Mujeres al Timón
La Comunitat gestiona a través de Ecolec la recogida de 3.098 tn de residuos electrónicos
Fundación Ecolec, organización sin ánimo de lucro que centra su actividad en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ha gestionado en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre de 2020 un total de 3.098 toneladas de este tipo de residuos, lo que supone rebasar las previsiones de recogida para este período. Si bien, Ecolec estima que será muy difícil alcanzar los objetivos ecológicos fijados para 2020: pese a que la recogida, gestión y tratamiento de residuos se ha considerado por el Gobierno actividad esencial, pero el cierre de los establecimientos de venta de electrodomésticos va a lastrar las ventas de estos productos y, por consiguiente, la generación de residuos. No obstante, reconoce que la situación de confinamiento ha intensificado el uso de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE). Según el director general de Fundación, Luis Moreno Jordana, “el confinamiento nos ha brindado la oportunidad de dedicarnos a actividades que teníamos aparcadas, por ejemplo, la repostería o relacionarnos de forma diferentes con nuestros familiares, amigos o allegados; así, usamos más nuestros electrodomésticos para cocinar, o usamos cámaras y ordenadores personales para hacer videollamadas”. Al estar cerradas las tiendas de electrodomésticos, la compra de estos productos se está llevando a cabo vía online. Por este motivo desde Ecolec se recuerda que “en la venta on line el consumidor cuenta con los mismos derechos que en el caso de adquirir un aparato eléctrico y electrónico en una tienda física: el vendedor está obligado a retirarle sin cargo el aparato sustituido y a realizar una correcta gestión del residuo”. Y para garantizar la salud y seguridad desde los puntos de generación de RAEE, plataformas logísticas y los puntos limpios que se encuentran abiertos, “se han extremado las medidas de seguridad mediante el uso de guantes, mascarillas, lavado de manos antes y después de la recogida y manteniendo la distancia interpersonal recomendada por las autoridades”, aclara Moreno Jordana. Cuarta comunidad con mayor cantidad de RAEE recogida en 2019 En 2019, la Fundación Ecolec gestionó en la Comunitat Valenciana un total de 12.935 toneladas de RAEE, posicionándose como la cuarta comunidad con mayor cantidad recogida de este tipo de residuos. Con esta cifra de residuos gestionados se ha conseguido recuperar a su vez 6.728 toneladas de metales férricos, el equivalente a la mitad del volumen del Miguelete, metales férricos que han sido reintroducidos nuevamente en el ciclo productivo. En el ámbito nacional, Ecolec superó en 2019, por tercer año consecutivo, los 100 millones de kilogramos de RAEE correctamente gestionados alcanzando la cifra de las 123.556 toneladas, un 7,83% más que el año anterior. Para facilitar el acceso al reciclaje de residuos electrónicos, la Fundación Ecolec, en colaboración con la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), inició en 2017 el programa #GreenShop. Bajo el lema “Súmate al reciclaje Responsable”, #GreenShop está presente en 11 comunidades con 892 establecimientos adheridos.
Jarillo (SIA): «El value ha invertido en cosas baratas sin darse cuenta que merecían serlo»
¿Es posible encontrar buenos negocios o empresas, que generen rentas crecientes a largo plazo, y que coticen con descuento? La clave, según la gestora de fondos value SIA (Strategic Investment Advisors Group), con sede en Lachen (Suiza) pero fundada por el valenciano José Carlos Jarillo, está en “estimar” cuáles serán los beneficios futuros del activo, calcular su valor intrínseco, y aprovechar la volatilidad de los precios en bolsa para comprar barato. Economía 3 charla con Jarillo desde Suiza que explica cómo su principal objetivo consiste en proteger el capital invertido y obtener un retorno del 10-12% anual, mediante la búsqueda de empresas sólidas en las que puedan invertir a largo plazo a un precio de entrada atractivo. Siempre basándose en un análisis riguroso y profundo del posicionamiento estratégico de cada empresa. – Lo primero, ¿cómo un valenciano de origen, doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard y en Economía por la Autónoma de Barcelona, profesor del IESE y del Instituto de Empresa en España, acaba fundando SIA en 2002 en Suiza? – Vine a Suiza hace muchos años como profesor de Estrategia Empresarial, primero en la escuela de negocios IMD y después ocupé la Cátedra de Estrategia Corporativa e Internacional de la Universidad de Ginebra. Fue entonces cuando empecé a aplicar mis ideas estratégicas como criterios de inversión y lancé un primer fondo muy pequeño que fue bastante bien y creció mucho en poco tiempo. Después fundé la gestora y me dediqué ya full time a ella. – Si partimos de que la inversión value o inversión en valor trata de identificar compañías que están infravaloradas desde un punto de vista fundamental. ¿Por qué en los últimos 10-12 años no ha funcionado en absoluto? – Todo el que invierte cree que lo hace en valor, nadie quiere invertir en algo que no valga nada, el valor es un concepto muy elástico, pero existen una serie de teorías de por qué no ha funcionado bien y creo que todas tienen algo de razón. Los bajos tipos de interés tienen un efecto muy directo en la valoración de las compañías. Especialmente al traer a valor presente los futuros flujos de caja. Cuando los tipos de interés son altos, el cálculo de los ingresos futuros tiene menos valor presente. En cambio, cuando los tipos son bajos, apenas hay que depreciar los beneficios de los próximos años. Técnicamente hablando el descuento de flujos ha provocado que las compañías de perfil value hayan tenido un comportamiento mucho peor que aquellas con un perfil growth, en fase de expansión y cuyos ingresos han seguido creciendo. Pero para mí, hay una razón muy importante y es que los mercados han crecido mucho, no solo en tamaño si no también en inteligencia. – ¿En qué sentido? – Cuando Benjamin Graham empieza a hablar de ello en los años 40, apenas había datos, había que ir empresa por empresa buscando sus datos, nada era evidente y había mucha información que se perdía en los cajones, pero hoy, literalmente hay millones de personas que pueden acceder a los resultados de cualquier empresa en apenas segundos… por no hablar de todas las herramientas para la inversión que existen, incluso para inversores particulares, que sistemáticamente compran lo que crece, o lo que está barato,… es decir hoy prácticamente no hay rincones del mercado poco vistos… Si bien, el ser humano sigue entusiasmándose con algunas cosas, deprimiéndose con otras y ahí se puede ganar dinero, pero hay que reconocer que hay gente más preparada que antes y si una cosa está barata es generalmente porque puede haber problemas y estos muchas veces se cumplirán. Los inversores value han invertido sistemáticamente en cosas baratas sin darse cuenta que realmente se merecían estar baratas. – Y pese a todo, ¿por qué seguir apostando por este estilo de inversión? – Porque intelectualmente es una inversión muy lógica, atractiva, tiene mucho sentido, a cualquiera le gusta comprar cosas con descuento. Siempre existe el acicate de encontrar cosas que estén baratas; aunque en mi opinión el concepto tiene que evolucionar de cosas que estén baratas, a cosas que, siendo buenas estén demasiado baratas, que el precio no refleje esa bondad y verdaderamente haya un descuento. Así es como trabajamos nosotros y esa idea de encontrar cosas donde el precio no refleje todo el valor es muy atractiva. – ¿Y cómo les ha ido? – Le podré algunos ejemplos nosotros invertimos ya hace 9 años en empresas salmoneras, en granjas de salmón, pues se han multiplicado por 15 esas acciones. Desgraciadamente no sabemos hacer esto cada día, pero si encuentras un negocio que tiene lógica, que es fácil de entender, y cotiza barato hay que estudiarlo bien y basándose en un análisis riguroso y profundo del posicionamiento estratégico de cada empresa, tomar decisiones. También invertimos hace muchos años en Apple, cuando la compañía estaba muy barata y algunos consideraban que podía ser un fabricante de electrodomésticos más que acabara siendo barrido por chinos y coreanos como ocurrió con muchos fabricantes de electrodomésticos como microondas o lavadoras. Pero nosotros vimos que el valor añadido de Apple sobre todo no estaba en el electrodoméstico en sí, sino en su software, su diseño… pensamos que iba ser una inversión muy buena y de hecho, nos ha ido muy bien. Nadie pensaba que un tercio de la humanidad andaría por la calle con un superordenador en el bolsillo que es lo que son hoy nuestros teléfonos móviles, con acceso absolutamente a todo, y es por ello que, a las empresas que hay detrás de esta revolución les han ido muy bien, Apple, Microsoft, Google… – ¿Y qué posiciones españolas tienen en cartera? – Por ejemplo Viscofan es una empresa española muy curiosa, su negocio es muy estable, comercializa envolturas para productos cárnicos -la piel de las salchichas para entendernos-, y sin embargo, por una serie de razones la acción es muy inestable, muy variable, sube mucho, baja mucho, pero es una empresa que conocemos muy bien, y cuando baja la acción la compramos y cuando sube, la vendemos, ya lo hemos 4 veces: comprar a 20 y vender a 40, comprar a 30 y vender a 50… nos ha funcionado muy bien. – Es decir oportunidades hay, pero hay que buscar muy bien… – Sí, también nos ha pasado con otra empresa española en cartera, Grifols, especializada en el sector farmacéutico y hospitalario, nos ha ido muy bien, pero a veces el mercado no tiene paciencia. Lo digo porque Grifols es muy buena empresa, con un negocio estable, muy protegido, con muchas barreras de entrada, en principio no expuesto a crisis y recesiones económicas, pues la gente enferma también en épocas de bonanza, pero este tipo de compañías requieren de grandes inversiones que se prolongan durante muchos años. Grifols lleva años invirtiendo, y el mercado lo sabe, pero como el fruto de esas inversiones tarda en verse, a veces, el mercado pierde el interés. Por tanto, si uno tiene una visión a largo plazo, puede comprar muy barato y esperar, nosotros compramos ya hace un tiempo y ahora que se están viendo los resultados de las inversiones y en los últimos tiempos la acción ha ido muy bien. – ¿Siempre hay que tener en mente ese horizonte de largo plazo…? – Si supiéramos qué va ocurrir mañana no haría falta, pero eso nadie lo sabe, a principios de enero quién pensaba que iba a ver un virus que iba a hacer caer al mercado un 40%, y quién iba a decir que hace 15 días veríamos rebotes de un 30%. Qué va hacer el mercado esta semana, nadie lo sabe, entonces todo aquello que no sea invertir con un horizonte a largo plazo, podemos decir que no es invertir es ir al casino o jugar a la lotería. – ¿Pero cómo calcular el verdadero valor de una empresa cuando estamos viendo los drásticos efectos de esta crisis? – Indudablemente los efectos de esta crisis serán importantes y se reflejarán en los beneficios, pero esta crisis pasará y hay que pensar -siguiendo el ejemplo que te he puesto antes-, ¿dentro de tres años se comerá mas salmón o menos?, pues sabiendo que es una comida sana, relativamente barata y que cada vez a la gente le gusta consumir más sushi incluso en casa, pues lo lógico es que se consuma más. Si uno piensa que la estructura del negocio no se ha visto afectada en esta crisis y que habrá que entenderla como una especie de paréntesis, tendrá que estudiar los número y pensar si compensa comprar ahora, sabiendo que este año va a ser malo, y que el siguiente no sabemos como será. Hay que centrarse en cómo será el negocio después de la crisis y calcular cuánto puede durar ese paréntesis. – El problema es que el miedo, al ver esas caídas te lleva a vender con grandes pérdidas… – Ese es el problema, las personas somos contracíclicas, compramos lo que sube y vendemos lo que baja. ¿Qué sentido tiene eso? Tienes que pensar que como accionista eres el dueño de un trocito de esa empresa, si tienes en cartera Inditex, porcentualmente eres tan dueño de Inditex como Amancio Ortega, y no me imagino a Amancio Ortega queriendo vender su participación porque la acción le haya bajado un 25%… tendremos un año malo, pero no creo que sea el momento de hacer mucho más. – La banca en España está barata, si bien no es uno de los sectores que al valor le atraiga… – Si miramos los datos anteriores a la crisis de 2008 en España, puedo afirmar que la banca española nunca va a volver a ganar tanto dinero como ganaba en 2007, España no va a volver a construir más casas que toda la Unión Europea junta, y esto por no decir que es un sector con un crecimiento limitado, la población española disminuye cada año, es decir el negocio bancario puede crecer algo más en función de la riqueza pero si lo comparamos con otros sectores no resulta tan interesante. – Hábleme de sus vehículos… Básicamente hablaría de dos fondos el Classic y el Natural Resources con algo más de 300 millones de euros bajo gestión. Classic integra una selección de 30 empresas, diversificadas por negocio y geografía, con el objetivo de generar una rentabilidad superior al 10% anual. Es un fondo global que busca proteger el capital y generar una rentabilidad interesante ajustada por riesgo. Natural Resources se orienta a inversión en renta variable y en valores vinculados a la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades implicadas en el sector de recursos naturales y en productos estructurados vinculados a la rentabilidad de dichos valores. – Un fondo especializado en materias primas… ¿no es un negocio muy complicado? – Sí es un negocio complicado, pero es muy cíclico, ciclos muy largos y muy profundos, con temporadas buenas, y otras muy malas, y es en esas temporadas, cuando todo el mundo se va, la oportunidad es buenísima. En estos momentos creemos que hay oportunidades muy buenas, por lo que pensamos que en los próximos años el fondo podría dar una rentabilidad muy superior a lo normal. – ¿Aquí englobaríamos al petróleo, como lo ve después de los últimos acontecimientos? – Si uno piensa que la gente seguirá cogiendo el avión, y el coche, que los fertilizantes, los plásticos y derivados seguirán utilizándose… está claro que el petróleo seguirá teniendo demanda y su precio no será cotizar en negativo como hemos visto. Este es un caso, en el que el mercado claramente ha exagerado una realidad, y aunque este año no haga falta más producción, antes o después volverá a recuperar. De hecho, pensamos que el año que viene no habrá bastante petróleo, es cierto que ha caído la demanda pero la caída de la oferta el año que viene va a ser espectacular. Es un momento interesante para entrar y en un par de años puede estar bastante por encima de donde estaba antes de la crisis, pues ya antes de la crisis el petróleo estaba en unos precios que no garantizaban el suministro a largo plazo. – ¿Cree entonces que algunas compañías pondrán recuperar el valor perdido en esta crisis? – Sí, pero el problema de muchas compañías es la deuda, y muchas acaban malvendiendo activos o con la dilución de acción por ese apalancamiento excesivo; en cambio empresas sólidas, pueden caer mucho, pero llegar a recuperar precio en unos años. En mi opinión hay que evitar riesgos, y la deuda es uno, porque uno cree que va a tener tiempo de salir pero nunca lo tiene. – ¿Y ustedes cómo han actuado en esta crisis, han mantenido sus principales posiciones? – Lo mejor que se puede hacer en una crisis como esta es quedarse más bien quieto, porque cuando uno quiere hacer algo ya es tarde. En nuestro caso, hemos tomado algo del beneficio de las acciones que habían ido muy bien, y hemos comprado esperando un buen rebote, pero no hemos cambiado sustancialmente nuestras posiciones. Las cotizaciones han ido más o menos como las de los índices europeos, pues nuestra cartera es principalmente europea ya que son las compañías que conocemos mejor. – ¿Qué porcentaje del capital que gestionan es español? – Sobre un 10%, nuestro mercado natural está en Suiza, Alemania, Italia, Austria,… pero tenemos especial interés en acercarnos a los inversores españoles. Otros artículos relacionados con inversión value
Libertas 7 presenta pérdidas de 172.000 € en el primer trimestre al aplicar la NIIF 9
La cifra de negocios del Grupo Libertas 7, cuya consejera delegada es Agnès Noguera, también se ha visto impactada por los efectos de la COVID-19 y se ha situado al cierre del primer trimestre en 814.000 euros, un 19% menos que el año anterior. Si bien, no todas las áreas de negocio (inmobiliaria, actividad turística e inversiones) han evolucionado de la misma forma. En el Área de Promoción Inmobiliaria y Arrendamientos, las entregas de viviendas han generado una cifra de 248.000 euros, mientras que las rentas de alquileres han ascendido a 142.000 euros. La cotizada valenciana ha cerrado el primer trimestre de 2020 con 19,2 millones de euros en reservas inmobiliarias en curso. A pesar del contexto de incertidumbre, «la actividad de promoción de Ficsa se mantiene, con la comercialización de seis promociones lanzadas y todas las reservas cerradas en los meses anteriores que permanecen inalteradas. La compañía contaba al cierre de este trimestre adicionalmente con producto de comercialización por otros 13,8 millones de euros», apunta en su informe. En cuanto a los ingresos por servicios turísticos han alcanzado los 196.000, incrementándose un 5% respecto al mismo período del ejercicio anterior. Además, durante estos últimos meses se ha procedido a la reforma del 70% de los apartamentos en explotación. En cuanto al área de Inversiones, la aplicación de la NIIF 9 supone el dejar de incluir como cifra de negocios los resultados por ventas de valores (a excepción de la operativa calificada como trading) que al cierre de marzo asciende a 995.000 euros, mientras que los ingresos por dividendos han alcanzado los 92.000 euros. Las compañías asociadas aportan un resultado positivo de 140.000 euros. El resultado de explotación al cierre del primer trimestre es negativo en 134.000, proveniente del área inmobiliaria y turística. Ajustado por el efecto de la aplicación de la NIIF 9, el resultado sería positivo en 861.000 euros, aunque inferior al del mismo período del ejercicio anterior. El resultado financiero de -175.000 euros sitúa el Beneficio antes de impuestos (BAI) en -309.000 euros, siendo el Beneficio despúes de impuestos (BDI) de -172.000 euros al cierre del período, lo que supone una caída del 129%. Nuevamente sin la aplicación de la NIIF 9, el Beneficio Neto sería de 574.000, inferior a los 1,018 millones de euros del ejercicio anterior también sin la aplicación de la NIIF 9. En un escenario en el que la rentabilidad de la bolsa española recogida a través del índice Ibex 35 es del -28,9%, las desinversiones y liquidez que Libertas 7 generó durante el ejercicio anterior les han permitido afrontar la situación actual de gran volatilidad causada por la crisis sanitaria del COVID-19 con un importante colchón de seguridad y pese a no experimentar un incremento de la rentabilidad en su cartera de valores, sí que mejoran la media de la bolsa española. Medidas especiales por la crisis de la COVID-19 Libertas 7 ha constituido su comité de dirección como comité de crisis y ha adoptado varias medidas durante el estado de alarma actual. De este modo, el grupo ha puesto a disposición de las autoridades correspondientes los apartamentos de Port Saplaya y ha donado el 10% de los dividendos percibidos en el primer trimestre para la compra colectiva de material sanitario con una primera entrega de mascarillas a 25 hospitales valencianos. Además, el consejo de administración ha acordado posponer la celebración de la junta general de accionistas con el fin de intentar reunir físicamente a los accionistas y mantener el contacto anual tradicional.
