Mujeres al Timón
El Ayuntamiento ha ejecutado hasta agosto el 19% de las inversiones presupuestadas
Mientras unos piensan que el Govern del Rialto, el ejecutivo de València que conforman Compromís y PSPV, «está salvando los muebles en el que está siendo un año extremadamente complicado», otros, afean al gobierno local «solo» haber ejecutado el 19% del presupuesto de inversiones, según los últimos datos conocidos. A 31 de agosto, de los casi 185 millones previstos para inversiones municipales en 2020 (capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos), se han adjudicado obras por valor de 79,8 millones (el 43%) y se han ejecutado ya obras, con obligaciones reconocidas de pago, por 35,2 millones (el 19,05% del total). En 2019, en las mismas fechas, las inversiones adjudicadas alcanzaban un 46,3% (77,3 millones) y las ejecutadas un 22,5%. Es decir, este año se llevan adjudicados 2,5 millones más que el pasado, pero las obligaciones reconocidas (obras terminadas y facturadas) están dos millones por debajo. En cuanto al periodo de pago medio a proveedores, los datos a los que ha tenido acceso Economía 3, muestran que ha mejorado sustancialmente. Los proveedores del consistorio valenciano están cobrando a 20 días, mientras el pasado año tenían que esperar 37 de media. «En relación con los años anteriores, podemos decir que los datos son buenos, dado que teniendo en cuenta el parón de actividad económica que ha supuesto la pandemia, el Ayuntamiento ha mantenido el nivel de gestión, ha incrementado el presupuesto para inversiones y estamos pagando en menos plazo, con el fin de garantizar la máxima liquidez posible a los proveedores y contratistas del ayuntamiento», destaca el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, el socialista Borja Sanjuán a E3. 100 millones sin invertir el año pasado La oposición no ve los datos con los mismos ojos. El Grupo Municipal Popular, liderado por Mª José Catalá denuncia que un total de 22 barrios y dos pueblos de la ciudad de València no han recibido ninguna inversión por parte del Ayuntamiento en lo que llevamos de año. En este sentido, teniendo en cuenta las modificaciones de crédito que se llevaron al pleno de septiembre, alegan que de un presupuesto de inversiones que asciende a 195 millones, el gasto presupuestario en los barrios de la capital a 31 de agosto era «de un 10,8% del total de lo acordado, destinándose a los mismo solo 21 millones de euros». Según los populares, los barrios de València «afectados por esta falta de acción» son: El Pilar, Pla del Remei, La Petxina, Tendetes, El Calvari, Trinitat, , Sant Antoni, La Fontsanta, La llum, Sant isidre, La Raiosa, Hort de Senabre, En Corts, Ciutat Universitaria, Jaume Roig, Beteró, Ciutat de les Arts i les Ciencies, La Creu del Grau, Camí Fondo, Ciutat Jardí, LÍlla Perduda, L´Amistad, La Carrasca, Mahuella, Beniferri y Forn d´Alcedo. Si bien, desde el consistorio aseguran que este tema de la inversión por barrios «siempre tiene trampa, porque solo se tienen en cuenta las partidas territorializadas y la mayoría de partidas del presupuesto no lo están». Es decir, explican que si se ejecuta una obra de mantenimiento que afecte a las calles de un barrio determinado, pero la realiza la contrata del Ayuntamiento, no aparece como inversión en ese barrio, «pero el dato no sería cierto». Asimismo, puede ocurrir lo contrario, y como ejemplo citan a San Marcelino que recibe inversiones que no son puramente del barrio, sino que las cifras se ven distorsionadas al estar ubicado en él el cementerio. No obstante, desde el PP se insiste: «Cabe recordar que en 2019, se dejaron más de 100 millones sin invertir. Si sumamos lo que se ha dejado de invertir en estos cuatro años de Gobierno de Ribó y PSPV en la ciudad, se superan los 300 millones de euros. Por tanto, no es para estar orgulloso de la gestión, pues el gobierno del Rialto ha sido un auténtico fracaso”, ha denunciado la portavoz popular, María José Catalá. A vueltas con la Plaza del Ayuntamiento De las obras ejecutadas en lo que va de año, la Plaza del Ayuntamiento ha sido una de las infraestructuras que más ha estado en el candelero, Catalá recuerda: «Una reforma provisional que además se fraccionó mediante 12 contratos con un coste total de 1.255.063 euros». Mientras desde Ayuntamiento valoran el «significativo cambio en la movilidad, rescatando la plaza para destinarla a las personas como están haciendo otras muchas ciudades», el Grupo Municipal Popular asegura que “la actuación ha sido muy opaca», con doce contratos de los cuales ocho han sido menores, «contratos algunos de ellos que se adjudicaban en 2 o 3 días y sin invitar a otras empresas». Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Fernando Giner, que calificó la actuación de ideológica, lamenta que apenas se hayan ejecutado 35 millones en inversiones presupuestadas pero sí se haya reformado la plaza del Ayuntamiento «provocando un jaque mate a comerciantes y hosteleros de la zona». “Si Ribó solo es capaz de ejecutar uno de cada cinco euros del presupuesto, es normal que no consiga financiación para la ciudad de Valencia”, ha opinado el representante municipal. Además insiste en que el crédito definitivo de 4.471.752,70 euros para la construcción de colegios «se encuentra sin ejecutar y apenas se han autorizado 123.260,09 euros”. Desde el consistorio explican que esa partida corresponde a Edificant y que «se está ejecutando», pero que es un programa en el que van de la mano con la Generalitat, pero insisten en que «está en marcha».
Çimsa venderá su cementera en Alicante, con anterioridad de Cemex, a la catalana Molins
En las próximas semanas podría anunciarse la venta por parte del fabricante de cemento turco Çimsa al grupo catalán Cementos Molins de su filial alicantina, la cementera situada en el límite entre las poblaciones de Alicante y San Vicente del Raspeig que adquirió a Cemex. De este modo, Çimsa podrá obtener la aprobación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la compra de la planta de cemento blanco de Cemex en Buñol (Valencia) acordada en marzo del pasado año. Y es que la CNMC ha aprobado la adquisición por parte de Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret (Çimsa) del negocio de cemento blanco de Cemex, excluyendo determinados activos. Según ha explicado la CNMC en un comunicado, con esta adquisición Çimsa se convierte en el líder del mercado tanto en cemento blanco a granel como en ensacado, dando lugar a cuotas superiores al 50% en el caso de cemento blanco a granel. Por tanto, la aprobación está sujeta a resolver los riesgos a la competencia detectados principalmente en la Comunitat Valenciana. CEO de Cementos Molins, Julio Rodríguez En las próximas semanas, según ha podido saber este medio, Cementos Molins, podría avanzar en el anuncio de la adquisición del silo de Alicante de Çimsa y el fondo de comercio asociado al mismo. Ya en marzo, Çimsa presentó una propuesta de compromisos para intentar resolver los problemas detectados, entre ellos, se comprometió a transferir a largo plazo el derecho de uso del silo de Alicante en favor de Molins, así como todos los activos vinculados a la misma. La transferencia también incluye los activos de la terminal de Alicante que actualmente utiliza Çimsa en el negocio del cemento blanco, así como su fondo de comercio suministrado desde la citada terminal, que incluye la lista de los clientes a los que ha suministrado cemento blanco durante los tres últimos años. Cementos Molins nació en Cataluña hace más de 90 años y desde 1942 cotiza en la Bolsa de Barcelona. A partir de la década de los ochenta comenzó a expandirse fuera de España. Actualmente desarrolla su actividad en España, Argentina, Uruguay, México, Bolivia, Colombia, Túnez, Bangladesh y la India con un equipo humano de casi 5.000 empleados repartidos en los nueve países. Su modelo integrado incluye los negocios de áridos, clinker, cemento, hormigón, morteros, prefabricados y gestión de residuos. En este primer semestre del año ha ganado 32 millones a pesar del impacto de la COVID, que mermó sus ingresos un 16% hasta los 341 millones de euros, respecto al mismo periodo del año anterior. El consumo de cemento caerá más en Levante que en el resto de España, 15% este año y seguirá negativo en 2021 La Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) ha suavizado para este año la caída del 20% que estimaba en mayo -en pleno estado de alarma- para el consumo de cemento durante este año. No obstante, el consumo de cemento podría caer más en la zona centro, que incluye la Comunitat, junto a Castilla-La Mancha y Murcia y cerrar el año con una caída del 15,2%, algo superior a lo que se espera en el conjunto del territorio nacional –entre el 10 % y el 12%–, caídas que se mantendrán casi con total seguridad para 2021 sin vislumbrarse por el momento una recuperación a causa de la COVID-19. Unas expectativas que se han visto lastradas por los descensos registrados mes a mes y que incluso llegaron a un inédito 50% en abril. Con los últimos datos disponibles, el consumo acumulado entre enero y agosto es de 8.627.274 t, un 13,4% menos que el mismo período de 2019. Con todo ello, 2020 podría cerrar con un consumo del entorno de los 13 millones de toneladas, cifras para las que hay que retrotraerse al año 1966. Antes de que estallara la crisis sanitaria, las estimaciones de la patronal cementera apuntaban a un crecimiento del consumo de cemento del 2% para 2020, más moderado sin embargo que el registrado un año antes. Las expectativas de la zona Levante eran positivas con el impulso del sector de la construcción y las tres plantas presentes en la región –Buñol, Sagunt y Alicante–. 2021 no será el año de la recuperación La patronal cementera calcula que la tendencia negativa se mantendrá en 2021, un año para el que prevé una caída del consumo del entorno del 5 % o, en el mejor de los escenarios, un aumento del 1%, según ha señalado el presidente de Oficemen, Víctor García Brosa. Está por ver el impacto que esta caída del consumo, agravada por el descenso de las exportaciones en un 7,4 % en lo que va de año, puede tener en el empleo. De momento, se sigue manteniendo la capacidad de las plantas cementeras -que puede alcanzar los 30 millones de toneladas- ya que el sector estima que la producción debería rondar los 20 millones de toneladas y las exportaciones los 10 millones. No obstante, ya advierte de que la recuperación del mercado doméstico, con una paralización de las obras, es lenta y además hay una pérdida de competitividad por los costes eléctricos que debe soportar y para lo que urgen ya al Gobierno a aprobar el estatuto electrointensivo para los grandes consumidores de electricidad, algo que esperan para octubre o noviembre.
El Estado espera una nueva ‘avalancha’ de ERTE por el carácter expansivo de la medida
El presidente de la patronal de la Comunitat Valenciana, CEV, Salvador Navarro, ha cargado contra la «incertidumbre» que ha provocado la situación de los ERTE –«con trabajadores que no sabían el 28 de septiembre lo que iba a pasar con ellos, si pasarían al ERE, al ERTE o a un proceso concursal»-, si bien ha celebrado que se lograse el acuerdo «en el último momento» «cuando ha imperado el sentido común», valorando muy positivamente que «no se haya dejado a nadie en el camino»: «por responsabilidad, han quedado incluidos los distintos sectores, con mayores o menores exoneraciones». Dada la situación económica cree que de aquí hasta el 31 de enero las empresas alargarán el procedimiento de los ERTE, no obstante considera que «esto ha de ser una situación coyuntural que no se puede mantener en el tiempo», por lo que ha recalcado que «debemos aprender a convivir con el virus, a consumir, a trabajar y a salir, con una componente muy importante de responsabilidad individual». «No podemos paralizar la economía», ha subrayado y en este sentido ha apelado a la responsabilidad «de los funcionarios que tienen el sueldo asegurado». Cree que sin esta medida, las empresas «sin una certidumbre clara de negocio y con caídas recurrentes en sus cuentas de explotación se hubieran visto obligadas a tomar medidas, por cuestiones de responsabilidad legal, solicitando procesos concursales». «De momento, se han enfriado las decisiones empresariales hasta el 31 de enero, pero si queremos revertir la situación, de aquí a entonces, la economía no puede parar, siempre desde la responsabilidad individual». A los políticos les pide certidumbre y les manda un mensaje muy claro: «es el momento de estar unidos y de solucionar los problemas de la gente y ahora hay problemas que se están metiendo por medio que no tocan». La prórroga, de forma automática Desde Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, consultada por Economía 3, se valora «el carácter expansivo de la medida que da cabida prácticamente a cualquier tipo de empresa, así como el éxito del diálogo social. Hasta 42 sectores están protegidos con medidas específicas, pero la ampliación a dos nuevos tipos de ERTE puede amparar a cualquier organización», explica el director, Javier Blasco. Está sobre la mesa una nueva avalancha de empresas en situación problemática que tendrán la posibilidad de acogerse hasta el 31 de enero: «No se ha conseguido una mayor extensión temporal como en el caso de Alemania, pero la gran pregunta es, ¿nos sigue interesando mantener vivas empresas que a lo mejor no van a poder mantenerse? Parece que sí puesto que hay muchas que van recuperando la normalidad, pero habrá que ver cómo evolucionan los próximos meses y en este sentido es muy positiva la mesa de diálogo que se ha abierto en la comisión porque esto permitirá monitorizar cómo está evolucionando la economía casi empresa por empresa», añade Blasco. Conforme a la norma, explica Blasco que los ERTEs por causa de Fuerza Mayor que estén en vigor, se prorrogan de forma automática hasta el 31 de enero de 2021. Podrán mantenerse las empresas de sectores especialmente perjudicados, con una tasa de recuperación de la actividad inferior al 65 % y una tasa de afiliados cubiertos por ERTE superior al 15 %, así como aquellas empresas de su cadena de valor o cuya facturación dependa de estas. El listado consensuado incluye sobre todo actividades relacionadas con el transporte, el turismo y el ocio pero también otras más variopintas. Este es el listado completo de las actividades que podrán acogerse a estos ERTE de fuerza mayor: Extracción de minerales de hierro; fabricación de explosivos; edición de periódicos; producción de metales preciosos; actividades de los operadores turísticos; actividades de las agencias de viajes; transporte aéreo de pasajeros; reproducción de soportes grabados; transporte espacial; comercio al por mayor de cueros y pieles; alquiler de medios de transporte aéreo; otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos; gestión de salas de espectáculos; alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico; actividades auxiliares a las artes escénicas; comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados; fabricación de instrumentos musicales; fabricación de artículos de bisutería y artículos similares; organización de convenciones y ferias de muestras; alquiler de cintas de vídeo y discos; hoteles y alojamientos similares; reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial; artes gráficas y servicios relacionados con las mismas; alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia; tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.; transporte de pasajeros por vías navegables interiores; otras actividades de impresión y artes gráficas; artes escénicas; actividades de exhibición cinematográfica; fabricación de alfombras y moquetas; actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina; actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos; estirado en frío; actividades anexas al transporte aéreo; fabricación de artículos de joyería y artículos similares; otros alojamientos; transporte marítimo de pasajeros; alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros; transporte por taxi; fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico; lavado y limpieza de prendas textiles y de piel y 0tras actividades recreativas y de entretenimiento. Estas empresas tendrán durante cuatro meses una exoneración del 85 % en las cotizaciones sociales de sus trabajadores si tiene menos de 50 empleados y del 75 %, si tienen más, reducciones que se aplicarán tanto para los trabajadores suspendidos como para los que reincorporen a la actividad. Dos nuevas modalidades El ERTE de rebrote que se incluyó en la prórroga de junio se reconvierte en ERTE de impedimento, figura a la que podrán acogerse todas empresas que vean «impedida» su actividad por las restricciones adoptadas por las autoridades y que tendrán una exoneración del 100 % durante el periodo que dure el cierre (y hasta el 31 de enero) siempre que tenga menos de 50 trabajadores, y del 90 % si tiene más empleados. Del anterior ERTE de rebrote también surge el ERTE de limitación, para las empresas que vean limitada solo parcialmente su actividad por medidas administrativas, con exoneraciones decrecientes en función el tiempo que dure el expediente. Así, el esquema de bonificaciones aplica un 100 % en octubre para pasar al 90 % en noviembre, al 85 % en diciembre y al 80 % en enero para las empresas de menos de 50 trabajadores, en tanto que para las de más de 50 empleados hay que restar diez puntos a los porcentajes anteriores. La prestación del trabajador se mantiene en el 70 % Este fue uno de los principales puntos de consenso entre Gobierno y agentes sociales, ya que la normativa actual establecía que pasados seis meses del cobro de la prestación, periodo que cumple ahora para los que entraron en un ERTE en marzo, su cuantía se reducía del 70 % al 50 % de la base reguladora. Con el decreto aprobado se mantendrá el importe de las prestaciones. En cuanto al contador a cero, aquí ha habido más debate, pero finalmente se ha establecido que el cobro de la prestación por desempleo asociado a estos ERTE no restará derechos futuros para cobrar el paro, lo que supone poner el «contador a cero», para aquellas personas que sean afectadas por un despido objetivo, individual o colectivo, u otro basado en cualquier causa, que sea declarado improcedente, durante el año 2021, o si se extingue su contrato temporal dentro de este año. Entre las limitaciones que tienen las empresas que se acojan a este mecanismo de protección está el mantenimiento empleo, lo que implica que aquellas que hagan un nuevo ERTE exonerado no podrán despedir a trabajadores durante los siguientes seis meses. En estas empresas tampoco se podrán realizar horas extra ni se podrá externalizar la actividad, subcontratar o llevar a cabo nuevas contrataciones, al tiempo que se mantienen los límites fijados sobre el reparto de dividendos y la prohibición de radicarse en paraísos fiscales. Por primera vez, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo. Los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, vigentes al 30 de septiembre de 2020 seguirán surtiendo sus efectos en los términos, condiciones y plazos que se recojan en la comunicación final realizada por la empresa en su momento a la autoridad laboral. Si finalizan durante la vigencia de este nuevo RDL (es decir, antes del 31 de enero de 2021), se podrán prorrogar, siempre que en el periodo de consultas con la representación de los trabajadores finalice con acuerdo y se tramite ante la autoridad laboral correspondiente.
