentabilidad por dividendo del 2,5%. CaixaBank ha obtenido el apoyo mayoritario de los accionistas, que han aprobado, entre otras propuestas formuladas por el Consejo de Administración, la reelección como consejera de María Verónica Fisas Vergés y el nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración de Francisco Javier García Sanz. A preguntas de los accionistas, Gual ha insistido en que “no está prevista ninguna ampliación de capital, ni mucho menos, de modo que excluya los derechos de suscripción preferente», si bien se ha probado su autorización como se hizo en 2015 «para estar preparados por si hiciera falta en circunstancias excepcionales». En cuanto a la cotización de la acción, Gual ha reconocido que la crisis sanitaria actual ha penalizado a los mercados bursátiles en general y al sector financiero en particular. No obstante, ha sostenido que “el comportamiento relativo de la acción durante los últimos meses ha reflejado la resiliencia del modelo de negocio y la confianza en la capacidad de la entidad de generar valor a largo plazo”. Compromiso con la Comunitat También a respuestas de los accionistas, Gual ha señalado que la remuneración por consejero, comparativamente con otras sociedades del Ibex, se sitúan en “un lugar muy modesto de este ranking cuando tenemos en cuenta la posición en el mercado y la capitalización del banco», y concretamente, en el caso de su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, «es si cabe aún más acusado, sabiendo que está liderando desde 2014 la entidad con mayor éxito comercial”. Ante la intervención de un antiguo accionista de Banco de Valencia, la máxima representación del banco ha recalcado su compromiso con la Comunitat, donde la entidad mantiene su sede social, y ha recordado que el rescate de la entidad “no fue un regalo”, sino un proceso competitivo abierto liderado por el Frob, y supervisado por la UE, en el que CaixaBank, como ganador, ha permitido dar continuidad al negocio y a la empleabilidad de buena de la plantilla del antiguo Banco de Valencia.
El plan de Ivie: revisar prioridades, eficiencia en gasto y capacidad para generar ingresos
La renta per cápita de un valenciano es hoy un 12% inferior a la media nacional. Esa brecha se explica, en gran parte, por la menor productividad de la economía de la Comunitat, por lo que uno de los pilares del plan de reconstrucción que presenta el Ivie pasa por aumentar el esfuerzo inversor en aquellos factores que pueden hacernos más productivos. «Eso exige reformas estructurales y una decidida modernización del tejido productivo y del sector público, con la mirada puesta en un horizonte de largo plazo», ha explicado Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie, en la presentación del plan. Como respuesta, el president Ximo Puig ha apelado al consenso de toda la sociedad para sellar un gran acuerdo: ‘Nada va a ser fácil si no sumamos todos los esfuerzos’, ha dicho, al tiempo que ha valorado la «receptividad» mostrada por los síndicos de Les Corts en este encuentro. Puig, que ha destacado que, para llegar a una «solución compartida, resulta conveniente partir también de un «diagnóstico compartido«, entiende que se está marcando el itinerario de toda una década, por lo que se ha de pensar «en las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones». E3tv: Hoja de ruta para la recuperación de la Comunitat El President muestra el informe realizado por el IVIE. | Foto: Gva El documento parte de que el impacto de la crisis en la Comunitat será mayor que en España en cuanto a pérdida de renta y empleo, por su especialización en sectores más afectados, como el turismo; por su empleo más vulnerable (trabajadores temporales, con menor formación…) y por la existencia de un tejido empresarial dominado por micropymes y pymes. Asimismo, el informe resalta de nuevo el problema de la infrafinanciación de la Comunitat: «Mantener unos niveles de gasto por habitante en sanidad y educación similares a la media supone un esfuerzo financiero mayor para la Generalitat y reduce sustancialmente los recursos disponibles para el resto de políticas», evidencia. Por ello, Pérez se ha referido a la necesidad de contar con un «horizonte financiero sostenible», y dar solución a una infrafinanciación «tan duradera como injustificada». Evitar un endeudamiento insostenible Aunque a corto plazo la prioridad se centra en aplanar la curva de contagios y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario; sostener el empleo y el tejido productivo; proteger los ingresos de los más perjudicados; y mantener y reforzar la capacidad de pago de las AA. PP.; a medio plazo el Ivie urge a volver a generar ingresos para que puedan seguir funcionando el sector privado y público; evitar el riesgo de un endeudamiento público insostenible; mejorar la seguridad del sistema de salud y de las residencias de ancianos; apostar por la educación en igualdad de oportunidades; e incorporar el conocimiento como palanca básica para ganar competitividad. Al respecto, ha destacado Pérez a preguntas de este medio, que asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, pasa porque los desequilibrios que se reflejan en el déficit no hagan insostenible ese endeudamiento. «Una vez comience la recuperación se ha de saber que el desequilibrio entre ingresos y gastos no puede ser ni exagerado ni permanente, habrá que revisar las prioridades y la eficiencia en el gasto, por un lado, y la capacidad de generar ingresos públicos, por otro, por tanto, viendo de qué fuentes con capacidad efectiva de recaudación pueden venir». Respecto a esta búsqueda de la consolidación fiscal, el president Puig entiende que por una parte es necesario «revigorizar el Estado de Bienestar, siendo más eficientes y promoviendo un crecimiento sano», y por otra, «acompasando los tiempos para esa consolidación fiscal que se tendrá que ir produciendo en los próximos años, somos conscientes de que se debe corregir», ha sentenciado. Si bien entiende Puig, a diferencia de los ajustes que demandaba la Airef, «que si hacemos las cosas bien y se da ese crecimiento sano, no se tendrá que producir en absoluto ningún recorte». Reformas estructurales El informe incluye también, una vez recuperadas la renta y el empleo, una serie de reformas estructurales, así como mejorar la eficiencia de empresas y administraciones desde las siguientes premisas: – El crecimiento basado en el conocimiento, aumentando el esfuerzo inversor en I+D+i, variando su composición para que adquieran mayor protagonismo las empresas y la inversión privada en intangibles. – El refuerzo de la colaboración entre empresas, universidades, institutos y centros tecnológicos para realizar proyectos conjuntos que permitan superar los difíciles retos de la actual crisis y aprovechar las oportunidades. – La mejora de los resultados del sistema educativo, la excelencia formativa y la igualdad de oportunidades. – La digitalización del tejido productivo, desarrollando un ecosistema de empresas especializadas en productos y servicios digitales, digitalizando los modelos de negocio y desarrollando las infraestructuras 5G públicas o apoyadas públicamente. – El fomento del emprendimiento, impulsando las vocaciones emprendedoras y simplificando el marco regulatorio para que facilite el crecimiento de las empresas. – La internacionalización competitiva de las empresas, apoyando su adaptación a las oportunidades de la nueva normalidad y la especialización en actividades de valor añadido, con tareas más cualificadas y creativas. – La relocalización de actividades, fomentando la colaboración público-privada para atraer inversiones que refuercen la posición valenciana en las cadenas de valor, potenciando los clústeres y parques tecnológicos. – El fomento de la responsabilidad social corporativa (RSC) y los sistemas de gobierno corporativo profesionalizados entre las empresas valencianas, y su colaboración en objetivos medioambientales, sociales y tecnológicos. – La reducción de emisiones y atracción de inversiones verdes, impulsando un crecimiento medioambientalmente sostenible y el aprovechamiento de sus oportunidades. – La digitalización y profesionalización de la Administración pública, para mejorar la eficiencia en su gestión y transformar la prestación de sus servicios y la evaluación de los resultados de sus políticas. – El saneamiento financiero de la Generalitat Valenciana para reducir su vulnerabilidad actual y reforzar su autonomía fiscal y de gasto.
El Consell busca compensación del Fondo frente a comunidades con bonificación fiscal
La Comunitat Valenciana no solo quiere paliar los efectos que esta crisis sanitaria ha tenido en la economía y avanzar hacia una «nueva normalidad», sino hacerlo hacia una «normalidad mejorada», por ello se fija como hoja de ruta el informe del IVIE ‘La superación de la crisis de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana: una hoja de ruta de la reconstrucción de la economía’, que ha presentado hoy a todos los grupos políticos con representación en Les Corts. Este estudio, presentado por el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, advierte de los desafíos y retos pendientes de la Comunitat, que en estas circunstancias «han de acelerarse». «Tienen que ver con la baja productividad, el envejecimiento de la población y la digitalización, entre otros», ha explicado el president, Ximo Puig. Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el president ha vuelto a recalcalcar que la negociación con el Gobierno respecto al fondo no reembolsable de 16.000 millones para las Comunidades Autónomas «continúa abierta». Al respecto, Puig ha dicho que defenderá con criterios sólidos el reparto del mismo. El montante se divide en tres cajas: una social, una para paliar la caída de ingresos y otra para el gasto sanitario. En cuanto al fondo social, de 1.000 millones, el criterio es la población y la Generalitat quiere enfatizar aquí el índice de pobreza relativa de las comunidades. Respecto a la caja de 5.000 millones para hacer frente a la caída de ingresos, el President ha sido muy claro, cree que se tiene que tener en cuenta el “esfuerzo fiscal”, ya que hay regiones que han hecho bonificaciones fiscales “de las que son responsables» y que dan una asimetría con respecto a otras, como la valenciana que han estado “haciendo los deberes y dando la cara y ahora han visto reducidas sus expectativas”. Y es que, el impacto en sectores clave como el turismo para nuestra Comunitat conllevará una mayor caída de ingresos fiscales «absolutamente imprevista». En concreto, ha dicho «hay autonomías que han quitado o bajado impuestos (como son los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones) y no pueden ahora buscar ingresos que no tenían previstos y obtener la misma respuesta, compensándoles como si hubieran contado con ellos y no los fueran a recibir». También cree el president que se ha de atender la diferencia de renta per cápita, y en esto, según pone de relieve el informe, la valenciana sigue 12 puntos por debajo de la media. Por ello, desde la Generalitat se está planteando una “alternativa contundente” que presentarán al Gobierno en este ámbito, desde la multilateralidad pero defendiendo los intereses valencianos. Respecto a la caja sanitaria, con un total de 10.000 millones (6.000 de los cuales se aprobarán próximamente por Decreto Ley, y otros 4.000 más en otoño), ha dicho el president que «de forma razonable se puede entender que los criterios estén relacionados con la afectación de la pandemia (hospitalización, UCI o PCR hechas, entre otros criterios)», pero cree que el criterio fundamental en el resto de tramos debe ser la población (población potencialmente afectable). Con relación al pase de la Comunitat a la fase 2, la Generalitat prefiere mantener la prudencia , para no dar un paso atrás y pide responsabilidad y «esperar una semana», ya que se ha constatado que en aquellas zonas que empezaron a tener una mayor movilidad en la Comunitat, empezó a replicarse el número de contagios, evolucionando del 0,66 al 0,89. Por otra parte, al ser preguntado por el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos con Bildu para la derogación de la reforma laboral, a cambio de su apoyo a la continuidad del estado de alarma, el president, Ximo Puig, ha considerado que «la nueva arquitectura laboral se debe hacer desde el acuerdo» y «en el marco del diálogo social», aunque ha recordado que era un asunto que ambos partidos tenían previsto en su programa electoral.