CaixaBank prevé una caída del PIB del 7,2% y ve los avales ICO como «operación rescate»
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado durante la presentación de resultados de CaixaBank que los créditos ICO «no son un negocio para la banca, nos van a costar dinero», y por tanto, los entiende como una «operación de rescate« de la economía y de la sociedad, «que necesariamente se debe llevar a cabo». En concreto, Gortázar ha detallado que CaixaBank ha gestionado hasta el 28 de abril 128.700 solicitudes de créditos ICO por un importe de 11.140 millones y que ha abonado ya 3.700 millones, en su mayoría a pymes y autónomos, a un precio medio del 1,5% en el caso de las pymes y del 2,5% de los autónomos a un plazo de cinco años y con uno de carencia. El directivo ha subrayado que con estos créditos no buscan ganar más cuota de mercado, pero ha reconocido que están siendo proactivos porque es «una ayuda muy importante para la sociedad. Estamos ayudando a las empresas a que no quiebren, estamos poniendo nuestro saber hacer bancario para darles crédito tomando un riesgo que está entre el 20 y el 40 %. Creo que tenemos que verlo así» , ha recalcado. «Hay que unirnos en una lucha contra una desgracia de horribles proporciones. Esto nos va a costar dinero y tenemos que aceptar que perderemos dinero, pero es lo que necesitamos hacer por la sociedad y nuestros clientes en estos momentos», ha incidido. «Lo que toca» no es hacer negocio, sino ayudar al tejido empresarial. Al margen de estos créditos, ha destacado el consejero delegado, que CaixaBank ha concedido 14.000 millones de euros al sector empresarial destinados a facilitar la financiación de grandes empresas, pymes, autónomos y emprendedores. «Las primeras en adelantar su demanda, sobre todo en marzo fueron las grandes empresas», a ellas se destinó el grueso de esta cantidad. No obstante, ha concretado que los 400 millones que ha provisionado la entidad en este primer trimestre, hasta reducir su beneficio a 90 millones, un 83,2% menos, «son para pérdidas crediticias». También ha impactado de forma negativa en el resultado el coste de la salida de la entidad de empleados en Barcelona, que se ha gestionado al margen de la salida mayoritaria de trabajadores que se produjo el año pasado. CaixaBank estima que esta crisis provocará este año una caída del PIB español del 7,2 % y que en 2021 la economía podría recuperarse un 6,9%. «Habremos perdido dos años», ha lamentado el número dos de la entidad. Lo bueno, ha dicho, es que tanto la banca -CaixaBank, ha recalcado, no prevé entrar en pérdidas ni tampoco su participada la portuguesa BPI-, como la sociedad en general están mejor preparadas para afrontar esta crisis que hace doce años, con mejores ratios de liquidez y solvencia y un menor nivel de apalancamiento. Se ha mostrado asimismo convencido de que la inmensa mayoría de empresas que han solicitado créditos y de los miles de personas y compañías que han pedido moratorias van a acabar pagando: «Son buenos clientes que nos piden parar el reloj y lo hacemos con mucho gusto». No obstante, ha criticado el mecanismo arbitrado por el Gobierno para elevar a público estas operaciones. Hasta el 23 de abril, más de 147.000 clientes han solicitado una moratoria. La entidad ha gestionado un total de 220.000 solicitudes: 95.000 de moratoria hipotecaria y 125.000 de consumo, que afectan a una cartera cuyo importe asciende a 8.500 millones. Reconoce, no obstante, que la previsión de la entidad es que la tasa de morosidad, que actualmente es del 3,6 %, cierre el año «por encima del 4% y claramente por debajo del 5%», a una «distancia muy lejana» de las cifras registradas en la anterior crisis, cuando escaló por encima del 11 %. Gortázar, que ha querido agradecer expresamente la dedicación y el esfuerzo de sus 35.0000 empleados, también ha asegurado que el Gobierno está tomando medidas en la dirección «correcta» y ha descartado que vaya a producirse una crisis de deuda soberana, pese a que en los próximos meses pueda haber volatilidad e inestabilidad en los mercados. Si bien ha destacado que las ayudas no se deben quedar aquí y ha sugerido que se arbitren planes para la recuperación sectorial, de forma consensuada con las patronales, en pro de alcanzar cuanto antes la normalidad. A su juicio, y teniendo en cuenta las estimaciones económicas que ha hecho la entidad, el Gobierno cuenta con margen de endeudamiento. Accede al resumen audiovisual en E3tv sobre los resultados de CaixaBank
CaixaBank, Sabadell y BBVA reducen resultados por las provisiones
CaixaBank ha obtenido en el primer trimestre del año un beneficio neto de 90 millones de euros, un 83,2 % menos que en el mismo período de 2019, tras realizar una provisión extraordinaria de 400 millones por la COVID-19, y ha dejado sin efecto los objetivos financieros previstos para 2021 por el impacto de la pandemia. Desde la declaración del estado de alarma y hasta el 23 de abril, más de 147.000 clientes han solicitado una moratoria y la entidad ha gestionado 95.000 peticiones de aplazamiento hipotecario y 125.000 de consumo -cada cliente ha podido pedir más de una moratoria-, que afectan a una cartera con un importe de unos 8.500 millones de euros. En este período, la entidad ha concedido 14.000 millones de euros al sector empresarial, al margen de las líneas ICO, destinados a la financiación de grandes empresas, pymes, autónomos y emprendedores. En cuanto a las líneas ICO, desde el inicio de su comercialización el banco ha tramitado 128.700 solicitudes por un importe de 11.140 millones, de los que 3.700 millones ya han sido abonados, según ha informado este jueves CaixaBank. Como consecuencia del aumento de la financiación a las empresas, el crédito a la clientela bruto ha alcanzado hasta marzo los 231.367 millones, un 1,7 % más en el trimestre. El crédito a particulares ha disminuido un 1,6 %. En concreto, el crédito al consumo ha crecido un 1 %, mientras que el hipotecario ha disminuido un 0,9 % en el trimestre, «con un ligero impacto» derivado de la menor producción hipotecaria en la segunda quincena de marzo. Por otro lado, los recursos de clientes han bajado un 2 %, hasta los 376.560 millones, debido principalmente a la evolución negativa de los mercados, que afecta a los activos bajo gestión, que ha disminuido hasta los 92.343 millones. CaixaBank mantiene abierta durante la crisis del coronavirus el 90 % de su red comercial, aunque ha implantado diversas medidas de seguridad para proteger a clientes y empleados, como turnos de teletrabajo o flexibilidad horaria. Entre enero y marzo, los ingresos del negocio bancario se han situado en 1.858 millones, un 0,48 % más, con un incremento del 7,6 % de las comisiones netas, hasta los 658 millones, y una bajada del 3 % del margen de intereses, hasta los 1.200 millones, por la menor aportación de la cartera crediticia y de renta fija, en un entorno de tipos de interés negativos. El margen bruto se ha situado en 1.983 millones, un 6 % menos, por la evolución de los mercados y la menor contribución de las participadas, que han aportado 56 millones, un 47,6 % menos. Por su parte, el epígrafe de pérdidas por deterioro de activos financieros y otras provisiones «está impactado por la prudencia», según CaixaBank, ya que «se refuerzan las provisiones para riesgo de crédito ante el nuevo escenario económico por un importe de 400 millones de euros, que se irán actualizando los próximos meses con una nueva información disponible». Para calcular esta provisión, la entidad ha utilizado escenarios con previsiones internas y otras proyecciones macroeconómicas alternativas, con distintos niveles de severidad. CaixaBank ha provisionado, asimismo, 109 millones asociados a las prejubilaciones acordadas en febrero para 229 empleados. La entidad cuenta actualmente con unos activos líquidos totales de 96.227 millones y una ratio Common Equity Tier 1 del 12 %. CaixaBank, que a causa de la crisis del coronavirus ha decidido reducir el dividendo previsto con cargo al ejercicio 2019 y modificar la política de retribuciones para 2020, pasando a la distribución de un dividendo en efectivo no superior al 30 % del beneficio neto, mantiene estable la tasa de morosidad, que se ha situado en el 3,6 %, y la ratio de cobertura ha aumentado hasta el 58 %, tres puntos más que en el trimestre anterior. La cartera de adjudicados netos disponibles para la venta en España es de 961 millones, con una ratio de cobertura del 40 %, mientras que la cartera de alquiler se ha situado en 2.029 millones. Hasta marzo, las ventas de inmuebles han totalizado 95 millones de euros. Accede a un resumen en E3TV de los asuntos abordados en la rueda de prensa: caída del PIB del 7,% y el rescate necesario de las empresas a través de los avales del ICO. Sabadell gana un 63,7 % menos hasta marzo al dotar 213 millones por la COVID Por su parte, Banco Sabadell que también presenta sus cuentas hoy, ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio neto de 94 millones de euros, un 63,7 % menos que en el mismo período de 2019, después de realizar dotaciones extraordinarias de 213 millones por posibles deterioros derivados de la crisis de la COVID-19. Sin tener en cuenta estas provisiones, el beneficio del banco se situaría en 245 millones, un 5,1 % menos que en marzo de 2019, cuando ganó 258 millones, según ha informado a la CNMV, el supervisor bursátil. El total de dotaciones y deterioros en estos tres primeros meses del año ha ascendido a 454 millones, frente a los 190 millones de 2019, una variación que se explica, principalmente, por las provisiones por el coronavirus, que suman 213 millones. Con todo, la entidad que preside Josep Oliu asegura que afronta la actual crisis «con una confortable posición de solvencia, liquidez y saneamiento de balance». Hasta marzo, los ingresos del negocio bancario (margen de intereses y comisiones netas) han bajado un 0,88 % interanual, situándose en 1.233 millones. En concreto, el margen de intereses se ha situado en 884 millones, un 1,8 % menos, debido a la titulización de préstamos al consumo realizada el año anterior y a los menores tipos de interés, mientras que las comisiones netas han crecido un 1,9 %, hasta los 349 millones. La inversión crediticia bruta viva ha cerrado el trimestre con un saldo de 143.475 millones, lo que supone un crecimiento interanual del 2,4 %; los recursos de clientes en balance han totalizado 144.005 millones, un 2,9 % más, y los recursos fuera de balance han bajado un 8,3 %, hasta los 40.044 millones. Los activos totales del grupo suman 223.286 millones, lo que representa un descenso del 1,1 % interanual. Banco Sabadell asegura que ha completado el primer tramo de línea ICO para pymes, autónomos y empresas con un total de 2.125 millones en créditos para hacer frente a la crisis de la COVID-19. El número de operaciones en curso ha sido de 61.036, por un volumen de 7.887 millones: al segmento de pymes y autónomos han correspondido 60.195 transacciones por importe de 5.384 millones, mientras que en el de empresas el total de operaciones ha sido de 841 por valor de 2.503 millones. La previsión de la entidad es agotar totalmente la segunda y tercera línea de liquidez habilitada para el tejido empresarial. A cierra del trimestre, los activos problemáticos del Sabadell han sumado un saldo de 7.422 millones, de los que 6.112 ha correspondido a activos dudosos y 1.310 a activos adjudicados, y la cobertura de estos problemáticos ha sido del 49,6 %. En cuanto a la ratio de morosidad, ésta se ha situado en el 3,8 %, dos décimas menos que hace un año. Ante la actual situación de crisis, los clientes del Sabadell están usando cada vez más los canales digitales: las operaciones en la web, por ejemplo, han aumentado un 13 % en el mes de abril y los accesos a la aplicación han crecido un 9 %, mientras que el 96 % de las transferencias se han realizado por estos canales remotos. El 73 % de los empleados de la red comercial del banco están haciendo teletrabajo, un porcentaje que alcanza el 97 % en el personal de los centros corporativos. Como «medida de prudencia» a la vista de la crisis generada por el coronavirus, el Sabadell ha decidido no realizar pago de dividendo en el ejercicio 2020 y tanto el presidente del banco, Josep Oliu, como el consejero delegado, Jaime Guardiola, los consejeros ejecutivos y el resto de la alta dirección han renunciado al cobro de su retribución variable del año 2020, medida que incluye también a los miembros del comité de dirección de la filial británica TSB. En plena pandemia, la agencia de calificación de riesgo SP Global Ratings ha mantenido el rating de Banco Sabadell a largo plazo en BBB, aunque cambiando la perspectiva desde estable a negativa, para reflejar el complejo entorno económico a causa de la pandemia de COVID-19. BBVA pierde 1.792 millones por provisiones y saneamientos en EEUU, sin ellos habría ganado 292M En cuanto al BBVA, que también rinde hoy cuentas, presenta unas pérdidas de 1.792 millones de euros en el primer trimestre de 2020, tras destinar 2.000 millones para cubrir la pérdida de valor de su filial en EEUU, y otros 1.433 millones a provisiones por el covid-19, sin las que el beneficio trimestral habría sido de 292 millones. En una nota remitida al supervisor español del mercado, la CNMV, el banco explica que el beneficio recurrente, es decir, el derivado del puro negocio, se situó en 1.258 millones de euros, un 6,4 % más interanual. La entidad también ha comunicado al supervisor su decisión de no repartir dividendo correspondiente al ejercicio 2020 «hasta que desaparezcan las incertidumbres generadas por la pandemia del covid y, «en ningún caso, antes del cierre de dicho ejercicio»
Qué estará permitido en el camino a la nueva normalidad: del 4 de mayo a finales de junio
La desescalada del estado de alarma que debe concluir en lo que el Gobierno denomina «la nueva normalidad» comenzará el próximo 4 de mayo, se hará de forma asimétrica por territorios -la referencia es la provincia- y se llevará a cabo en cuatro fases de quince días hasta finales de junio. Este es el vídeo resumen en el que el presidente, Pedro Sánchez explica las claves de este proceso. En este tiempo la movilidad entre provincias estará restringida, salvo para circunstancias excepcionales ya permitidas por el estado de alarma vigente -como por ejemplo, acudir al lugar de trabajo-, por tanto, los movimientos interprovinciales solo se permitirán una vez haya finalizado la desescalada, como pronto, dentro de ocho semanas, y siempre que esas provincias hayan entrado ya en esa «nueva normalidad». Cuatro islas, las canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, además de Formentera, en Baleares, anticiparán la desescalada una semana, el resto, comenzará el día 11 de mayo la primera fase, según ha anunciado el presidente Sánchez, quien ha explicado que se medirá «semana a semana cada paso en cada lugar antes de seguir avanzando en nuevas fases». «A diferencia de lo que ha sucedido durante el confinamiento general, en la desescalada no avanzaremos todos a la misma velocidad, pero sí lo vamos a hacer con las mismas reglas», ha indicado el presidente al detallar este «Plan para la transición hacia una nueva normalidad». Habrá por tanto, distintas velocidades de forma asimétrica, pero la idea es hacerlo de forma «coordinada», donde la responsabilidad recae en el Ministerio de Sanidad: se avanzará «en cada lugar tan rápido como lo permita el control de la epidemia y tan lento como lo exija la protección de la salud». La unidad territorial para articular las medidas será la provincia, pero que también cabrán excepciones «motivadas por las comunidades autónomas», si lo autoriza el Ministerio de Sanidad. Para llevar a cabo todo este Plan de desescalada, Pedro Sánchez ha anunciado que pedirá en el Congreso una nueva prórroga del estado de alarma para otros 15 días, que entraría en vigor cuando concluya la actual, el próximo 10 de mayo. Si bien, queda pendiente saber si habrá sucesivas prórrogas hasta finales de junio. Al igual que España está solicitando el compromiso social y económico de Europa, entiende el presidente que las fuerzas políticas en España deberían alcanzar un pacto sin condicionantes, pues asegura que no consentirá que se le demande la ruptura de su pacto de coalición con Unidas Podemos. A modo de resumen, las fases de la desescalada serían las siguientes: Pedro Sánchez. Fase 0 o de preparación de la desescalada Es la situación a fecha de hoy, caracterizada por el establecimiento de medidas de alivio comunes como actividad deportiva individual sin contacto a partir del próximo 2 de mayo, paseos con niños, atención de huertos familiares, algunas actividades económicas con control de aforo, por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes como pudiera ser la apertura de restaurantes con servicio de comida para llevar, sin consumo en el local. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. Así como peluquerías y clínicas de fisioterapia, donde será obligatorio el uso de medidas de protección como mascarilla o guantes (EPIS). Fase I o inicial El 11 de mayo, en función del cumplimiento de los indicadores del cuadro de mandos en los diferentes territorios, se permitirá la apertura parcial de actividades, en particular, la apertura del pequeño comercio (los centros comerciales tendrán que esperar a la fase 2); en restauración, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%; en hostelería, la apertura de hoteles y alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones; actividades en el ámbito agrario, actividades deportivas profesionales con las medidas de higiene necesarias y los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio. Fase II o intermedia En esta fase se plantea la apertura parcial de actividades que se mantienen restringidas en la fase I. Con limitaciones de aforo, en restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación y solo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre, ahora bien, en esta Fase II se establecen algunas excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos: las actividades de refuerzo, el garantizar que los niños menores de seis años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y la celebración de la EBAU. Asimismo, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva, la reapertura de los cines, teatros, auditorios; las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias, todo ello con un tercio de su aforo habitual. Se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con 1/3 de aforo; y si es al aire libre serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas sentados. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50% en esta segunda fase. Fase III o avanzada En esta fase, la última se flexibiliza la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. En el ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros. En la actividad vinculada con la restauración se suavizan algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. En el caso del tráfico aéreo, el Gobierno se ceñirá a las medidas de seguridad que se aprueben en el ámbito de la UE. Este plan de desescalada mantiene la preferencia del teletrabajo en aquellas empresas y puestos en los que sea posible hasta la fase 3. Nueva normalidad Terminan las restricciones sociales y económicas, pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y la autoprotección de la ciudadanía. Las fechas concretas, se baraja finales de junio, y la evolución real dependerán del comportamiento y el control de la pandemia, así como de la capacidad para ir superando las diferentes fases, en las condiciones establecidas en el Plan. El tiempo entre cada una de las fases tendrá una duración mínima de dos semanas, que es el periodo medio de incubación del virus. Accede al video resumen del presidente del Gobierno en este enlace.