La deuda pública se dispara a tasa récord y el Gobierno cancela objetivos de déficit y deuda
La deuda pública española alcanzó al cierre del segundo trimestre una tasa récord del 110,1% del PIB, tras marcar también un nuevo máximo histórico en término absolutos al llegar a 1.290.657 millones de euros, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Banco de España. El nivel de deuda alcanzado al cierre del segundo trimestre supone 11,5 puntos porcentuales más respecto al que había un año antes, lo que se enmarca en un contexto de lucha contra la COVID-19 que ha mermado las cuentas públicas y ha aumentado la necesidad de financiación de las administraciones públicas. Según la Airef no se contempla volver a los niveles de deuda previos a la crisis (del 95% del PIB) al menos hasta el año 2040. En este contexto, el Gobierno ha anunciado que cancelará los objetivos de déficit y deuda fijados para los próximos años tras suspender las reglas fiscales de todas las administraciones públicas para este año y el que viene, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea sobre la suspensión extraordinaria del pacto de Estabilidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado en el Congreso que la suspensión de estas reglas fiscales tiene como objetivo poner la «totalidad de los recursos de las administraciones al servicio de los ciudadanos» aplicando una flexibilidad. En este sentido la medida implica que quedan suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, así como los fijados para el período 2021-2023 aprobados por las Cortes Generales en marzo y que habían quedado desfasados en la situación actual. No obstante, Hacienda ha señalado que existirán unos niveles de déficit de referencia que servirán para permitir el funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios y que serán trasladados a las comunidades autónomas el próximo lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los ayuntamientos podrán usar sus remanentes «sin límite» en 2020 y 2021 De esta forma, los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos podrán elaborar sus presupuestos generales para 2021. Montero ha recalcado que no habrá límite para que estas administraciones puedan utilizar todo su remanente en inversiones o gastos derivados de la COVID-19 durante 2020 y 2021. Asimismo ha avisado de que aunque se suspenden las reglas fiscales, no se suspende la responsabilidad de España para cumplir en el futuro con el Pacto de Estabilidad presupuestaria y financiera, y del mismo modo ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las administraciones. La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales (EELL) para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados. La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos años, por lo que los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las CCAA y EELL para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Por otra parte, aunque se suspenden las reglas fiscales, Montero ha dicho que seguirán vigentes algunas normas como el periodo medio de pago a proveedores para evitar que se produzca un aumento de la morosidad y, en ese sentido, ha avanzado que ese plazo de pago se redujo en julio en todas las administraciones, un «buen dato», ha dicho, que ayuda a las empresas que suministran bienes y servicios al sector público. La ministra ha confiado en que esta medida «sin precedentes» cuente con «bastante unanimidad» política cuando sea debatida en el Congreso al tiempo que se discuta el nuevo techo de gasto para 2021.
El impulso de Zriser (Serratosa) hace crecer las ventas de TAYG, 5 millones en tres años
Industrias TAYG, empresa de inyección de plástico de productos para profesionales que pertenece al family office de Ana y Pablo Serratosa, Grupo Zriser ha visto incrementadas sus ventas e-commerce, en un 140%, con respecto a 2019. Ampliará un 10% producción Por ello, la compañía ha ampliado sus instalaciones un 25% para poder atender el crecimiento del negocio durante los últimos meses, tanto a nivel nacional como en exportación. De este modo, las instalaciones de la empresa pasarán a constar de un total de 25.000 metros cuadrados, con el objetivo de poder atender el crecimiento de la demanda y la internacionalización. Gracias a esta ampliación, la empresa prevé aumentar en un 10% su capacidad de producción. Tal y como ha afirmado Antonio Hostalet, director Comercial y de Marketing de TAYG “el fuerte tirón de las ventas en el sector ferretero y de la construcción, donde TAYG es uno de los líderes de fabricación europeo y, gracias al descenso de la confianza de los grandes players del sector en la producción de origen asiático, han conllevado que los niveles de pedidos y de negocio crezcan de manera exponencial y TAYG necesite ampliar los metros cuadrados destinados a la producción, logística y almacenaje y comercial”. En la actualidad la compañía está manteniendo los niveles de facturación del 2019, a pesar del coronavirus y se prevé terminar el ejercicio en torno a los 20 millones de euros de facturación, cifras en línea con el Plan de Negocio trazado para el 2020-2025. Esto supondría un crecimiento importante del negocio desde que Zriser comprara la sociedad en el año 2017. Por entonces facturaba algo menos de 15 millones, lo que su da a entender como el impulso del brazo inversor de los hermanos Serratosa ha permitido que la empresa aumente sus ventas en cinco millones en poco más de tres años. TAYG actualmente trabaja en 66 países y cuenta con una fuerte digitalización de sus procesos en todos los niveles, sobre todo en el área de gestión y comercial. Esta característica ha hecho posible que la empresa haya podido facilitar en tiempo récord soluciones digitales y multimedia a todos sus clientes que disponen de negocio online, así como de formación digital para que sus clientes pudieran adaptarse a la nueva realidad. Asimismo, se han podido realizar diseños de productos nuevos relacionados con el sector sanitario y la protección de la COVID con la generación de pantallas protectoras y nuevas unidades. de negocio como TAYG car, TAYG Clínic, TAYG Natur y TAYG Pure. Según ha explicado Hostalet, “a pesar de las Ferias anuladas en todo el mercado, el fuerte empuje comercial a nivel de negocio digital ha conseguido que, junto a la red de ventas y el trabajo en todos los canales de distribución modernos, TAYG ha podido reinventarse y mantener el negocio aún en los peores momentos del confinamiento”. El número de clientes también ha sufrido un incremento importante en los últimos años, sobre todo a nivel de exportación y la línea de negocio de material plástico de construcción que TAYG lanzó en 2018, TAYG Build. En estos momentos TAYG se encuentra en un proceso firme de crecimiento para poder continuar con su ambicioso e internacional Business Plan hasta el año 2025. La historia de la empresa se remonta a hace cinco décadas, dedicadas al diseño y producción de materiales de organización y almacenamiento mediante inyección de plástico. Dispone de una planta en Beniparrell (Valencia) que hasta la fecha constaba de 22.000 metros cuadrados, y transformaba hasta 8.000 toneladas de materia prima al año, ahora la capacidad productiva se incrementará un 10%.
Otras 3 firmas se suman a los 9 empresarios de Vall d’Albaida que relanzan Don Algodón
Como en cualquier proyecto siempre hay un alma mater que impulsa y da sentido al mismo. Si en su momento lo fue Pepe Barroso, creador del conglomerado Don Algodón que causó furor entre los adolescentes de toda España allá por los años 80, hoy lo es Vicente Martínez, responsable de Secretos Textil, la empresa que ahora explota la marca en el segmento textil hogar y que ha articulado su relanzamiento. Con experiencia en posicionar otras marcas como Karamelo, Dolce o Edén; hace cuatro años que Martínez compró a la multinacional francoamericana Max Azria la licencia de Don Algodón para artículos de textil hogar. La estrategia funcionó «muy bien» y dos años más tarde decidió adquirir toda la marca (a excepción de la licencia de fragancias, que pertenece al Grupo Puig) para explotarla a través de licenciatarios (vinculados a través de royalties). Si bien, el plan inicial contemplaba abrir tiendas propias con la gama textil hogar de Don Algodón, Martínez pronto se dio cuenta que de este modo «teníamos muy poca profundidad de artículos, la gama no era suficiente para abastecer toda una tienda». De ahí que se decantara por buscar empresarios afines que actuaran de licenciatarios para el resto de líneas de producto como bolsos, ropa o artículos para bebé. De momento ya son nueve: «empresas punteras en su sector y empresarios de toda la vida, que saben muy bien cómo hacer su producto, gente humilde y sacrificada que ha sabido creer en la marca y encontrar en ella un nuevo revulsivo», explica Vicente Martínez. Prácticamente todos ellos pertenecen a la cuna del textil valenciano, la comarca de La Vall d’Albaida. Hablamos de Mora Ferre e Hijos, especializada en artículos textiles para bebé, mobiliario de bebé, tronas, sillas de coche, carros y complementos; Fevitex (ropa interior de hombre y mujer, excepto pijamas y calcetines); Pequitex Moda (medias), Don Almohadón (colchones, protectores, almohadas); Rizzolo (ropa de mujer); Bluebags (zapatos, bolsos, maletas, carteras, mochilas y accesorios); Ópticas Claravisión (gafas); Vulcanizados Marpen (zapatillas de estar por casa); Asia Marketing Co. (pijamas, peleles, batas y camisolas) y el grupo empresarial Export Trading Textil, en el que se integra Secretos Textil. El siguiente paso es dar entrada a otros tres licenciatarios, firmando acuerdos para franquiciar tres nuevas líneas de producto: calcetines; pantys, leotardos y leggins; y ropa de hombre, esta última con una firma de Barcelona. En el horizonte quedan otros productos como zapatillas, bañadores o ropa de bebés y niños. «Estamos estudiando distintas propuestas, incluso de alguna empresa de Portugal, pero de momento no hemos llegado a ningún acuerdo». A pesar de la pandemia, Vicente Martínez señala que las ventas han funcionado «bien, pero hay que tener en cuenta que los comercios tradicionales han estado cerrados dos meses. La idea es poder alcanzar la facturación del pasado año –solo en lo que respecta a textil hogar se cerró con dos millones de euros, lo que supuso un 10% de crecimiento–». De momento, cada licenciatario utiliza su red de ventas habitual para integrar la marca Don Algodón entre sus distribuidores, huyendo eso sí de las cadenas de supermercados e hipermercados para buscar un público más premium. Apuesta por el e-commerce La gran apuesta es que todo el catálogo Don Algodón se comercialice a través de su propia web. «Ya es posible adquirir cualquiera de nuestros productos, pero estamos potenciando la web para hacer de ella un marketplace de peso, ya que por otros canales online como Privalia, los productos registran gran demanda». En el marco del textil hogar se han abierto puntos de venta en Murcia y en Gandía y por el momento, no tiene intención de inaugurar nuevos locales. Sin embargo, se optará por corners, espacios franquiciados en grandes cadenas de mobiliario o grandes almacenes, como el Corte Inglés. «Sería una buena opción pero todavía no lo hemos intentado», «la experiencia ya la tenemos porque estamos instalando corners en clientes del mercado tradicional y el género está siendo muy demandado», añade. Para poder implementar todo de una manera más productiva, la firma está reforzando su programa informático «la idea es conocer en tiempo real las ventas para poder abastecer y reponer la mercancía de la manera más rápida posible». Sin duda, cree que el confinamiento ha influido en la forma en que disfrutamos y valoramos el espacio en el que vivimos. «En algunos momentos, hemos llegado a agotar stock en algunos modelos de ropa de hogar, en un caso llegamos incluso a recuperar referencias que teníamos en tiendas cerradas para poder abastecer la demanda”. En cualquier caso, “nuestra estrategia es continuar apoyando el crecimiento de ambos canales online y offline”. Con la mirada puesta en Reino Unido La marca se encuentra en fase de expansión también internacionalmente. Ya cuenta con presencia en Francia, Portugal, Italia, Rumanía, Grecia, Chipre, Malta, Andorra y Argelia y actualmente prepara su entrada en Reino Unido, a pesar de las incertidumbres que aún genera el brexit. «Creemos que podemos encontrar un nicho también en Reino Unido, aunque si tenemos en cuenta el textil hogar no cabe duda que donde mejor está funcionando el producto es en Portugal o Chipre, porque las medidas de las camas son muy similares a las españolas y no hay que hacer producciones especiales». Un 10% de las ventas ya son internacionales, pero queremos seguir potenciando el mercado doméstico porque nuestra calidad/precio es muy competitiva». En este sentido acaba de lanzar una campaña que presta especial atención en el cuidado y la suavidad de las prendas. «Se trata de recuperar la esencia del mediterráneo, buscando la máxima naturalidad en texturas y tonalidades. El resultado es una colección que te invita a “estar en las nubes”, en alusión directa al icono que siempre ha acompañado a la marca y a defender ese bienestar como un derecho natural de las personas». El relanzamiento de la marca se inicia con la difusión de cuatro spots que inciden en la necesidad de reivindicar el derecho a estar en las nubes. Don Algodón ya planea una serie de acciones que reforzarán el concepto a través de la experiencia del cliente en el punto de venta y en la tienda online.
Emprendedores de la UPV podrán instalarse en locales del Ayuntamiento gratuitamente
El Ayuntamiento de València se ha interesado por el ecosistema emprendedor de la UPV –Start UPV– y por las acciones innovadoras en materia de empleo que la universidad lleva a cabo y «que tan buen resultado están dando», ha explicado a Economía 3 el vicerrector de Emprendimiento y Ocupación de la Universitat Politècnica de València, José Millet, tras la visita de la concejala de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo, Pilar Bernabé. Bernabé se ha interesado por las empresas que están instaladas gratuitamente en el coworking Start UPV y por aquellas que tras un año en el programa «tienen potencial y se van consolidando aunque siguen instaladas bajo este paraguas, en este caso en forma de alquiler». Además de animar y tratar de buscar fórmulas para potenciar las carreras Stem entre las mujeres y la formación de equipos polivalentes (ahí entra la herramienta TeamerUp), el Ayuntamiento y la UPV se coordinarán y aunarán esfuerzos para facilitar la creación de startups con vocación escalable. De este modo, el Ayuntamiento podrá poner al servicio de estos emprendedores los espacios que disponga en la ciudad como incubadora de empresas, entre ellos el Co-Crea-Te, puesto en marcha por València Activa y la UPV en el marco del proyecto europeo Cosie en el barrio de Benicalap. Así, personas emprendedoras con proyectos de innovación social contarán con oficinas, salas de talleres y zonas de descanso de manera gratuita. De este modo se potenciará la cooperación entre ellos, generando sinergias y facilitando que los usuarios y usuarias se unan para desarrollar sus ideas de negocio. Estas incubadoras de empresas pondrá especial atención a la mentorización especializada, y en este sentido la UPV pondrá a disposición de los que empiezan las capacidades de aquellos que ya cuentan con cierto rodaje, lo que les permitirá no solamente crear un negocio de una forma más sólida y rápida sino también guiarles durante las primeras fases de consolidación del mismo. «Si atomizamos nuestro ecosistema será difícil crecer, hay que apostar por la cooperación y por aunar esfuerzos y eso es lo que vamos a intentar hacer, ayudando al talento nuevo tanto en la vertiente de trabajar por cuenta ajena como si quiere montar su propio negocio», ha reconocido Millet. Otras fórmulas innovadoras para apoyar el empleo En materia de empleo, el Ayuntamiento seguirá apoyando el programa Quédate de la UPV en el que se selecciona a los 100 talentos universitarios que reúnen las mejores competencias entre más de 400 alumnos y titulados, y participan en diversas dinámicas para demostrar sus capacidades ante representantes de 25 grandes compañías que acuden a la jornada. De estos estudiantes, la última edición, 77 alumnos empezaron a trabajar con un contrato de prácticas en estas empresas, mientras otros apostaron por realizar el programa Erasmus o centrarse en acabar sus estudios. «También les ha parecido muy interesante el evento Interview Lab. Se trata de una experiencia en la que salimos al campus para animar a los alumnos a que simulen una entrevista de trabajo grabada por varias cámaras con expertos de recursos humanos de las empresas colaboradoras. Nuestros técnicos ofrecen una copia de la grabación a los alumnos con los comentarios sobre los puntos fuertes y débiles que hayan observado los responsables de recursos humanos, la idea es ayudarles a mejorar», ha indicado Millet. El Ayuntamiento va a estudiar si este evento se podría replicar en distintos barrios de la ciudad de València.