Esta misma semana se pagarán las ayudas a autónomos por valor de 57,5M de Economía
De manera inminente, esta misma semana si es posible, empezarán a abonarse las ayudas a autónomos, incluidos socios de cooperativas, convocadas por la Conselleria de Economía Sostenible para compensar la disminución de ingresos derivada de la declaración del estado de alarma. Según ha avanzado el conseller de Economia, Rafa Climent a este medio, “se va a empezar a pagar de manera inmediata”, pues ya se están “revisando los primeros listados de pagos y hay resoluciones en intervención”, ha concretado. Las ayudas por un montante de 57,5 millones de euros, podrán beneficiar a las personas con domicilio fiscal en la Comunitat que, habiendo figurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante, al menos, el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020, hayan suspendido la actividad como consecuencia del Estado de Alarma o, en caso de mantenerla, hayan reducido su negocio al menos, un 75% respecto a lo facturado en el semestre anterior. Así, recibirán 1.500 euros los autónomos obligados a suspender su actividad y 750 euros los que hayan experimentado una caída de ingresos de al menos, un 75%. Criterios para la concesión En total, la Conselleria ha recibido 126.665 solicitudes. En concreto, 53.665 en la provincia de Alicante, 14.448 en la de Castellón y 58.323 en la de Valencia. También la dotación, según figura en el decreto, será objeto de territorialización provincial. Con carácter estimativo corresponderá a Alicante 21,5 millones, 7 millones a Castellón y 29 a Valencia. De momento, no ha transcendido la cifra de los autónomos que se beneficiarán de la convocatoria pero podría rondar las 38.000 personas. El criterio para la concesión de la subvención, hasta agotar el crédito disponible, será el del momento de la presentación de la solicitud. A estos efectos, no se ha considerado presentada una solicitud hasta haber aportado toda la documentación requerida. En caso de que distintas solicitudes se completaran en el mismo momento, se priorizarán las presentadas por personas con diversidad funcional y, en su defecto, por mujeres. Incompatibilidades No obstante, cabe recordar que no tendrán acceso a esta ayuda, entre otros supuestos, aquellos autónomos que obtuvieron rendimientos netos de su actividad superiores a 30.000 euros en 2019 o quienes hayan sido beneficiados de las ayudas estatales previstas para este colectivo. Esta convocatoria es incompatible con la bonificación de cuotas a la Seguridad Social y con la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos afectados por la crisis ocasionada por la COVID-19, convocada por el Ministerio de Trabajo. Aunque sí con las convocatorias previstas por algunos consistorios. ¿De dónde ha salido la partida presupuestaria? De los 57,5 millones, 27.261.400 euros proceden de la línea Ivace Polígonos 2020; 1.500.000 euros del Capítulo II de gastos de funcionamiento de Labora; 2.000.000 de euros de Labora de la línea de proyectos singulares colectivos vulnerables; y, por último, 26.738.600 euros de la convocatoria de ayudas destinadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana dentro de la tercera fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. En concreto, dichas ayudas iban dirigidas a sufragar hasta el 35% del coste de inversión en maquinaria, aunque podrían en este caso recuperarse este verano.
Autónomos con prestación, afectados ERTE y parados registran un máximo histórico
Los resultados del análisis sectorial-regional llevados a cabo por IvieLAB sobre los efectos negativos del coronavirus en el mercado de trabajo, muestran que Illes Balears, Canarias y la Comunitat Valenciana son las tres comunidades donde la especialización sectorial está agravando más la crisis del empleo, respecto al conjunto de España, tal y como ponen de relieve los investigadores del Ivie y de la UV, L. Serrano, F. Pascual y A. Soler. La asimetría sectorial y territorial del impacto inicial del coronavirus en el empleo puede obtenerse comparando la situación actual de la afiliación con la existente a finales de abril del año pasado. Ese punto de referencia temporal permite tener en cuenta los factores estacionales. La variación interanual de la afiliación es negativa en casi todos los sectores, pero muy heterogénea, con caídas a nivel nacional del -15 % en hostelería y también muy elevadas en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-9,3 %), construcción (-8,4 %) o en actividades administrativas y servicios auxiliares (-7,5 %). En el extremo opuesto se encuentran las actividades sanitarias y de servicios sociales que aumentan su empleo (6,3 %). La Comunitat Valenciana muestra caídas algo más intensas del empleo en hostelería (-16 %) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-10,4 %) y un incremento también más pronunciado en sanidad (10,8 %). De esta forma, la especialización productiva estaría contribuyendo a una peor evolución de su mercado laboral dadas las características especiales de esta crisis. La tasa de variación del empleo entre finales de abril de 2019 y de 2020 habría sido 0,38 puntos porcentuales inferior a la media nacional debido a la distinta especialización sectorial. Ese efecto sectorial explicaría por sí solo un 90% del peor comportamiento del empleo valenciano en comparación con el del conjunto de España a lo largo de ese periodo. Si agregamos las cifras de ERTE, el registro se dispararía Es importante situar la evolución de las cifras de empleo en un contexto donde los ERTE ha sido uno de los recursos más utilizados. La cifra a nivel nacional de trabajadores afectados a 30 de abril (3,386 millones) no está demasiado alejada de la de paro registrado (3,831 millones), y de los 1,277 millones de autónomos a los que a 8 de mayo se les había reconocido la prestación extraordinaria por cese de actividad. Así pues, los colectivos que a efectos oficiales siguen siendo considerados como afiliados y no se cuentan en el paro registrado son más incluso que los que se computan como parados. En la Comunitat Valenciana las cifras son también muy elevadas, con 349.634 trabajadores afectados por un ERTE y 146.779 autónomos con prestación extraordinaria reconocida, frente a 439.492 parados registrados. El agregado de nuevos parados, trabajadores afectados por un ERTE y autónomos con prestación extraordinaria es un indicador alternativo más amplio del impacto del coronavirus en el mercado de trabajo que el dato de paro. En apenas mes y medio, el total nacional de afectados laboralmente por el COVID-19 supone ya el 27,2 % de los afiliados que había a finales de febrero. La Comunitat Valenciana sería una de las regiones más afectadas, con un porcentaje de impacto del 29,6 %, 2,4 puntos por encima de la media nacional, solo por detrás de Illes Balears y Canarias. Máximos nunca vistos La suma de afectados por un ERTE, autónomos con prestación extraordinaria y parados registrados se sitúa a nivel nacional en 8,5 millones de personas, una cifra notablemente por encima del máximo histórico de desempleo de España, que en el peor momento de la última crisis (a principios de 2013) se situó en 6,3 millones según la EPA y 5 millones según la cifra de paro registrado. En el caso de la Comunitat Valenciana, el total supera las 936.000 personas, una cifra que también supera con holgura su máximo histórico particular de desempleo (casi 600.000 en términos de paro registrado y 709.800 parados según la EPA, también a principios de 2013). La presión a la que se están viendo sometidos el mercado de trabajo y los mecanismos de protección social es extraordinaria. Una forma de analizar esa presión es comparar la magnitud actual de los colectivos afectados por la crisis (parados registrados, trabajadores en ERTE y autónomos con prestación) con la suma de afiliados y parados registrados, ya que esta suma es una aproximación a la población activa. Con esta aproximación (gráfico 4), a finales de abril el porcentaje de activos afectados se situaría en el 38,2 % para el conjunto de España, siendo todavía mayor en la Comunitat Valenciana (41,6 %), solo por detrás de Canarias, las ciudades autónomas, Illes Balears y Andalucía. Según el análisis del IvieLAB, estos mecanismos a priori son favorables para la preservación del tejido productivo y el capital humano de la economía española en general y de la valenciana en particular. «Esto debe contribuir a facilitar una más pronta y completa recuperación, a costa de un gran esfuerzo en términos de recursos presupuestarios para sufragar los diversos tipos de prestaciones. Ese esfuerzo habrá de ser más intenso en la Comunitat Valenciana que en la mayoría de territorios», aseguran los investigadores. Creen que la recuperación de la economía y del empleo, una vez superada la crisis sanitaria, pasa necesariamente por el apoyo a las empresas y autónomos que son los agentes económicos clave para la creación y el mantenimiento del empleo, especialmente en situaciones de crisis. «Apoyo en el ámbito tributario, el financiero y el de la flexibilidad en materia laboral. Estas medidas transitorias de apoyo y la propia crisis van a entrañar una gran presión sobre las cuentas públicas, por lo que será prioritario garantizar su sostenibilidad a largo plazo». Con todo, opinan que sería ingenuo pensar que todos los puestos de trabajo previos a la crisis van a seguir existiendo cuando esta concluya, porque una parte del tejido productivo no sobrevivirá. Por tanto,es necesario enmarcar las respuestas paliativas de carácter inmediato en una actuación que contemple un horizonte de fomento del empleo de más largo plazo.
Las empresas valencianas presentan 64.902 ERTE para 406.352 trabajadores
Las empresas valencianas han presentado un total de 64.902 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la crisis del coronavirus que afectan a 406.352 trabajadores, cerca del 70 % (280.866) del sector servicios. Según los datos facilitados hasta este momento por la Conselleria de Economía, del total de expediente solicitados se han resuelto 57.201, relativos a un total de 324.083 trabajadores. La Dirección General de Trabajo ha resuelto 664 de estos expedientes, mientras que la dirección territorial de Valencia 26.009, la de Alicante 23.189 y la de Castellón 7.339.