Santander concede más de mil millones en créditos al día y espera aumento hasta junio
Durante la presentación de resultados del I Trimestre de Banco Santander, el consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, ha solicitado al Gobierno que la desescalada se inicie “cuando desde el punto de vista sanitario sea seguro hacerlo y cuanto antes mejor». En el caso concreto de la entidad ha comentado que está a la espera de lo que anuncien las autoridades: «Hemos diseñado un marco desde el cual operar, pero la hoja de ruta la establecerán las autoridades sanitarias, y si finalmente se deben hacer test a los empleados para la vuelta, nos prepararemos para ello», ha matizado Álvarez. A juicio del número dos del banco es esencial proteger a familias y empresas: “Hay que proteger las rentas de las familias, pero a partir de ahí tenemos que ayudar a empresas y empresarios, porque eso es lo que nos dará crecimiento del empleo y crecimiento económico y nos ayudará a superar esta difícil crisis», ha animado al Gobierno. De este modo, ha insistido Álvarez que espera que la demanda de crédito por parte de las empresas crezca de forma significativa en el segundo trimestre, frente a la caída del nuevo crédito hipotecario en España del 80%, y del 70% del crédito al consumo (si bien en el conjunto del año el Grupo espera que el hipotecario retroceda solo el 15%). En cuanto a la moratoria hipotecaria y de consumo, Santander ha recibido en España 45.000 solicitudes de clientes para acogerse a la moratoria hipotecaria, el 8% de su cartera de préstamos para vivienda, y 46.000 peticiones de moratoria de consumo, el 9% de la cartera. Según los datos aportados, entre la mitad de marzo y hasta el pasado 22 de abril, la entidad había distribuido 9.600 millones de euros de las líneas con aval ICO, de los que 2.600 millones correspondieron a grandes empresas y 7.000 millones a pymes y autónomos. Al respecto y preguntado si le parece suficiente lo dispuesto por el Gobierno, ha apuntado que el Santander ya ha consumido sus tramos asignados, “pero seguimos teniendo demanda de este tipo de financiación y veremos, una vez que se libere el límite máximo que se aprobó, si es suficiente o no es suficiente, en este momento no lo sé. Lo importante es que se vaya liberando», ha explicado el consejero delegado. No obstante, ha insistido en que se han concedido otras 176 mil operaciones por volumen de 12.000 millones (5.000 de ellos de papel comercial) al margen del ICO. En conjunto, teniendo en cuenta todos los mercados en los que opera la producción de crédito diario ha superado los mil millones de euros en abril, una demanda que ya empezó a ser importante por parte de grandes grupos multinacionales (CIB) en marzo. Álvarez ha comentado que el banco maneja varios escenarios macro, que son muy similares a los realizados por el FMI, que apuntan a una recesión de la economía «muy profunda» pero con una duración corta -tres, seis o nueve meses-, que vendrá seguida de una recuperación «bastante rápida», aunque reconoció que prevé que “un aumento de los ratios de morosidad, que ya recogen las provisiones de 1.600 millones de este primer trimestre”. Si bien, este colchón no se ha repartido por países, sino por segmentos de negocio del grupo. Ahora el coste de riesgo del banco es de 100 puntos, y no espera que durante esta crisis sanitaria se eleve por encima de los 150, máximo que tocó en la crisis financiera: “Esperamos que sea de 140 puntos” aproximadamente. Y con esa perspectiva, el banquero piensa que el Santander será capaz de gestionar la situación en sus principales mercados, incluido Brasil, la principal fuente de ingresos del grupo. Álvarez también ha subrayado que el banco mantiene su objetivo de recortar 1.000 millones de gastos en Europa y mantener los niveles de capital en la horquilla del 11-12 %; tanto es así que apunta que se situará en la parte alta de esa banda a finales de este año a pesar de la pandemia.
Las pymes reciben créditos de 93.768 euros con aval del ICO y las grandes de 2,5M
De los 100.000 millones previstos por el Estado para avalar, a través del ICO, préstamos de las entidades financieras para negocios y empresas, lo cierto es que solo se han dispuesto hasta este domingo 18.767 millones de euros de los dos tramos de 20.000 millones cada uno habilitados por Gobierno hasta la fecha (el primero orientado tanto a pymes y autónomos como grandes empresas, y el segundo íntegramente para pequeñas empresas). Así, según datos del Ministerio de Asuntos Económicos facilitados a Economía 3, los autónomos, pymes y grandes empresas habían recibido ya financiación por un total 24.452 millones de euros, de los que el riesgo asumido por el Estado alcanzó como decimos 18.767 millones. Es decir, el dinero público ha conseguido movilizar un 23% de recursos privados, en este caso de las entidades financieras. De cada euro avalado por el Estado, las empresas se han beneficiado finalmente de 1,30 euros (0,30 euros movilizados asumiendo el riesgo por las entidades financieras). En conjunto, las entidades financieras han aprobado 187.006 operaciones en las tres semanas que lleva habilitado el sistema. El 98,5% de las solicitudes (184.146) han sido concedidas para autónomos y pymes, con 13.802 millones dispuestos en avales (lo que supone haber agotado por completo el primer tramo aprobado por el Gobierno y estar consumiendo ahora recursos de la segunda fase liberada el pasado 10 de abril). En total la financiación que ha llegado a pymes y autónomos ha sido de 17.267 millones, lo cual significa que el crédito medio para cada pyme ha alcanzado los 93.768 euros. En este subtramo de pequeñas empresas, donde el aval para cada operación alcanza el 80%, la garantía pública ha conseguido un efecto expansivo del 20%. De cada euro movilizado por el Estado, a las pymes les ha llegado 1,25 euros, 0,25 euros cuyo riesgo asumen las entidades financieras. Para las grandes empresas, el Estado ha avalado 4.965 millones de euros, a través de 2.860 operaciones, y la financiación movilizada total ha superado los 7.185 millones, lo que representa de media 2,51 millones por operación. En el caso de las grandes empresas, cada euro de riesgo asumido por el Gobierno se ha transformado en 1,44 euros de apoyo para la empresa (0,44 euros movilizados por las entidades financieras sin aval público), por tanto, el efecto expansivo crece a cerca del 31%. Tiene sentido un porcentaje mayor que en el caso de las pymes, porque para las grandes el aval máximo alcanza el 70% para nuevas operaciones y el 60% para renovaciones. De hecho, según los datos facilitados por el Ministerio, el aval medio para grandes empresas se ha situado por el momento en el 69%. Es por ello que, aunque cogiéramos como referencia estos datos de las grandes compañías el efecto expansivo que llegarían a suponer los 100.000 previstos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no alcanzaría los 200.000 millones comprometidos por el presidente el pasado 17 de marzo, se traducirían en 144.000 millones, de hecho, si se mantiene la tendencia actual de demanda hablaríamos solo de 130.000 millones, ya que como decimos en las pymes el efecto expansivo es menor. No obstante, el Ministerio ha señalado a Economía 3, que para hacerse una idea del esfuerzo de financiación que se está haciendo llegar con el aval del Estado por parte del sector financiero a autónomos, pymes y empresas, esta cifra de 24.452 millones de euros de financiación total ya dispuesta supera a todo lo concedido por el conjunto del sistema bancario en febrero (23.658 millones, según datos del Boletín Estadístico del Banco de España). No descarta tampoco, seguir movilizando nuevos tramos a medida que se agoten la cantidades dispuestas, de momento 40.000 millones, y reconoce que en los préstamos con avales de más de 50 millones, se está dilatando algo más su aprobación, «pues las negociaciones son más complejas y las operaciones las tiene que aprobar el ICO y la entidad y han de pasar por notaría, con lo cual el periodo de maduración es algo más extenso», explican. «En el caso de los avales de menor importe -continúan fuentes del Ministerio- son las entidades financieras las que analizan el riesgo y solo tienen que cargar de manera automatizada en la plataforma del ICO tres archivos con la documentación solicitada, de otra manera, el cuello de botella que se generaría sería muy grande, por lo que lo hemos querido simplificar todo el proceso al máximo».
Hoy finaliza el plazo para matricularse en la mitad de los cursos gratuitos de Labora
Hoy finaliza la matrícula en 8 de los 16 cursos online gratuitos que ofrece el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora, en su Aula Virtual sobre competencias transversales. Estos cursos, financiados por el SEPE, los pueden realizar personas desempleadas, en situación de ERTE y ocupadas sin limitación de porcentajes. Los cursos tienen una duración de 25 horas cada uno y los contenidos fomentarán la motivación y la participación activa por parte del alumnado. En concreto se centran en competencias transversales, demandadas en cualquier puesto de trabajo, las llamadas ‘Soft Skills’ como la comunicación, el liderazgo o las técnicas para afrontar el estrés, entre otras. La oferta cuya matrícula concluye hoy, salvo que se puedan habilitar más días, es la siguiente, si bien, los cursos tendrán acceso al aula virtual para realizarse del 06 al 19 de mayo: 1. Mejora de la eficiencia personales 2. Liderazgo. Dirección de equipos de trabajos 3. Presentaciones en público eficaces 4. Resolución de conflictos en el trabajo. Mejora del rendimiento 5. Entrenamiento de la autoestima y autocontrol 6. Competencias en la búsqueda de empleo 7. Ética profesional: fomento de los valores personales, integridad, coherencia 8. Pensamiento positivo: optimismo y entusiasmo La inscripción se realiza a través de la web del Labora (https://www.labora.gva.es/va/ciutadania), la cual también ha habilitado un tutorial para facilitar dicha inscripción (https://www.youtube.com/watch?v=AEQbgP9p5GE). En el resto de la oferta, otros ocho cursos online, también gratuitos, los interesados podrán matricularse hasta el próximo día 11 de mayo, y el aula virtual para realizar el curso estará activa del 20 de mayo al 2 de junio. En este caso, los cursos son: 1. Técnicas y habilidades de comunicación 2. Técnicas y habilidades de negociación 3. Comunicación escrita 4. Trabajo en equipo 5. Técnicas para el afrontamiento del estrés 6. Toma de decisiones: cómo afrontar el proceso de decisión 7. Autonomía e innovación laboral – iniciativa y creatividad 8. Capacidad de adaptación, flexibilidad y agilidad El alumnado disfrutará de un entorno de aprendizaje online pero contará con el apoyo de los y las docentes: se realizará una tutorización Telefónica o telemática que dé respuesta inmediata a sus consultas. Asimismo, se habilitará un espacio para que expongan sus dudas o se entreguen los ejercicios de evaluación y actividades prácticas para que sean revisados y evaluados por el equipo tutorial. Además, los alumnos y alumnas dispondrán de los mecanismos adecuados de autoevaluación sobre la adquisición de conocimiento y competencias y actitudes relacionados con los contenidos de cada acción formativa. El tutor o tutora podrá verificar a través de controles online el progreso del aprendizaje del alumnado, hacer un seguimiento y prestar el apoyo personalizado adecuado. Según las estimaciones de Labora, esta oferta formativa alcanzará a 1.070 alumnos hasta junio. La adjudicación de plazas en los cursos seguirá el orden de inscripción. El alumnado que supere esta formación online recibirá un diploma de aprovechamiento en la especialidad cursada.
