Viernes, 19 de Abril de 2024
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Soler defiende que la población tenga mayor peso en el reparto de los 10.000 millones

Soler defiende que la población tenga mayor peso en el reparto de los 10.000 millones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abordado con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, en una larga reunión de más de tres horas este lunes por la tarde, los criterios para el reparto del Fondo No Reembolsable de 16.000 millones que habilitará el Gobierno para las autonomías.

De esta forma, se destinarán 10.000 millones para atender gasto sanitario; 5.000 millones por la minoración de ingresos por la caída de la actividad económica; y 1.000 millones más para atender gasto social.

Con respecto a los 10.000 millones destinados a cubrir el gasto sanitario se abonarán en dos fases. En el corto plazo se habilitarán 6.000 millones y, posteriormente, en el segundo semestre se pagarán los otros 4.000 millones. Estos son los criterios de reparto que ha propuesto la Ministra de Hacienda:

En la distribución del primer tramo tienen más peso las variables que reflejan el impacto directo de la emergencia sanitaria sobre los sistemas de salud. En cambio, en el segundo tramo, la población ajustada o población protegida equivalente gana relevancia porque se aplicará en una fase de estabilización en el que la prioridad será que las comunidades preparen sus sistemas sanitarios para prevenir cualquier posible rebrote.

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, que ha valorado positivamente esta inyección de liquidez “sin precedentes en la España autonómica”, ha defendido que la población ajustada debería tener una mayor ponderación en el reparto el primer tramo ya que en la propuesta inicial del ministerio, el 80% de los recursos se vinculan a la población afectada por la pandemia (ingresos UCI, hospitalizaciones y positivos confirmados por PCR) y el 20% a la población protegida (población ajustada).

“He defendido en la reunión que la clave para su reparto debe ser la población, ya que debe vincularse a las personas, a los pacientes, aunque podríamos entender que pueda matizarse ese reparto en virtud del impacto de la pandemia en los diferentes territorios y, en ese sentido hay que  tener en cuenta la Población Protegida Equivalente y a los mayores de 60 años, que son el grupo más vulnerable a la Covid-19”, ha indicado Soler.

La ministra de Hacienda, por su parte, se ha comprometido a revisar su propuesta para que recoja también la visión y la opinión que han mostrado los consejeros, entre ellos el conseller Soler, si bien, ha señalado Montero que las comunidades que han sufrido un mayor impacto de la pandemia serán las que más recursos reciban en la medida en que el fondo cubre el incremento del gasto sanitario generado por el virus.

La ministra de Hacienda ha dejado también abierto para el debate la opción de adoptar la población ajustada o la población protegida equivalente a petición de los consejeros. Ambas variables son similares y ajustan el peso de la población en función de criterios como la población mayor de 65 años, la dispersión, el número de menores de 16 años o la insularidad, entre otros.

Montero también ha comunicado a los responsables de Hacienda que su propuesta es que los 1.000 millones destinados a cubrir el mayor gasto social se repartirán bajo el mismo criterio que el Fondo Social Extraordinario de 300 millones que el Gobierno aprobó el pasado 17 de marzo para hacer frente a la pandemia. En este caso, la población es la variable que tiene mayor peso, aunque también se tienen en cuenta aspectos como la superficie, la población dependiente, mayores de 65 años y menores de 16 años o la dispersión.

Finalmente, la ministra de Hacienda ha señalado que el criterio para repartir el tramo de 5.000 millones se determinará en función de la caída de ingresos propios de las comunidades autónomas. Montero se ha mostrado favorable a que la fórmula exacta del reparto salga de una propuesta del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria. Se
trata de un órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades  y Ciudades Autónomas, que tiene como principal misión
coordinar la gestión de los tributos cedidos.

Una respuesta financiera “rápida”

Vicent Soler, que ha recordado que estas inversiones para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas no computarán en la regla de gasto, también se ha mostrado satisfecho por la respuesta financiera que está dando el Gobierno central a las necesidades de liquidez de la Comunitat Valenciana. “Su respuesta ha sido rápida y ha estado a la altura de las circunstancias. Hasta el momento, el Gobierno ha facilitado liquidez a la Comunitat por importe de 1.423 millones de euros para que pueda hacer frente a los gastos extra que está teniendo, principalmente como consecuencia de la lucha contra el coronavirus”.

Según el conseller, esta cifra viene a cubrir aproximadamente el 65% de las necesidades de liquidez extraordinaria de la Comunitat, que según los cálculos del Consell alcanzarán los 2.200 millones en el primer semestre. “La  previsión que tenemos es que, antes de que concluya mayo, la Comunitat Valenciana reciba la cantidad restante para trasladarla a la actividad económica, lo cual es una buena noticia”, ha indicado Soler.

“Pero no podemos quedarnos en eso -ha insistido Soler- necesitamos también la corresponsabilidad del resto de territorios, que deben evitar competir en materia fiscal y seguir avanzando, desde la solidaridad, en los pasos necesarios que nos permitan a todos iniciar la recuperación económica y sanitaria. Y para ello es indispensable llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica. No podemos afrontar una verdadera recuperación si no partimos de la base de un modelo de financiación basado en la equidad, la justicia y el equilibrio para todas las autonomías”, ha indicado Soler.

Y es que el actual sistema de financiación autonómica tiene más en cuenta la dispersión de la población de cada territorio que el número de habitantes, de ahí que la Comunitat sea la más perjudicada.

1.351 millones de liquidez avanzada y 1.500 pendientes del Extra FLA

Como señalaba este medio, el Consell está pendiente del adelanto del FLA extraordinario, 1.550 millones que irán directamente y en su totalidad al pago de facturas de proveedores, lo que supondrá un verdadero respiro para sus proveedores: pymes, autónomos y grandes empresas.

La Tesorería de la Generalitat dispone ahora mismo de 1.351 millones de liquidez avanzada, que con los 72 millones de ingresos adicionales transferidos por el Gobierno para actuaciones frente a la COVID-19 en sanidad (28,3 millones), servicios sociales (30 millones), alimentación infantil (2,3 millones) y ayudas al alquiler de viviendas (11,4 millones), suman un total de 1.423 millones para atender la urgencia más inmediata.

Los 1.423 millones contemplan 128 millones de euros correspondientes al FLA ordinario del primer y segundo trimestre de este año, de los que 46 millones serán para pago a proveedores y 82 millones para disponer de liquidez en caja.

Asimismo, el día 17 de abril llegaron los 111,6 millones del segundo pago de actualización de las entregas a cuenta, que en total suponen 223 millones y que normalmente se activan en octubre.

Por último, la Comunitat Valenciana también dispone de 1.000 millones de euros de liquidez avanzada entre transferencias directas (230 millones + 120 millones) y una operación financiera con el Tesoro por importe de 650 millones, lo que supone un avance de más del 50% de la liquidación del sistema de financiación que supondría unos 925 millones y que habitualmente se paga en julio.

“Quiero destacar la importancia de la operación a tres bandas entre la Conselleria d’Hisenda, la Tesorería General del Estado y las entidades financieras para disponer de 650 millones de liquidez entre abril y julio. Esta  gestión, que se ha llevado a cabo gracias a la iniciativa del equipo de la Conselleria d’Hisenda, ha permitido a la Comunitat disponer de más del 50% de la liquidación de 2018 antes que ninguna otra autonomía», ha indicado Soler.

Según la Ministra, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, esto es 7.903 millones más.

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