¿Renunciaremos a la piscina en verano? Las cifras de Mercadona indican que no
El buen tiempo comienza a hacer acto de presencia en nuestro país y, con él, llega la necesidad de refrescarse, algo que ya se ha convertido en habitual en buena parte de España. La empresa de distribución de Juan Roig, Mercadona, incrementa un 400% las ventas de productos para limpiar y tratar el agua de las piscinas por los cambios de hábitos del consumidor, ya que ahora “El Jefe” (cliente) se replantea cómo va a pasar el verano, y compra piscinas pequeñas o arregla la que ya tenía cuando otros años no lo hacía. El lineal de estos productos se encuentra disponible en aproximadamente 760 tiendas ubicadas en Galicia, Castilla y León, Aragón, Catalunya, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Canarias, Andalucía, Extremadura y Región de Murcia. Este surtido, elaborado por Productos QP en Utebo (Zaragoza) y por SPB en Cheste (Valencia), está compuesto por productos orientados a solucionar, tanto el arranque y fin de temporada de piscinas, como el mantenimiento de estas.
El Banco de España fija la caída del PIB entre el 9,5 y 12,4% y pide consolidación fiscal
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha revisado las previsiones de caída del PIB realizadas hace un mes y ha señalado que en el mejor de los escenarios la economía caería este año el 9,5 %, frente a la horquilla de entre el 6,6 % y el 8,7 % que estimó en abril. El gobernador, que comparece en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para explicar el impacto de la COVID-19 en la economía española, ha avisado de que la recuperación no estará exenta de dificultades y no se puedan descartar escenarios más desfavorables que los considerados actualmente, ya que entiende que la economía española es «más vulnerable» al coronavirus que la de otros países dado el «peso muy elevado» del turismo, la hostelería o el comercio, es decir, las actividades más afectadas por la pandemia. Hernández de Cos ha dicho que los dos escenarios que barajaba el Banco de España de caída del PIB para este año (entre el 6,6 y el 8,7 % si el confinamiento duraba ocho semanas y del 13,6 % si duraba 12 semanas) son ya muy poco realistas. En este sentido, ha incidido en que parecen más realistas en estos momentos una caída del PIB de entre el 9,5 % y el 12,4 % con incrementos posteriores del 6,1 % y el 8,5 % en 2021. Estos escenarios incorporarían una serie de medidas fiscal, monetarias y prudenciales, de forma que las caídas de la actividad serían significativamente más elevadas en ausencia de ellas, ha advertido el Gobernador. Por otra parte, ha puntualizado que estos escenarios macroeconómicos también permiten estimar que el coste presupuestario de la crisis será «muy alto», por el doble efecto de las medidas paliativas adoptadas y, sobre todo, de la acción de los estabilizadores automáticos, que conducirán a un déficit público muy elevado este año, con su consiguiente traslación al endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas. En el escenario de caída del PIB más moderado, la ratio de deuda pública sobre el PIB se elevaría hasta alrededor del 115 %, y en el escenario más adverso se situaría incluso por encima del 120% del PIB (unos 25 puntos porcentuales más que a finales de 2019). Según el Gobernador, la duración de la perturbación es incierta, pero, en todo caso, debería ser limitada y dar paso a una recuperación una vez que se haya controlado la enfermedad, aunque ha avisado de que «no es descartable que se produzcan también algunos daños y/o cambios estructurales tras la crisis». El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado que el papel de la política fiscal en la reducción del endeudamiento público es crucial y ha avisado de que en el corto plazo no cabe una retirada prematura de las medidas fiscales de emergencia. No obstante, ha reiterado que en su opinión a medio plazo la estrategia debe descansar en un programa de consolidación presupuestaria que, a través de una revisión del gasto y de la estructura y capacidad impositivas, permita sanear nuestras finanzas públicas, así como en un programa de reformas estructurales que eleven la capacidad de crecimiento económico y, por tanto, amplíen las bases impositivas necesarias para financiar el nivel deseado de gasto. Así ha insistido en la estrategia de reducción de los desequilibrios fiscales con el fin de continuar con la consolidación fiscal y la reducción del déficit. Hernández de Cos ha calculado que el coste de todas las medidas aprobadas hasta el momento sin tener en cuenta los avales del Estado a través del ICO es del 3 % del PIB, de un entorno de 30.000 millones de euros y ha advertido de que la magnitud del reto de la reducción del déficit público es «significativa». «Las estimaciones disponibles muestran que nuestro país ha entrado en la crisis con un déficit estructural elevado, en el entorno del 3 % del PIB», ha dicho al tiempo que ha recordado que será mayor porque el incremento de la deuda pública previsto como resultado de la actual crisis provocará también un aumento de la carga de intereses. «Es probable que la pandemia aumente la demanda estructural de un capítulo de gasto básico para el bienestar como es el sanitario. Y el gasto en pensiones experimentará incrementos en los próximos años, como consecuencia del efecto combinado del envejecimiento de la población y de la suspensión de la aplicación del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad«, ha señalado. Asimismo otras medidas aumentarán el nivel de gasto de manera permanente, como la introducción de una renta mínima. Sin embargo, para Hernández de Cos es aconsejable preservar los recursos destinados a capítulos como la educación y la investigación.
B. Broseta (UEV): «El aumento de la presión fiscal va a tener un efecto intergeneracional»
La pandemia de la COVID-19 ha abierto la puerta a una crisis económica que dejará importantes secuelas en todo el mundo, de ahí que, los distintos Estados estén haciendo ya uso de herramientas de Inteligencia Económica, que tratan de proteger las economías de forma inteligente. Para hablar de ello, Economía 3 mantiene una entrevista con Bruno Broseta. Bruno Broseta es doctor en Economía por la Universidad de California (San Diego), con experiencia en docencia e investigación en universidades USA y españolas, así como en la dirección general de Redit. Destaca también su trayectoria en la Administración pública, con responsabilidades en las consellerias de Industria y Hacienda de la Generalitat Valenciana durante 7 años. Es un experto en el impacto de la digitalización en modelos de negocio empresariales, y actualmente ejerce como profesor de Economía en la Universidad Europea de Valencia (UEV) y como Senior Advisor para la Transformación Digital en Nunsys. De manera muy sencilla, ¿qué se entiende por Inteligencia Económica? El hecho de poder leer las señales del entorno convirtiendo información en inteligencia para la planificación empresarial o de las administraciones públicas. Esto en los entornos VUCA en los que nos movemos es extraordinariamente importante, porque información hay muchísima, de hecho, se habla de infoxicación, por ello es clave saber leer las señales y detectar cuáles son fundamentales para tu país, tu negocio o proyectos a largo plazo. ¿Cómo podemos aplicarlo a las empresas? En las empresas más que de Inteligencia Económica hablamos de Inteligencia Competitiva, de modo que se trata de detectar en el entorno, oportunidades y amenazas que generen oportunidades y amenazas para el negocio y permitan ir adecuando la estrategia. En este contexto podemos detectar muchas tendencias, e incluso hablamos de megatendencias, aquellas que hacen referencia a variables o factores que no hay duda de que vayan a impactar, en algún momento o en algún área. Ponnos un ejemplo… Por ejemplo, la digitalización, el envejecimiento de la población en países desarrollados, el cambio climático… hay muchas y por tanto, tendrás que construir tus estrategias en función de estas tendencias. Existen otras, de naturaleza más sectorial, y aquí es donde hablaríamos de análisis de la competencia. Sobre todo, estoy pensando ahora en grandes empresas, muy pendientes de los cambios geopolíticos, pero ¿también va esto con las pymes? Por supuesto, por ejemplo podríamos hablar de los esfuerzos de inteligencia competitiva muy vinculados a temas críticos para la empresa, por ejemplo, cómo me va afectar un cambio regulatorio en mi sector a mí y a mi competencia. Averiguar esto requiere de un conocimiento del entorno y de la competencia muy alto, que en muchos casos precisa apoyo externo. Pero cualquier empresa, del tamaño que sea, puede a su medida, hacer su propio análisis competitivo. Hablemos de la COVID-19 como impacto a largo plazo… La COVID-19 está reforzando algunas tendencias ya existentes y creando otras nuevas: por ejemplo, la nueva realidad ha supuesto un mayor intervencionismo por parte de los Estados, lo que se traduce en una apuesta por reforzar el Estado de Bienestar, la sanidad pública, la reducción de la desigualdad, el incremento de la presión fiscal… Parémonos en ese punto, ¿es inevitable el incremento de la presión fiscal? En un entorno donde estamos incurriendo en déficits públicos que van a llegar al orden del 10-12% es evidente que todo ello habrá que financiarlo. El incremento de la presión fiscal va a tener un efecto intergeneracional increíble. Esto no se va a pagar en los próximos tres años, esto va tener efecto en los próximos 10-15 o 20 años, sin ninguna duda. «El impacto de la crisis será brutal» La Airef estima que en el mejor de los casos, la deuda pública precrisis (fijada en un 95%) no se recuperaría hasta 2038… Es un ejemplo más. Si hablamos de los esfuerzos de gasto, por un lado tenemos que tener en cuenta, primero, la lucha contra la crisis sanitaria y sus efectos económicos (que podría tener un efecto transitorio), pero en segundo lugar hablaríamos de la naturaleza de las políticas económicas que aplique el Gobierno. Y no hay que olvidar que es un gobierno de izquierdas, con un grado de intervencionismo importante, en este punto hablaríamos de políticas como la renta mínima garantizada, el incremento de la presión fiscal, etc. La previsión es que la deuda pública sobre el PIB llegue a niveles del 120%, por tanto, como estima la Airef devolver intereses y capital