El Consell aprobará hoy las ayudas de 150 euros a los afectados por un ERTE del 100%
Según ha podido saber este medio, el pleno del Consell aprobará hoy el decreto con las bases reguladoras de las ayudas de 150 euros para las personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), como consecuencia de la crisis de la COVID-19. El decreto finalmente estará firmado por el Conseller de Economia, Rafa Climent, ya que los recursos partirán de esta conselleria, a pesar de que será la Agencia Tributaria Valenciana, dependiente de la conselleria de Hacienda, la encargada de tramitar y gestionar las ayudas. Según las fuentes consultadas, podrán ser beneficiarias las personas que reúnan los siguientes requisitos: Deben ser trabajadoras por cuenta ajena, cuyos centros de trabajo se localicen en la Comunitat Valenciana y cuyo contrato de trabajo haya sido suspendido temporalmente, de forma total, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor relacionadas con la COVID-19. Es decir, quedan incluidas distintas modalidades, pero solo afectará a aquellos trabajadores, cuya reducción de jornada en el ERTE sea del 100%, cualquier otro porcentaje de reducción no podrá ser considerado para la obención de las ayudas. Además, el ERTE que les afecte debe haber sido solicitado entre el 14 de marzo y el 30 de abril de este año, ambos inclusive, y ya debe haber sido aprobado, ya sea de forma expresa o por silencio administrativo, como se están produciendo algunas aprobaciones. Asimismo, el trabajador tendrá que estar registrado en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) a consecuencia del ERTE. En este sentido, el decreto que previsiblemente se apruebe hoy, según las fuentes consultadas, establece que las ayudas se concederán a las rentas más bajas: se priorizará a los beneficiarios en función de su base de cotización hasta que se agote el importe global dispuesto por la Conselleria de Economía para estas ayudas que es de 30 millones de euros. En el caso de que existiesen varias personas con idéntica base de cotización tendrá prioridad la de mayor edad. Posiblemente, el pago de las ayudas se realice mediante transferencia a la cuenta bancaria que los trabajadores facilitaran en su momento al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuando se tramitó el ERTE. En principio, cabe esperar que estas ayudas sean compatibles con otras subvenciones o ayudas para la paliar esta crisis, y que procedan de otras Administraciones, como Ayuntamientos o Diputaciones; e incluso de entes privados, como Fundaciones. ¿Cómo deben solicitarse? Por lo que hemos podido saber, estas ayudas de 150 euros por persona se concederán de forma directa, es decir, no deben solicitarse, se concederán a todas las personas trabajadoras en las que concurran los requisitos hasta agotar el importe asignado por el Consell. Por tanto, no procede una convocatoria pública. El procedimiento se impulsará de oficio. Conseller de Economia, Rafa Climent Aunque compete a la conselleria de Economia resolver la concesión de las ayudas, como decimos, será la Agència Tributaria Valenciana (ATV) la encargada de tramitar y gestionar las ayudas. Previsiblemente, se cree una comisión en el seno de la ATV, que recabará de la Dirección General de Trabajo, de Labora y del SEPE la información necesaria para decidir a quiénes se deben otorgar las ayudas. Como ocurre en otros procedimientos similares, sería dicha comisión la que confeccionará la lista de personas beneficiarias y elevaría la propuesta de resolución al conseller de Economía, que en este caso sería el encargado de firmala. Según los datos recabados, el plazo para resolver será de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del decreto. Como otras resoluciones, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat y la relación de las personas beneficiarias en la página web de la Generalitat (www.gva.es), en este caso en la información que afecta a la Conselleria de Economía, al tratarse de su competencia. Ante este tipo de resoluciones, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación. Por otra parte, como en otras convocatorias, los beneficiarios tendrán que comunicar el cambio de las condiciones por las cuales han tenido acceso a estas ayudas, como por ejemplo el hecho de que se declarase nulo el ERTE que presentó su empresa, y en su caso, si la Agencia Tributaria Valenciana lo estimara oportuno, proceder al reintegro de los fondos percibidos.
Los 1.550M del FLA extraordinario irán en su totalidad al pago de facturas de proveedores
La Generalitat ha abonado entre el 1 de marzo y el 20 de abril 1.295 millones en subvenciones y 85.293 facturas pendientes. «Solo en marzo pagamos a pymes y proveedores casi el doble que en marzo del año pasado: 586 millones frente a los 331 de hace un año», ha destacado el president de la Generalitat, Ximo Puig. Y es que el Consell ha conseguido que el Estado le transfiera 1.231 millones de euros de liquidez avanzada. Si bien, no ha podido confirmar, a este medio, si otros 72 millones comprometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para actuaciones frente a la COVID-19 en sanidad, servicios sociales, alimentación infantil y alquiler de vivienda han sido ya abonados. En concreto, estos ingresos adicionales irían destinados a Sanidad, 28,3 millones, 30 millones para Servicios Sociales, 2,3 millones para alimentación infantil y 11,4 millones para ayudas al alquiler de viviendas. FLA extraordinario Si bien, el verdadero respiro para sus proveedores (pymes, autónomos, empresas) llegará con el adelanto del FLA extraordinario, 1.550 millones que irán directamente y en su totalidad al pago de facturas de proveedores. «Estamos negociando para que el dinero llegue en el segundo trimestre, cuando habitualmente llega en el segundo semestre del año, pero aún no está garantizado», confirman fuentes de Hacienda. Fuente: Ministerio de Hacienda Esto repercutiría en ingresos para numerosas empresas a muy corto plazo y se aseguraría la liquidez necesaria para hacer frente a la alerta sanitaria y a sus consecuencias sociales y económicas, que el Consell ha cifrado en 2.200 millones. Ya en caja Los 1.231 millones que por el momento se han ingresado en las arcas de la Generalitat incorporan 128 millones de euros correspondientes al FLA ordinario del primer y segundo trimestre de este año. Precisamente este lunes se firmó con el Instituto de Crédito Oficial el préstamo. Además, el viernes pasado se cobró el segundo pago de la actualización de las entregas por anticipado, que, en total, suponen otros 223 millones. Y es que, justo antes de decretarse el estado de alarma, Sánchez se comprometió a adelantar liquidez a las comunidades autónomas por un montante total de 2.867,08 millones, de los que 223 correspondían a la Comunitat Valenciana. Y, por último, ya se ha conseguido, entre transferencias directas y una operación financiera, que se avance casi el 50% (en concreto el 47,5%) de la liquidación del sistema de financiación, que normalmente se paga en julio, lo que suponen 880 millones de euros de liquidez avanzada. Respecto a los detalles de la operación financiera, ha sido una operación a tres bandas entre la Conselleria de Hacienda, la Tesorería General del Estado y las entidades financieras para disponer ahora de 650 millones para los meses entre abril y julio.
Las 7 exigencias de Puig al Gobierno, entre ellas la gestión autonómica de la desescalada
En las últimas semanas, el president de la Generalitat, Ximo Puig he participado en 6 reuniones de la Conferencia de presidentes autonómicos, y ha expuesto a las máximas autoridades del Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez, seis «aportaciones», en las que acaba elevando el tono hasta lo que podríamos considerar exigencias valencianas: 1. La primera fue solicitar «superar el confinamiento con un sistema dinámico de cierre y apertura: porque los daños económicos y psicológicos del confinamiento no tienen que ser irreversibles», ha dicho el president en su comparecencia en Les Corts para dar cuenta de las medidas adoptadas frente a la pandemia. 2. Ha exigido la necesidad de dotar de liquidez a las autonomías para que lleguen recursos suficientes a familias y empresas. En este sentido, su prioridad ahora está en el adelanto del FLA extraordinario. 3. Ha insistido en que los ERTE que afectan al turismo puedan aplicarse después del Estado de alarma porque la recuperación de este sector, clave en la economía valenciana, será más lenta. 4. Ha abogado para que se agilicen los mecanismos para la licitación de obra pública. 5. Ha apoyado un gran acuerdo estatal para abordar la reconstrucción; «un acuerdo en el que integro a las comunidades autónomas y a los agentes sociales para conseguir una alianza efectiva con el máximo consenso». 6. Ha reiterado, desde la primera reunión del 15 de marzo, la necesidad de que la UE apruebe un Plan Marshall para la reconstrucción. «Esta pandemia exige una respuesta europea. Por eso, envié una carta al presidente del Comité Europeo de las Regiones, y a las autoridades de las 329 regiones europeas, pidiendo que todas las regiones reclamemos juntas un Plan Marshall a las instituciones comunitarias». Y 7. Exige Puig un cambio de estrategia a partir del 9 de mayo. En la Comunitat: «Necesitamos superar el periodo de confinamiento a partir del 9 de mayo. Necesitamos volver, progresivamente, a la nueva normalidad, con la mayor apertura posible, y sin correr riesgos para la salud». Reivindica el president, el derecho de la Comunitat a adaptar el posconfinamiento «a su realidad particular». «En esta cuestión, como en tantas otras, el centralismo y la uniformidad no son ni inteligentes ni eficientes», opina. «Se tiene que descentralizar la gestión por comunidades autónomas. Y, dentro de nuestra comunidad, por territorios locales», defiende el president. A su entender, «la desescalada tiene que variar en función de criterios geográficos, sectoriales y demográficos». «Adoptar una estrategia monolítica, en la que todos los territorios de España, todos sus sectores económicos y toda su población, vaya cambiando de fase al mismo tiempo: resulta poco eficiente; no es el camino que están siguiendo los países con una sanidad avanzada y perjudicaría a la Comunitat», insiste Ximo Puig. Aun así, cree que tampoco sería bueno atomizar las decisiones, «hay que combinar homogeneidad con singularidad». En este sentido plantea el establecimiento de un sistema de apertura y cierre dinámico que permita controlar la epidemia y no haga irreversible el golpe económico, social y psicológico en la población, basado en 4 principios: La protección de la población con más riesgo; el máximo dinamismo; velocidad en la detección de posibles nuevos focos, potenciando al máximo la atención primaria; y facilidad en la comunicación y ejecución del cierre o la apertura.
Las 10 medidas económicas que ha puesto en marcha la Generalitat para paliar la crisis
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha desgrado durante su intervención en la Diputación Permanente de Les Corts Valencianes, la primera desde la declaración del estado de alarma, cuál ha sido la respuesta económica y social de la Generalitat ante la pandemia. En este sentido, ha subrayado que después de 6 reuniones mantenidas con la patronal y los sindicatos –«desde el convencimiento de que fortalecer el diálogo social es la palanca para salir mejor de esta crisis»-, han alcanzado tres acuerdos de gran impacto, incluidos en estas 10 medidas económicas que ha querido resaltar el jefe del Consell: 1. / Una ayuda directa de 150 euros para los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, con un presupuesto de 30 millones de euros. Estas ayudas, serán concedidas de forma directa y su gestión recaerá en la Agència Tributaria Valenciana que todavía continúa analizando procesos para agilizar su trámite. 2. / Tres millones más en ayudas de hasta 600 € para personas que se han visto obligadas a reducir su jornada laboral por cuidado de menores, mayores o dependientes. En las mismas circunstancias se encuentra Labora que en este caso será el encargado de gestionarlas. 3. / Ayudas directas e inmediatas de 750 € y 1.500 € para autónomos afectados por la pandemia, con una línea total de 57,5 millones de euros, que solo en las primeras cuatro horas que se puso en marcha recibió más de 100.000 solicitudes. 4. / Una línea de ayudas directas de 2.500 euros para autónomos y pymes del sector turístico para paliar los efectos de la crisis en un sector que representa el 15% de la economía valenciana. Esto beneficiará a 2.500 autónomos y empresas. 5./ Se han introducido nuevas condiciones en las líneas de financiación a través del IVF. En los primeros quince días operativas, dos de estas líneas, acumularon solicitudes por 158M: · Los autónomos y las microempresas pueden acceder a préstamos de entre 25.000 y 750.000 euros al 0%. · Las pymes pueden acceder a préstamos bonificados hasta 1,5 millones; · Y las grandes empresas, a préstamos de hasta 2 millones de euros. 6./ Se ha permitido el fraccionamiento, el aplazamiento o la bonificación de los impuestos que gestiona la Agència Tributaria Valenciana para empresas, profesionales o familias con dificultades, lo que supone unos 137 millones cada mes que se extienda el estado de alarma. También se ha aplazado 18 meses el canon de saneamiento del agua de abril, mayo y junio en el recibo del agua de todos los valencianos, sin intereses ni recargos. 7. / La Conselleria de Vivienda ha establecido una moratoria de 3 meses en el pago del alquiler de locales públicos para profesionales autónomos y pymes. Podrán solicitar una bonificación del 100%. 8./ También se ha formado una comisión bilateral para movilizar suelo para aumentar el parque público de vivienda, desde la colaboración público-privada, pensando en la población más vulnerable. 9./ Se ha puesto en marcha el Fondo Autonómico de Cooperación Municipal (con el abono de los 20 millones de 2019 y la distribución de los 40 millones de 2020 a todos los ayuntamientos), un Fondo de Infraestructuras de Movilidad, y se ha logrado utilizar remanentes municipales de 2019 para temas sociales. 10./ Y se han agilizado los pagos a proveedores. «Solo en marzo pagamos a pymes y proveedores casi el doble que en marzo del año pasado: 586 millones frente a los 331 de hace un año», ha concretado el president. Otras medidas de carácter social En el ámbito social, ha destacado otras medidas como las de carácter educativo, con el Plan Mulán para enseñar a distancia en todas las modalidades, cursos y ciclos educativos; el préstamo de 14.000 tablets con conexión 4G para el alumnado que no tenga dispositivos; el «Vale Beca Comedor» de 60 euros para 59.000 alumnos canjeable en los establecimientos de Consumo o Charter; o los 11,5 millones destinados a subvenciones directas a 231 entidades locales que prestan servicios sociales de atención primaria en dos frentes: prestaciones básicas y alimentación infantil. Asimismo también ha exonerado del pago del alquiler durante tres meses a todas las familias que habitan las 14.000 viviendas del parque público de la Generalitat, ha repartido 700 routers en las viviendas públicas para familias con menos recursos y ha ampliado los fines de semana y festivos el servicio de Comida en Casa para los mayores usuarios.
Ética ayudará a las gestoras a introducir los criterios ASG en sus decisiones de inversión
Es obvio que la inversión socialmente responsable (ISR o SRI por sus siglas en inglés) ha venido para quedarse y que sus activos empiezan a ser percibidos como más resilientes en estos tiempos convulsos. En Economía 3 hablamos Fernando Ibáñez, cofundador y director general de ÉTICA , aefi de referencia en ISR en la Comunitat Valenciana para ver cómo en los últimos años la inversión sostenible ha ido creciendo. – ¿Qué factores están impulsando la ISR? – Por un lado, estaría la parte regulatoria, la CE tiene un plan de finanzas sostenibles, cuya segunda fase acaba de aprobarse, la llamada Taxonomía que establece el marco de actuación de los próximos años en cuanto a la definición de la inversión socialmente responsable y de las actividades que contribuyan sustancialmente a la mitigación y adaptación al cambio climático, es decir, por ahora muy centrados en los aspectos medioambientales con un objetivo claro de cambio climático. – ¿Y España se ha quedado al margen de este proceso regulatorio? – No, de hecho, la vicepresidenta de la CNMV, es la presidenta de la comisión de ISR en la homóloga europea, ESMA, por tanto en España también hay un interés muy claro para que criterios ASG o ESG (en sus siglas en inglés Environmental, Social and Gobernance) vayan introduciéndose en la toma de decisiones de inversión por parte de los gestores. Esta sería sería como digo la primera gran fuerza que está impulsando la ISR. – ¿Cuál sería otro impulso reseñable? – La Ley 11/2018 que amplió significativamente el número de sociedades obligadas a presentar el estado de información no financiera, es decir aquellas compañías que tienen que reportar información sobre temas de sostenibilidad, incluiríamos las firmas de inversión «empujadas» a introducir este tipo de criterios. – ¿Y habría una tercera fuerza: la demanda? – Exacto, inversores institucionales, y en menor medida, particulares, demandan a sus propios gestores que cuenten con productos ISR por dos motivos principales, porque se trata de una inversión más segura, al tener en cuenta riesgos que se escapan a un control puramente financiero, y por otro lado, porque existe una mayor concienciación social, sabiendo que la ISR crea un impacto positivo, dado como decíamos que los gestores ya empiezan a medir y a reportar el impacto con criterios ASG de sus inversiones. – ¿Qué podríamos decir del comportamiento de este tipo de inversión en cuanto a rentabilidad y volatilidad? – Luchamos contra el falso mito de que la ISR es menos rentable, más cara,… esto es completamente falso. Prueba de ello está en esta misma crisis, donde ha habido unas caídas bursátiles brutales de incluso el 30%. Analistas como los de Spainsif han constatado que empresas con una política de la sostenibilidad más avanzada están resistiendo muchísimo mejor los envites bursátiles, y los inversores están valorando que estas compañías están mejor preparadas para afrontar estas situaciones de incertidumbre, presentan una mayor resiliencia. Por tanto, la rentabilidad a largo plazo es mucho mayor. – ¿En España particularmente cómo se está acogiendo? – Tenemos que distinguir entre el inversor profesional o institucional , y el particular. La gran mayoría de las grandes instituciones ya tienen estos criterios dentro de su ecuación de toma de decisiones, porque tienen una mayor información y conocimiento, porque invierten a más largo plazo… Saben que vigilar los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza de una compañía es crítico para minorar los riesgos. Sin embargo, por regla general, las decisiones del inversor particular en España descansan en los productos que le propone su entidad financiera. Por tanto, desde mi punto de vista, la democratización de la ISR no vendrá tanto por parte de la demanda, sino de la oferta. Es decir, las gestoras que fabrican los vehículos de inversión, serán las que ofrezcan a sus clientes este tipo de inversiones de forma mayoritaria. – ¿Y cómo está el panorama en estos momentos? – Estamos experimentando un gran cambio, hace apenas 4 o 5 años, había muy pocos fondos de inversión socialmente responsables, y ahora existen bastantes opciones para cualquier inversor, de hecho, las gestoras de las entidades financieras españolas ya tienen al menos un vehículo gestionado bajo criterios ASG. – ¿Y cuál sería el siguiente paso, qué cabe esperar? – El gran reto es que las gestoras, en general, no solo tengan un producto ASG, sino que la manera de gestionar sus productos, sus fondos, sea teniendo en cuenta los criterios ASG, de manera que ya no hablaremos de fondos socialmente responsables sino que todas sus inversiones cumplirán unos mínimos niveles respecto a este tipo de gestión. – Los últimos datos aportados por Spainsif, recogidos por este medio, evidencia que se ha multiplicado por seis la inversión en los últimos años… – Sí y para este año se estima un crecimiento cercano al 20%, pero, al partir de una base todavía muy baja, los crecimientos altos son normales. Ahora mismo la ISR se percibe por parte de los bancos/gestoras como una ventaja competitiva, por tanto, lo normal es que si la apuesta de una de estas entidades es fuerte, los demás se sumen también a este tipo de gestión. – De hecho, la gestora más grande del mundo BlackRock ya ha anunciado su apuesta por la sostenibilidad como el nuevo pilar de inversión… – Sí, en la carta de este año a sus inversores anunció expresamente que no solo iba a vigilar la rentabilidad y el riesgo financiero, sino también este tipo de criterios ASG, porque insisto, introducir este tipo de variables reporta menor volatilidad y mayor rentabilidad a largo plazo. – ¿Y esta crisis refuerza la idea, no es así? – Exacto y conforme sea más necesario para los bancos seguir mostrando su compromiso social habrá más productos de este tipo. Y si los bancos y las gestoras interpretan que estos productos mejoran su reputación y que además, existe una demanda creciente del mercado, el crecimiento será exponencial. Estoy convencido de que en los próximos 5 años, el 100% de los productos financieros van a utilizar este tipo de gestión y van a reportar sobre este tipo de conceptos. – ¿Y qué planes tenéis en Ética al respecto? – Estamos desarrollando un proyecto para poder ayudar a las gestoras a que reporten el impacto de sus inversiones sostenibles (ASG) y tengan la información adecuada para tomar decisiones de inversión basándose en estos criterios. Es un proyecto en el que llevamos trabajando ya seis meses y esperamos lanzar en los próximos meses, no sé si antes o después de verano. – ¿Sería como dotarlas de un método? – Ahora mismo existe información sobre criterios ASG pero esa información hay que saber tratarla y traducirla a un lenguaje financiero para que un gestor pueda tomar una decisión de inversión o desinversión en sus carteras. De este modo, aportaremos nuestro granito de arena para que el mundo de la inversión sea más sostenible, con un servicio adaptado a las capacidades actuales de cada gestora, para que puedan ir aprendiendo a introducir estas variables.