La AIReF prevé que el gasto en pensiones suba al 14,2% del PIB en 2050 (+3 puntos)
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que en 2050 el gasto en pensiones podría situarse en un 14,2 % del PIB, lo que supone un incremento de 3,3 puntos desde el nivel de 2019, 10,9% del PIB, y un punto más que en sus previsiones de hace un año. Según las proyecciones presentadas este lunes, este incremento del gasto refleja el envejecimiento en España que en 2050 tendría 54 millones de habitantes, con una población en edad de trabajar por encima de los 30 millones, lo que duplicaría la tasa de dependencia (población de más de 66 años dividida entre la de 16 a 66 años) del 26 % actual al 53 % en 2050. O lo que es lo mismo, en 2050 habría dos trabajadores cotizantes por cada pensionista. Según ha subrayado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, se trata de proyecciones en un escenario central que contempla entradas anuales netas promedio de 330.000 inmigrantes entre 2020 y 2050, cierta recuperación de la fecundidad hasta 1,43 hijos por mujer (frente al 1,23 actual) y mejoras en la esperanza de vida. Aunque advierte que estas proyecciones podrían alterarse si se materializan algunos riesgos como unos menores flujos de migración neta (hay que tener en cuenta que este año solo se prevé la entrada de 150.000 inmigrantes), el estancamiento del mercado de trabajo o que la crisis de la COVID-19 tenga efectos estructurales. En el escenario central, ha subrayado Herrero, y dada «la gran incertidumbre» se ha optado por asumir que la crisis de la COVID-19 «no tendrá efectos estructurales a largo plazo» aunque, ha apuntado, que es «aconsejable» empezar a analizar otras opciones que garanticen la sostenibilidad del sistema. «Si la crisis sanitaria fuese más adversa de la previsto, deberían tenerse analizadas otras opciones», ha apuntado Herrero, que ha señalado entre esas opciones, tener en cuenta la esperanza de vida en el cálculo de la pensión de entrada, vincular las revisiones no solo al IPC sino en combinación con otras variables, revisar la forma en la que computan los periodos de cotización o explorar otras herramientas como las cuentas nocionales o los sistemas complementarios. En su presentación, la AIReF vuelve a insistir además en la necesidad de profundizar en la reforma de pensiones de 2011 retrasando la edad efectiva de jubilación, no la edad legal, y ampliando el período de la carrera de cotización. Así, detallan que retrasar la edad efectiva de jubilación dos años y ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años podría contener el gasto en pensiones en 1,4 puntos del PIB. También recoge que la entrada en vigor a partir de 2023 del factor de sostenibilidad implicará una contención del gasto de 0,9 puntos de PIB en 2050, un impacto mayor que el estimado hace dos años debido por esas nuevas previsiones demográficas con una mayor esperanza de vida a los 67 años. Junto a esto insisten en la necesidad de cerrar el déficit estructural de la Seguridad Social y plantean trasladar la cotización por desempleo, asumiendo el Estado la pérdida del SEPE, así como que el Estado financie gastos no contributivos. La AIReF ha enmarcado sus previsiones de gasto en pensiones calculando que el PIB real de la economía española crece una media del 1,4 % anual entre 2020 y 2050, ya que tras un retroceso del 11,2 % este año y un repunte del 5,5 % en 2021, la brecha de producción se cerrará en 2025, un año en que el PIB real convergerá con el PIB potencial. Este crecimiento económico unido a la reducción de la población en edad de trabajar permitirá reducir la tasa de paro hasta el 7 % en 2050, pese a que este año se producirá una caída en el empleo equivalente a tiempo completo del 11,8 %, que rebotará un 4,4 % en 2021. En cuanto a la población, la AIReF calcula que alcanzará en 2050 los 54 millones de habitantes, por encima de las estimaciones de Eurostat (49 millones) y el INE (50 millones) debido a las «discrepancias» en torno a la afluencia esperada de inmigrantes. La AIReF cree que España recibirá anualmente una media de 330.000 extranjeros entre 2020 y 2050, principalmente procedentes de Sudamérica, Centroamérica y el Magreb, lo que elevaría el peso de la población extranjera sobre el total del 11 % actual a casi el 18 % al final del periodo. La COVID rebaja un año la esperanza de vida y la fecundidad es la gran incertidumbre El estudio de la Airef añade un ajuste en la esperanza de vida a corto plazo al introducir el efecto del exceso de mortalidad -por todas las causas de defunción, entre ellas las de la pandemia- sobre la tasa de mortalidad prevista para 2020, tal y como ha explicado Esther Gordo, la directora de la División de Análisis Económico. Se estima que en 2020 la esperanza de vida al nacer de los hombres se situaría en 79,8 años en lugar de los 80,7 años que se hubiesen alcanzado en ausencia del exceso de mortalidad estimado para 2020. En el caso de las mujeres, la esperanza de vida en 2020 también se rebaja en un año, se situaría en 85,3 años frente a los 86,1 estimados si no se hubiese incluido este efecto. Sin embargo, se asume que a partir de 2021 la esperanza de vida prosigue la tendencia al alza que se ha observado en las últimas décadas. A futuro, en su escenario central la AIReF estima que en 2050 será de 86,8 años -89,5 años para las mujeres y 84,3 años para los hombres-. En cuanto al impacto de la pandemia en la tasa de fecundidad, la incertidumbre es muy alta y desde la Airef no alcanzan a dar un pronóstico para 2020. Lo cierto es que 2019 ya cerró con 1,23 hijos por mujer tras un breve periodo de recuperación entre 2013 y 2016. En concreto, en el caso de las madres españolas, el número de hijos por mujer descendió hasta alcanzar un valor de 1,17 en el año 2019, mientras que la ratio análoga para las madres extranjeras descendió hasta los 1,59 hijos por mujer. En economías avanzadas del entorno el valor promedio es de 1,52 hijos por mujer, con diferencias en función de las políticas de natalidad aplicadas y de otros factores que determinan la formación de hogares (política de vivienda y mercado laboral, principalmente). Como resultado, en 2050, el número de hijos por mujer en España se proyecta en 1,43, con un intervalo entre 1,37 y 1,49, en todo caso, un valor inferior a la tasa de reposición. La tasa de reposición se refiere a la fecundidad mínima necesaria para que la población permanezca constante en el tiempo (suponiendo que las migraciones son nulas). Se considera que está en torno a 2,1 hijos por mujer.
‘Unos centenares’ de solicitudes confirman el fracaso de los créditos ICO al alquiler
Desde el Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos niegan que el plan de créditos al alquiler avalados por el ICO que concluye el próximo día 30 haya sido un fracaso. Lo cierto es que hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna cifra oficial del alcance de la medida –a pesar de las continuas demandas realizadas por parte de este medio– y las principales entidades financieras del país reconocen a Economía 3, que la demanda ha sido «muy baja», y apenas cuentan cada una de ellas con «unos cientos de solicitudes en toda España». Recordemos que el Gobierno aprobó aumentar hasta en 1.200 millones el techo de gasto para cubrir estos préstamos y el total de clientes potenciales que preveía se elevaba a 450.000 en todo el territorio nacional. ¿Pero qué ha ocurrido entonces, dónde ha estado el problema y por qué el Ministerio todavía no ha emitido ningún balance? La medida se aprobó en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, pero el reglamento no vio la luz hasta 30 días después. Quedó establecido que los préstamos, respaldados por el ICO y a tipo cero, por un importe de hasta seis meses de renta, y un máximo de 900 euros mensuales (máximo 5.400 euros) se devolvieran por los inquilinos –que debían acreditar el impacto de la pandemia– en hasta seis años, prorrogables hasta 10. Sin embargo, las entidades financieras tardaron varias semanas más en suscribir el convenio que las habilitaba para la concesión de los préstamos, según fuentes del sector, principalmente por «la falta de definición y detalles del ICO» a la hora de articular estos préstamos que recordemos no entrañan ningún tipo de interés ni comisión, «hacía falta que la acreditación no generara ningún tipo de duda para evitar problemas en el futuro», indican fuentes financieras. También desde el principio, el Ministerio reconoció retrasos en su implementación que achacó a «razones de protocolo y burocracia”: «lo que se ha buscado en todo momento es que el mecanismo fuera garantista y accedieran las personas que realmente lo necesitaran, pero lo importante es que la herramienta está creada y si la gente no ha necesitado recurrir a ella, mejor que mejor», consideraban desde la Administración. Desde otras instancias se pone de relieve cómo algunas entidades tardaron hasta 2 meses en firmar el protocolo y sumarse por convenio a la iniciativa, pero que además el gran volumen de trabajo que acumulaban por aquel momento en gestionar otras medidas extraordinarias como las moratorias hipotecarias o los créditos también avalados por el ICO para el tejido productivo –empresas y autónomos–; relegaron la puesta en marcha de este programa. La alternativa, un programa de ayudas directas Desde ASVAL, la Asociasión de Propietarios de Vivienda en Alquiler, su directora general, Beatriz Toribio, confirma a Economía 3 que los créditos ICO han llegado con retraso y, además, «no han despertado mucho interés entre los inquilinos». Según datos de ASVAL, solo el 1,3% de los inquilinos vinculados con la asociación ha mostrado interés en solicitar los créditos ICO para hacer frente al pago de las rentas de sus alquileres. «El principal motivo es que estos créditos suponen el endeudamiento del inquilino y, con la crisis económica y la reducción de sueldos o incluso pérdida de empleos, no tiene capacidad de ahorro que permita afrontar estas obligaciones de pago, incluso aunque se pueda aplazar en el tiempo». Ante esta situación, en ASVAL proponen al Gobierno focalizar todos los esfuerzos en «establecer un programa de ayudas directas a través de un fondo de más de 700 millones de euros para ayudar a 350.000 familias que viven en régimen de alquiler y cuya tasa de esfuerzo en el pago de la renta supera el 48% de sus ingresos. Con esta ayuda pública, que complementaría las rentas de este colectivo vulnerable con 2.038 euros al año, el nivel de esfuerzo se reduciría del 48% al 30%». Fuentes cercanas al Ministerio comentan a este medio que todavía no hay nada oficial decidido al respecto, ni siquiera si se ampliará a partir del próximo día 30 de septiembre el plazo para continuar presentando solicitudes, algo que debería llegar por acuerdo del Consejo de Ministros. Propietarios que todavía no han cobrado Desde Asicval, la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, también apuntan que la medida ha funcionado «mal», y que ya de entrada, muchos inquilinos ni llegaban a solicitar esta ayuda por toda la serie de trámites y requisitos que se solicitaban: “Han sido mucho más efectivos los acuerdos que hemos ido alcanzado individualmente entre inquilinos y propietarios, buscando aplazamientos o pagos diferidos…, que los préstamos del ICO”, indica a E3, su presidenta Nora García. Asimismo, admiten conocer algunos casos donde las solicitudes de inquilinos han sido aceptadas y aprobadas por parte de las entidades –y así se lo han hecho saber al solicitante mediante una carta–, pero que a fecha de hoy “los propietarios que debían recibir la ayuda no han cobrado –el préstamo lo pide el inquilino, pero el dinero se ingresa directamente al casero– ”. “Algo no ha funcionado bien, no sé si el fallo hay que buscarlo del Estado a las entidades financieras o de las entidades a los clientes, pero la medida no ha sido efectiva”, lamenta García. La moratoria en los desahucios Otras fuentes consultadas achacan el escaso tirón de la medida a que muchos inquilinos evitan endeudarse porque temen que su situación, lejos de mejorar, vaya a peor y este plan contempla que sean los inquilinos los que se comprometan con un préstamo que finalmente reciben los arrendadores, y todo esto en un momento en el que precisamente, cualquier tipo de desahucio (también por impago) quedó prohibido, por lo que pagar o no pagar no tendría consecuencias inmediatas. «Muchos inquilinos están dejando de pagar las rentas, conscientes de que no se van a enfrentar a un lanzamiento», concretan. De hecho, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya ha urgido al Gobierno a que apruebe otra «moratoria para todo tipo de desahucios, como mínimo hasta el 31 de diciembre», dado que el actual decreto por el que están paralizados acaba también a finales de este mes. Piden al Gobierno que «homologue la protección de todas las situaciones de vulnerabilidad, con independencia del momento y de las causas que las hayan provocado», ya que el actual decreto recoge una moratoria centrada exclusivamente en casos de impago de alquiler que puedan demostrar una vinculación directa con la COVID-19. No obstante, en su petición la PAH, que insta a que nadie pierda su casa por no poder pagarla, añade que deberían “establecerse en su caso posibles compensaciones a pequeños propietarios». Los últimos datos publicados, demuestran que los desahucios hechos efectivos en segundo trimestre se desplomaron un 90%, aunque la Comunitat fue la segunda autonomía que más registró, 195 casos, mientras 131 estuvieron vinculados al impago del alquiler.