nos llevará bastantes años. El impacto de la crisis va a ser brutal. Tú hablas de la regla del 2%, ¿explícanos en qué consiste? Si a lo largo de un año se genera el 100% del PIB, sea la cantidad que sea, y calculamos en números redondos 50 semanas en un año, quiere decir que si se generara homogéneamente el PIB en un año, a cada semana le correspondería un 2%. Ahora bien, durante ocho semanas el país ha estado cerrado. Supongamos que ha estado parado al 50%. Esto significa que de 16 puntos de PIB que hubiera sido posible generar, el confinamiento y la crisis los ha reducido a la mitad, por tanto habríamos perdido 8 puntos de PIB. Por tanto, aunque hayamos puesto una cifra del 50% hipotética, lo que nos deja entrever es que la caída del PIB puede ser mucho mayor que la estimación del 9,2% de decrecimiento que maneja el Gobierno. ¿Y en el caso de la Comunitat donde el peso del turismo, los servicios… es tan alto la situación puede ser más preocupante si cabe? Claramente, ten en cuenta que el turismo y los servicios son el 13% del PIB y ese 13% ha estado cerrado en los dos últimos meses no un 50% si no, un 90%, por tanto la caída de la que hablaríamos sería mucho mayor. Si añadimos el comercio y la distribución, nos vamos a un 40% del peso del PIB, calcula pues el impacto. Por no hablar de todas estas semanas que nos quedan hasta “la nueva normalidad”… The Economist habla de un nuevo escenario de la economía del 90%, es decir que la economía no volverá a funcionar al 100% mientras no haya una vacuna contra la COVID-19, bien porque haya rebrotes, bien porque no se pueda volver a la movilidad social total, etc. Por tanto, esto va a generar efectos muy significativos durante un tiempo importante. ¿Y recuperar la confianza también será una variable clave a todos los niveles? Esto es fundamental, hay dos temas claves del coste social, y es que la crisis impactará incluso en nuevos hábitos de consumo, por un lado, por el distanciamiento social y esa confianza de la que hablamos, y por otro, por las rentas que se generen: si el PIB cae un 10% se generará un 10% menos de riqueza, menos salarios y menos beneficios. Es decir, por una parte, cuándo nos vamos a sentir seguros para volver a ir a un concierto, o a una boda, o a hacer un viaje… y por otra, cómo nos va a acompañar el bolsillo. ¿Qué nuevos hábitos crees que han venido para quedarse? El teletrabajo por ejemplo. Es decir, se volverá a trabajar presencialmente pero mucha gente apostará por el teletrabajo, porque el trabajo presencial tiene mucha fricción (y aquí incluiríamos todo aquello que es costoso o que nos genera molestias, por ejemplo si tengo que emplear dos horas al día para desplazarme y volver de mi puesto de trabajo) cuestiones que se podrán flexibilizar con el teletrabajo. O por ejemplo, la compra online en los supermercados, que por cierto era el sector online más difícil de activar en nuestro país, el que representaba una menor fracción del comercio online. Hemos descubierto que determinadas cosas se pueden hacer con mayor facilidad si las hacemos online y lo lógico es que eso permanezca después. ¿Incluso también la formación, la Universidad se ha tenido que adaptar también a esta realidad? Exacto, en mi entorno particular en la Universidad Europea de Valencia hemos hecho una transformación digital brutal, en la cual todas las actividades docentes (clases, tutorías, exámenes…) han pasado de hacerse en régimen presencial a hacerse en remoto, simultáneamente, es decir, la interacción con el alumnado no se ha perdido. De hecho, hemos estado muy pendiente de sus dificultades personales para ayudarles desde la UEV en todo lo posible. Y esto se ha hecho en 10 días, un cambio forzado por las circunstancias pero que llega a cambiar los procedimientos, las rutinas y la cultura. Por último, ¿qué desafíos tienen por delante las empresas? Los desafíos no están solo en pensar a largo plazo. El primer horizonte que han tenido que abordar o que están abordando de hecho, es el de responder a la crisis y asegurar la continuidad del negocio; el segundo, es el de recuperarse, asegurar que el negocio va a ser viable y que va a poder seguir creciendo como lo hacía antes y si no es así, habrá que establecer cambios. Ese es el tercer horizonte, qué ha cambiado y cómo me tengo que adaptar a este nuevo entorno: dónde voy a crecer en el futuro, cómo, con qué recursos… A todas esas preguntas tendrá que enfrentarse la empresa.
Oltra asegura que se está negociando con el Gobierno el reparto del Fondo Autonómico
La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha insistido este viernes en que, en el reparto del fondo de 16.000 millones de euros del Gobierno a las autonomías, pese más el criterio poblacional, porque «al final los kilómetros cuadrados no piden pan, pero las personas sí». En la misma línea que lo argumentaba este jueves el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Según Oltra, el Consell sigue negociando con el Gobierno de España para que «las personas cuenten más que los kilómetros cuadrados» en el reparto de esos fondos no reembolsables, pues «no es lo mismo» una comunidad autónoma con cinco millones de ciudadanos que una con dos millones. Por tanto según el Consell hay margen de negociación y por tanto esperanza de que ese reparto sea más favorable a la Comunitat, «estamos en conversaciones y mientras tanto, entendemos que los temas no están cerrados». «Cuanto más peso tenga la población en el reparto, mejor podremos atender a los cinco millones de valencianos», ha afirmado Oltra, quien ha insistido en que el criterio de población debe tener «más porcentaje» y «más importancia» en los diferentes repartos de los fondos del Estado. Además, ha recordado que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana tiene una cláusula específica que vincula las inversiones estatales al peso poblacional, y ha añadido que, «por analogía, esa norma debería aplicarse» al reparto de este fondo para compensar los gastos originados por la pandemia de coronavirus». Por lo que respecta a los 5.000 millones orientados al impacto económico, ha explicado que reclaman que se tenga en cuenta el impacto en nuestra autonomía donde el peso del sector servicios es muy importante y «nos hace más débiles en situaciones como esta en que el mundo se ha parado». También ha afirmado que, en el ámbito del fondo social, el reparto se hará con los mismos criterios con los que se repartieron los primeros 300 millones a través del Ministerio de Políticas Sociales, donde se tuvo en cuenta el peso poblacional, por lo que la Comunitat recibiría cerca del 10%. Por otra parte, Oltra ha rehusado pronunciarse sobre las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en respuesta a una pregunta del diputado de Compromís Joan Baldoví sobre el reparto de esos fondos pidió «no enredar», ya que no comenta «la dialéctica partidista» en la rueda de prensa del Consell, donde se recogen todas las pluralidades del Govern del Botànic. En este sentido, también ha rechazado comentar lo que Baldoví puede votar en próximas votaciones para prorrogar el estado de alarma. No obstante, ha insistido en que el Gobierno valenciano defiende la necesidad de una financiación justa y de que se cambie un modelo de financiación autonómica que lleva años caducado desde 2013, una reivindicación que es también «del conjunto de la sociedad valenciana» y que «sin duda seguro conoce también la ministra Montero».
Aprobada la llegada de 1.559 millones a la Comunitat, elevando su liquidez hasta 3.557
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha mostrado su satisfacción después de conocer la activación del FLA Extraordinario, que supondrá una inyección de 1.559 millones para la Comunitat Valenciana. “El ministerio de Hacienda ha cumplido con todas y cada una de las reivindicaciones de la Generalitat frente al Gobierno de Pedro Sánchez en la reclamación de la liquidez necesaria en el primer semestre del año para hacer frente a la mayor crisis sanitaria que hemos vivido y a sus consecuencias sociales y económicas”, ha señalado Soler. Con la activación de los 1.559 millones del ExtraFLA, aprobada hoy por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la Comunitat dispone de 3.557 millones de liquidez, sin contar con la parte que le corresponderá de los 16.000 millones del Fondo No Reembolsable que el Gobierno ha puesto en manos de las CCAA para hacer frente a la emergencia sanitaria. Sobre este Fondo ha dicho que el Consell seguirá exigiendo una mayor ponderación de la población para su reparto. Vicent Soler ha recordado que “la Generalitat ha reclamado al Gobierno central desde el minuto 1 más recursos y liquidez para hacer frente a la crisis. En la primera videoconferencia de los consejeros de Hacienda con la ministra María Jesús Montero, celebrada el 18 de marzo, ya centré mi intervención en la reclamación de liquidez para hacer frente al covid-19, concretamente con el adelanto de los anticipos del modelo y del FLA extraordinario”. El conseller se congratula de que “atendiendo nuestras reivindicaciones, el Gobierno haya acelerado la activación del FLA Extraordinario, que normalmente se activa en el mes de julio». Según Soler “el esfuerzo del ministerio es innegable, tanto para dotar de liquidez a las CCAA, como para facilitar los recursos necesarios en forma de un fondo no reembolsable de 16.000 millones, que no tiene precedentes en la historia de la España autonómica”, ha manifestado Soler. Problemas de infrafinanciación “Aplaudimos, como no puede ser de otro modo, la activación del FLA Extraordinario, porque alivia los problemas de estrés de la caja de la Generalitat, pero no tenemos que olvidar que es un recurso financiero que lo que hace es confirmar la infrafinanciación que sufrimos los valencianos”, ha señalado Soler, quien ha añadido que “es un reflejo del maltrato de la Comunitat en el Sistema de Financiación Autonómica, facilitándonos en forma de deuda, un año después, los recursos que no proporciona el modelo”. “Esa anomalía democrática, que incluso es inconstitucional, porque va contra el artículo 156 de la Constitución, que recoge el reparto equitativo y suficiente de los recursos para gestionar los servicios que prestamos a los ciudadanos, no puede mantenerse ni un minuto más y por eso, la Generalitat seguirá exigiendo la inmediata reforma del Sistema de Financiación”, ha concluido Soler.