Empresas del CE/R+S como Broseta o Ética ofrecen servicios desinteresadamente
El Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S) ha puesto en marcha la plataforma ‘Alianza Empresarial Responsable vs Covid-19’, cuyo propósito es facilitar conocimientos y recursos que ayuden a las empresas a afrontar o mitigar los impactos derivados de la crisis sanitaria. Por un lado, es una plataforma abierta a todo el público (en www.cerscv.org), que proporciona información completa y actualizada sobre las medidas legislativas y normativas impulsadas por el Gobierno; informes de organizaciones empresariales; líneas de apoyo y programas de I+D habilitados por instituciones y organismos públicos y privados; así como un escaparate de buenas prácticas vinculadas a la crisis sanitaria, que pueden inspirar a otros. «Y por otro lado, hemos dado un paso más, ya que algunos socios del CERS han diseñado servicios y recursos, soluciones concretas, orientadas a empresas afectadas por la crisis, en condiciones preferentes«, explica el presidente del CERS, Fernando Ibáñez. Entre ellas, destacan las iniciativas de Broseta, Barrio La Pinada, Caixa Popular o Ética. Por ejemplo, en el caso de Caixa Popular dota de condiciones especiales para los socios sus líneas de 330 M en préstamos preconcedidos para particulares; casi 100 M en préstamos preasignados para empresas y cooperativas y otros 12 en preasignados para autónomos y comercios. En el marco de Broseta Impulsa, durante los meses de abril y mayo, miembros del club y compañías de reciente creación, autónomos y entidades sin ánimo de lucro podrán remitir al despacho valenciano todas sus dudas y consultas legales suscitadas por la COVID-19 y serán resueltas de manera gratuita: cuestiones centradas en materia tributaria, laboral, gestión de locales comerciales, etc. Mientras que en el caso de Ética, junto a sus partners Circulantis y Savile Capital, ofrece asesoramiento gratuito y su experiencia en soluciones financieras, englobando las líneas financieras públicas y opciones privadas -banca, privada y crowdlending-; además de realizar diagnósticos financieros para abordar refinanciaciones y reestructuraciones empresariales. El germen de algo más grande «Si hay algo bueno que estamos sacando de esta crisis, es que las empresas cada vez son más conscientes de que los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno (conocidos como ASG) son estratégicos y deben formar parte de la estrategia de las compañías», indica Fernando Ibáñez. Y la reflexión que a raíz de ello se hace el Club, es que no solo la Administración debe apoyar a las empresas socialmente responsables (entre otros aspectos con ventajas fiscales), sino que cualquier compañía, dentro de sus líneas de productos y servicios debería contar con condiciones especiales para aquellos clientes que cumplan criterios de sostenibilidad. «Por tanto esta plataforma que hemos creado puede ser el germen de algo mucho más grande, que supere la coyuntura de la COVID-19 y es que las empresas privadas apoyen a las empresas responsables, es decir que estas puedan acceder a condiciones mejores en productos y servicios tanto del sector público como privado», apunta el presidente. Cree Ibañez que las empresas que se preocupan por criterios ASG, entre ellos los sociales: la diversidad, la inclusión, el bienestar de sus trabajadores… «cuentan con equipos mucho más comprometidos para hacer frente a cualquier situación que se les presente, por ejemplo, si hablamos de un ERTE en estos momentos de dificultad». En este sentido, espera que las compañías que salgan más reforzadas de la crisis sean las que se centran en este tipo de criterios más allá de la generación de beneficios a corto plazo, «que estas ya sabemos que lo pasaron muy mal durante la anterior crisis». Además, recuerda Ibañez que en la crisis de 2008 no hubo iniciativas para ayudar al de al lado, «era más bien un sálvese quien pueda», pero ahora la respuesta social que ha habido, donde han surgido millones de iniciativas solidarias, «es algo espectacular y es precisamente la sostenibilidad bajo estos paramétros ASG lo que nos refuerza y hace de nosotros una sociedad más justa y solidaria». Sumándose al nuevo modelo El Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S) cuenta con 28 socios, de diferentes sectores y perfiles, de las tres provincias: AGC Flat Ibérica, Almacenes Lázaro, Alpesa, Grupo Alimentario Citrus (GAC), Grupo Baux, BP Oil, Grupo Bertolín, Broseta, Caixa Popular, Choví, Consum S. Coop., El Corte Inglés, Ética, Exkal (Exposición y Conservación de Alimentos), Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen, Grupo IVI, Palau de les Arts Reina Sofía, Barrio La Pinada, Ribera Salud, RNB Cosméticos, Royo Group, Grupo Simetria, Suavinex, Triangle Real Estate Management, Unimat Prevención y Unión de Mutuas. Está inscrito en el Registro de Asociaciones de la Comunitat desde mayo de 2017 y se ha consolidado como referente en promover e impulsar la responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial. La patronal CEV le ha confiado la presidencia de su Comisión de Trabajo de RSE y cuenta con dos vocales en la Comisión de RSE de la CEOE. En la actualidad, está abierto a nuevas incorporaciones de entidades que apuesten por la ética y la sostenibilidad de forma real y efectiva. El próximo miércoles 22 de abril, el Club ha programado un webinar donde abordará, junto al IVF y Caixa Popular, soluciones financieras, en materia legal y laboral y prevención de riesgos.
¿Cómo deben gestionar su tesorería las empresas pensando en un pos COVID-19?
En estas semanas las compañías se han visto obligadas a revisar sus proyecciones de tesorería a corto plazo, así como realizar medidas urgentes para salvaguardar la tesorería (aplazamiento de impuestos, renegociación de calendarios, suspensión de costes de personal, solicitud de financiación…), sin embargo, una vez finalizado el periodo de confinamiento, cuando se inicie la era pos COVID-19, se abrirá otra gran incertidumbre: prever cuál será el impacto en los flujos de caja a medio y largo plazo. «Saber cuál será el impacto económico exacto es aún incierto a día de hoy, pero más que nunca se precisa de una disciplina ejemplar en la gestión de la liquidez de las compañías», señala Alfonso Junguitu, socio de Deal Advisory responsable de Turnaround de KPMG en España. En concreto y pensando en nuestro tejido de pymes y micropymes valenciano, Junguitu señala a Economía 3: “Preservar la caja en los meses venideros será la clave de la supervisión de las empresas y este será un asunto de toda la organización, no solo del CFO”. Alfonso Junguitu, socio de Deal Advisory responsable de Turnaround de KPMG en España Para Junguitu la pregunta clave es: ¿Cómo saber si mi compañía está preparada para afrontar los retos de liquidez en el pos COVID-19? Una breve lista para saber si estamos preparados puede ser la siguiente: ¿Se han proyectado diferentes escenarios de ingresos y, sobre todo, de cobros? Cuando se haga esta pregunta recuerde las previsiones de 2.008 y los brotes verdes del 2011. El crecimiento en V es muy difícil y cuanto más tiempo pasemos en cuarentena, más difícil todavía. En la elaboración de esta proyección, ¿se han considerado el mix de clientes y proveedores, la estacionalidad de las existencias, la variación en los acuerdos tanto de proveedores como de clientes además del contexto empresarial de la compañía? ¿Se han identificado planes de urgencia y de acción a corto, medio y largo plazo con indicadores para ir ejecutando planes por fases? ¿Se ha creado un comité de tesorería cuyos miembros son estratégicos pertenecientes a los diferentes departamentos de la compañía? ¿Se ha puesto la caja como centro de la actividad de la empresa? Bajo los escenarios proyectados, ¿se ha realizado el análisis de rentabilidad de las divisiones, áreas de negocio o productos?, y ¿qué porcentaje de costes fijos se deberían reducir en cada una de ellas? ¿Tengo claro cuál es el mínimo headroom (caja mínima diaria) y cuanta financiación precisa la compañía? Según el experto de KPMG si se tiene una respuesta clara a estas preguntas «has podido dimensionar el potencial impacto que podría tener tu tesorería en los próximos meses. Ahora tocaría acabar de definir el diseño, desarrollo, y la implementaciónde los diferentes planes de acción necesarios para optimizar el circulante, así como implementar todas las alertas y palancas necesarias que ayuden a minimizar el riesgo», indica. En cambio, si no hay respuestas para todo, cabe «en primer lugar, dimensionar los potenciales impactos, en segundo lugar, definir los planes de acción y mejora necesarios, y, en tercer lugar, determinar los métodos de seguimiento y control para activar e implantar dichos planes según vayan sobreviniendo los acontecimientos». A su juicio, una parte positiva de haber pasado una crisis hace relativamente poco tiempo es que nos ha dejado las siguientes enseñanzas: Las crisis siempre son más largas de lo que esperábamos. Los financiadores nunca son tan ágiles y accesibles como necesitan las empresas. Los impactos negativos en cualquier sector se expanden y se resiente toda la economía. Las empresas siempre tienen recorrido de mejora en la optimización del circulante y en reducción de los costes. Las empresas que se anticipan y se preparan a los distintos posibles escenarios tienen más probabilidad de verse menos afectadas a las fluctuaciones del mercado. Somos optimistas por naturaleza (lo cual es bueno) y tendemos a tomar decisiones difíciles tarde (lo cual es nefasto). Otra experiencia que transmite Junguitu, es que para obtener una máxima optimización en la liquidez es imprescindible implicar a toda la organización: desde la Dirección General, pasando por el equipo comercial, de producción, de supply chain, recursos humanos, servicios generales y equipo financiero. Toda la organización enfocada a un nuevo objetivo «Se debe implementar una cultura de enfoque hacia la liquidez, establecer una estrategia única a nivel de grupo, definida por la Dirección de Tesorería avalada por la Dirección General. Todos los planes de acción que incluya la estrategia, han de ser conocidos por todas las áreas de la organización. Siendo esta la base de todas las decisiones, aunque suponga un perjuicio para una determinada área o departamento». Planes de gestión y optimización de la tesorería hay muchos, entre ellos, los que incluyen medidas de optimización del circulante, implicando a todos los departamentos en la persecución del retorno rápido y eficiente de caja. Sirvan como ejemplo estas tres líneas que propone el experto de KPMG: Supply Chain y Financiero – Gestión de Pedidos El equipo de supply chain es el encargado de determinar cuáles son los lotes de compra eficientes, persiguiendo los mejores márgenes de producción, y establecer el mínimo volumen de almacenamiento de materias primas sin poner en peligro los ritmos de producción. Involucrar al equipo financiero en este proceso puede permitir identificar el coste de working capital que supone la compra de estos lotes y almacenamiento de materia prima, y con ello el impacto real en la liquidez de la compañía. Al dar visibilidad de ese coste, puede ocurrir que ese lote ya no sea el óptimo para la compañía, y además se podría cuantificar la potencial penalización (si no se pudiera negociar la compra) vs la liberalización de liquidez por la reducción del stock. Esto podría suponer acometer otras actuaciones con esa caja liberada que compensen el potencial sobrecoste. Comercial y Financiero – Condiciones de facturación y cobro de las facturas Los incentivos de los comerciales suelen estar sujetos únicamente en base a volumen de ventas, pero en raras ocasiones, a que estas ventas estén cobradas en tiempo y en forma. Asimismo, muchas de las operaciones de venta se realizan de forma automática, bajo condiciones diferentes a las contractualmente establecidas simplemente por causa de una desviación en el sistema. La identificación de los retrasos y las desviaciones en todos los pasos del proceso de facturación hasta el cobro de las facturas es clave para la optimización del circulante. En muchas ocasiones, una falta o retraso en el cobro de las facturas emitidas, no se debe a una falta de liquidez de nuestros clientes, sino a un desconocimiento en sus procedimientos de pago (p.ej. días de pago, portales de facturación automáticos, divergencia en número o condiciones de pedido con la factura…), o también puede ser debido a ineficiencias en los procesos de gestión de cobro (p. ej. tiempos de solución de disputas, ineficiencias en emisión de abonos etc.). En épocas de tensión de liquidez es necesario tener la mayor visibilidad y actuación posible para el recaudar el 100% de los deudores, y destinar a los equipos hacia aquellos segmentos con mayores potenciales de retornos en la caja. Producción, Comercial y Financiero – Eficiencia en costes productivos Es importante la creación de una mesa de trabajo en la que se pongan en común tanto las dificultades de producción – Equipo Operativo –, rentabilidad de productos – Equipo financiero –, y necesidades del mercado – Equipo Comercial –, que pueden abrir grandes posibilidades de reducción de costes de planta (principalmente eficiencia en horas), como la liberación de stock. En este sentido, cree el experto que es esencial la implicación y comunicación de todas las áreas de la organización. «Mediante la introducción de objetivos pragmáticos, y a través de mejoras procedimentales visibles en cada área, es como se pueden generar los cambios significativos en la optimización de la tesorería; trabajando en equipo y actuando a tiempo y con decisión», constata.
Casi 920.000 autónomos han recibido ya la ayuda por cese de actividad
Un total de 919.173 autónomos percibieron el viernes 17 la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada a raíz de la crisis de la COVID-19, lo que supone una inyección de 670,9 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. A 15 de abril, detalla, 1.016.670 trabajadores por cuenta propia -en España hay unos 3,2 millones de autónomos- habían solicitado esta prestación extraordinaria por lo que se han aprobado el 97,3% de las solicitudes tramitadas. La prestación tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, es decir, un mínimo de 661 euros en el caso de los que cotizan por la base mínima. La prestación se aprobó tras la declaración del estado de alarma y tiene acceso a ella cualquier autónomo que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación caiga en el mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior. En el caso de algunos colectivos como el régimen agrario, del mar – con unas actividades muy estacionales- o de la cultura y el espectáculo, el periodo de cálculo se adapta a las peculiaridades de esos sectores Para solicitarla, recuerdan desde el Ministerio, no se exige periodo mínimo de cotización, solo estar en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales. Además, es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social, como por ejemplo, orfandad o viudedad, y con el desempeño de la actividad que desarrollaba. El Gobierno también detalla las solicitudes por comunidades autónomas con Andalucía, con 19,45 % del total; Cataluña (15,35 %), la Comunidad Valenciana (12,85 %) y Madrid (12,42 %) a la cabeza. Por sectores, el mayor número de peticiones se ha concentrado en el sector comercio, con 123.883 peticiones, mientras que le siguen hostelería (112.854) y construcción (68.560). A los autónomos que ya hayan abonado sus cuotas, recuerdan, se les devolverá de oficio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. La ayuda, con una duración inicial de un mes, se ampliará hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma. La siguiente tabla recoge las solicitudes presentadas y resueltas por CCAA: En el cuadro, hay un desajuste temporal entre los datos desagregados por CCAA y las cifras totales, por eso la cifra total del cuadro es menor a la global.