La sostenibilidad copa los premios a los retos de Apisol, Natra, Alegre, Logifruit y Eurobox
Envases y embalajes sostenibles, realizados con nuevos materiales, que tienen en cuenta la Experiencia de Usuario (UX) en el ‘unboxing’ de los productos ecommerce y que son retornables, han sido los grandes vencedores de la XI edición de los Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje en la gala celebrada este viernes en Valencia. Se trata de trabajos que resuelven los retos lanzados por las empresas Apisol, Natra, Industrias Alegre, Logifruit y Eurobox, en respuesta a aspectos que han cambiado tras la pandemia, como el fuerte crecimiento de las entregas a domicilio y la necesidad de garantizar la seguridad en el proceso. Entre los trabajos ganadores un nuevo sistema dosificador para la miel, un envase que permite internacionalizar bombones en Japón y un embalaje expositor para la venta de cosmética premium. Estos premios son una iniciativa del Cluster de Innovación en Envase y Embalaje, y suponen “un punto de encuentro entre el mundo empresarial y el universitario”, asegura su director gerente, Jesús Pérez. “No ha sido una edición fácil, pero hemos conseguido el objetivo de materializar la innovación conectando las necesidades de las empresas con el talento de los alumnos”, ha destacado. En esta edición, más de 600 estudiantes de 26 de universidades y escuelas de formación de toda España han participado para resolver los retos de envase y embalaje lanzado por estas cinco empresas. Un nuevo embalaje isotermo con un innovador aislante El trabajo ganador del reto de Logifruit ha sido el proyecto ‘Bambox’ de Sofía Nieves, Ana Tudó y Javier Redondo de la Universidad de Zaragoza. El reto ha consistido en el desarrollo de un embalaje que fuera isotermo para su uso en la última milla de productos alimentarios. Se trata de una caja reutilizable, fabricada solamente con dos materiales y con estructura fácil de manipular y apilar. La principal novedad es que el sistema aislante está realizado con bambú, un material 100% biodegradable y reutilizable. Los ganadores han realizado estudios para demostrar que una capa fina de bambú funciona como aislante, pero también incrementa la higiene y calidad de los alimentos que la contiene, protegiéndolos de la migración de partículas. El embalaje incluye una cámara vacía para conseguir un aislante eficiente, sostenible e higiénico. Incluye tecnología NFC para controlar la temperatura y supone una alternativa eco-friendly a los envases refrigerantes actuales. En esta categoría también han obtenido un Accesit los proyectos ‘Airtop’ de Marcos Sánchez y Daniel Pineda de ESD Madrid; y ‘Green Box JL’ de Laura Fresnillo y María Julieta Molinari de la Universidad Alfonso X el Sabio. Embalaje para ecommerce que reinventa la Experiencia de Usuario En el reto propuesto por Industrias Alegre, el trabajo ganador ha sido “Eco-Hybrid Box”, de Irene Hinojosa, Ana Tudó, Daniel Peris y Javier Redondo de la Universidad de Zaragoza. Se trata de un embalaje versátil retornable para e-commerce que tiene en cuenta tanto la optimización de la cadena logística con la eliminación de embalaje extra, como la Experiencia de Usuario. Su diseño permite que las cajas puedan apilarse sin necesidad de embalaje de refuerzo y considera la ergonomía del operario para su uso con huecos a modo de asa que permiten introducir las manos y han sido calculados con tablas antropométricas. También incorpora una tecnología de bloqueo mediante NFC para pedidos especiales, la inclusión de servomotores, seguimiento GPS y conexión 4G. El proyecto reinventa la Experiencia de Usuario (UX) de unboxing gracias a un bloqueo seguro que se desliza de forma agradable e intuitiva, siguiendo este paso con la extracción del pedido, permitiendo que el embalaje sea plegado y devuelto al centro logístico para su siguiente uso. Los ganadores del Accesit aquí han sido ‘Tau Box’ de Ignacio García, Marta Vinué y Álvaro Aguerri la Universidad de Zaragoza; y ‘Bettabox’ de María del Pino y Salomé Quesada de la ESD Madrid. Mejora del ‘Unboxing Experience’ en bombones Mientras, un envase sostenible diseñado específicamente para mejorar el ‘unboxing experience’ de bombones para el mercado japonés es el ganador del reto planteado por la multinacional Natra. Los ganadores han sido Cristina Meléndez, Ander Otegi y Endika de Mondragon Unibertsitatea, con el proyecto “IRO”. Se trata de un envase cilíndrico de cartón y papel con una carcasa que gira para intercambiar el cuerpo y la cabeza de los dibujos buscando interactuar con el usuario. Se trata de un producto orientado a la categoría de gifting, La cultura del regalo en Japón está llena de simbolismo y tradición, y el consumidor medio japonés concede una gran importancia al envase tanto en lo visual, como en lo funcional, y el diseño gráfico respeta todo esto. Su gama de tres diferentes colores le aporta un toque personal y variabilidad al regalo, pudiendo adaptar el regalo al contexto gracias a las diversas connotaciones del color. Así, el usuario puede regalar el envase rojo cuando desea buena salud, el azul cuando se desea buena suerte y el verde cuando se desea felicidad. Mientras, han conseguido un Accesit los trabajos de Amaia Uriarte y Uxue Molinuevo de Mondragon Unibertsitatea; y Marina Fortuna y Margarita Bernstein, de EINA Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona Un nuevo concepto para los envases de miel En el caso de Apisol, apicultores desde 1912, el diseño ganador es un nuevo concepto de envase para miel que supone una revolución en el sector desde que se inventó “la jarrita” dosificadora. El trabajo ganador es el proyecto ‘Izadi’ de Andrea Arruti, Julen Hernández y Hugo Ostiza, de Mondragon Unibertsitatea. Han planteado un envase realizado con materiales sostenibles, como son el acero inoxidable, la madera y el vidrio. Se trata de un envase totalmente reciclable y recargable, cuya vida útil puede mantenerse el tiempo que el usuario desee. Una de sus grandes novedades es que el dosificador está diseñado para que, al acabar de servir la miel, esta vuelva al interior del bote sin manchar el exterior del envase, de esta manera el usuario no debe preocuparse por la limpieza del bote. Es fácilmente desmontable, está diseñado teniendo en cuenta la experiencia del usuario, y se puede recargar todas las veces que se necesite. En esta categoría han conseguido un Accesit los trabajos ‘Honey Extruder” de Jone Pérez, Garazi Otxandorena y Mario Marco Nafria de Mondragon Unibertsitatea; y el proyecto ‘Apipack’ de la alumna Helena Maestre, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoi. Envase sostenible para un producto premium El proyecto “Layer_Bx” de Eva Milán, alumna de la Escuela Superior de Diseño de Madrid, ha sido el ganador del reto propuesto por la compañía Eurobox, líder en fabricación de envases metálicos para el sector premium en alimentación y cosmética. Se trata de un podio que permite atraer al consumidor en el punto de venta, compuesto por cuatro piezas por materiales totalmente reciclables que aportan una innovación visual y técnica. En concreto cuenta con una base de papel foam en la cual se incrusta el producto que esté a la venta, dos láminas efecto espejo troqueladas y la tapa. En esta categoría han conseguido un Accesit los trabajos ‘Plural’ de Mihai Danut y Sara Paniagua de ESD Madrid; y ‘Muna’ de Mónica Zapata, Pilar Simón, Ignacio Turón y Rocío Fuentes de la Universidad de Zaragoza. Premio Plan Cantera Cluster También, para buscar ese vínculo entre mundo empresarial y económico, se ha creado el Premio Plan Cantera Cluster por el cual uno de los alumnos participantes ha sido becado por el Cluster de Envase y Embalaje para la realización del Master in Management [MBM] impartido por ESIC Business & Marketing School. La ganadora ha sido Ana Tudó Bitrián, alumna de la Universidad de Zaragoza. La Beca para la alumna ganadora es por el total de la matrícula del curso, valorado en 20.000€. Además, durante la duración del Master, realizará prácticas en el Cluster de Envase y Embalaje. Candidatos, clasificados para premios Liderpack y WorlStar Por último, los ganadores y finalistas de estos premios pasan directamente a la final de la categoría reservada a jóvenes de los Premios Líderpack, que convoca Graphispack Asociación y el salón Hispack de Fira de Barcelona. A su vez, entre los proyectos presentados, se seleccionarán los representantes españoles en los WorldStar Student Awards, los galardones de packaging más importantes del mundo para alumnos de universidades y escuelas de diseño. En este sentido, en la edición anterior, la alumna Raquel Muñoz, de la Escuela de Arte Antonio López, ha recibido recientemente el trofeo como ganadora de la segunda plaza de los WorldStar Student Awards por una original caja sostenible para transportar y exponer productos hortofrutícolas, siendo la primera vez que España conquistaba el podio. Raquel Muñoz estuvo presente también en esta gala para compartir su experiencia con los finalistas. Estos premios son posibles gracias al apoyo de Ecoembes; las empresas Hinojosa Packaging Solutions e Improven; y la escuela de negocios ESIC Business & Marketing School. También colaboran las firmas Tecnobox, Flexográfico Packaging, MESbook, NonSlip Iberia, Biconsulting y el centro tecnológico ITENE. La gala cuenta además con la financiación de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.
La Comunitat percibirá 759 millones con cargo al FLA, el 16% de todo el Fondo
El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado asignar a las Comunidades Autónomas para el cuarto trimestre de 2020 un total de 4.633,42 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas. En concreto, se destinan 3.008,57 millones de euros al compartimento Facilidad Financiera (FF) y 1.624,85 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Comunitat Valenciana percibirá con cargo al FLA 759,09 millones, que supone el 16,38% del total del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. A nivel nacional, el importe total de 4.633,42 millones de euros se repartirá entre las CCAA adheridas al Fondo de Financiación del siguiente modo: Las comunidades que reúnen los requisitos exigidos para acogerse al compartimento de Facilidad Financiera son Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y La Rioja. Las comunidades de Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana se financiarán en 2020 a través del compartimento Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Las demás comunidades (Asturias, Madrid, País Vasco y Navarra) no han solicitado en este trimestre financiación con cargo al Fondo de Financiación 2020. En el conjunto de 2020, el reparto efectuado a través de los Fondos de Financiación de las Comunidades Autónomas asciende a 31.706,09 millones de euros. Además, el pasado 14 de mayo se aprobó la asignación de 4.152 millones adicionales para atender las desviaciones del objetivo de déficit de 2019, pendientes de financiar (el denominado Extra FLA). De esta forma, con este acuerdo, los territorios recibirán 35.858,09 millones de euros procedentes de los mecanismos extraordinarios de liquidez hasta el final de 2020. De ellos, la Comunitat Valenciana recibe 7.657,55 millones de euros. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha destacado que “el compromiso del Gobierno con las CCAA, en general y con la Comunitat Valenciana en particular al aportar liquidez a nuestro territorio a muy bajo coste, incluso en momentos difíciles derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19”. De hecho, las comunidades autónomas recibirán este año la mayor transferencia de recursos procedentes de la Administración central. Las comunidades autónomas se están beneficiando de los 16.000 millones del Fondo COVID-19, de los que ya se ha hecho efectivo el pago de dos tramos por importe de 8.000 millones. Con esta transferencia las comunidades han recibido ya la mitad de este fondo no reembolsable aprobado por el Gobierno para combatir la pandemia. Además, las CCAA se han visto favorecidas por otras medidas como la aprobación de las entregas a cuenta de 2020, que, por primera vez en la historia, el Gobierno ha actualizado sin que tan siquiera se hubiera aprobado un anteproyecto de Presupuestos. Además, esa actualización se ha hecho sin incluir en el cálculo la caída de ingresos derivada de la pandemia. De esta forma, las comunidades autónomas recibirán este ejercicio 7.907 millones más que el año anterior por el sistema de financiación. Además, también se han repartido otros recursos, como el Fondo Social Extraordinario. En total, en transferencias directas -sin incluir los préstamos de los mecanismos extraordinarios de liquidez-, el Gobierno ha facilitado a las comunidades autónomas 24.532 millones de euros más que el pasado ejercicio.
Big Ban Angels y Kubide esperan levantar un mínimo de 130.000 € para acelerar startups
La asociación privada de inversores Big Ban Angels y la aceleradora Kubide Tech Builder, han presentado su nuevo vehículo de inversión, dirigido a las startups incubadas dentro del programa de Kubide. Una contribución más para dar respuesta a la nueva realidad «donde startups e inversores necesitan contar con potentes infraestructuras en las cuales apalancarse y ganar tracción, tanto a la hora de construir un nuevo negocio escalable, como al minimizar el riesgo de sus inversiones; construyendo entornos de mayor garantía”, tal y como ha expuesto la directora de Big Ban, Carmen Martínez. «La diversificación es esencial para alcanzar el éxito y este modo de coinvertir te permite no poner todos los huevos en la misma cesta, aprovechándote de la inteligencia colectiva de una red donde siete ojos ven más que dos«, simplifica Martínez. Se trata del decimoctavo vehículo que la entidad de inversores privada de alcance nacional pero asentada en València promueve, la mayoría de ellos de la mano de grandes players del ecosistema como Lanzadera o Demium. En este caso, Kubide cuenta con más de 10 años de experiencia en la creación y lanzamiento de startups. Durante los que ha creado el primer Tech Builder de España: «Nuestro modelo aporta algo muy necesario y apreciado por los founders de los proyectos tecnológicos de reciente creación; un equipo altamente cualificado y especializado en las áreas de Diseño de producto, IT o Desarrollo tecnológico y Growth marketing», ha comentado Ángel Luis Quesada, CEO de Kubide. Expertise multisectorial tampoco les falta, en este tiempo, Kubide ha creado y lanzado más de 70 startups al mercado en multitud de sectores, lo que les aporta «una visión muy contrastada al valorar el potencial de los diversos emprendedores y proyectos». Y además ha realizado 4 convocatorias de su programa de incubación. De ellas han salido de 1 a 3 proyectos por convocatoria, los cuales siguen todos en activo, y con varias rondas de financiación seed cerradas. La primera candidata: Lugfy Preparada para recibir financiación del nuevo vehículo se ha presentado este jueves por la tarde Lugfy, una plataforma que conecta personas que necesitan que alguien se ocupe de su equipaje con drivers en disposición de hacerlo. Esta startup ha sido seleccionada por el programa de Google Founders, donde la multinacional de internet selecciona a los proyectos pre-seed con mayor potencial de mercado. Además de haber sido también seleccionada en el programa SOSA-Bizkaia, donde los proyectos más prometedores son sumergidos en el ecosistema inversor de Tel-Aviv; uno de los mayores hub de innovación y emprendimiento mundiales. La forma societaria del nuevo vehículo será la comunidad de bienes, que permite la desgravación fiscal, y permitirá inversiones con un ticket mínimo de 5.000 euros, con el objetivo de levantar como mínimo 130.000 euros. Además la inversión, abre la posibilidad de formar parte del Consejo de Inversión que será el encargado de proponer las empresas candidatas. El modelo de inversión en este caso es nota convertible «es como un préstamo a corto plazo que los inversores otorgan a la startup durante las primeras rondas de financiación. En este modelo, los inversores no reciben una cuantía económica y los habituales intereses como retorno, sino que a cambio de su aportación económica obtienen acciones preferentes de la compañía cuando esta cierra la siguiente ronda», ha explicado a E3 Alexis Ferri, codirector de Big Ban Angels . El consejo del ‘Mejor Inversor del Año’ El que ya es un referente en el mundo de la inversión en startups ha mostrado durante la presentación del vehículo algunas claves para invertir en compañías de éxito. Eneko Knörr es un emprendedor senior, con varias empresas a sus espaldas, como son actualmente Onyze (plataforma de custodia de criptoactivos) y AngelClub (un fondo VC para startups); pero en el pasado ya ha conocido el éxito con empresa como Hostalia, adquirida por Acens (Grupo Telefónica) y en inversiones como Ticketbits (adquirida por eBay), Cabify, Housers y muchas otras. Ha sido nombrado «Mejor inversor en España» por la publicación El Confidencial, además de «Business Angel del año en España 2018» por la Asociación Española de Business Angels (AEBAN) y «Mejor Inversor del Año» en New York Summit 2019 (EEUU).