Una plataforma, Hope, integra todas las ayudas públicas para ciudadanos y empresas
El conseller de Hacienda, Vicent Soler ha presentado esta mañana el Plan Hope, “una plataforma online pionera para acercar a las personas y empresas todas las ayudas e incentivos públicos que pueden contribuir a su recuperación tras el impacto de la crisis provocada por la COVID-19”. Tal y como ha explicado el conseller, “ofrece de manera agregada, ordenada y sistematizada los recursos públicos de ámbito autonómico, nacional y europeo, con el fin de hacerlos más accesibles a la ciudadanía y al tejido empresarial de la Comunitat Valenciana”. Hasta el momento, Hope da cuenta de más de 40 iniciativas distintas, con una dotación global de más de 100 millones de euros en ayudas y subvenciones y cerca de 200 millones de euros en líneas de financiación disponibles para pymes y autónomos. El portal se irá complementado con las nuevas iniciativas que se aprueben pues en menos de 24 horas aparecerán colgadas en el sistema. Según el conseller, la clave es la facilidad en el acceso a la información y la transparencia, ya que hasta ahora los usuarios tienen que ser expertos en financiación o sector público para poder entender las ayudas y Hope simplifica el lenguaje, abre nuevos canales de análisis y ofrece una respuesta en segundos. En su opinión la apuesta por la digitalización de la Administración, y prueba de ello es esta plataforma, lo que posibilita es «una mayor eficiencia en la toma de decisiones y el aprovechamiento de oportunidades para favorecer que nuestros ciudadanos, nuestras empresas y agentes sociales encuentren apoyo económico en su esfuerzo por desarrollar proyectos que contribuyan al crecimiento social y empresarial de cara a la reactivación económica». El Plan Hope que se ha puesto en marcha, en menos de un mes, con motivo de la emergencia sanitaria, tendrá continuidad y pervivirá a la pandemia con el objetivo final de que a través de él se lleguen a cursar las solicitudes y se encuentre un canal directo de contacto con los gestores de las mismas. La información del portal (planhope.gva.es) se divide en tres grandes bloques: ámbito sanitario (investigación, recursos para innovar), ciudadanía y empleo (particularmente ERTEs, ayudas a autónomos), y empresas y emprendedores (subvenciones y otros incentivos para que la economía se recupere con mayor rapidez). Funciona como un buscador inteligente, es decir, además de que los usuarios puedan hacer sus propias búsquedas, el sistema permite que los mismos puedan autoevaluarse. De este modo, un usuario accede a una de las ayudas ofrecidas y, respondiendo a unas preguntas automatizadas, obtiene una respuesta afirmativa o negativa de acuerdo con su perfil. Si es positiva, el sistema le invita a solicitar la ayuda conectando con el gestor, si es negativa Hope le va a recomendar otras ayudas a las que tal vez sí pueda acceder en función de los datos del perfil. La plataforma que ha supuesto una inversión de 32.000 euros, prevé contar con la cofinanciación del 50% del programa operativo Feder, aunque la secretaria autonómica de Modelo Económico, María José Mira, no descarta que los fondos europeos puedan costear el 100% de la inversión. En este sentido el conseller ha asegurado que “la nueva administración tiene que ser necesariamente amable, transparente y digital, y su digitalización tiene que responder al trámite, pero también debe estar abierta a encontrar soluciones más globales que permitan disponer de una visión en tiempo real de las necesidades de su ciudadanía”. Durante esta presentación, el conseller ha reiterado que no está de acuerdo en la ponderación del Fondo del Estado a las comunidades para el reparto de los primeros 6.000 millones.
Los autónomos acceden al 25% préstamos con aval ICO y al 1% de las ayudas sociales
Según datos de ATA, de 1,2 millones de solicitudes de créditos con aval del ICO cursadas por los autónomos solo 300.000 se han aprobado (25%), otras 300.000 denegado y 600.000 «están en el limbo, pendientes de contestación o de recibir el dinero, cuando es un balón de oxígeno necesario para muchos negocios», ha explicado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. En este sentido, las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y UATAE han pedido al Gobierno, en una reunión interministerial que mejore las líneas ICO y que la prestación extraordinaria por cese de actividad que reciben los autónomos se mantenga, como mínimo, hasta el 30 de junio y vaya más allá de esa fecha para los sectores más afectados. «El Gobierno tiene claro que las ayudas a determinados colectivos profesionales de autónomos tienen que llegar más allá del 30 de junio», ha explicado Lorenzo Amor. Si bien, lo que está en el aire es lo que pase entre el 1 y el 30 de junio con 1,3 millones de autónomos beneficiarios de la prestación, un 40% de todo el colectivo, porque según la normativa vigente, tienen derecho a percibirla hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma y eso de momento sería este 31 de mayo. Si se prorroga el estado de alarma no habría problema, 1,3 millones de autónomos seguiría percibiéndola hasta el 30 de junio y a partir de esa fecha se espera que se mantenga para determinados sectores o territorios, “porque sabemos cuáles se van a seguir viendo afectados a partir de esa fecha (hostelería, comercio, guías turísticos, animadores…), la idea ahora es monitorizarlos porque no ha habido aún propuestas concretas del Gobierno ni compromisos cerrados”. «No ha habido ningún compromiso concluyente, y esperamos que se concreten lo antes posible«, han señalado desde UATAE; aunque creen las patronales que “lo que pueda ocurrir más allá del 30 de junio no será con carácter generalizado”. En este sentido, Amor se ha mostrado favorable a alguna fórmula similar a la acordada para los ERTE de fuerza mayor, adecuando las bonificaciones o exenciones a quienes puedan retomar la actividad y adaptándolas no solo por sectores sino por territorios o desempeños concretos “me da la sensación de que puede haber una modulación”. Desde UPTA-PV, su secretario general, Javier Pastor, ha concretado a este medio que los colectivos de autónomos que pueden verse más afectados en la Comunitat serían la hostelería y el comercio, fundamentalmente el textil. Javier Pastor, secretario general UPTA-PV junto a Pepe Álvaro, presidente UGT Sobre el primero entiende que no solo afectarán las medidas que se establezcan en la nueva normalidad sino “el bolsillo de los ciudadanos”. Opina que si cae el poder adquisitivo y la confianza, hasta posiblemente diciembre, si sanitariamente todo va bien, no volvería a funcionar con normalidad. Respecto al comercio, sobre todo textil, entiende que en los próximos meses se puede resentir hasta un 50% y ve imprescindible eliminar las rebajas este año o retrasarlas por lo menos hasta la segunda quincena de agosto. Asimismo pide Pastor que las diferentes Administraciones (estatal, autonómica y local) se complementen a la hora de implementar medidas, “no se pueden repetir y fotocopiar las ayudas, haciéndolas incompatibles unas con otras, hay que sumar esfuerzos”. Las ayudas sociales solo llegan al 1% de los autónomos Entre 800.000 y un millón de autónomos van a beneficiarse del aplazamiento de impuestos, en cambio asegura ATA que solo el 1% de los autónomos se está beneficiando de las ayudas sociales como la moratoria de hipotecas, la de alquileres de vivienda habitual o locales de negocio «porque se exige para su solicitud la baja censal y esto genera un problema». «Precisamente por este cese extraordinario no hay baja en Hacienda y Seguridad Social, por tanto es necesario flexibilizar los requisitos de acceso a estas moratorias o hacerlas compatible con el cobro de la ayuda y con el ejercicio de la actividad», añade Javier Pastor. No obstante, las patronales temen que tras estas ayudas, en los próximos meses, habrá una «baja masiva de autónomos», por lo que han solicitado también al Gobierno que se impulse la prestación ordinaria de cese de actividad, “de tal modo que, todo aquel que haya sido beneficiario de la prestación extraordinaria, pueda acceder a esta ordinaria de manera inmediata”. Desde las asociaciones también han insistido en la necesidad de dar cobertura a los autónomos estacionales, unos 150.000, como los feriantes (que suman hasta 40.000 autónomos) o los relacionados con festivales, animación en hoteles, etc. que se han quedado fuera de esta prestación extraordinaria, “dejando en una situación vulnerable a familias completas”. También han destacado las asociaciones que en España hay cerca de 500.000 autónomos que son empleadores de uno o dos trabajadores, “por lo que habría que tener con ellos una sensibilidad especial para que puedan mantener el empleo”, ha concretado Amor. Tampoco ven lógico que se sigan restringiendo determinadas profesiones “no es lógico que los ciudadanos puedan ir a la peluquería o a comercios y que autónomos, como agentes inmobiliarios o tasadores no pueden entrar a viviendas particulares manteniendo las necesarias medidas de seguridad”. Según Lorenzo Amor ha habido “desorden”,” sé que ha ido todo muy deprisa pero ha habido demasiada legislación y a veces sin concretar”.
6.000 Menús en 2 meses: voluntarios de Telefónica entre fogones alimentan a familias
De profesión son ingenieros, abogados, economistas, o expertos en marketing, pero a través del programa Voluntarios Telefónica se ponen cada día el gorro de chef para cocinar 100 raciones diarias de comida que se reparten a mediodía a familias vulnerables. Se trata de una nueva iniciativa del Programa Voluntarios Telefónica, que aglutina a más de 13.000 empleados del Grupo Telefónica en España, que acude a la llamada en este caso del Banco de Alimentos. Los destinatarios de sus menús serán familias vulnerables del madrileño barrio de Villaverde, cuyas necesidades tiene bien detectadas la Parroquia de San Félix. Durante dos meses, este grupo de Voluntarios Telefónica usará para cocinar y repartir en raciones, las instalaciones de la Guardería para hijos de empleados de Distrito Telefónica, la sede central del Grupo en Madrid. Al frente de los fogones, y dirigiendo a los voluntarios, está el cocinero de la guardería, gestionada por Inizia Guarderías. Esta es la última iniciativa en la que Fundación Telefónica, a través del programa Voluntarios Telefónica, suma fuerzas con entidades sociales para responder a las multiples necesidades que está provocando el parón económico desencadenado por la Covid-19. La iniciativa surge pocos días después de que los empleados de Telefónica en España hayan dedicado más de 600.000 euros de sus cheques comida a las personas más vulnerables a través de FESBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, que atiende a 1,1 millones de personas a través de las entidades asistenciales y de ayuda social. Cada empleado ha podido unirse a la causa entregando el dinero que le corresponde de sus cheques comida, que no está utilizando en el confinamiento, pero también a través de donaciones económicas. Al gesto solidario se han sumado 5.200 empleados de la compañía en toda España. #SumaFuerzas para hacer frente a la crisis Desde el comienzo de la crisis del coronavirus, Fundación Telefónica ha sumado fuerzas con personas y entidades para hacer frente a esta emergencia sin precedentes como FESBAL, Cruz Roja, Save the Children, Grandes Amigos, Adopta un abuelo, Teléfono de la Esperanza o la Asociación Española de Fundaciones. Además, la entidad ha dado acceso a todas sus plataformas gratuitas de educación y empleabilidad, así como a contenidos de cultura digital para consumir desde casa. En el plano sanitario, ha aportado 25 millones de euros para la compra de respiradores y equipos de protección individual.