BBVA Research: «La caída del gasto semanal con tarjeta está en un 60% por COVID-19»
Desde que se decretase el estado de alarma, el consumo en España no ha hecho más que decaer, así el gasto medio diario con tarjeta por persona es un 49% inferior al realizado en el mismo periodo del año pasado, según revela un estudio de BBVA Research, El centro de estudios de BBVA junto a investigadores de las Universidades de Cambridge, Imperial College y Edimburgo han analizado el impacto de la COVID-19 en el consumo de los españoles, utilizando tecnologías ‘big data’ y más de 1.400 millones de operaciones realizadas con tarjeta o en un terminal de punto de venta de BBVA desde 2019, lo que ha permitido mostrar los cambios en los hábitos de consumo de los españoles y el impacto “sobresaliente” de esta crisis en la caída del gasto. Los primeros datos muestran cómo antes del decreto del estado de alarma, la tendencia fue hacer acopio, especialmente de bienes básicos y alimentación. De este modo, el fin de semana del 14-15 de marzo se observó un aumento de las transacciones con tarjeta cercano a un 20% interanual. Desplome del consumo A partir de esta fecha, se observa que el gasto medio diario con tarjeta por persona es un 49% inferior al registrado un año antes. La medición de los gastos semanales muestra caídas mayores. Desde el 20 de marzo, la caída del gasto semanal con tarjeta está en torno al 60% respecto al observado en la misma semana de 2019. La semana siguiente, la anticipación de ventas por la Semana Santa, hace que la caída se atenúe, situándose en un 51% comparada con la misma semana del ejercicio anterior. La alimentación es, sin duda, el único sector que registra un aumento del gasto con tarjeta, que ya se duplicó antes del estado de alarma y continúa aumentando el 60% interanual. Los días previos a Semana Santa, entre el 6 y 8 de abril, el gasto en alimentación se disparó, creciendo un 95% interanual. Otro de los gastos que ha experimentado un crecimiento, aunque solo puntual, es el gasto en salud. El fin de semana previo a la primeras medidas de confinamiento, aumentó este gasto cerca del 30%, fundamentalmente, en productos farmacéuticos. El gasto en los restantes sectores (bienes y servicios no esenciales como hostelería, ocio y entretenimiento, viajes, vestido y calzado,etc.) se ha reducido en más de un 90%. El ajuste del comercio electrónico ha sido mucho menor, pero con caídas de hasta un 44% en la primera semana del estado de alarma. Sin embargo, las compras en internet va ganando peso respecto al total de consumo, hasta representar un 20% del total de las transacciones con tarjeta, dos puntos más que hace un año. Las compras en internet que experimentan un incremento se concentran en grandes superficie y alimentación, donde las compras con tarjeta se multiplican por 1,5. Además, se duplica el gasto ‘online’ en productos de salud y aumenta en un 50% el realizado en bares y restaurantes con servicio a domicilio. Por el contrario, el gasto en agencias de viajes y en transporte ha disminuido prácticamente a cero. El artículo bajo el título “Tracking the Corona Crisis with High-Resolution Transaction Data”, publicado en la Universidad de Cambridge y firmado por los investigadores Álvaro Ortiz, Juan R. García, Tomasa Rodrigo y José Ruiz de BBVA Research, junto a Vasco Carvalho (Cambridge), Stephen Hansen (Imperial College) y José V. Rodríguez Mora (Edimburgo), concluye con un llamamiento a la colaboración del sector privado, instituciones y universidades para explorar las técnicas de ‘big data’ en el análisis de la economía y las finanzas.
¿A quién no le interesa y quién no puede acogerse a la moratoria de impuestos?
El Gobierno acordó este martes permitir prolongar el plazo de presentación de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para pymes y autónomos del 20 de abril hasta el 20 de mayo. ¿Pero quién puede acogerse a esta moratoria y a quién no le interesa beneficiarse de ella a pesar de ello y por qué? En concreto, el decreto recoge que los contribuyentes con una facturación de hasta 600.000 euros tendrán de plazo hasta el 20 de mayo para presentar las declaraciones de impuestos correspondientes al mes de abril. Es decir, podrán aplazar la presentación de la declaración trimestral del IVA, el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como el del IRPF, dependiendo si es persona física o pyme. En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos en cuenta se realizarán el 20 de mayo. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, esta medida beneficiará a 3,4 millones de contribuyentes, que representan el 95% de empresas y autónomos que deben presentar su declaración tributaria en abril. Lo que les vendrá a reportar una liquidez de 3.558 millones. Un respiro de un mes, que si bien deja al margen a micropymes y pymes que facturen más de 600.000 euros, así como a empresas que formen parte de un grupo empresarial -y apliquen el régimen especial de consolidación fiscal- con independencia del volumen de facturación que tengan. En estos casos se mantiene la obligación de presentar las declaraciones y autoliquidaciones de impuestos en los plazos habituales del 20 de abril o del 30 de abril según establece la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. La CEV pide que se extienda a todas las empresas Es por ello que, desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que califica de positivo el aplazamiento a mayo, consideran que la medida «llega in extremis y que, ante la falta de actividad, la moratoria debería ampliarse como mínimo hasta la liquidación de junio». Además entienden que el aplazamiento, pese a ser positivo, resulta «escaso», debido a la limitación de actividades con volumen de facturación de hasta 600.000 euros. De hecho, calculan que unas 20.000 pymes valencianas quedarían fuera de esta medida. En este sentido, la patronal de la Comunitat solicita que de la extensión del plazo se puedan beneficiar «todas las empresas, con independencia de su tamaño». Además, recalca la patronal que dirige Salvador Navarro, que «en un estado de alarma, las empresas necesitan seguridad jurídica, por ese motivo convendría que todas las medidas tributarias (IS, IAE, IVA, IRPF) relacionadas con la COVID-19 fuesen aprobadas en una única disposición». En cambio, las decisiones del Ministerio de Hacienda para combatir los efectos de la COVID-19 se van tomando de forma escalonada, «pero no por ello dejan de ser compatibles y claras», opinan. De hecho, recuerdan que el Gobierno ya aprobó la posibilidad de que autónomos y pymes con una facturación de hasta 6 millones de euros pudieran aplazar el pago de impuestos hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, con tres meses sin intereses. «De manera que, si se trata de un negocio de menos de 600.000 euros de facturación, que solicita también aplazamiento de pago, esos seis meses no empiezan a correr ahora en abril, sino el 20 de mayo que es cuando vence el nuevo plazo límite de presentación, con lo cual, de facto el aplazamiento puede llegar hasta el 20 de noviembre, o hasta el 20 de agosto sin intereses«, explican fuentes del Ministerio. Desde el Ministerio dejan claro que estas medidas pretenden dar un mayor margen, no solo por cuestiones de liquidez, sino también por cuestiones logísticas o de organización, dando un mayor plazo a gestores y asesores fiscales para recopilar la información necesaria para que sus clientes puedan cumplir con las obligaciones fiscales: «da respuesta a la problemática de no llego a tiempo». Las pymes exportadoras, difícilmente se acogerán a la moratoria Si bien, hay otros supuestos en los que una empresa, pudiéndose beneficiar de esta moratoria, prefiera no hacerlo, pues las declaraciones o autoliquidaciones tributarias le sean favorables, es decir, le salgan a devolver. Este sería el caso por ejemplo de una empresa, que aún siendo pequeña, sea exportadora y esté acogida a la presentación mensual del IVA, aunque no esté obligada por tamaño, «pues al salirle a devolver, le interesa hacerlo mensual y cuanto antes, no retrasar la presentación». «Hay muchos supuestos en que si la presentación va a resultar favorable, y el contribuyente no tiene problemas organizativos para realizar dicha presentación, lo lógico es no demorarla, al igual que ocurre con la campaña de Renta para las personas físicas que desde el 1 de abril ya tramitan sus devoluciones», explican las mismas fuentes.
El IVF recibe 185 solicitudes de préstamos Pyme y Gran Empresa por 158M en 15 días
Desde que el pasado 31 de marzo el Institut Valencià de Finances (IVF) modificara sus líneas de financiación bonificada con condiciones más ventajosas para adaptarlas a la crisis de la COVID-19, ha recibido 185 solicitudes para las Líneas IVF Pyme y IVF Gran Empresa (líneas en las que debe solicitarse un informe de prefactibilidad directamente al IVF) por valor de 158 millones de euros. En el caso de la Línea IVF Autónomos y Microempresas, el IVF ha recibido multitud de solicitudes de información a través de la web, el correo electrónico y las redes sociales. Pero dado que en estas operaciones se requiere un aval bancario o de Afín-SGR que debe solicitarse previamente a la solicitud de financiación IVF, los datos no están todavía disponibles. No obstante, desde el IVF recuerdan que esta no es una cuantía aprobada, se trata de una primera fase, en la que las empresas solicitan a través de la web del IVF el estudio de prefactibilidad, anexando las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y los formularios preceptivos. Con esa información, los técnicos de la entidad hacen un estudio «rápido«, para poder saber si a priori la operación es viable o no, si cumple con la calidad crediticia exigida o si se le requiere aval. «En un plazo de 3 días el solicitante recibirá el informe y, siempre que sea favorable, se le facilitará un código de prefactibilidad que será necesario para realizar la solicitud de financiación y presentar todos los documentos que se requieren», indican desde el instituto. De momento, en quince días, el IVF acumula 185 solicitudes de prefactibilidad por importe de 158 millones. Y es que las nuevas condiciones aplicadas -se reduce el coste de la financiación, y se ofrece a todas las empresas la posibilidad de financiar hasta el 100% los gastos de la explotación-, y el acusado parón económico está llevando a multitud de empresas, desde micropymes a grandes compañías, a interesarse por estas fórmulas de inyectar liquidez para sostener el empleo, facilitar el pago de los costes fijos de autónomos y empresas, y evitar cierres empresariales o ceses de actividad. Línea bonificada IVF-Autónomos y Empresas Autónomos y microempresas pueden acceder a préstamos de entre 25.000 y 750.000€, a un interés de euribor+0%, a un plazo de hasta 10 años y con hasta 2 de carencia. Al objeto de cubrir el coste del aval imprescindible para acceder a esta línea, los préstamos cuentan con un tramo no reembolsable que varía en función de los años de la operación, y que resultará de multiplicar por 0,9% el valor nominal del préstamo y el plazo de vencimiento. Línea bonificada IVF-Pyme A través de esta línea se puede acceder a préstamos de entre 25.000 y 1.500.000€, a un interés entre el 0% y el 1% dependiendo de la calificación crediticia de la empresa. El plazo de estas operaciones podrá oscilar entre 5 y 10 años, con hasta dos de carencia. Estás operaciones requieren de un estudio de prefactibilidad previo que debe ser solicitado a través de la web del IVF. Una vez realizado este estudio, se comunicarán a la empresa aquellos casos en los que se requiere un aval bancario o de Afín-SGR. En estos casos, al igual que la línea anterior, al objeto de cubrir el coste del aval, las operaciones incorporarán un tramo no reembolsable. Línea bonificada IVF-Gran Empresa Contempla préstamos de entre 25.000 y 2.000.000 euros, a un interés de entre el 0% y el 1%. El plazo será de entre 5 y 10 años, y con hasta 2 de carencia. También se requerirá el estudio de prefactibilidad y en el caso de requerirse aval, los préstamos cuentan con un tramo no reembolsable que varía en función de los años de la operación, y que resultará de multiplicar por 0,9% el valor nominal del préstamo y el plazo de vencimiento.
¿Cómo inyectar liquidez en las empresas sin contravenir las ayudas de Estado?