Airef propone quitar presión a las pensiones traspasando el déficit del INSS al Estado
Financiar el envejecimiento de la población que se prevé que costará hasta el 24,6% del PIB en 2030, según la Comisión Europea, se ha convertido en un reto de primera magnitud después de que la pandemia haya acelerado la necesidad de abordarlo teniendo en cuenta gastos tan importantes como la sanidad, la dependencia y las pensiones. En este sentido, el estudio ‘El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral’, elaborado por el Consejo General de Economistas de España, advierte “sobre el riesgo de actuar solo en momentos de urgencia”. Pues, tal y como ha señalado el presidente de los Economistas, Valentín Pich, “las aproximaciones parciales generan resultados parciales, y solo bajo una mirada global será posible establecer consensos y agendas reformistas a largo plazo, estableciendo incentivos adecuados para todas las partes; un proyecto de una envergadura tal, que necesitará de una perfecta coordinación entre el sector público y el privado”, ha puesto de relieve en su presentación. Según recoge el estudio, los españoles vivirán de forma sana un promedio de 73,8 años y el resto, aproximadamente una década más, lo hará de forma dependiente. Además, alerta que en España viven 2 millones de personas mayores de 65 años solas, y casi 900.000 con más de 80 años (el 31% de las personas de esa edad). Según el presidente del Consejo General de Economistas, “es muy probable que un alto porcentaje de esas personas que viven solas se encuentren, a su vez, en situación de dependencia y con una pensión media de aproximadamente 1.100 euros”. Según Pich, “ser anciano, dependiente y solo constituye un enorme riesgo, máxime si tenemos en cuenta que el número de plazas en residencias –públicas y privadas– no llega a las 400.000, y que, en la actualidad, el sistema complementario de empleo choca con la presión fiscal que ejercen las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el salario –una media del 36,25% sobre el salario bruto–, haciendo difícil su generalización por los altos costes que tiene sobre la empresa”. Valentín Pich Y a esto se añade que en «España se da un marco fiscal que `premia´ relativamente al consumo y `castiga´ relativamente al ahorro”. Traspasar al Estado gastos impropios de Seguridad Social En este sentido, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha defendido la conveniencia de «quitar presión» al sistema de pensiones traspasando el déficit estructural de la Seguridad Social a la Administración Central, ya que no afectaría al cómputo global de déficit público que seguirá siendo el mismo pero «arreglaría el problema de incertidumbre» sobre el sistema. De hecho, esta semana, el ministro José Luis Escrivá, que precedió en el cargo a Cristina Herrero, señalaba que la intención del Gobierno es ir integrando las pensiones no contributivas en el esquema del Ingreso Mínimo Vital (IMV) lo que permitiría aliviar la caja de la Seguridad Social. Según Herrero para generar tranquilidad a los pensionistas presentes y futuros y para asegurar la sostenibilidad del sistema; «a corto plazo, la AIReF es partidaria de traspasar al Estado determinados gastos de naturaleza no contributiva que actualmente soportan las cotizaciones, sin obviar la necesidad de afrontar el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas. A largo plazo –ha dicho– hay que empezar a trabajar cuanto antes en medidas consensuadas que hagan sostenible el sistema». Cristina Herrero Al respecto, ha destacado que hay «margen para profundizar» en la reforma de pensiones de 2011, que generó un mayor consenso que la de 2013, aunque no ha detallado qué aspectos de esta «reforma paramétrica» -que aumentó la edad de jubilación a 67 años y el periodo sobre el que se calcula la cuantía de la pensión- habría que retomar. Entre las medidas que propone el Consejo General de Economistas para acometer el reto del envejecimiento en España se encuentran, entre otras: la creación de “colchones anti-cíclicos” en épocas de bonanza e incrementar la colaboración público-privada para ampliar políticas de dependencia y planes de pensiones de empleo, reduciendoen la medida de lo posible la “cuña fiscal”, al reiterar que un trabajador dedica 3,65 de cada 10 euros de coste laboral bruto a pagar Seguridad Social e IRPF. Otras propuestas pasan por incentivar la compatibilidad del trabajo y la pensión –potenciando la jubilación activa y desincentivando el retiro temprano–, por implementar reformas en formación y reciclaje profesional para mejorar la productividad entre los trabajadores de mayor edad y por establecer mecanismos de conversión en liquidez de bienes como la vivienda (rentas vitalicias, hipotecas inversas…). Pilar González de Frutos «Un sistema de gasto social de los más opacos del mundo» Por su parte, la presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, ha apostado por impulsar los planes de pensiones de empresa, pero sin hacerlo «a costa» de los individuales, al tiempo que ha insistido en que «la suficiencia de las pensiones es muy importante; pero la suficiencia sin sostenibilidad es, en un momento u otro, insuficiencia». En este sentido ha explicado que «nos jugamos nuestra competitividad como país a largo plazo; puesto que solo las naciones que tengan una sociedad de personas mayores manteniendo patrones de consumo adecuados tendrán potencia de crecimiento dentro de dos o tres décadas. El envejecimiento es una gran oportunidad; una oportunidad que, si no aprovechamos nosotros, aprovecharán otros”. Al mismo tiempo ha destacado González de Frutos que tenemos un sistema de gasto social «de los más opacos del mundo». «Un sistema en el que nadie sabe ni lo que ha cotizado, ni lo que puede llegar a cobrar, ni lo que cuestan los servicios que usa. Hay que poner al ciudadano en el centro del sistema y fomentar que tome decisiones». Por su parte, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pacual, ha insistido en que es necesario invertir en tecnología para mejorar la atención a personas dependientes. «El problema que encontramos es que el sistema es muy rígido y la Dependencia es invisible y está infrafinanciada. Tenemos que tener en cuenta que la demanda de atención va a seguir creciendo, básicamente porque ahora llega la generación del baby boom y durante los próximos 30 años la población con necesidades asistenciales va a ir incrementándose. No podemos mirar para otro lado, porque ya tenemos a 100.000 personas esperando una plaza. Es el momento de actuar”, ha concluido.
València quiere incluir la Feria en su Enclave Tecnológico al ejemplo de Distrito Digital
Uno de los objetivos del consistorio valenciano, lograr que València se sitúe como una ciudad referente en el ámbito de la innovación económica y la tecnología, está hoy más al alcance que nunca. A mediodía, la ciudad sabrá si finalmente es designada por la Comisión Europea como Capital Europea de la Innovación, un proyecto articulado bajo la iniciativa Missions València 2030. “Ser premiada como una de las 6 mejores ciudades innovadoras de Europa ya es todo un éxito. Pero lo cierto es que competimos con un gran proyecto, como es Missions, que abarca temas muy transversales, y que ha sabido incorporar también a la iniciativa privada, con todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y las empresas”, se muestra esperanzada Pilar Bernabé, concejala de Emprendimiento e Innovación Económica en conversaciones con Economía3. Reitera el logro que supone ser finalistas y estar entre las ciudades favoritas para albergar dicha capitalidad, cuando algunas de ellas llevan años postulándose para ello y en el caso de València era esta la primera vez que presentaba candidatura. Pero este revulsivo no deja de ser una pieza más en un puzle en el que estratégicamente viene trabajando el Ayuntamiento de València desde el anterior mandato. Hace ya más de dos años que vio la luz la plataforma Valencia Tech City que conforma un paraguas de las políticas activas en materia de innovación tecnológica en la ciudad. En ella tienen cabida gran número de instituciones, administraciones y entidades que buscar compartir e impulsar ese talento en materia de innovación tecnológica. «Estamos ultimando su plan estratégico, y una vez que lo aprobemos, la plataforma se abrirá a todas las empresas y entidades privadas que se quieran sumar a este ecosistema tecnológico-productivo de la ciudad, colaborando en su promoción, difusión y venta», concreta Bernabé. El objetivo es el mismo: posicionar a escala internacional a la ciudad de Valencia como referente en el mundo de la innovación tecnológica. Para ello se pondrá en marcha una Oficina de Inversiones –que dependerá directamente del Ayuntamiento y que contará con presupuesto en 2021, según ha confirmado Bernabé– con el propósito de captar a futuros inversores en materia de innovación tecnológica. Pero para hacer más atractiva la propuesta y lograr realmente esa atracción de inversiones será clave la Declaración de Enclave Tecnológico que persigue el Ayuntamiento y que más allá de poner en valor el contexto geográfico lleva asociada una serie de beneficios, como las bonificaciones fiscales, para aquellas empresas que se instalen en él. En este sentido, Bernabé confirma que el consistorio está trabajando a nivel técnico para cumplir con los requisitos que exige la Generalitat, que es la que tramitaría esa Declaración de Enclave Tecnológico y «si es posible vamos a intentar que sea antes de que acabe el año», afirma. Este enclave comprendería toda la zona del litoral marítimo: «Hablamos de toda la franja marítima: desde la Ciutat Politènica de la Innovació, pasando por el Cabanyal donde, dentro de la EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) se están rehabilitando incluso naves que irán destinadas a las áreas de desarrollo económico e innovación, además de La Marina como el mejor de los escaparates posibles, sin olvidar Las Naves, La Harinera o el futuro PAI del Grao», apunta Bernabé. Pilar Bernabé Pero las aspiraciones van más allá y además se quiere llegar hasta Feria Valencia: “Me gustaría que Feria Valencia fuera considerado Enclave Tecnológico porque creo que hace falta una reflexión general desde todos los ámbitos que de una manera u otra estamos relacionados con la Feria, tanto desde la parte pública como privada, para visualizar lo que queremos para Feria Valencia en los próximos 20 años”, explica Bernabé. Considera Bernabé que, al margen de la Covid-19, «se presume muy difícil que se puedan llenar todos los pabellones de Feria Valencia con ferias muestrario al uso a lo largo del año», y por tanto, opina que se podría posicionar como un enclave tecnológico donde se puedan instalar empresas innovadoras y tecnológicas. «Aquellos espacios que se considere que no van a ser utilizados en Feria Valencia se podrían unir a esta oferta, para que la ciudad de Valencia compita a nivel mundial con suficientes metros cuadrados para atraer empresas de calado. La Conselleria de Economía tendrá que valorarlo, en la misma línea que se decidió por parte de la Generalitat que los espacios que formaban parte de la Ciudad de la Luz, convertidos en un erial, se revitalizaran con Distrito Digital en Alicante, este puede ser un ejemplo», ha explicado a Economía 3. No obstante, de momento, la conselleria de Economia Sostenible, a quien compete la gestión, dice desconocer este proyecto, a la par que junto a la de Hacienda, buscan soluciones para desenmarañar la subrogación de la deuda y la posible permuta de los terrenos de titularidad municipal. Lo que está claro es que la ciudad quiere acompasar su desarrollo urbanístico con el económico y si «hace 25 años València vio que como destino turístico tenía muchas potencialidades, consiguiendo en estos años afianzarse como un producto muy competitivo en Europa como destino urbano, ahora vemos que la ciudad reúne unas condiciones muy sólidas para desarrollar un modelo económico basado en la innovación y la tecnología”, concluye Bernabé. Esperemos que la resolución de la Capital Europea de la Innovación pueda favorecer a ello.
Tras fallecer Silvino Navarro, Incusa forma un Consejo de Administración con sus 5 hijos
El Ayuntamiento de València concederá este jueves la distinción de Hijo Adoptivo de la Ciudad de València, a título póstumo, al histórico empresario Silvino Navarro Vidal que falleció el pasado 28 de marzo a los 93 años de edad. El empresario que fue miembro fundador de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y cofundador y primer presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), nació en Monòver (Alicante) en 1927. Se diplomó en ingeniería química y desarrolló una amplia carrera empresarial, durante la que presidió Industrias del Curtido (Incusa), fundada en 1952; Tenerías Omega, fundada en 1989; y Dercosa, fundada en 1972, todas especializadas en la industria del curtido y acabado de pieles. Recientemente acaba de publicarse en el Borme, cómo al fallecer Silvino Navarro, el Órgano de Administración de Industrias del Curtido SA. se ha modificado, pasando a nombrarse un Consejo de Administración de 5 miembros, formado por sus cinco hijos, nombrándose entre ellos a Silvino Navarro Casanova como presidente, que hasta la fecha ejercía como director general. Su hermano Javier, ejercerá de secretario del consejo, del que también forman parte Alberto, Mª Josefa y Ana Isabel Navarro Casanova. Silvino Navarro Vidal, también fue miembro de honor del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, miembro de la Asamblea de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y vicepresidente del patronato de la Escuela Superior de Estudios Empresariales de Valencia (ESEE). Presidió asimismo el Patronato de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, y contribuyó a la promoción de los Premios Jaume I. La Generalitat le concedió en 2017 la Distinción al Mérito Empresarial y Social, por su trayectoria profesional y, especialmente, por su contribución a la representación y promoción del sector empresarial valenciano. Reconocimiento al que ahora se le suma el de Hijo Adoptivo de la Ciudad de València.
El 22% de los inversores valencianos decidió aumentar posiciones durante la pandemia
Las decisiones de los inversores españoles a raíz del COVID-19 se han visto modificadas a pesar de los momentos de incertidumbre vividos, y aunque la gran mayoría de los inversores –62% en el caso de los de la Comunitat y el 64% a escala nacional– decidió mantener sus inversiones y no realizar movimientos significativos, los valencianos buscaron aprovechar oportunidades y el 22%, cinco puntos por encima de la media nacional, decidió invertir más. Solo un 16% vendió su posiciones, mientras un 19% lo hizo a nivel nacional. Son datos que se derivan del Informe NARANJA “Comportamiento de los inversores españoles ante los movimientos del mercado” publicado por la entidad de origen neerlandés, ING, con las peculiaridades del inversor valenciano para Economía 3. Los inversores son cautelosos y el 40% ha visto impactados sus ingresos por la COVID-19 El informe revela el perfil tipo del inversor español: son cautelosos, asumen riesgos solo a veces e invierten con un horizonte temporal superior a dos años. En concreto, un 85% de los valencianos invierte a medio o largo plazo. Si el 54% se fija un horizonte temporal superior a 5 años, en el conjunto de España el porcentaje desciende al 44%, diez puntos de diferencia, ya que la media de los inversores españoles que establece un plazo de inversión de 2 a 4 años es del 39%, frente al 31% en el caso de los valencianos. Solo un 15% lo hace por un periodo de dos años o menos (17% en el ámbito nacional). Tres de cada cuatro se definen a sí mismos como cautelosos, pero lo cierto es que el 35% de los inversores de la Comunitat asegura no importarle correr riesgos, ocho puntos superior a lo que manifiestan los inversores del resto de España. Así, un 53% frente al 61% nacional asume riesgos solo a veces, mientras que el 12% en ambos casos evita correr cualquier riesgo. Por el contrario, solo 27% en el ámbito nacional dice que no le importa correr riesgos. En cuanto a las pautas de inversión, 1 de cada 3 valencianos admite que invierte y después no vuelve a mover el dinero, frente al 66% que continúa invirtiendo—en distintos momentos—más allá de la primera operación. De ellos, casi la mitad invierte de forma recurrente bien de manera periódica o cuando consigue algo de ahorros. En el ámbito nacional los porcentajes muestran más recurrencia: solo tres de cada diez no mueve el dinero, mientras que el 71% está habituado a seguir realizando operaciones. En este sentido, la educación financiera puede arrojar luces, y es que sigue siendo una asignatura pendiente entre los inversores, ya que solo el 12% de los encuestados, porcentaje que sube al 17% en el caso de los valencianos, declara tener bastantes conocimientos financieros, mientras que el 83% –87% a nivel nacional– afirma tener ciertas o pocas nociones. Uno de cada cuatro valencianos, además, se deja asesorar. Sobre su situación financiera, 4 de cada 10 inversores afirma que sus ingresos han disminuido durante la COVID-19. De ellos, la mayoría cree que los recuperará antes de un año. Así, el 20% (22% en el ámbito nacional) declara que espera recuperarse en seis meses, un 44% (39%) entre seis meses y un año, y un 28%, coincide, entre uno y dos años. La investigación que ha llevado a cabo ING deja ver que los inversores se muestran más optimistas respecto al crecimiento de los mercados bursátiles mundiales que con la economía española. El 47%, siente puntos porcentuales más que la media de España, considera que los mercados crecerán en los próximos cinco años –el 40% (35%) piensa que será un crecimiento entre el 1% y el 10% anual y el 7% más optimista cree que la subida será superior al 10%–. Aunque un 23,4% prevé cierto estancamiento e incluso un 15% caídas entre el 1% y 10% anual, o superiores (4%). Si bien, sobre el crecimiento de la economía, el 38%: el 16% (13% a nivel nacional) considera que el PIB caerá en España entre el 1% y 2% anual, mientras que el 21% (22%) cree que se producirán caídas superiores al 2% anual en los próximos cinco años. En palabras de Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING, “estos datos nos demuestran que los inversores son cada vez más conscientes de que la economía y la bolsa no se suelen mover acompasadas. Los inversores han visto cómo en esta crisis la bolsa ha vivido uno de sus rebotes más importantes tras la caída, mientras que la economía real está sufriendo un deterioro. Si relacionamos las expectativas de crecimiento de los mercados con el comportamiento de los inversores, se observa que los inversores no han seguido un patrón lógico y, a pesar de su optimismo sobre el comportamiento futuro de los mercados, pocos han aprovechado el momento para aumentar sus posiciones de inversión”. El estudio de ING también refleja que los inversores siguen confiando en los fondos de inversión y las acciones para obtener rentabilidad de sus ahorros en los próximos cinco años. De hecho, el 47% de los valencianos que invierten en fondos espera obtener crecimientos, un porcentaje que se eleva al 54% (48% a escala nacional) en el caso de aquellos que invierten en acciones. La pandemia nos hará ahorrar más El estudio, realizado a través del Panel Online de Ipsos basado en entrevistas a inversores titulares de fondos de inversión y/o acciones en edades comprendidas entre los 25 y 65 años con un error de muestra máximo del 2,58%, indica que a raíz de la pandemia los inversores confirman que intentarán ahorrar más en el futuro. El 77% de la muestra de la Comunitat afirma que, a raíz de esta crisis, intentará ahorrar más, considerando que la inversión seguirá siendo una de las vías para conseguir rendimiento de sus ahorros. Un 40% de aquellos que quieren ahorrar más dice que invertirá más en fondos o acciones. En este porcentaje predominan aquellos inversores que han continuado invirtiendo en fondos y acciones durante la crisis del coronavirus y en menor medida aquellos que han mantenido sus posiciones. Por su parte, el 81% meditará más sobre sus inversiones de lo que lo hacía antes.