Vicente Pallardó (IEI): “Esta es la mayor recesión registrada en tiempos de paz»
La Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller Valencia, ha reiniciado sus coloquios con un webinar en el que ha participado como ponente-invitado Vicente Pallardó, Investigador Senior de Instituto de Economía Internacional y de Aurelio Martínez, presidente de la APV, en calidad moderador. Pallardó desarrolló una intervención especialmente clarividente en la que realizó un amplio repaso de la situación actual y de las perspectivas de cara a los próximos meses concluyendo, entre otras muchas cuestiones, que se va hacer necesario incrementar el gasto público, así como potenciar, favorecer e incentivar la exportación como palanca de la recuperación. El investigador del IEI situó el inicio de su charla apenas un par de meses atrás, momento en el que la economía estaba al borde de una recesión técnica, con unos niveles preocupantes de incertidumbre y proteccionismo y con una dependencia absoluta de la ultraexpansión monetaria y el endeudamiento. La sucesión de cuatro shocks negativos de oferta y demanda originados por la pandemia del Covid-19, unida al mantenimiento de las tensiones geopolíticas, una carencia de preparación y una insuficiente cooperación internacional han dado como resultado la coyuntura en la que nos encontramos. Prioridades Ante esta situación, Vicente Pallardó desglosó una serie de prioridades que, a su entender habría que acometer con urgencia: protección de la renta de las personas más afectadas, protección del empleo y de las empresas y evitar a toda costa el contagio del sistema bancario. Para el economista, si estas prioridades no se mantienen en el tiempo se podría producir un colapso en la sociedad. Además de analizar con detalle cómo se ha respondido hasta el momento a la situación, Pallardó quiso explicar cuál es la situación que vivimos en la actualidad, para lo que no se anduvo con paños calientes: “Estamos ante la mayor recesión registrada en tiempos de paz”, aseguró. En el segundo trimestre del año nos enfrentamos a una caída del PIB que puede rondar entre el 30 y el 40%, aunque cabe esperar una recuperación, en forma de U o de V (está por ver), que supondría una recuperación de cara a la segunda parte del año. Para Vicente Pallardó, si todo va bien, a mediados de 2022 se podría volver a la “normalidad”, y un año más tarde lo haría el empleo, “aunque para ello hay que avanzar en un proceso inédito de sustitución de demanda”. Crédito exportador del 100% “En esta situación se debe aumentar el gasto público, como tiene que ser en este caso excepcional, bajar el gasto privado y fomentar la inversión”, explicó. “Hay una previsión positiva, y es que España va a mantener el superávit por cuenta corriente pese a la caída del turismo. ¿Cómo?, con nuestro aparato exportador. España ha sido de los países con mejor comportamiento en la última década, por lo que hay que cuidar al sector exportador y fomentar el crédito a la exportación, que debería ser del 100%”, explicó el investigador del IEI. Vuelta a la inflacción En un futuro escenario de recuperación, habría que tener cuidado ante determinadas situaciones que amenazarían la progresión. Según Pallardó, hay que estar muy pendientes de un posible rebrote del virus; al crecimiento del proteccionismo y el nacionalismo; a las dificultades para acceder a los créditos; a la situación que generarían posibles demandas por responsabilidad en el contagio o al reciente fallo del Tribunal Constitucional alemán que resta supremacía al más alto tribunal de la UE. Por lo demás, Pallardó apuntó a una serie de cambios estructurales que necesariamente se van a producir en un futuro, como es el caso de la transformación de las cadenas de valor global, ya que no solo importan ahora los costes, sino que han cobrado importancia otros factores como la seguridad de la producción. El investigador del IEI también mostró su inquietud por una “probable y preocupante tendencia a la concentración y una vuelta a la inflación” y defendió que se articulen los mecanismos estructurales necesarios para conseguir una UE que sea líder. Pallardó también alertó de las consecuencias que puede tener el hecho de que más de la mitad de todo el gasto comprometido en la UE para hacer frente a la crisis lo haya hecho Alemania, y “eso no es una buena idea ni una forma equitativa de afrontar la crisis”. Puertos e inversiones Antes de finalizar su intervención, y ya en el turno de coloquio con los más de 60 socios de Propeller congregados en el webinar, Pallardó destacó el papel fundamental de los puertos y de las comunidades logísticas como elementos clave de la exportación, “aunque para que los puertos funcionen debe funcionar el comercio y por eso tienen que fluir los créditos y activarse sistema exportador”. “Va a haber una clara diferencia entre los puertos que son competitivos y los que no lo son. Y además se verán beneficiados aquellos que cuentan con una cadena logística más ordenada y eficiente”, aseguró. Asimismo, el investigador recordó la necesidad de “acabar con debates estériles” y apeló por mantener y ejecutar las inversiones previstas, como es el caso de la ZAL o la Terminal Norte de Valenciaport. “Necesitamos inversión cuanto antes, y si ya está pensada, con más motivo”. Finalmente, durante el debate hubo ocasión para abordar otras cuestiones como es el caso del sistema económico ideal para los próximos años, la digitalización, el liderazgo de la UE, los modelos de gestión empresarial, la escasez de argumentos empresariales o económicos en algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno o la irrupción del teletrabajo. El presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca, quiso destacar la iniciativa de la Asociación para reiniciar su actividad de coloquios y agradeció la participación.
El ahorro gestionado por el seguro cae un 2,76 % desde diciembre por la COVID-19
Las aseguradoras gestionaban 234.401 millones de euros de sus clientes al final del primer trimestre de 2020, un 0,23 % menos que un año antes y un 2,76 % menos que en diciembre, debido a la incertidumbre creada por la pandemia del coronavirus. De acuerdo con los datos de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA), que hoy ha publicado la patronal Unespa, la mayor parte de esa cantidad, 192.080 millones de euros, corresponden a productos de seguro, que no han registrado variación alguna en términos interanuales. Los restantes 42.320 millones son el patrimonio de los planes de pensiones gestionados por aseguradoras, que baja un 1,24 % frente a marzo de 2019. Los seguros individuales de ahorro a largo plazo (SIALP) son los que más han crecido en el periodo en comparación interanual, casi un 7 %, con lo que se sitúan en 4.265 millones. También mejoran los unit-linked (seguros que invierten en activos, en los que el cliente asume el riesgo), que suman 13.377 millones de euros tras aumentar un 3,26 %. Los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) y las rentas vitalicias y temporales se mantienen estables, en poco más de 13.000 y 89.000 millones de euros, respectivamente. Según explica Unespa, la declaración de estado de alarma en España el pasado 14 de marzo se ha hecho sentir en la evolución del negocio de vida desde entonces, sobre todo en términos intertrimestrales. Así, los descensos más pronunciados frente a diciembre de 2019 se han registrado en la transformación de patrimonio en rentas vitalicias, que ha bajado un 7,53 %, seguidos de los unit-linked (-6,44 %) y los PIAS (-4,40 %). En cuanto a ingresos por primas, el negocio de vida riesgo se situó en 1.698 millones de euros, tras crecer un 6,66 % en términos interanuales. Para Unespa, es previsible que los efectos de la paralización de la actividad comercial sobre los seguros se note más en el segundo trimestre, aunque destaca que las aseguradoras han seguido prestando servicio a sus clientes y el sector mantiene unos niveles de solvencia «elevados» que superan «con creces las exigencias que marca la regulación».
Calles (PwC): «Los problemas a la banca llegarán con retardo, por la morosidad»
La banca española, al igual que la del resto de Europa, tendrá un cierto respiro, pero siempre dentro de la normativa, en los requerimientos sobre el colchón anticrisis que les exigen las autoridades de resolución, teniendo en cuenta la situación actual generada por la pandemia. Las entidades deben ir atesorando desde hace años sus propios fondos para evitar un rescate público. Sin embargo, en estos momentos se busca que las exigencias en el corto plazo de los requerimientos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, en inglés) no impidan que las entidades proporcionen financiación a las empresas y los hogares. El Banco de España ha informado esta semana en un comunicado que aplicará «la discrecionalidad y la flexibilidad» otorgada por el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de estas obligaciones, como ha hecho ya la Junta Única de Resolución. Economía 3 charla con Alberto Calles, socio responsable de la Unidad de Regulación Financiera y Riesgos de PwC sobre el posicionamiento del sector bancario en esta crisis: – ¿Es cierto que las entidades financieras parten de una situación más favorable que en la anterior crisis? – En los últimos años, la presión regulatoria sobre los bancos europeos, y por ende también sobre los españoles, ha aumentado sus niveles de capital -y, por tanto, su solvencia-, hasta cifras históricas. Desde 2005, la tasa de capital CET1, el más representativo de las entidades el de máxima solvencia, ha pasado del 11,3% al 14,4% (en el caso de español al 12,6% a cierre de 2019). Y, si contamos desde el inicio de la crisis, el colchón de solvencia se ha multiplicado por tres. – ¿Qué otras diferencias podemos encontrar ahora con respecto a la anterior crisis? – Esta crisis no es tanto una crisis bancaria como lo fue la otra, los problemas a la banca le vendrán con retardo, porque ahora han llegado a muchos sectores económicos que han sido impactados de lleno: la hostelería, el turismo…. Pero sin duda los problemas llegarán porque se espera que la morosidad en la banca repunte, quizá se pueda duplicar como ocurrió en la anterior crisis (del 4,8% a cierre de 2019) y es que la profundidad de esta ya está siendo mucho mayor que la de la anterior, cuando el PIB bajó un 3,6% y ahora se habla de una caída de incluso dos dígitos. – ¿En este contexto se piensa en una necesaria flexibilidad normativa, en qué sentido ha orientado el BCE las medidas? – Por una parte, la Comisión Europea propuso una importante relajación de las normas de ayuda estatal, al permitir las garantías del Estado sobre los préstamos bancarios, hablamos de los conocidos avales ICO. Pero también, el regulador previendo la morosidad y sabiendo que la banca está muy tocada en su modelo de negocio (ya que los tipos están en negativo) ha apostado por el relajo en las exigencias de capital. También en la contabilidad y en el cálculo de las provisiones se está apostando por el relajo. El BCE será flexible a la hora de clasificar a los deudores «en riesgo de impago». De este modo se le dice a la banca: todos aquellos créditos que des a empresas que antes de la COVID-19 no había dudas de que estaban bien y no tenía problemas estructurales, van a tener unas normas un poco más relajadas de contabilidad y algo más de tiempo por si esos créditos evolucionan mal, para que no te ahoguen en un momento en el que necesitamos que el crédito fluya. Si bien, los supervisores están muy atentos, no quieren que los bancos “hagan trampas” e incluyan créditos que ya tenían problemas de impago antes. Respecto a la política monetaria,el BCE está preparado para aumentar el tamaño del nuevo programa de compra de activos y ajustar su composición, en la medida requerida y durante el tiempo necesario. – ¿Estos relajos están contribuyendo a que la banca pueda seguir ofreciendo crédito? – Exacto esa es la prioridad, y cuanto más crece el crédito más necesidades de provisiones y capital se requiere, pero con este relajo, si el colchón que se exige es menor, es posible, en la práctica, con el mismo capital, seguir apoyando en mayor medida a la economía real. – En cualquier caso, ¿está previsto que, a finales de junio o julio, el regulador comunique a cada entidad en concreto sus exigencias de capital? – Sí en esas fechas se produciría ese llamado diálogo entre el supervisor y la entidad, que, una vez al año, fija las exigencias concretas de capital según el riesgo de cada entidad, y aunque se hable de flexibilidad esto no afecta por ejemplo al % de capital de máxima solvencia CET1 que se requiere a las entidades, es decir, no se va a modificar que algo que no computaba como máxima solvencia ahora lo haga. – Por otro lado que el BCE ponga a disposición toda la liquidez necesaria para seguir facilitando la financiación que la economía precisa es buena noticia… – Sí a diferencia de la crisis anterior España tiene acceso a liquidez y no está al límite, mientras entonces, como estábamos muy apalancados, nos cerraron el grifo. Es cierto, que la banca española aun sin tener problemas de liquidez también está acudiendo al BCE porque consigue liquidez barata, pero los problemas de liquidez de la anterior crisis no se están dando ahora. – Que el BCE acepte ahora activos calificados como bonos basura como colateral (garantía) en las operaciones de liquidez no deja de ser cuanto menos reseñable… – Sí, los países peor posicionados tendrán más posibilidad de buscar liquidez en el BCE al rebajar el listón de la calidad de los activos que pueden presentar como garantía, se les dará más margen. Es otra de las facilidades que habrá que seguir de cerca de cara al futuro. Si bien, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, salió al paso de las dudas de la corte alemana sobre la proporcionalidad de sus compras de bonos asegurando que la institución evalúa «continuamente» la proporcionalidad de sus decisiones, teniendo en cuenta sus posibles «efectos secundarios» y su interacción con otras políticas.