La Consultora valenciana AVS Consulting, con más de 20 años de experiencia en la aplicación de incentivos fiscales y en la obtención de financiación a través de actividades de I+D+i sabe muy bien que “las actividades vinculadas a la I+D+i son un instrumento eficaz como canalizador de ayudas públicas a las empresas, ya que la Unión Europea impide las ayudas directas a las compañías, incluso durante el Estado de Alarma”, explica su director general -también vicepresidente de la comisión de I+D+i de la CEOE-, Raúl Natividad. En este sentido, AVS ha analizado campos de mejora en este tipo de instrumentos de apoyo nacional desde el pago anticipado de las subvenciones asociadas a diferentes tipos de financiación al tipo de deducciones que se pueden aplicar. Así lo explica Natividad a lo largo de esta entrevista con Economía 3: – Uno de los primeros organismos en ofrecer respuesta creo que ha sido el CDTI, que canaliza las ayudas a la I+D en España en forma de préstamos y subvenciones… – Sí, muy en línea con su carácter estratégico. De este modo, ha intentado aumentar la flexibilidad a la hora de anticipar las ayudas, incluso aumentar el tramo no reembolsable de mismas (lo que sería más o menos equivalente a las subvenciones que todos conocemos). Si bien, tenemos que reclamar que esta flexibilización se mantenga al menos durante dos años, incluso aumentar la parte de ayudas no reembolsables, algo que fue crucial en la anterior crisis. Recordemos que el CDTI se nutre de fondos propios y del capítulo VII de los Presupuestos Generales del Estado, por tanto, se debe reforzar este capítulo ya que lo previsible es que la demanda de estos fondos aumente. Hay que entender que en la crisis del 2008, el CDTI perdió más del 50% de las empresas que solicitaban fondos de I+D, y esto es lo que no debe ocurrir, no debe darse un retroceso tan grande en I+D, pues la I+D, es el activo que va ayudar a las empresas a salir más rápido de la crisis como ya se demostró en 2014-2015. En ese momento de salida de la crisis, había un 40% más de empresas exportadoras que en 2008, y en su inmensa mayoría lo eran, porque habían realizado proyectos de i+D que les permitieron salir al exterior con mayor valor añadido. Por tanto, el CDTI debe aumentar hasta el máximo la intensidad de ayudas permitidas por la UE, es decir en términos porcentuales, la cantidad de ayuda con que se puede apoyar un proyecto de I+D y esto está en función de unos parámetros: el tipo de empresa que es (si se trata de una pyme…), la zona donde se ubica (si es objetivo 1…), etc. De este modo, urgimos a que aumente la intensidad de las ayudas, a que las lleve a máximos y no se guarde colchones del 15 o 20%. Incluso creemos que es el momento de presionar a la UE para poder tener límites de ayuda superiores, ya que en los próximos dos años vamos a necesitar compensar la caída del crecimiento registrado. Raúl Natividad, director general de AVS | E3 – ¿Qué otros instrumentos son necesarios? – Apostar verdaderamente por la compra pública innovadora. Durante esta crisis hemos visto cómo el sector público ha pedido la colaboración del sector privado para buscar avances en innovación, pues continuar en esta línea y llevarla a sus máximas posibilidades. Igualmente, establecer instrumentos que ayuden a la colaboración entre empresas y centros tecnológicos para sacar adelante proyectos de valor que generen a través de la innovación alternativas de negocio, pues de lo contrario, otros competidores internacionales nos tomarán la delantera en un mercado global como el actual. – Una de sus propuestas, que recoge la CEOE, al Ministerio de Industria, es que lance una convocatoria extraordinaria del programa de Reindustrialización y Competitividad -Reindus- con un presupuesto de 2.000 millones de euros… – Exacto, en 2019 había 800 millones de presupuesto dedicado a Reindus y planes de competitividad, que no llegaron a agotarse, pero cuál fue el motivo: la exigencia de avales bancarios para poder anticipar y poder cobrar la ayuda. Se trata de préstamos a largo plazo, hasta 12 años y el Estado pedía unas garantías altas, podían llegar incluso al 40% del presupuesto; por lo que en 2019, las empresas encontraban alternativas más interesantes en el mercado privado. – ¿Y por qué esas garantías tan exigentes? – Si nos retrotraemos a la historia de este instrumento lo entendemos: durante 2008 y 2011, fue importantísimo, no se pedían entonces avales bancarios, y fue un instrumento que no solo sirvió para dar un empujón a la cuenta de resultados de una empresa, sino que salvó compañías de la quiebra. Si bien, antes del 2008 la mora para el sector público en ese tipo de préstamos era del 1% y con la crisis se disparó hasta el 40%. Por tanto, el Estado tuvo que cubrirse contra ese aumento de la morosidad, ¿cómo? exigiendo avales bancarios que pudieran cubrir esa mora, por eso digo que se llegó a exigir hasta el 40% del crédito en aval, para balancear el riesgo. Hoy en día esas exigencias de aval se mantienen aunque la situación sea distinta, y considero que para dar respuesta a la crisis actual no podemos ahora someter este crédito al filtro de obtener avales de la banca privada, ya que es obvio que las estructuras financieras de las empresas no pueden permitirse conseguir dichos avales, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola y la financiación nunca llegará. Oficina de AVS en València. Archivo | E3 – ¿Entonces además de aumentar hasta 2.000 millones la partida de estos préstamos se debería contemplar flexibilizar esos avales…? – Sí, hay que adecuar la exigencia de avales a la realidad de las empresas según la crisis de liquidez que están viviendo; y lo segundo, que la línea ICO que otorga avales a la banca, pueda otorgarse también a este tipo de préstamos públicos como son los de Reindus. No podemos crear ineficiencias que no tienen ningún sentido. No tiene sentido que un aval del ICO vaya para un préstamo que a su vez la empresa tenga que pignorar, para que la banca le dé un aval y que luego ese aval vuelva al Estado. Estaríamos siendo absolutamente ineficientes sabiendo que el objetivo está en que a las empresas les llegue la máxima liquidez posible. – Hasta el momento el Real Decreto del Gobierno para luchar contra el impacto económico de la COVID-19 ha incidido en flexibilizar el plazo para presentar los avales y retrasar la justificación del instrumento… – Sí, pero de todos modos recomiendo que todo aquel que quiera acogerse a la prórroga la solicite por escrito. – Otro tipo de ayudas de I+D van orientadas a las cuotas de la Seguridad Social del personal investigador… – Sí, estas ayudan establecen que las pymes se pueden ahorrar el 60% de la Seguridad Social a cargo de la empresa de aquel personal dedicado en exclusividad a I+D+i, actualmente el presupuesto de ejecución de esta medida es de 240 millones. Si bien, estas ayudas no pueden ser compatibles con las deducciones fiscales, salvo en el caso de pymes con sello de pyme innovadoras. – ¿Y cómo se concede ese sello? – Lo otorga el Ministerio en determinados supuestos como haber realizado un proyecto certificado… Todos nuestros clientes pyme, tienen este sello. Pero es cierto que si una empresa no lo ha solicitado hasta el momento, puede ser complicado de obtener en estos momentos al no tratarse de una gestión prioritaria para el Ministerio actualmente. – ¿Y las empresas que no son pymes es imposible que compatibilicen la bonificación a la Seguridad Social del personal investigador con las deducciones? – Exacto no lo podrían compatibilizar. – ¿Y cuál es vuestra propuesta? – Hacer compatibles las deducciones fiscales con las bonificaciones de la cuota a la seguridad social del personal de I+D+i, para todo tipo de empresas y aumentarlas incluso al 75%. Al pasar del 60 al 75% hablaríamos de inyectar una liquidez en las empresas de entre 60 y 70 millones de euros. – ¿Y la ventaja de todo ello es que se mantiene el empleo y un empleo altamente cualificado -personal investigador-? – Exacto son ayudas directas al coste de la mano de obra del personal investigador, nos interesa que las empresas mantengan su plantilla de I+D+i porque como hemos dicho es el mejor activo para generar valor, y salir lo más rápido posible de la crisis. – Y háblanos de las deducciones, ¿consideras que podría ser la medida más importante? – Sí, las deducciones fiscales a los proyectos de i+D+i de empresas. Desde CEOE manejamos muchos informes que constatan que las deducciones fiscales son el instrumento que más efectos beneficiosos procura a la empresa, porque son recurrentes (se producen todos los años), no están sujetas a restricciones presupuestarias e inciden en la rentabilidad financiera de la empresa. De hecho, permiten captar inversiones de multinacionales extranjeras de I+D+i en España y por ello es importante que el sistema fiscal sea sólido y sostenido en el tiempo. – ¿En qué momento nos encontramos respecto a estas deducciones? – Lo cierto es que si no hay beneficio, se pagan menos impuestos, pero tampoco pueden aplicarse las deducciones, con lo cual, siguiendo el ejemplo de Francia, se permitía transformar esa deducción en liquidez con tres requisitos: la de aplicarse un 20% de quita, es decir, si tenías derecho a 100 te vas a poder inyectar 80, y esperar 2 años antes de poder hacerlo, así como mantener a toda la plantilla. Creemos que no es el momento de estos tres requisitos, y creemos que los empleados que están en los ERTE no deben computar, hay que ser más laxos. Otras cuestiones que preocupan a las empresas… Sobre las líneas ICO con aval del Estado, opina Raúl Natividad, que debería ser este el que fijara el tipo de interés a aplicar en el préstamo, fundamentalmente en el porcentaje avalado: «Al final es la entidad financiera la que termina estableciendo el tipo de interés para el 100% del préstamo. Si el ICO está cubriendo con un aval bancario hasta el 80% del riesgo, sería lógico que la entidad financiera solo fijara el tipo de interés en el porcentaje que resta, ya que es ahí donde verdaderamente asume el riesgo; mientas que en el resto, el interés debería venir fijado por el Estado en su globalidad». Para acabar otro tema que preocupa a Natividad son los próximos momentos de ajuste del empleo que, a su juicio, cabe esperar: «Con la finalización del estado de alarma puede haber otro ajuste importante, y otro más, una vez transcurran seis meses tras la finalización de los ERTE (ya que para acogerse a los beneficios establecidos por el estado de alarma se requería el mantenimiento de los puestos de trabajo durante 6 meses)», por tanto entiende que se deben adoptar medidas para prever los ajustes.
¿Qué empresas tienen más posibilidades de mantener dividendos?
La crisis del coronavirus y la guerra de precios del petróleo están teniendo un profundo impacto en el crecimiento económico y la posición de efectivo de las empresas. Muchas compañías de los sectores más afectados, como el turismo, la hostelería, la aviación o el comercio minorista, pueden tener que recortar o suspender por completo el pago de dividendos durante un tiempo para preservar sus recursos de efectivo y la viabilidad de sus negocios. Y esto, por no hablar del impacto en la banca, que recibió del propio BCE la recomendación de no repartir dividendos pendientes a cuenta de 2019. Y es que, toda empresa que haya recibido asistencia gubernamental para mantenerse a flote encontrará especialmente difícil justificar el mantenimiento de su pago de dividendo. «Incluso las firmas que tienen una amplia capacidad financiera para seguir pagando dividendos al mismo nivel, con una disminución temporal de sus beneficios, podrían adoptar un enfoque prudente, dada la incertidumbre», constata Rory Bateman, responsable de Renta Variable de la gestora británica Schroders. Rory Bateman, responsable de Renta Variable de Schroders – ¿Qué podría pasar? – Como el rendimiento actual del mercado no refleja los dividendos que las empresas tienen previsto pagar, es probable que estos empiecen a caer en los próximos meses. La pregunta es ¿cuánto? Con tanta incertidumbre, es difícil predecir lo que vendrá después. Dependiendo del curso de la crisis podríamos ver desde una recuperación en forma de V hasta una depresión global. La crisis financiera mundial de 2008 a 2009 podría proporcionar una guía aproximada de lo que se puede esperar. Por ejemplo, los ingresos por dividendos cayeron un 18% a nivel mundial en dólares. – ¿Empresas de todo el mundo apuestan por igual por esta remuneración al accionista? – En todo el mundo, las empresas de diferentes mercados han adoptado distintos enfoques para retribuir a los accionistas, en Europa se ha desarrollado una «cultura de dividendos». Las rentabilidades de los dividendos en el viejo continente pueden tardar mucho tiempo en volver al nivel del año pasado, ya que es probable que las empresas se vuelvan más conservadoras estructuralmente a la hora de establecer sus políticas de dividendos. En cambio, en Asia los pagos de dividendos no suelen ser tan elevados. Las empresas tienden a mantener niveles más altos de efectivo, con niveles tradicionalmente más altos de propiedad familiar. En Estados Unidos, la recompra de acciones por parte de las empresas ha sido particularmente frecuente en los últimos años. Esta práctica puede ser objeto de estudio aquí en Europa, ya que algunas empresas importantes que han pagado miles de millones de dólares a los accionistas piden ahora miles de millones en ayudas estatales. Es posible que comencemos a ver cómo más empresas en todo el mundo adoptan políticas de dividendos más conservadoras, como las empresas asiáticas. Sin embargo, las secuelas de crisis pasadas sugieren que, si bien las empresas pueden cambiar su comportamiento durante un par de años, a menudo vuelven a los usos y costumbres anteriores. – ¿Qué significa esto para una cartera de inversión centrada en estos ingresos? – Se enfrentan a la elección entre limitar su enfoque a las empresas que no han reducido sus dividendos o aceptar un recorte en la distribución de los ingresos. Puede tener más sentido aceptar un recorte en la distribución de ingresos a corto plazo, ya que las empresas que han recortado sus dividendos para dar prioridad a la liquidez y a la solvencia a menudo se recuperarán más rápidamente que las que están luchando por mantener sus dividendos. A pesar de la intensidad de los acontecimientos, creemos que es momento para pensar en el largo plazo. En circunstancias extremas, es preferible ver a una empresa proteger su balance, que perseguir ciegamente el mantenimiento de sus dividendos en un entorno completamente diferente. Pues, cuando una empresa toma una decisión no económica para mantener su dividendo esto puede, en última instancia, destruir valor para los accionistas. Hay que recordar que el impacto de un recorte temporal de los dividendos sobre el valor intrínseco de una empresa es extremadamente marginal. Para los inversores a largo plazo, es importante no perder de vista ese hecho en medio del ruido del mercado a corto plazo. Lo que cambiará después de la crisis Richard Carlyle, Investment Director de Capital Group Por su parte, una de las gestoras, más grandes y antiguas del mundo, Capital Group, fundada en Los Ángeles durante la Gran Depresión, recomienda detenerse y pensar en todo aquello que cambiará para siempre después de la crisis, así como en aquello que volverá a la normalidad, en 2021 o 2022. «Sabemos que habrá algunas firmas que experimenten cambios de la demanda a largo plazo, como las dedicadas al inmobiliario comercial; mientras otras obtendrán mejoras de esta situación, entre ellas las que ofrecen servicios digitales o las aseguradoras de vida, por la búsqueda de protección«, asegura Richard Carlyle, Investment Director de Capital Group. Entiende Carlyle que en una recesión, los dividendos son normalmente menos vulnerables que los beneficios de las compañías, pero en la crisis actual hay algunos factores adicionales. «En muchos casos, los gobiernos han impedido a las compañías pagar incluso los dividendos previamente declarados. Por ejemplo, Francia está exigiendo a las firmas que reciben asistencia gubernamental que los cancelen. El BCE ha pedido a todos los bancos de la Unión Europea que no los pongan en marcha y el Reino Unido ha seguido su ejemplo. En toda Europa, los bancos representan alrededor del 15% de los dividendos, por lo que esto tendrá un impacto importante». Hay compañías que han decidido hacer recortes en esta forma de retribución, en particular en los sectores minorista y automovilístico. «El tamaño también es un factor determinante, ya que es probable que las compañías de mediana capitalización resulten más vulnerables que las más grandes». -Para seleccionar las compañías con dividendos sostenibles en esta tormenta perfecta, ¿qué criterios son los más importantes? ¿Un balance y un modelo de negocio sólidos? – El enfoque de inversión de Capital Group se centra en el análisis fundamental bottom-up. Es muy importante hacer hincapié en la fortaleza de los balances, ya que siempre apoyan la capacidad a largo plazo de pagar dividendos crecientes. La sostenibilidad de los dividendos también se verá afectada por factores como la naturaleza de los ingresos de la compañía: ¿son recurrentes o transaccionales? Las que poseen un fuerte flujo de caja o acceso al crédito están en una posición relativamente buena. Los inversores también deberían considerar las necesidades de refinanciación con preguntas como, ¿cuándo vencen sus préstamos actuales? Entre los sectores que tienen más probabilidades de obtener dividendos sostenibles durante esta crisis se encuentran los servicios públicos, especialmente los integrados, que tienen ingresos recurrentes y son esenciales para la vida cotidiana. <img class="size-full wp-image-187777 aligncenter" src="https://economia3.com/wp-content/uploads/2019/03/Repsol-gasolinera-e1553762663837.jpg» alt=»carburantes» width=»950″ height=»630″ /> – Las grandes petroleras como Royal Dutch Shell, Total o Repsol aquí en España han evitado hasta ahora recortar sus dividendos, a pesar del precio actual del petróleo… – En general, la falta de resiliencia que muestran las acciones pagadoras de dividendos puede atribuirse en parte a razones técnicas, ya que se han aplazado varias Juntas Generales en las que los accionistas aprueban esta forma de retribución. Pero también se han producido recortes de dividendos bastante rápidos a medida que las empresas pasan a la modalidad de conservación de efectivo. En un entorno en el que otros ya están haciendo lo mismo, la industria petrolera podría tener más probabilidades de llevar a cabo este tipo de recortes. Sin embargo, en los últimos años muchas de las compañías de este sector han trabajado duro para reducir su base de costes y podrían ser capaces de reducirlos más para responder a la crisis, incluyendo el gasto de capital. Eso podría hacer que sus dividendos sean menos vulnerables que otros en el futuro inmediato, pero la sostenibilidad a largo plazo dependerá de una recuperación del precio del petróleo.
Patatas Lázaro logra un premio en pleno esfuerzo por duplicar su producción
La valenciana Grupo LZR (Patatas Lázaro), con 75 años de trayectoria, acaba de obtener un premio “categoría oro” de los Best Awards 2020, los únicos premios de marketing alimentario que se conceden en España a los que se presentaron 282 trabajos. El reconocimiento, a su marca Freshnatur, llega en pleno esfuerzo por aumentar su producción y garantizar el suministro a toda su cadena de distribución integrada por supermercados como Mercadona, Nudisco (Tiendas Vidal, Kuups…) y Masymas (Juan Fornés), en España, así como a otras cadenas internacionales y mercados al por mayor. LZR, con una capacidad de producción en sus plantas -Puçol, El Puig, Las Palmas de Gran Canaria- de 400.000 toneladas al año, afronta así las puntas de demanda en las que ha llegado a más que duplicar el género suministrado. «La noticia del premio nos ha dado un empujón de energía, en unas circunstancias extremadamente complicadas. Al no haber consumo fuera del hogar, todo se ha centrando en el hogar lo que está repercutiendo de pleno en la demanda, ya que la penetración de la patata en los hogares españoles es muy alta, supera más del 90%. Si bien, a pesar de la alta rotación en los lineales, el suministro del producto está garantizado y no hay día que se haya roto esa cadena de suministro con género nuevo», explica la directora de Desarrollo de Negocio de Grupo LZR, Cristina Lázaro a Economía 3. Más plantilla y precios estables para el consumidor «Nuestra capacidad de almacenamiento es muy fuerte y hemos respondido con mucha responsabilidad y compromiso, lo que es de reconocer y agradecer al equipo, sin problemas de suministro y aumentando incluso la plantilla para abastecer a todas las tiendas», indica Lázaro. «Nuestra directora de innovación diseñó un plan de contingencia, que sigue vivo y se actualiza casi a diario, incluso ha habido veces que lo hemos tenido que actualizar varias veces al día, con una normativas sanitarias muy exigentes, siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades, y lo importante es que dentro del equipo (unas 50 personas) no hay nadie afectado, y estamos respondiendo a la solicitud de la demanda maximizando los estándares de seguridad alimentaria y las garantías de calidad«, añade. Asegura además la responsable de Desarrollo de Negocio que pertenece a la tercera generación en esta empresa familiar, que los precios no han variado, «se han mantenido estables» y que a día de hoy, el consumo está más normalizado: «el comportamiento de la gente en los supermercado es más responsable y respetuoso y eso hace que todo fluya de una manera más normalizada», opina. En plenos trabajos finales de cultivo, la compañía espera este mismo mes de abril empezar a recolectar sus 300 ha de producción propia para empezar a llevar el nuevo producto a los lineales en mayo; apoyándose también en acuerdos de producción sellados en toda España, «desde hace muchos años contamos con una red de confianza y de colaboración de la máxima calidad en toda España». Una marca completamente actual, registrada hace 20 años La marca Freshnatur, que ha sido galardonada, está registrada desde hace 20 años por la compañía pero mantiene toda su vigencia al estar muy en línea con las sensibilidades actuales: «Está inspirada en los valores de nuestra empresa familiar, la tradición de nuestros campos y el compromiso con la sostenibilidad, el producto fresco y la sociedad. Con esta nueva propuesta de packaging que ha sido premiada queremos enriquecer la categoría elevando las referencias tradicionales a unos códigos actuales y de tendencia», admite la empresaria. De hecho, los Best Awards no solo valoran aspectos como la creatividad sino que, desde esta edición, reconocen igualmente la innovación, la calidad del diseño, la conexión emocional o la adecuación del mensaje, entre otras características. El acto de entrega se celebrará en una gala en Barcelona el próximo 16 de septiembre. Así, la propuesta está inspirada en la huerta valenciana que representa la tradición y los inicios de la empresa familiar, incorporando sellos creados ad hoc relativos a las propiedades de la patata y la tecnología Freshtech 4.0. «El proyecto viene a poner en orden todo el trabajo que veníamos haciendo, combinando el amor por la agricultura, que durante generaciones ha practicado la familia Lázaro, con la aplicación de la más alta tecnología 4.0, potenciando todo su valor, según las tendencias actuales de consumo». En ese sentido, la gama de envases galardonada cuenta con diseños coloridos y seductores adaptados a los códigos estéticos y comportando un efecto diferenciador en la categoría. «Al igual que ocurre en otro tipo de productos como la manzana o el tomate, la patata también presenta diferentes variedades, algunas con cualidades que pueden brindar un mejor frito, otras que son más versátiles, otras orientadas a la cocción… siendo como es un producto muy versátil que sirve para cualquier tipo culinario». Este galardón nos confirma nuestra apuesta por la sostenibilidad medioambiental en toda la cadena de valor y prestando especial atención a la salud del consumidor.