José Mª Roldán (AEB): “La liquidez para las empresas ha salido del bolsillo de la banca”
José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), una organización con más de 40 años de historia y que agrupa a entidades como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter recibe a Economía 3 y se muestra orgulloso de cómo la banca está “arrimando el hombro” en esta crisis, sabiendo que si en 2008 fue parte del problema ahora es parte de la solución. -¿Cómo definiría la situación de partida de la banca para abordar esta crisis? – Por fortuna, ha cogido al sector mucho mejor preparado, en términos de liquidez y capital, de lo que lo estaba cuando estalló la de 2008. Además, está la experiencia –y creo que es lo más importante– de haber atravesado una crisis tan dura como la anterior, que cambió tantos parámetros para la banca. En realidad, aquella crisis, aún tan reciente, alumbró una nueva realidad y esa experiencia es la que estamos aprovechando. – En un primer momento, las entidades se volcaron en inyectar liquidez a las empresas; facilitar a las familias moratorias, más allá de las reguladas normativamente, adelantar el pago de pensiones y desempleo… ¿Cómo definiría este esfuerzo? – No quiero aburrir con cifras. Pero por referirme solo al programa más ambicioso, el de los créditos avalados por el ICO, hemos realizado unas 620.000 operaciones, de las que el 97 % han tenido como destino pequeñas y medianas empresas, e inyectado un total 77.000 millones. Lo más importante es que lo hemos hecho rápidamente porque llegar cuando la empresa ya se ha hundido, no sirve de nada. Y esa rapidez ha sido posible porque nuestros bancos han puesto su red de oficinas y empleados (la mayoría trabajando desde casa durante el confinamiento, pero muchos también atendiendo personalmente en las oficinas) a disposición de sus clientes. También la liquidez ha salido del bolsillo de nuestras entidades (100.000 millones), evitando al Estado español tener que recurrir a los mercados por este motivo y dejando ese esfuerzo para atender otras necesidades. – Ahora en esta nueva normalidad, ¿en qué debe centrarse más la banca? – En seguir atendiendo a sus clientes de una forma profesional. Llegando todo lo lejos que se pueda sin poner en riesgo la solvencia ni la estabilidad del sistema financiero. Todos sabemos el coste tan grave que tiene para la sociedad cuando esa falla. «No es igual conceder un crédito cuando se corre con todo el riesgo que cuando se asume un 20 o 30% –como en el programa del ICO–. Es más fácil y puedes llegar más lejos» – ¿Cree que la banca en la concesión de crédito con aval ICO ha sido suficientemente rigurosa a la hora de evaluar el riesgo o cree que el apoyo público ha permitido respaldar operaciones que de otra forma ‘no habrían salido’? ¿Puede ser a medio plazo este un problema sobrevenido? – Nuestros bancos son muy rigurosos en el análisis de riesgos. En realidad, ese es su trabajo fundamental. Ahora bien, no es igual conceder un crédito cuando se corre con todo el riesgo o cuando se asume un 20 %, 30 % o 40 %, como ha sido el caso en este programa. Es más fácil y puedes llegar más lejos. En realidad, este programa ha sido un magnífico ejemplo de colaboración público-privada, un camino en el que tendremos que perseverar si queremos sacar al país adelante. – ¿Tienen una estimación de cómo puede aumentar la morosidad en empresas y familias? ¿Se podría llegar a los niveles de la anterior crisis? – No, no tenemos una estimación de cómo puede evolucionar la morosidad. Depende de cómo lo haga la economía y eso aún no lo sabe nadie. – Otros países han adoptado otro tipo de instrumentos y ayudas (deuda subordinada, subvenciones, inyecciones de capital…). ¿Cree que en España podrían ser bien recibidos y que su efecto podría ser positivo? – Pues sí, realmente creo que sería muy positivo que el Estado pudiera apoyar más al tejido empresarial a través de ayudas directas, tal y como lo están haciendo otros Estados miembros de la UE. Las ayudas públicas en España son muy inferiores a las de otros países de nuestro entorno, lo que implica que nuestras empresas tendrán que competir en inferioridad de condiciones. Eso no es justo. Una empresa alemana, por ejemplo, tiene que poder competir con una española por la calidad y precio de su oferta, no porque tenga dinero público respaldándola. Es muy preocupante el hecho de que las reglas que regían las ayudas de Estado hayan desaparecido de repente, sin explicación alguna, porque así les ha venido bien a algunos países que disponen de margen fiscal para utilizarlo en estos casos. El golpe al Mercado Único –la joya de la corona de la UE– puede ser muy duro y habrá que reconstruir después lo destruido en esta crisis. – En el caso de las entidades financieras, ¿cómo están logrando defender márgenes? – Nuestras entidades son ya expertas en gestionar esta situación de tipos de interés bajísimos e incluso negativos. Parece un milagro, pero lo van consiguiendo año tras año, incluso mejorando la rentabilidad. Se trata de una gestión muy afinada, buscando los nichos más rentables y, sobre todo, reduciendo costes. Esto último lo consiguen gracias, entre otras cosas, al proceso de digitalización tan intenso que se ha producido en los últimos años. La digitalización tiene una doble virtualidad: por un lado, permite reducir costes y por otro, prestar un mejor servicio al cliente, más rápido, más cómodo, a su medida. Nuestros bancos han sido pioneros en este proceso, en el que han invertido mucho dinero y esfuerzos. Y no se han equivocado. La crisis de la COVID-19 ha demostrado que estaban en el camino correcto. Ese esfuerzo les ha permitido seguir operando sin incidentes durante los meses del confinamiento. Todo ha funcionado bien. El sistema de pagos, una pieza delicadísima de cualquier economía, ha seguido en pie y los clientes han podido ser atendidos con toda normalidad, a pesar de que las circunstancias no lo eran. – Sin duda la rentabilidad seguirá siendo uno de los grandes retos, ¿cómo se puede seguir aumentando con la curva de tipos actual, y sin expectativas más favorable? ¿Cómo se están comportando los bancos españoles comparados con Europa? – Nuestros bancos están por encima de la media europea en cuanto a rentabilidad y estaban acercándose al coste del capital cuando estalló la pandemia. Esperamos continuar en esa línea en los próximos años, si bien el problema de esta crisis sanitaria y económica es que no permite hacer proyecciones, de momento. Y gestionar así un banco, una empresa, es muy difícil. «Nuestros bancos están por encima de la media europea en rentabilidad. No estamos en una situación de debilidad, en absoluto» – No obstante, en términos de solvencia (CET1 fully loaded) salimos peor parados que las entidades europeas… – Es cierto que estamos por debajo de la media europea en términos de capital medido por activos ponderados por riesgos. Pero si excluimos ese tipo de ponderaciones, que a nuestros bancos por hacer banca comercial y por su diversificación en Latinoamérica les perjudica mucho, y tomamos la de ratio de apalancamiento, esto es, ponemos en relación todos nuestros recursos propios con nuestros activos, entonces nuestros bancos son de los mejores de Europa. Si además ponemos en relación el patrimonio neto sobre el balance, nuestras entidades tienen el índice más elevado. No estamos en una situación de debilidad, en absoluto. En mi opinión, hay que tener un capital razonable en función de los riesgos y del modelo de negocio. – ¿Cree que en función de su rentabilidad y solvencia algunas entidades españolas estarían en disposición de poder repartir dividendo este año si no se prolonga el veto de Europa? – No conozco las cuentas ni los planes que puede tener cada entidad al respecto. Pero sí creo que hay que dejarles a ellas tomar esa decisión, o bien, si el supervisor considera que alguna no debe hacerlo por su situación concreta, lo tiene que exponer y razonar con la entidad en cuestión. El café para todos no es bueno en este caso, porque arroja una sombra de duda sobre el conjunto del sector y eso penaliza a las entidades en el mercado. Es necesario discriminar, separar lo que está mejor de lo que no lo está tanto. Eso ayuda a la entidad que está mal a mejorar y no castiga innecesariamente a la que está bien. – ¿Con qué medidas contribuiría la banca a apuntalar la recuperación? – La palabra es financiación, crédito a los clientes solventes, incluso, a aquellos que atraviesan dificultades temporales. Además, estamos abiertos a apoyar los programas que el Gobierno proponga. Hasta ahora se ha demostrado que la colaboración público-privada no solo ha funcionado bien, sino que es imprescindible para afrontar situaciones tan complejas como esta. – En este sentido, ¿cree que caben nuevos impuestos a la banca? – No hay ninguna razón para establecer impuestos adicionales a la banca. No entendemos por qué es necesario discriminar a este sector frente a otros. No queremos un trato de privilegio, pero tampoco merecemos una penalización extra. Eso, desde luego, no ayuda a desarrollar la función de los bancos, que ya lo tienen bastante difícil. «No hay ninguna razón para establecer impuestos adicionales a la banca» – De cara a la mencionada reconstrucción, ¿de qué alertaría o dónde ve especial debilidad? – Me preocupa el elevado endeudamiento exterior de España. Hasta ahora el Tesoro está acudiendo al mercado sin problemas para renovar los vencimientos o emitir deuda nueva y eso es necesario mantenerlo así. Esto es, mantener la confianza del mercado en la solvencia del Estado español. Para ello, hay que ser rigurosos con las cuentas públicas y mostrar que estamos dispuestos a reducir el déficit y endeudamiento con un programa razonable a medio plazo. – Otro tema de interés para la banca es todo el proceso regulatorio, ¿qué queda pendiente? – La regulación puesta en pie después de la crisis financiera internacional está prácticamente concluida. Ha servido para fortalecer el balance de los bancos, pero es hora de que acometamos una revisión y simplificación de la regulación que, como se está demostrando, no ayuda a superar situaciones de crisis y en algunos casos, como ocurre con las normas de resolución, no van a llegar a aplicarse. Sin hablar de directivas, como la de MIFID que, con sus más de 7.000 páginas, se ha demostrado imposible de aplicar. Hay que ir hacia una regulación de calidad; de aplicación y supervisión, si no fácil, sí al menos posible. Y este es el momento oportuno para hacerlo. – ¿Cómo afronta la banca la apertura de la actividad bancaria a nuevos competidores tecnológicos (operadores de telecomunicación, bigtech…) y cómo a su vez la banca se va transformando en un proveedor de productos más que de servicios, desde el tradicional renting y venta de seguros, a la de elementos de movilidad, tecnología…? – No tenemos problemas con las fintech, con las que estamos colaborando y encontrando numerosas sinergias. Estas empresas son muy ágiles, no tienen rémoras del pasado y pueden innovar con facilidad, al igual que los bancos que tienen también redes y clientes. El problema está en las bigtech que están entrando con mucha fuerza en los nichos rentables del negocio financiero sin tener que soportar la costosísima y exigente normativa bancaria. Solo pedimos competir en pie de igualdad. A igual actividad y riesgos, igual regulación y supervisión. Es muy importante también para los usuarios de servicios financieros, cuyos derechos como consumidores están menos protegidos cuando operan con una bigtech que cuando lo hacen con un banco. Todo eso hay que arreglarlo. Por último, déjeme destacar que en estos meses tan críticos, con empresas y familias pasándolo mal, hemos visto a los bancos trabajando y prestando ayuda y servicios, pero a ninguna bigtech ni tampoco a entidades de la llamada banca en la sombra. Cuando han venido mal dadas, los bancos han estado ahí arrimando el hombro. Y ahí seguiremos. *Cuando realizamos esta entrevista aún no se habían producido los últimos movimientos de consolidación en el sector bancario español por lo que no se abordó este tema durante la misma.