Un 34% de empleados ha teletrabajado durante las semanas de confinamiento
Durante las semanas de confinamiento, el teletrabajo se ha convertido en la mejor oportunidad para hacer compatible la protección frente a la pandemia con el mantenimiento de las actividades productivas. Las evidencias disponibles que han recopilado, los profesores de la UV, José María Peiró y Ángel Soler en el estudio del IvieLAB ‘El impulso al teletrabajo durante el COVID-19 y los retos que plantea’ apuntan a un fuerte incremento de la práctica del teletrabajo, pero la intensificación ha tenido lugar de manera sobrevenida, en muchos casos improvisada y sin planificación previa. Los datos del INE afirman que solo un 4,8% de los empleados teletrabajaban en España en 2019, siendo el porcentaje ligeramente mayor en hombres que en las mujeres (4,9 % frente a 4,7 %). Si comparamos estas cifras con las de otros países de la Unión Europea, España se situaba por debajo de la media (5,3 %) de la UE, siendo los mayores porcentajes de teletrabajadores en los Países Bajos y Finlandia (14,1 %), y Luxemburgo (11,6 %). Si bien, según Randstad, teniendo en cuenta datos propios y del INE, el 22,3 % de los trabajadores españoles (4,4 millones) tienen posibilidades de usar esta modalidad de trabajo, siendo el porcentaje en el caso valenciano algo menor (20,9 %; 437.000). José María Peiró es investigador del Ivie y catedrático de la UV, mientras que Ángel Soler es profesor de la UV Por tipo de ocupaciones, el 100 % de quienes ocupan puestos directivos podrían hacer uso del teletrabajo para el desempeño de sus tareas. El colectivo de técnicos, profesionales científicos e intelectuales podría recurrir al trabajo a distancia también ampliamente, en un 60 % de los casos, y los contables, administrativos y otros empleados de oficina en un 43,6 %. Por el contrario, las personas que desarrollan tareas manuales o se emplean en la industria apenas pueden recurrir al teletrabajo en el 3 % de los casos. Para el 45,3 % de los empleados, los que pertenecen a los grupos menos cualificados, el teletrabajo no parece ser una opción viable según la citada estimación. Por sectores, los servicios presentan la mayor capacidad para teletrabajar con un porcentaje que se sitúa en el 21,4 % de media en los servicios de mercado y del 36 % en los servicios públicos. Dentro de los servicios de mercado, la intermediación financiera y los servicios inmobiliarios y empresariales muestran mayores posibilidades de teletrabajar con porcentajes (sobre el total de ocupados en su rama) del 45 % y 41,5 % respectivamente. En las manufacturas el teletrabajo es una modalidad menos probable, pero casi el 30 % de los trabajadores de la industria química tienen posibilidad de teletrabajar, así como el 28 % de los de edición y artes gráficas. Sin embargo, en la agricultura, solo el 4 % de los ocupados podrían teletrabajar. Por regiones, las comunidades autónomas con mayor nivel de desarrollo económico, Madrid, Cataluña y País Vasco, muestran una mayor capacidad de teletrabajar que el resto de regiones, mientras la Comunitat Valenciana se sitúa por debajo de la media. Si bien, en estas ocho semanas en las que se aplica el estado de alarma las posibilidades de teletrabajar podrían estar utilizándose incluso por encima de las capacidades identificadas. Así parecen constatarlo los resultados de una encuesta realizada en España en marzo y abril de 2020. Ante la pregunta de “ si han ido a trabajar en los últimos siete días” , un 34,0% de la muestra, en el promedio de las cuatro oleadas realizadas, ha respondido que está teletrabajando. En suma, las evidencias puntuales disponibles apuntan un fuerte incremento de la práctica del teletrabajo, pero la intensificación ha tenido lugar de manera sobrevenida, en muchos casos improvisada, y con poca planificación previa. Por eso, conviene advertir que un teletrabajo eficaz requiere, habitualmente, la reorganización y adaptación de sistemas y procesos de trabajo y un esfuerzo de aprendizaje de los trabajadores no familiarizados con esa práctica. En estas circunstancias esos cambios se estarán produciendo de manera poco ordenada. Según José María Peiró, investigador del Ivie y catedrático de la UV, y Ángel Soler, profesor de la UV, ls inversiones en capital humano por trabajadores y empresas, mediante la formación permanente, son fundamentales en el contexto de la digitalización del trabajo. Es importante que los trabajadores realicen opciones estratégicas y de calidad en la formación y desarrollo de competencias que potencien su empleabilidad y desarrollo de carrera. Al haberse producido de una forma sobrevenida, sin preparación previa, el nivel de eficacia, eficiencia y productividad del teletrabajo está probablemente por debajo de los niveles asociados al desempeño presencial (Morikawa M, 2020), pero la práctica del teletrabajo llevará a que muchas de estas carencias se superen, aunque los beneficios de las relaciones interpersonales serán difíciles de incorporar plenamente.
Soler defiende que la población tenga mayor peso en el reparto de los 10.000 millones
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abordado con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, en una larga reunión de más de tres horas este lunes por la tarde, los criterios para el reparto del Fondo No Reembolsable de 16.000 millones que habilitará el Gobierno para las autonomías. De esta forma, se destinarán 10.000 millones para atender gasto sanitario; 5.000 millones por la minoración de ingresos por la caída de la actividad económica; y 1.000 millones más para atender gasto social. Con respecto a los 10.000 millones destinados a cubrir el gasto sanitario se abonarán en dos fases. En el corto plazo se habilitarán 6.000 millones y, posteriormente, en el segundo semestre se pagarán los otros 4.000 millones. Estos son los criterios de reparto que ha propuesto la Ministra de Hacienda: En la distribución del primer tramo tienen más peso las variables que reflejan el impacto directo de la emergencia sanitaria sobre los sistemas de salud. En cambio, en el segundo tramo, la población ajustada o población protegida equivalente gana relevancia porque se aplicará en una fase de estabilización en el que la prioridad será que las comunidades preparen sus sistemas sanitarios para prevenir cualquier posible rebrote. El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, que ha valorado positivamente esta inyección de liquidez “sin precedentes en la España autonómica”, ha defendido que la población ajustada debería tener una mayor ponderación en el reparto el primer tramo ya que en la propuesta inicial del ministerio, el 80% de los recursos se vinculan a la población afectada por la pandemia (ingresos UCI, hospitalizaciones y positivos confirmados por PCR) y el 20% a la población protegida (población ajustada). “He defendido en la reunión que la clave para su reparto debe ser la población, ya que debe vincularse a las personas, a los pacientes, aunque podríamos entender que pueda matizarse ese reparto en virtud del impacto de la pandemia en los diferentes territorios y, en ese sentido hay que tener en cuenta la Población Protegida Equivalente y a los mayores de 60 años, que son el grupo más vulnerable a la Covid-19”, ha indicado Soler. La ministra de Hacienda, por su parte, se ha comprometido a revisar su propuesta para que recoja también la visión y la opinión que han mostrado los consejeros, entre ellos el conseller Soler, si bien, ha señalado Montero que las comunidades que han sufrido un mayor impacto de la pandemia serán las que más recursos reciban en la medida en que el fondo cubre el incremento del gasto sanitario generado por el virus. La ministra de Hacienda ha dejado también abierto para el debate la opción de adoptar la población ajustada o la población protegida equivalente a petición de los consejeros. Ambas variables son similares y ajustan el peso de la población en función de criterios como la población mayor de 65 años, la dispersión, el número de menores de 16 años o la insularidad, entre otros. Montero también ha comunicado a los responsables de Hacienda que su propuesta es que los 1.000 millones destinados a cubrir el mayor gasto social se repartirán bajo el mismo criterio que el Fondo Social Extraordinario de 300 millones que el Gobierno aprobó el pasado 17 de marzo para hacer frente a la pandemia. En este caso, la población es la variable que tiene mayor peso, aunque también se tienen en cuenta aspectos como la superficie, la población dependiente, mayores de 65 años y menores de 16 años o la dispersión. Finalmente, la ministra de Hacienda ha señalado que el criterio para repartir el tramo de 5.000 millones se determinará en función de la caída de ingresos propios de las comunidades autónomas. Montero se ha mostrado favorable a que la fórmula exacta del reparto salga de una propuesta del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria. Se trata de un órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades y Ciudades Autónomas, que tiene como principal misión coordinar la gestión de los tributos cedidos. Una respuesta financiera “rápida” Vicent Soler, que ha recordado que estas inversiones para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas no computarán en la regla de gasto, también se ha mostrado satisfecho por la respuesta financiera que está dando el Gobierno central a las necesidades de liquidez de la Comunitat Valenciana. “Su respuesta ha sido rápida y ha estado a la altura de las circunstancias. Hasta el momento, el Gobierno ha facilitado liquidez a la Comunitat por importe de 1.423 millones de euros para que pueda hacer frente a los gastos extra que está teniendo, principalmente como consecuencia de la lucha contra el coronavirus”. Según el conseller, esta cifra viene a cubrir aproximadamente el 65% de las necesidades de liquidez extraordinaria de la Comunitat, que según los cálculos del Consell alcanzarán los 2.200 millones en el primer semestre. “La previsión que tenemos es que, antes de que concluya mayo, la Comunitat Valenciana reciba la cantidad restante para trasladarla a la actividad económica, lo cual es una buena noticia”, ha indicado Soler. “Pero no podemos quedarnos en eso -ha insistido Soler- necesitamos también la corresponsabilidad del resto de territorios, que deben evitar competir en materia fiscal y seguir avanzando, desde la solidaridad, en los pasos necesarios que nos permitan a todos iniciar la recuperación económica y sanitaria. Y para ello es indispensable llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica. No podemos afrontar una verdadera recuperación si no partimos de la base de un modelo de financiación basado en la equidad, la justicia y el equilibrio para todas las autonomías”, ha indicado Soler. Y es que el actual sistema de financiación autonómica tiene más en cuenta la dispersión de la población de cada territorio que el número de habitantes, de ahí que la Comunitat sea la más perjudicada. 