Las entidades financieras dan por agotados los 20.000 millones avalados por el ICO
La avalancha de demanda de crédito ha sido «muy alta», especialmente por parte de pymes, micropymes y autónomos en el primer día en el que el ICO ha habilitado la plataforma para instrumentar la concesión de créditos avalados por el Estado, tal y como han confirmado las principales entidades financieras consultadas por este medio. «Es previsible que los fondos puestos a disposición de las empresas se agoten en esta semana», ha confirmado el Banco Santander a Economía 3. «Con el ritmo de solicitudes de este primer día, previsiblemente se agote muy pronto el cupo que nos corresponde. El 90% de nuestros gestores está trabajando desde casa, informando y resolviendo gran parte de las necesidades de los clientes y gestionando sus solicitudes», ha reconocido también el BBVA. «Nos durarán poco los 20.000 millones iniciales, probablemente esta semana alcancemos nuestro cupo», ha opinado también Bankia. Y es que como ya adelantaba este medio, las entidades financieras llevaban días, incluso semanas estudiando las operaciones, para que una vez que se diera luz verde al sistema habilitado por el ICO, estas empezaran a incluir la información y documentación necesaria para dar por aprobadas las operaciones que, en realidad, ya habían recibido el visto bueno de sus comités de riesgo, aunque el ICO se reserve la potestad de realizar una auditoria posterior. «Ya empezamos a admitir peticiones la semana pasada», confirman desde CaixaBank y por ello ya se han subido a la plataforma buena parte de las solicitudes. Lo reitera también el Banco Sabadell, «hoy hemos empezado a mandar los ficheros con las primeras solicitudes (según orden de entrada), y podemos confirmar que ya tenemos una sobredemanda importante fundamentalmente en el tramo que hace referencia a pymes y autónomos». Es decir, el Sabadell ya habría sobrepasado su cupo en un solo día en el subtramo de pymes y autónomos. «Lo que significa que esta misma semana podríamos empezar a abonar los créditos y a permitir que la liquidez fluya a las empresas con todas las garantías», confirman las mismas fuentes. Recordemos que para asegurar un adecuado reparto de los avales entre los operadores financieros, el Gobierno optó por establecer cupos: el importe se distribuiría entre cada entidad financiera en función de su cuota de mercado a cierre de 2019, por un lado, en relación al crédito a autónomos y pymes y, por otro lado, a grandes empresas. «En el tramo de grandes empresas -admiten desde la entidad con sede en Alicante-, a final de esta semana posiblemente también llegaremos al cupo que nos corresponde. No obstante, en préstamos superiores a 50 millones las negociaciones podrían dilatarse un poco más, las operaciones las tiene que aprobar el ICO, y han de pasar por notaría, con lo cual el periodo de maduración es algo más extenso, pero creemos que esta misma semana también alcanzaremos el cupo». En el caso de la única caja de ahorros valenciana, Caixa Ontinyent ha confirmado a Economía 3, que en el día de ayer, tramitó 72 operaciones por importe de casi 10 millones de euros. Y remarcan, «lo que tenemos claro es que, no vamos a dejar a ninguna empresa sin liquidez -evidentemente si son solventes y tienen capacidad de pago-, tanto utilizando los avales del Estado como a través de operaciones propias». No obstante, el conjunto de las entidades financieras, y el propio Ministerio de Economía transmiten calma: «Una vez estén cargadas en el sistemas todas las solicitudes, vamos a ver cómo están los cupos de las entidades financieras, en función de los dos subtramos habilitados, y entonces se tomarán las decisiones oportunas pues esta línea tiene hasta 100.000 millones de dotación que se irán activando a medida que se vayan necesitando. Pero primero queremos comprobar la demanda real y comprobar si hay que hacer ajustes por tramo», han confirmado desde la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a Economía 3. El consejo de Ministro deberá liberar nueva dotación Para habilitar nuevos tramos de dotación para estos avales se tiene que aprobar por acuerdo del consejo de Ministros y para este martes esta posibilidad no figura en el orden del día según ha podido saber este medio: «no perdamos la perspectiva, 20.000 millones son muchos,y hay que hacer una gestión adecuada y correcta de la línea, esperemos a que las entidades carguen en el sistema todas las operaciones para ver si todos los recursos están agotados», reiteran desde el Ministerio, a la vez que lanzan un mensaje de tranquilidad al entender que la dotación total es «amplísima, como nunca la ha habido antes». El tipo medio está en el 2% Las entidades no están trasladando detalles sobre la parte de la tarta que les corresponde, ni sobre las condiciones que aplican, pero según datos del sector se estarían moviendo por un tipo de interés que rondaría el 2%, mucho más favorable que casi el 4% que estarían aplicando antes de la crisis, y es que desde el Ministerio recuerdan que el contrato que han firmado al acogerse a esta línea es muy claro al respecto: «La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes de antes de la crisis, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Además, deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval en forma, entre otras opciones, de mayor plazo, o más financiación, o periodo de carencia del principal, etc.» Asimismo, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto. En este punto, las entidades asociadas a AEB, CECA y Unacc han dado instrucciones a su red de oficinas para asegurar una aplicación rigurosa del contenido de dicho acuerdo. Entre otros aspectos, se ha reiterado que la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos.
Las concesionarias de los puertos mantienen servicios pero buscan ya bonificaciones
Los locales de ocio que desarrollan su actividad en las instalaciones públicas de las zonas portuarias se encuentran con las persianas bajadas y concesionarios y restauradores buscan fórmulas para sobrevivir. Tanto La Marina de València o la zona portuaria de Castellón y Alicante, ya han trasladado a sus concesionarias la necesidad de estudiar un aplazamiento o condonación de los alquileres durante el tiempo, en el que por fuerza mayor, no puedan ejercer su actividad. Si en las medidas aplicadas por el Gobierno al sector hostelero, se fía a la buena voluntad del propietario del local la negociación del alquiler con el hostelero, en este caso, como inquilinos de una institución pública, reclaman a la Administración “especial sensibilidad”, según han trasladado a este medio algunos locales. En La Marina de València como en las del resto de la Comunitat, los servicios de mantenimiento continúan, igual que los de jardinería: se atiende el servicio de mensajería y paquetería y en la zona de amarres, pese a que la navegación está prohibida, se mantienen los servicios de marinería. Por un lado, «para los que sí tenemos concesionados, Puertos del Estado ha previsto conceder aplazamiento del ingreso de deuda tributaria correspondiente a las declaraciones, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 14 de marzo, hasta que dure el estado de alarma y la realización de pagos diferidos en las tasas de ocupación«, apuntan desde la Autoridad Portuaria de Alicante. Fórmulas de gestión diferentes El problema es para los propios concesionarios. Es el caso de La Marina, tal y como ha reconocido a este medio Ramón Marrades, director de Estrategia de La Marina. En este sentido “se busca no pagar porque, a causa del estado de alarma, no podemos prestar los servicios por los que nos están cobrando”. Desde La Marina, Marrades explica a Economía 3 que el Consorcio Valencia 2007 ha reforzado la seguridad en todas las zonas y ha realizado un especial esfuerzo en limpieza y desinfección de todas las áreas. “Los servicios de mantenimiento continúan, igual que los de jardinería: se atiende el servicio de mensajería y paquetería y en la zona de amarres, pese a que la navegación está prohibida, se mantienen los servicios de marinería para controlar las embarcaciones y prestar atención ante pequeños temporales, al igual que los servicios de electricidad, agua, recogida de basuras, etc.”, constata Marrades. Si bien, reconoce que en el caso de los restaurantes y locales de ocio “van a perder un mes de actividad como mínimo, y estamos a la espera de ver cómo evoluciona la situación”. Por ello, confirma que trabajan para intentar conseguirles unas condiciones “lo más favorables posible»; «a la vez que intentamos garantizar la viabilidad económica de la institución a nivel de ingresos, pues el mantenimiento del espacio depende de ello”. Por lo que ha podido saber este medio, algunos locales de la zona han empezado a devolver los recibos girados, “entiendo que al no permitírseles abrir, esto hace que haya que repensar la estrategia que debamos aplicar”, admite Marrades. Por ello, cree que esta misma semana, se pueden adoptar esas medidas «favorables»: “Nuestro departamento legal está aplicando la traslación de las medidas previstas por el Gobierno para la comunidad portuaria y lo tendrá que revisar la abogacía del Estado, y en su caso reunirse telemáticamente la comisión delegada del Consorcio para adoptar los acuerdos, según los procedimientos normales de la gestión del Consorcio», ha indicado Marrades. «Formamos parte del sector público empresarial, pero las medidas que se plantean no están pensadas específicamente para una organización como esta, por tanto estamos haciendo una interpretación propia, siendo lo más favorables posible a los concesionarios, lo revisaremos con abogacía del Estado y con el órgano de decisión que sea competente, intentando apretar lo mínimo posible a las personas que desarrollan su negocio en La Marina”, insiste. Zona de ocio del puerto de Castellón. Por su parte, desde PortCastelló señalan que su principal foco está puesto en aportar liquidez a todos los proveedores: «Reduciendo los plazos de pago, atendiendo las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de tasas para que nuestros usuarios puedan repercutirlo a armadores y proveedores internacionales, comunicando la ampliación de los plazos legales para el pago en periodo voluntario de muchas tasas así como agotando los plazos para la emisión de facturas. Además, hemos trasladado a Puertos del Estado modificaciones legislativas que entendemos nos darían más flexibilidad para continuar con otra batería de medidas que aportaría mucha más liquidez», han reconocido. Concesionario alicantino Y es que Fomento ya publicó una nota informativa donde habilita a las diferentes autoridades portuarias a establecer mecanismos de flexiblización; pero es una medida que se queda a medio camino con los gestores de las zonas de ocio. En Alicante, el grupo Marina Deportiva gestiona tanto la zona de ocio como la de náutica y han decidido abordar la crisis desde dos aspectos. La primera es de gestión interna para reducir costes y preservar las labores de mantenimiento. La segunda y lógica es pedir a la Autoridad Portuaria bonificaciones y exenciones, explica Javier Palacio, director general del grupo. La zona alicantina cuenta con propietarios que bien gestionan los locales o los han alquilado, luego queda fuera del ámbito competencial de la concesionaria y serán ellos los que tengan que llegar a acuerdos entre las partes. Otro tema es la tasa de ocupación de las terrazas. Como explica el abogado especializado en la materia Arturo Sáez. Vista del muelle de Levante del puerto de Alicante |E3 En esta materia, el abogado especializado en esta materia, Arturo Sáez, «Puertos del Estado sacó una nota informativa y deja a discreción de la Autoridad Portuaria la resolución de estos temas, pero estoy convencido de que se llegarán a acuerdos, porque siempre ha habido muy buena comunicación y es evidente que ahora no hay ocupación». Sin embargo, Sáez advierte de que otro asunto diferentes son las cuotas por los servicios que se prestan, porque en estos momentos hay labores que se están reforzando como es la seguridad. El también secretario general de la agrupación valenciana de la Federación de Puertos Deportivos y Turísticos explica que, para entenderlo, lo más fácil es comprarlo con los administradores de urbanizaciones.
La cancelación del dividendo del Santander permitirá 90.000M de crédito adicional
Tras retirar del orden del día los puntos 2 y 7A, que hacen referencia al pago del segundo dividendo a cuenta de 2019, se ha iniciado la Junta General Ordinaria del Banco Santander con la presencia del 65,005% del capital suscrito con derecho a voto (el 2,402% del capital correspondiente a los accionistas presentes telemáticamente y el 62,602% del capital correspondiente a accionistas representados). La primera en tomar la palabra ha sido la presidenta del Santander, Ana Botín, que ha explicado esta decisión de suspender su dividendo de 2019 y 2020 ante las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) al sector de evitar repartir dividendos por el momento. De este modo el Santander no propondrá la distribución de dividendos a los accionistas hasta que no exista mayor visibilidad sobre los efectos de la crisis de la COVID-19, si bien ha insistido la presidenta: «Antes del 31 de octubre convocaremos una nueva junta, en la que, dependiendo de la situación, y sujetos a la aprobación del supervisor, se podría plantear un pago a los accionistas de este dividendo complementario de 2019 con cargo a reservas». No obstante, la presidencia ha constatado que la cancelación del dividendo complementario de 2019 permitirá a la entidad contar con 1.600 millones de euros adicionales de capital, «con los que podremos ofrecer 30.000 millones de euros más en créditos a empresas, pymes y familias». Además, la cancelación de la política de dividendos 2020 permitirá ofrecer otros 60.000 millones de euros adicionales en créditos. «En total 90.000 millones de euros de crédito adicional disponible». Como adelanto, Botín ha asegurado que los resultados ordinarios del primer trimestre de 2020 están en línea con el primer trimestre del ejercicio anterior, «con un impacto muy marginal por la situación derivada del coronavirus en el primer trimestre». Al mismo tiempo, ha resaltado que la producción media diaria de créditos en marzo ha crecido un 16% comparado con el mes de febrero, «lo que demuestra que ya estamos apoyando a nuestros clientes». Asimismo ha destacado que en este escenario de crecimiento de crédito, «esperamos que nuestra ratio de capital de máxima calidad en el primer trimestre esté en línea con el cierre de 2019 incluyendo el impacto de las operaciones inorgánicas cerradas en el trimestre». «Como ya dijimos en enero, estamos cómodos con nuestros niveles de capital y los “buffers” sobre los niveles mínimos regulatorios, incluso antes de considerar la relajación en los requerimientos de capital anunciados por los reguladores para facilitar el apoyo de los bancos a la economía durante la crisis: la prioridad es apoyar a nuestros equipos, clientes, y sociedad en estos momentos tan complicados», ha reseñado Botín. Comprometidos con el empleo De los más de 200.000 empleados del Grupo en todo el mundo, más de 100.000 ya están teletrabajando. “Y nos hemos comprometido a no hacer ningún expediente de regulación de empleo en España y en otros países mientras dure la crisis. Porque es esencial que los que podamos hacerlo, mantengamos ahora el empleo, para que las personas que trabajan en el banco puedan contar con su sueldo para superar la crisis y ayudar a los que tienen cerca”, ha concretado la presidenta. Además el banco continuará pagando los salarios de los empleados de sus proveedores que trabajan para la entidad. También la entidad ha creado un fondo de un mínimo de 25 M para comprar y donar equipamiento sanitario con el recorte de la retribución del equipo directivo, del consejo y de las aportaciones de empleados. “El consejero delegado y yo hemos decidido renunciar al 50% de nuestra compensación total de 2020 (fija y variable) y los consejeros no ejecutivos renunciarán al 20% de su retribución total”. Acuerdos de la Junta Además de las cuentas de 2019, la junta ha aprobado la reelección de Ana Botín, Rodrigo Echenique, Esther Giménez-Salinas y Sol Daurella; el nombramiento como consejero externo de Luis Isasi, que también será presidente no ejecutivo de Santander España; el nombramiento de Sergio Rial, actual consejero delegado de Santander Brasil, como consejero ejecutivo, y la ratificación del nombramiento y reelección de la consejera independiente Pamela Walkden. Para Botín, estas incorporaciones al consejo suponen reforzar el conocimiento y la experiencia en el sector financiero, y reflejan la importancia de estos dos países para el Grupo. Los nombramientos de Isasi y Rial están condicionados a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. También se ha aprobado la renovación del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2020, así como los sistemas de retribución de los administradores y el informe anual sobre remuneraciones de lo consejeros.