Goirigolzarri confiesa pena por dejar Bankia, pero Valencia seguirá siendo clave
El presidente de la nueva CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que la unión entre CaixaBank y Bankia puede ser «un revulsivo» para impulsar otros procesos de concentración bancaria en España y en Europa. «Puede ser el primer capítulo de consolidaciones en Europa, el tiempo lo dirá», ha destacado. No obstante, ha alertado de que este tipo de integraciones son «complejas» y requieren «complementariedad»: «Las entidades tendrán que ver qué compañeros encuentran». «Estamos muy contentos de habernos anticipado«, ha dicho Goirigolzarri al respecto. Están convencidos de haber encontrado la mejor pareja posible: «en este proyecto hay que buscar una pareja con valores compartidos. Los valores son un concepto intangible pero tienen una gran importancia para reducir el riesgo en la integración. No están en los estados financieros, pero sí en el alma de una institución, CaixaBank y Bankia compartimos, seguramente por el origen, unos valores comunes. Y lo importante es crear valor», ha resumido Goirigolzarri. ¿Cuándo empezó el noviazgo? El origen de la fusión, ha relatado Goirigolzarri, está en un acercamiento del principal accionista de CaixaBank –Criteria a través de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ presidida por Isidro Fainé– al Ministerio de Asuntos Económicos, ya que el Estado a través del FROB es el accionista mayoritario de Bankia. Las dos partes analizaron la operación y llegaron a la conclusión de que podía tener sentido y como consecuencia de ello –ha apuntado– las dos entidades convocaron a sus consejos de administración de forma extraordinaria para reunirse el 25 de agosto. Es a partir de entonces cuando empiezan las negociaciones entre ambas entidades. Tras este anuncio de la operación en octubre los consejos de administración tendrán que aprobar los informes de fusión y convocar las Juntas Generales de Accionistas que se celebrarán a mediados de noviembre. El cierre de la fusión no se espera hasta finales de febrero o marzo cuando los reguladores hayan dado el visto bueno. Preguntado Goirigolzarri por si tiene algún compromiso de permanencia en la nueva entidad, el presidente de Bankia ha dejado claro que no lo tiene y ha asegurado que está «al servicio de lo que quieran los accionistas y el consejo». Ha admitido que no hubo ni atisbo de discusión en el reparto de poderes, «la presidencia ejecutiva, la decidimos en un día». «He vivido fusiones que han salido bien y otras no tan bien y una de las cosas que he aprendido es que la línea de mando tiene que estar absolutamente clara. Como consecuencia de eso, tomamos la decisión de que Gonzalo Gortázar tenia que ser el primer ejecutivo», ha reiterado. La recuperación de la marca Bankia, un caso de Harvard Respecto a la pérdida de la marca Bankia, José Ignacio Goirigolzarri ha confesado que le da «mucha pena» su desaparición. «En estos ocho años ha tenido una recuperación extraordinaria, pero partíamos con una mochila de connotaciones negativas». «En su momento tomamos la decisión de mantener la marca Bankia y fue un acierto porque conseguimos revitalizarla gracias al esfuerzo de todas las personas que formamos la entidad y es que una marca es el reflejo del trabajo de la gente y este ha sido un caso de Harvard, pero todavía había connotaciones negativas«, ha añadido su presidente. En este sentido ha argumentado el por qué defienden mantener la marca CaixaBank en detrimento de la de Bankia: «Es una marca mucho más asentada y consolidada, tiene una cuota de mercado superior, tiene el mismo nombre de la fundación y eso produce sinergias en cuanto a RSC y porque el coste del cambio de la marca Bankia es mucho más discreto». Un ejemplo más de la practicidad de los equipos es que consideran que haber incorporado algún elemento a la misma para rememorar esta integración «hubiera resultado demasiado costoso». Explica asimismo que este proyecto es «el final de una etapa muy bonita para Bankia», y personalmente ha añadido que para él era importante involucrarse en la fusión «como uno más del equipo», pero «cuando entiendan que ya no soy de utilidad, pues me voy a mi casa tan contento». Despacho en todas partes La sede social del banco estará en València, como ya la tenían ambas entidades, de hecho Goirigolzarri ha confesado que prácticamente todas las semanas se desplaza a València. No obstante «la logística no está cerrada», ya que Madrid y Barcelona seguirán siendo sedes operativas. Ha confirmado que estarán a caballo entre Valencia, Madrid y Barcelona. «Si tienes la sede social en un sitio y otras dos operativas, lo razonable es que tengas un despacho en cada una de ellas», ha comentado. Es decir, no se va a dejar de lado ningún emplazamiento, y València seguirá resultando clave, porque aquí se cerrarán las próximas decisiones de calado en las Juntas. Gortázar se ha mostrado «feliz» de trabajar de nuevo con Goirigolzarri, a quien conoce desde hace más de 20 años, y ha asegurado que contar con un presidente con la trayectoria y la experiencia de este en una operación «tan compleja» es una garantía de que se tomarán «las mejores decisiones». Más información en E3TV
CaixaBank y Bankia competirán hasta el último día e innovarán para ajustar plantilla
Ya se nota la complicidad entre ellos, sonrisas y gestos de afinidad, a pesar de que el cansancio, tras 15 días de intenso trabajo –due diligence-, apenas se podía disimular. Gonzalo Gortázar y José Ignacio Goirigolzarri se conocen bien y juntos dirigirán las riendas de la mayor entidad financiera en España, pero quien mandará, según ha dejado claro Goirigolzarri, será Gortázar. Gortázar se ha mostrado «feliz» de trabajar de nuevo con Goirigolzarri, a quien conoce desde hace más de 20 años, y ha asegurado que contar con un presidente con la trayectoria y la experiencia de este en una operación «tan compleja» es una garantía de que se tomarán «las mejores decisiones». Si bien, aún faltan muchos meses para que se materialice la fusión –se estima que la autorización de los reguladores y el cierre de la fusión se produzca a finales del primer trimestre de 2021– y mientras tanto, los dos bancos tienen que seguir trabajando por separado, funcionando y presentando resultados a consejeros y accionistas. «Bankia y Caixabank seguirán compitiendo hasta que se concrete la fusión. Serán dos bancos independientes, centrados en conseguir beneficios para sus accionistas, como no podría ser de otra manera». Un mensaje claro que han traslado ambos ejecutivos a lo largo de la rueda de prensa, sin que haya faltado la sonrisa para asentir. La otra cara de la moneda Si bien, la operación tendrá otra cara de la moneda. El acuerdo supondrá la ruptura de al menos dos alianzas estratégicas firmadas por Bankia y que «chocan» o «no tienen sentido» en el nuevo contexto como son el acuerdo en el plano de los seguros con Mapfre y en el de la financiación al consumo con el francés Crédit Agricole, así como un importante recorte de plantilla. En ambos casos se tratarán de encauzar de la mejor manera posible. Gortázar ha reconocido que todavía es pronto para especular sobre las personas afectadas y el perfil: «En el pasado hemos llegado ya a acuerdos con sindicatos (sobre procesos de este tipo) y siempre han sido no traumáticos. Buscaremos hacerlo así». Admite que las negociaciones que se abrirán con los sindicatos serán «más que duras, complicadas», aunque se ha mostrado convencido de que «nos dejaremos la piel para un acuerdo». «Tengo la confianza de que será así», ha insistido. Los equipos que están preparando la fusión prevén que los costes de reestructuración se elevarán hasta los 2.200 millones de euros, incluyendo el gasto de la reducción de la plantilla y las indemnizaciones por la rupturas de los acuerdos. Las dos entidades bancarias suman juntas en estos momentos algo más de 51.000 empleados -35.500 de CaixaBank y 15.800 de Bankia-, aunque la plantilla sobre la que se podría aplicar el expediente de regulación de empleo (ERE) se reduciría hasta los 44.000, una vez descontados los trabajadores de las filiales. A la hora de abordar la negociación, Gortázar ha señalado incluso que buscarán «maneras innovadoras de ayudar en el proceso», intentando ser «creativos» con fórmulas que no sean la de las prejubilaciones. En este sentido José Ignacio Goirigolzarri, ha añadido «nos hemos comprometido a profundizar en la capacidad de incorporar habilidades en personas que quieran tener otras posiciones». Respecto al impacto de la fusión en la red de oficinas bancarias, sobre todo pensando en los municipios más pequeños de las zonas rurales, Gortázar ha dejado claro que «no vamos a desbancarizar España». «Sería un error desde todos los puntos de vista y tirarnos un tiro a nosotros mismos», ha dicho. Más información en E3TV
Goiri: “La fusión es la mejor opción tanto para accionistas como para contribuyentes»
El que será el nuevo presidente ejecutivo de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha reconocido que a pesar de la presión ejercida por los tipos de interés, Bankia iba consiguiendo todos los objetivos de negocio y actividad propuestos en su plan estratégico, pero que aún así, la curva del comportamiento de la acción apenas variaba: «Esa era la situación, y ante ella había que reaccionar, y desde luego la mejor alternativa para los accionistas era esta fusión». «No hay otra opción que genere tanto valor para el accionista». Cree además que la fusión es la mejor opción para los accionistas, pero también para los contribuyentes, con el fin de «optimizar» el valor de la participación del Estado. «Desde el punto de vista de los accionistas, es una operación muy positiva, que no solo significa que de manera inmediata tienen una prima –por la ecuación de canje del 20% sobre la cotización del 3 de septiembre-, sino que en el futuro se van a beneficiar de una entidad con mayor rentabilidad. En 2022 podríamos tener un incremento del beneficio por acción de casi el 70 %«, ha añadido Goirigolzarri. Además recordando el papel del Estado ha subrayado: «Creo que con independencia de que la recuperación de las ayudas públicas sea mayor o menor, la decisión que se tomó en su momento de salvar a los depositantes fue la correcta». Preguntados tanto él como el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, por si les preocupa la presencia del Estado en el nuevo banco, del que será el segundo accionista, con un 16 %, Gortázar ha dicho que no tenía «ninguna preocupación» y se ha mostrado convencido de que Estado decidirá salir del capital «en el momento adecuado». El papel del FROB En todo caso entienden la presencia pública en el accionariado –16,1%– como «un motivo más para hacer un buen trabajo», ha dicho Gortázar. Por su parte, Goirigolzarri ha reconocido que «no hay un calendario trazado» de salida del Estado del capital, si bien ha considerado que ahora «no parece el mejor momento», ya que el actual contexto económico «no es bueno» dado que Europa se enfrenta a «la cotización más baja del sector financiero de los últimos 30 años». Asimismo ha recordado que el Estado ya amplió el plazo de salida de la entidad hasta finales de 2021 y que una hipotética ampliación de ese plazo es «decisión del Consejo de Ministros», «no hay ningún compromiso con Bruselas», ha apostillado. Goirigolzarri también ha querido dejar claro que el FROB no ha intervenido en la negociación de la fusión y que tampoco ha establecido condiciones, tónica habitual en estos últimos años de trabajo cuando el presidente venía recalcado que no ha habido nunca «ninguna interferencia política» en su trabajo». «El FROB tiene una política muy «market friendly» y orientada a crear valor para el accionista y muy profesional», ha explicado, y ha añadido que no cree que vaya a modificarla ni que quieran elevar su porcentaje en el capital. También ahora ha negado presiones del Estado para que el FROB tuviera un representante en el futuro consejo, un consejero, que todavía no ha sido designado por el Estado. «El Frob estudiará la operación al detalle, lo que decantará el sentido del voto en la Junta», según Goiri este podría ser su próximo paso. En esta línea, Gortázar también se ha mostrado «muy satisfecho de que Bankia haya estado estos años en unas manos tan solventes», en referencia al trabajo de Goirigolzarri al frente de la entidad, quien al mismo tiempo ha alabado el trabajo de su consejero delegado, José Sevilla. Este que no tendrá representación en el consejo ocupará un puesto «relevante» en el Comité de Dirección, que aún no se ha decidido. De él ha dicho Goirigolzarri que no solo ha hecho «un trabajazo increíble» en Bankia, sino que se ha dejado la piel en las últimas semanas «para que esta operación salga adelante». En primer término el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar «Quien manda es Gonzalo Gortázar» El actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que en una fusión es «muy, muy importante» que todo el mundo tenga «muy claro» desde el principio quién manda, y en este caso es «el consejero delegado, Gonzalo Gortázar». También entiende como fundamental que los gestores tengan una relación cercana con el consejo, de lo que se encargará él mismo como presidente ejecutivo. De esta forma, Goirigolzarri ayudará al consejo a cumplir con todos sus objetivos, al tiempo que estará involucrado en el equipo. Más información en E3TV
El Estado tendrá el 16% a 0,6845 acciones nuevas de CaixaBank por acción de Bankia
Los Consejos de Administración de CaixaBank y Bankia han aprobado su proyecto de fusión por absorción de Bankia por CaixaBank, consistente en una ecuación de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia. Esta operación supone la creación del banco líder del sistema financiero español, que mantendrá la marca CaixaBank, y cuyo objetivo seguirá siendo aportar valor a los clientes, mejorar la rentabilidad para los accionistas y apoyar la recuperación económica de España. Una vez completado el proceso de due diligence y aprobado el proyecto de fusión por parte de los Consejos de Administración, a partir de ahora se requiere la aprobación por parte de ambos Consejos de los informes de fusión, así como de las Juntas Generales de Accionistas, cuya celebración estaría prevista para el mes de noviembre. Se espera cerrar la operación durante el primer trimestre de 2021, una vez recibidas todas las autorizaciones regulatorias pertinentes (Ministerio de Asuntos Económicos, CNMV y la no oposición por parte de la DG de Seguros y Fondos de Pensiones, la CNMV y el Banco de España a la adquisición por CaixaBank de participaciones significativas en sociedades sujetas a su supervisión). Peso de los accionistas La ecuación de canje pactada de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia incluye una prima del 20% sobre la ecuación de canje a cierre del 3 de septiembre, antes de la comunicación al mercado de la existencia de negociaciones sobre la operación. Además, supone una prima del 28% sobre la media de ecuaciones de canje de los últimos tres meses. Si se considera el número total de acciones en circulación de Bankia que podrían acudir al canje, el número máximo de acciones de CaixaBank a emitir para atender el canje de la fusión asciende a la cantidad de 2.079.209.002 acciones ordinarias de CaixaBank de un euro de valor nominal cada una de ellas; cifra que podría ajustarse en función de las acciones en autocartera. El canje establecido supone que los accionistas de CaixaBank representarán, inicialmente, el 74,2% del capital de la nueva entidad, y los de Bankia, el 25,8%. CriteriaCaixa, entidad controlada al 100% por la Fundación Bancaria “la Caixa”, se mantendrá como accionista de referencia con alrededor del 30% del accionariado, mientras que el FROB alcanzará el 16,1%. La estructura accionarial de la entidad combinada se completa con un 54% de free float (acciones cotizadas en el mercado de valores), el 37% corresponde a inversores institucionales y el 17%, al mercado minorista. Morgan Stanley y Rothschild, asesores financieros de CaixaBank y Bankia, respectivamente, emitieron ayer sendas opiniones de razonabilidad (fairness opinion) en las que concluyeron que el tipo de canje propuesto es razonable desde un punto de vista financiero y en las condiciones actuales de mercado. Reparto de poder La entidad combinada resultante de la fusión estará presidida por José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, una vez sea designado por el nuevo Consejo de Administración de CaixaBank. El presidente, que tendrá la condición de ejecutivo, será responsable de las áreas de Secretaría del Consejo, Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Auditoría Interna (sin perjuicio de mantener la dependencia de esta área de la Comisión de Auditoría y Control). El actual consejero delegado, Gonzalo Gortázar, será el primer ejecutivo de CaixaBank, con reporte directo al Consejo de Administración, teniendo la responsabilidad sobre todas las áreas no comprendidas en el párrafo anterior, y presidiendo a su vez el Comité de Dirección. José Ignacio Goirigolzarri ha destacado que “con esta operación conformamos la primera franquicia española en un momento en el que es más necesario que nunca crear entidades con tamaño crítico, contribuyendo así a apoyar las necesidades de familias y empresas, y a reforzar la solidez del sistema financiero”. “La nueva entidad continuará desarrollando las mejores prácticas de gobierno corporativo”. Por su parte, Gonzalo Gortázar ha subrayado que “la fusión nos permitirá afrontar los desafíos de los próximos 10 años con mayor escala, fortaleza financiera y rentabilidad, lo que redundará en mayor valor para nuestros accionistas, en más oportunidades para nuestros empleados, en un mejor servicio a nuestros clientes y en una mayor capacidad para apoyar la recuperación económica en España”. El Consejo Por otro lado, también se ha definido la composición del Consejo de Administración de la entidad formado por 15 miembros y que se someterá a aprobación de las Juntas Generales de Accionistas: • Tomás Muniesa Arantegui, actualmente consejero dominical de CaixaBank, nombrado a propuesta de CriteriaCaixa. • José Serna Masiá, actualmente consejero dominical de CaixaBank, nombrado a propuesta de CriteriaCaixa. • Gonzalo Gortázar Rotaeche, actualmente consejero ejecutivo y consejero delegado de CaixaBank. • María Verónica Fisas Vergés, actualmente consejera independiente de CaixaBank. • Cristina Garmendia Mendizábal, actualmente consejera independiente de CaixaBank. • María Amparo Moraleda Martínez, actualmente consejera independiente de CaixaBank. • Eduardo Javier Sanchiz Irazu, actualmente consejero independiente de CaixaBank. • John Shepard Reed, actualmente consejero independiente de CaixaBank. • Koro Usarraga Unsain, actualmente consejera independiente de CaixaBank. • José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, actualmente consejero ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Bankia. • Joaquín Ayuso García, actualmente consejero independiente de Bankia. • Francisco Javier Campo García, actualmente consejero independiente de Bankia. • Eva Castillo Sanz, actualmente consejera independiente de Bankia. • Un consejero propuesto por BFA Tenedora de Acciones, S.A., que está previsto que se incorpore con la consideración de dominical. • Fernando María Costa Duarte Ulrich, que está previsto que tenga la consideración de ‘otro consejero externo’. En la actualidad, es presidente no ejecutivo de BPI. Del total de 15 miembros, dos serán consejeros ejecutivos, dos serán a propuesta de CriteriaCaixa, uno a propuesta de BFA Tenedora de Acciones, S.A., seis independientes a propuesta de CaixaBank y tres independientes a propuesta de Bankia. Y Fernando María Costa Duarte Ulrich está previsto que tenga la consideración de ‘otro consejero externo’. Los consejeros independientes suponen un 60% del total de consejeros y la representación de las mujeres en el Consejo de Administración alcanza el 33%. Liderazgo La entidad combinada superará los 664.000 millones en activos totales, un volumen que le convertirá en el banco de mayor tamaño del mercado doméstico, con una posición relevante a nivel europeo, y una capitalización bursátil superior a los 16.000 millones. Contará con más de 20 millones de clientes (la mitad de ellos digitales) y la primera posición en la cuota de mercado de todos los productos clave: depósitos (24%), créditos (25%) y ahorro largo plazo (29%), que incluye los seguros de ahorro, los fondos de inversión y los planes de pensiones. La entidad alcanza una presencia geográfica equilibrada y diversificada, con la red de oficinas más extensa y especializada del sector. Y la voluntad de mantener la cercanía al territorio y la inclusión financiera que CaixaBank y Bankia siempre han demostrado. La entidad combinada tendrá presencia en alrededor de 2.200 municipios, y en 290 será la única presente. En un horizonte de cinco años, la previsión supone generar progresivamente sinergias de ingresos de 290 millones de euros anuales. Además, se estima conseguir ahorros recurrentes de costes de 770 millones (de forma plena a partir de 2023), que mejorarán significativamente la ratio de eficiencia hasta situarla en niveles muy competitivos (ratio de eficiencia proforma a 2019 del 47,9% incorporando el 100% de las sinergias). Calidad de balance Tras saneamientos adicionales consecuencia de la operación, la entidad fusionada presentará la ratio de morosidad más baja en España, del 4,1%, y una cobertura confortable del 64%, de las más altas entre los principales bancos en España. Su solidez permitirá absorber los costes de reestructuración y los ajustes de valoración, resultando en una ratio CET1 de la entidad combinada del 11,6%, manteniendo un margen muy amplio –310 puntos básicos– sobre el nivel exigido regulatoriamente. En cuanto a la fortaleza en liquidez, con 128.000 millones, facilitará el apoyo a la recuperación a través del crecimiento del crédito. La generación de sinergias mejora la rentabilidad esperada, con un RoTE estimado a partir del consenso del mercado que se situará en niveles superiores al 8% en 2022.