1.351 millones de liquidez avanzada y 1.500 pendientes del Extra FLA Como señalaba este medio, el Consell está pendiente del adelanto del FLA extraordinario, 1.550 millones que irán directamente y en su totalidad al pago de facturas de proveedores, lo que supondrá un verdadero respiro para sus proveedores: pymes, autónomos y grandes empresas. La Tesorería de la Generalitat dispone ahora mismo de 1.351 millones de liquidez avanzada, que con los 72 millones de ingresos adicionales transferidos por el Gobierno para actuaciones frente a la COVID-19 en sanidad (28,3 millones), servicios sociales (30 millones), alimentación infantil (2,3 millones) y ayudas al alquiler de viviendas (11,4 millones), suman un total de 1.423 millones para atender la urgencia más inmediata. Los 1.423 millones contemplan 128 millones de euros correspondientes al FLA ordinario del primer y segundo trimestre de este año, de los que 46 millones serán para pago a proveedores y 82 millones para disponer de liquidez en caja. Asimismo, el día 17 de abril llegaron los 111,6 millones del segundo pago de actualización de las entregas a cuenta, que en total suponen 223 millones y que normalmente se activan en octubre. Por último, la Comunitat Valenciana también dispone de 1.000 millones de euros de liquidez avanzada entre transferencias directas (230 millones + 120 millones) y una operación financiera con el Tesoro por importe de 650 millones, lo que supone un avance de más del 50% de la liquidación del sistema de financiación que supondría unos 925 millones y que habitualmente se paga en julio. “Quiero destacar la importancia de la operación a tres bandas entre la Conselleria d’Hisenda, la Tesorería General del Estado y las entidades financieras para disponer de 650 millones de liquidez entre abril y julio. Esta gestión, que se ha llevado a cabo gracias a la iniciativa del equipo de la Conselleria d’Hisenda, ha permitido a la Comunitat disponer de más del 50% de la liquidación de 2018 antes que ninguna otra autonomía», ha indicado Soler. Según la Ministra, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, esto es 7.903 millones más.
Ribó inicia la peatonalización de la Plaza y llama a la reconstrucción de València
La plaza del Ayuntamiento inicia su peatonalización y ya está cerrada al tráfico. Desde este lunes las contratas municipales trabajan en la retirada de los semáforos para sustituir el asfalto «sobre el cual, hasta ahora, circulaban y mandaban los coches, por otro, que ponga en primer plano a las personas», ha celebrado el alcalde de València, Joan Ribó, quien ha anunciado para el próximo viernes un pleno extraordinario, en el que se aprobará la creación de una Comisión de Reconstrucción tras la crisis de la COVID-19 y ha hecho un llamamiento a la participación de toda la sociedad civil para determinar prioridades. Así, ha llamado a la contribución de las entidades públicas y privadas, sectores empresariales, sindicatos, universidades, representantes vecinales y entidades sociales de todo tipo, para configurar la nueva realidad de València. Según ha informado, el gobierno municipal ha trabajado un documento global que se asienta sobre cuatro ejes fundamentales: la recuperación sanitaria, la recuperación económica, la acción social, y el impulso a la innovación. Entre los aspectos que incluye el documento que servirá de hoja de ruta a la comisión se plantean medidas como la promoción del espacio público, con ampliación de aceras y recuperación de plazas para los peatones, en el centro y en los barrios y potenciar la bicicleta y la apertura de parques y playas como espacios dinámicos en condiciones de seguridad. Igualmente, se propone un nuevo plan de acción para reducir la contaminación atmosférica y una gran inversión pública en infraestructura verde, en coordinación con los programas de financiación estatal, y como forma de impulsar la economía. También habrá nuevas ayudas al comercio de proximidad, autónomos y pymes como complemento de los planes estatales; apoyo a las empresas en su adaptación a las nuevas normas de seguridad frente a los contagios; una nueva concepción del turismo asentado sobre la nueva realidad; y un plan de licencias exprés. La plaza estará lista para el próximo lunes, el primer día de la primera fase de la desescalada De momento, ha señalado el alcalde el «simbolismo» que supone la intervención de la plaza, cuya remodelación concluirá el próximo lunes. En los próximos días, se renovará el asfalto y se habilitará la señalización y mobiliario urbano que permitirán delimitar los 12.000 m² de nuevo espacio que recuperarán los peatones. También se habilitará el futuro carril de autobús por donde circulará la nueva línea C1-Centro Histórico, que en estos momentos está desviada por Poeta Querol. Esta línea, con vehículos híbridos o eléctricos, circulará por la calle de la Pau hasta la plaza del Ayuntamiento, haciendo una parada en la plaza de la Reina. Según la vicealcaldesa Sandra Gómez el espacio estará listo, «el primer día de la primera fase de la desescalada y será el punto de partida para «empezar a trabajar en otros proyectos entre los cuales destacan Pérez Galdós, Giorgeta o la plaza de San Agustín. Queremos acelerar esos procesos que ya teníamos encaminados de recuperación de espacio público porque podamos andar en condiciones de seguridad», ha añadido Gómez. Por su parte, el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha informado de la puesta en marcha de la nueva red de autobús de la EMT y de los nuevos itinerarios que ya han estrenado el nuevo doble carril segregado de uso exclusivo para el transporte público -EMT y taxis- en la calle Colón. Mientras duran las actuaciones en la plaza del Ayuntamiento, EMT ha adaptado de manera provisional el recorrido de las líneas C1, 6, 8 ,10, 11, 14, 19, 32, 35, 40, 70, 71 y 81. Con todo, se han instalado cuatro puntos informativos en la ciudad (Tetuán, Puerta del Mar, Xàtiva y plaza del Ayuntamiento) para resolver posibles dudas a las personas usuarias sobre los cambios en la red. También se está informando a través de las redes sociales, la AppValència y el canal EMTV, donde se difunde información singularizada línea por línea.
La Comunitat gestiona a través de Ecolec la recogida de 3.098 tn de residuos electrónicos
Fundación Ecolec, organización sin ánimo de lucro que centra su actividad en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ha gestionado en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre de 2020 un total de 3.098 toneladas de este tipo de residuos, lo que supone rebasar las previsiones de recogida para este período. Si bien, Ecolec estima que será muy difícil alcanzar los objetivos ecológicos fijados para 2020: pese a que la recogida, gestión y tratamiento de residuos se ha considerado por el Gobierno actividad esencial, pero el cierre de los establecimientos de venta de electrodomésticos va a lastrar las ventas de estos productos y, por consiguiente, la generación de residuos. No obstante, reconoce que la situación de confinamiento ha intensificado el uso de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE). Según el director general de Fundación, Luis Moreno Jordana, “el confinamiento nos ha brindado la oportunidad de dedicarnos a actividades que teníamos aparcadas, por ejemplo, la repostería o relacionarnos de forma diferentes con nuestros familiares, amigos o allegados; así, usamos más nuestros electrodomésticos para cocinar, o usamos cámaras y ordenadores personales para hacer videollamadas”. Al estar cerradas las tiendas de electrodomésticos, la compra de estos productos se está llevando a cabo vía online. Por este motivo desde Ecolec se recuerda que “en la venta on line el consumidor cuenta con los mismos derechos que en el caso de adquirir un aparato eléctrico y electrónico en una tienda física: el vendedor está obligado a retirarle sin cargo el aparato sustituido y a realizar una correcta gestión del residuo”. Y para garantizar la salud y seguridad desde los puntos de generación de RAEE, plataformas logísticas y los puntos limpios que se encuentran abiertos, “se han extremado las medidas de seguridad mediante el uso de guantes, mascarillas, lavado de manos antes y después de la recogida y manteniendo la distancia interpersonal recomendada por las autoridades”, aclara Moreno Jordana. Cuarta comunidad con mayor cantidad de RAEE recogida en 2019 En 2019, la Fundación Ecolec gestionó en la Comunitat Valenciana un total de 12.935 toneladas de RAEE, posicionándose como la cuarta comunidad con mayor cantidad recogida de este tipo de residuos. Con esta cifra de residuos gestionados se ha conseguido recuperar a su vez 6.728 toneladas de metales férricos, el equivalente a la mitad del volumen del Miguelete, metales férricos que han sido reintroducidos nuevamente en el ciclo productivo. En el ámbito nacional, Ecolec superó en 2019, por tercer año consecutivo, los 100 millones de kilogramos de RAEE correctamente gestionados alcanzando la cifra de las 123.556 toneladas, un 7,83% más que el año anterior. Para facilitar el acceso al reciclaje de residuos electrónicos, la Fundación Ecolec, en colaboración con la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), inició en 2017 el programa #GreenShop. Bajo el lema “Súmate al reciclaje Responsable”, #GreenShop está presente en 11 comunidades con 892 establecimientos adheridos.