La deuda de la Administración valenciana con la nueva líder supera los 1.000 millones
La decisión de mantener en València la sede social de la nueva entidad a partir de la fusión entre Caixabank y Bankia que ha sido acogida como «una buena noticia para los valencianos», en palabras del president de la Generalitat, Ximo Puig puede tener un trasfondo económico más allá de «reafirmar la reputación» del territorio valenciano y de seguir posibilitando el «contenido y la implicación social» que ambas entidades han tenido siempre en la región. Tanto el Consell como los empresarios de la Comunitat –representados en la CEV– esperan que esta absorción que da lugar a la primera entidad de España en activos «no repercuta negativamente en las empresas valencianas», es más, confían en que suponga «un beneficio para las empresas y los ciudadanos de la Comunitat», en un contexto en el que el sector bancario se halla en «una situación complicada». Pero no solo el sector privado podría verse beneficiado, sino también el ahogado sector público valenciano sometido durante años a una infrafinanciación que no hace más que ahondar su déficit estructural. Por lo que ha podido averiguar este medio, en el caso de la Generalitat Valenciana mantendría con la nueva entidad resultante hasta doce operaciones de financiación abiertas: seis de ellas con Bankia que suponen una deuda viva actual de 325 millones de euros y otras seis operaciones con CaixaBank, con préstamos pendientes de amortizar por valor de 690 millones de euros. Con cada una de las dos antiguas cajas mantiene tres a corto plazo y tres a largo. En el caso de las operaciones a corto plazo, los créditos vencen en 2021 y en el caso de las operaciones a largo plazo cada una finaliza en una fecha distinta, pero todas ellas, antes de 2028. A corto plazo, con la vista puesta en el año que viene, a la Generalitat le quedan por amortizar 177,59 millones de deuda contraída con Bankia y 280,9 con CaixaBank. Pero no es la única Administración pública que ha venido confiando en ambas entidades. Las administraciones locales, también clientes Según los datos facilitados a Economía 3, en 2005 el Ayuntamiento de València solicitó un crédito a Bankia por valor de 30 millones, a cierre de 2019 el capital pendiente de amortizar todavía superaba la mitad, 16,75 millones de euros, y su fecha de vencimiento se extendía hasta 2030. En agosto de 2015, recién elegido nuevo alcalde de la ciudad Joan Ribó, el consistorio firmó una nueva operación con Bankia a diez años por 10,5 millones. A final de 2019 quedaba un saldo vivo de 4,37 millones. El último préstamo contraído con la entidad presidida por Goirigolzarri se sella en 2018 y asciende a otros 35 millones. El capital pendiente de amortizar al cierre del último ejercicio supone 28,52 millones, con vencimiento a 2025. En cuanto a CaixaBank, solo consta una operación en el Ayuntamiento de València alcanzada en septiembre de 2019 que ascendía a 3,2 millones de euros y cuyo capital figuraba íntegro a cierre de dicho año, pendiente de amortizar hasta 2026. En total, 4 operaciones con un saldo vivo que tendrá que reintegrar el Ayuntamiento de València a la nueva entidad por valor de casi 53 millones. En el caso del consistorio de Castelló, la información facilitada a Economía 3 indica que este mes de octubre vencerá un préstamo contraído con Bankia con una deuda pendiente estimada a final de 2019 de 467.000 euros; mientras que con CaixaBank la deuda contraída, con vencimiento en 2023, ascendía a 2,33 millones en dicha fecha. Por lo que respecta al Ayuntamiento de Alicante, según los datos a los que ha tenido acceso Economía 3, no consta deuda con CaixaBank aunque sí con Bankia con un capital vivo a cierre de 2019 de casi 600.000 euros. Vencerá en 2022. Asimismo constan dos operaciones financieras contraídas en 2016 con Banco Mare Nostrum (BMN) que fue absorbido por Bankia formalmente en 2018. El capital vivo de las mismas supera los 2 millones de euros y su vencimiento está previsto en 2026. Con respecto a otras administraciones locales de menor tamaño, hemos podido constatar que el Ayuntamiento de Vila-real a final de 2019 mantenía un crédito con CaixaBank por valor de 1,18 millones; el de Borriana (con datos a septiembre de 2019) uno con Bankia cercano a los 150.ooo euros y otro con CaixaBank próximo a 200.000 euros; también en el consistorio de Cullera figuran varias operaciones, con un saldo vivo a final de 2019 con Bankia de 2,26 millones y de 1,92 millones en el caso de CaixaBank; mientras que los consistorios de Dénia y Elche confirman que no tiene pendiente deuda con ninguna de las dos entidades a cierre de 2019. Con todo, las operaciones financieras contraídas con la entidad resultante de la fusión y contabilizadas por Economía 3 ascienden a 1.079 millones de euros.
Los Consejos de CaixaBank y Bankia dan luz verde a crear primer banco de España
Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia han dado luz verde a última hora de este jueves a la fusión entre ambas entidades para crear el primer banco de España, que sumará unos activos de 664.027 millones de euros, mantendrá su sede en Valencia y estará comandado por el tándem formado por Gonzalo Gortázar y José Ignacio Goirigolzarri. Tal como estaba previsto, los consejos, reunidos esta tarde desde las 17 horas, ya han avalado iniciar el proceso de fusión entre ambas entidades. Mañana ambas entidades darán cuenta del acuerdo en rueda de prensa que se celebrará en la antigua sede del Banco de Valencia. CaixaBank alcanza la cumbre bancaria en España tras una década de compras La fusión de CaixaBank y Bankia es la absorción de mayor calado que ha protagonizado la entidad catalana, con sede social en València, en su dilatada historia y llega tras una década marcada por continuas adquisiciones que han contribuido a llevar al banco de La Caixa a la cumbre bancaria en España. La absorción de Bankia, ha dado lugar al primer banco en España, con unos activos de más de 664.027 millones de euros -el 25% del sector-, más de 6.700 sucursales -el 28% del total- y 51.500 empleados -el 29%-, de los que se calcula que se prescindirá de unos 8.000. La operación se ha materializado con la bendición del BCE y en pleno terremoto económico por el COVID-19, pese a que ambos artífices de la letra pequeña, José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar, han ido asegurando en los últimos meses que no apostaba por protagonizar nuevas fusiones y que estaba centradas «en su perímetro» y «en crecer de forma orgánica». Con la fusión de CaixaBank y Bankia se hace también realidad una vieja aspiración de Isidre Fainé, actual presidente de la Fundación Bancaria La Caixa -el principal accionista del banco a través de Criteria- y que fue durante años presidente de CaixaBank y antes de La Caixa. Fainé barruntaba desde hace años la unión de las dos grandes cajas de ahorro españolas: La Caixa, en Cataluña, y la madrileña Caja Madrid, una de las 7 entidades que se integraron en Bankia -Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias y las cajas Laietana, Ávila, Segovia y Rioja-. CaixaBank tiene su origen en La Caixa, que se creó en 1990 fruto de la fusión de la Caja de Pensiones (Caixa de Pensions) -fundada en abril de 1904-, y la Caja de Barcelona (Caixa de Barcelona) -nacida en 1844-. En 2011, La Caixa se transformó de caja a banco y dio lugar a CaixaBank, que se ha convertido en el primer banco de Cataluña y una de las mayores entidades financieras del país, con unos activos de 445.572 millones de euros, 35.589 empleados y un total de 4.460 oficinas. La actual CaixaBank, presidida por Jordi Gual, debe su tamaño a las adquisiciones que ha llevado a cabo en los últimos años, como consecuencia sobre todo de la anterior crisis económica. En 2008 compra la división de banca privada de Morgan Stanley en España; en 2010 se hace con Caixa Girona; en 2012 integra Banca Cívica; en 2013 se fusiona con Banco de Valencia y en 2015 anuncia la compra del negocio de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa de Barclays Bank en España. Por último, en diciembre de 2018, CaixaBank adquiere el 100 % de las acciones del banco portugués BPI, su última gran compra de la última década. La fusión con Bankia -propiedad del Estado, que controla casi el 62 %, la sitúa a la cabeza del sistema financiero español, con unos activos totales de más de 664.000 millones, y todo ello en un contexto complicado para la banca, marcado por los bajos tipos de interés y por la crisis de la COVID-19. CaixaBank ganó 205 millones de euros en el primer semestre de este año, un 67 % menos que hace un año, tras realizar provisiones por importe de 1.155 millones por la pandemia del coronavirus. Mientras que Bankia ganó 142 millones en la primera mitad de 2020, un 64,4 % menos que un año antes, tras dotar 310 millones de euros en provisiones para afrontar la epidemia.
Cuenta atrás para el anuncio del que será el primer grupo financiero español
Está previsto que en apenas unas horas los respectivos consejos de administración de Bankia y CaixaBank aprueben seguir adelante con los planes de fusionar ambas entidades financieras, una vez alcanzado un acuerdo entre las cúpulas que, según fuentes del sector, cuenta además con el visto bueno de sus principales accionistas. Centremos la mirada en los dos artífices de la letra pequeña del mismo: José Ignacio Goirigolzarri, el banquero experto en fusiones que reflotó Bankia con una ayuda pública de más de 22.400 millones de euros asumirá ahora el reto de presidir el grupo fruto de la fusión de CaixaBank y Bankia, y lo hará, según quienes le conocen, con ilusión y ganas de impulsar su forma de gestión. Nacido en Bilbao en 1954, «Goiri» es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto y estudió Finanzas y Planificación Estratégica en Leeds, en Reino Unido. Inició su carrera profesional con solo 23 años en el Banco de Bilbao y ocupó distintos puestos a lo largo de las sucesivas fusiones, hasta que en 2001 fue nombrado consejero delegado de BBVA, cargo desde el que pilotó la expansión por Latinoamérica, especialmente en un país clave como México. En septiembre de 2009, sus diferencias con el entonces presidente de BBVA, Francisco González, que había anunciado que retrasaba su jubilación, provocaron su marcha de la entidad en una de las peores crisis económicas y financieras que ha sufrido España y lo hizo con una pensión de 68,7 millones de euros. Tras un periodo de descanso del mundo financiero, en el que se dedicó a escribir y montó su propio blog, el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, llegó a sondearle como número dos tras la salida a Bolsa de la entidad, sin embargo «Goiri» no regresó a la escena hasta mayo de 2012. Fue entonces, tras la marcha de Rato, cuando asumió plenamente la gestión de Bankia, con el máximo apoyo del que fuera ministro de Economía, Luis de Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo. El banquero decidió romper con el pasado y para sanear el grupo pidió una ayuda de más de 22.400 millones que obligó a España a pedir el rescate financiero a sus socios europeos. Tampoco le tembló el pulso cuando denunció que durante años los consejeros y directivos de Caja Madrid y luego Bankia habían tenido unas tarjetas para gastos supuestamente opacas a efectos fiscales o cuando tuvo que llevar a cabo el mayor ERE hasta entonces de la historia de España, que afectó a unos 7.000 empleados. Sin embargo, su larga experiencia y su gestión en Bankia, que volvió a beneficios y mejoró notablemente su solvencia, unido a su carácter amable ha sido lo que le ha permitido ganarse el aprecio y el respeto del resto de sus colegas, de los distintos gobiernos y de varios políticos, incluida la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. Su carácter conciliador y su habilidad para construir equipos y motivarlos, además de su capacidad de diseñar estrategias pensando en el largo plazo, le servirán para llevar las riendas del que será el primer grupo financiero español. Entre sus aficiones más conocidas destacan las caminatas por la montaña, la lectura, la música, el fútbol (es un convencido seguidor del Athletic de Bilbao) y la filosofía, algo que no sorprende a quienes le conocen, pues le gusta preguntarse «el porqué de las cosas» y profundizar en ellas. Tímido, afable, discreto y muy familiar, Goirigolzarri es, para muchos, la mejor opción para llevar el timón de la futura macroentidad, junto con el actual consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, como «número dos». A lo largo de su trayectoria profesional, Goirigolzarri ha sido, además, consejero y vicepresidente de Telefónica (2000-2003), vicepresidente de Repsol (2002-2003) y presidente de la Fundación Consejo España-EEUU (2005-2009), del que ahora es patrono de honor. Actualmente es consejero de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), cargo que desempeña desde 2004, patrono de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) y vicepresidente de Deusto Business School. Gortázar comandará una entidad de mucho mayor tamaño En cuanto a Gonzalo Gortázar (Madrid, 1965) es un ejecutivo discreto y de modales elegantes que se encargará de pilotar el primer banco en España en coordinación con Goirigolzarri. Gortázar, que es consejero delegado de CaixaBank desde junio de 2014, encara ahora una fase en la que continuará al frente de la toma de decisiones como primer ejecutivo, pero deberá comandar una entidad de mucho mayor tamaño en un contexto realmente complicado para los bancos. Y es que al difícil escenario de los últimos años por los bajos tipos de interés se ha sumado la crisis de la COVID-19, que se espera que eleve la morosidad de las entidades financieras. Este cóctel de malas noticias ha hecho que la rentabilidad de los bancos se haya visto seriamente comprometida, y de ahí la decisión de CaixaBank de afrontar un proceso de concentración con Bankia, controlada por el Estado, para potenciar los ahorros de costes, incluidos los de personal, y seguir reduciendo el número de oficinas. Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y Máster en Business Administration with distinction por Insead, Gortázar llegó al puesto de consejero delegado de CaixaBank tras una dilatada trayectoria, principalmente como banquero de inversión. Tras desempeñar diversas responsabilidades en Bank of America, tanto en banca corporativa como de inversión, desde 1993 a 2009 trabajó en Morgan Stanley en Londres y en Madrid, donde ocupó diversos cargos en la división de banca de inversión. Y a partir de 2009 dio el salto a Criteria, donde sustituyó a Francisco Reynés como director general del holding de participadas de La Caixa, un puesto que ocupó hasta 2011. Tras ejercer de director general de Finanzas de CaixaBank, su nombramiento como CEO de Caixabank llegó en 2014, con la salida de Juan María Nin. Asimismo, Gortázar ha sido vicepresidente primero de Repsol y consejero de Grupo Financiero Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura y Saba. Su perfil discreto, su experiencia en la City londinense y su trato correcto y profesional hacen de él un directivo de corte británico que tiene ante sí un gran reto: ejecutar con éxito la fusión entre CaixaBank y Bankia y elevar el nivel de rentabilidad del gigante bancario resultante de la operación. Gortázar ya tenía experiencia en operaciones de concentración bancaria por su etapa como banquero de inversión, pero ahora se enfrenta a la integración bancaria de más calado de los últimos años, que se da por supuesto que comportará un ajuste de plantilla y de oficinas. De familia con raíces vascas, Gortázar está casado, tiene tres hijos y es un gran aficionado al fútbol, en particular al Real Madrid, y a la lectura. Cuentan fuentes conocedoras de las negociaciones que, una vez logrado el aval político a la fusión, en el que jugó un papel importante Isidre Fainé, tanto Gortázar como Goirigolzarri han cerrado los detalles de la integración codo con codo. Por ello, este tándem de directivos deberá tratar ahora de hacer de la nueva entidad una historia de éxito.
¿Cuántos años tardará España en superar la crisis COVID-19 según el Banco de España?
La ansiada recuperación en V finalmente no se verá materializada. El último informe trimestral de la economía española publicado por el Banco de España (BdE) constata que la recuperación «vigorosa» desde mayo ha ido perdiendo intensidad en los meses de verano debido a los rebrotes hasta “desacelerarse” y de hecho, el regulador empeora sus previsiones económicas para los próximos dos años y descarta por tanto, un «escenario de recuperación temprana». Ni siquiera el Banco de España ha querido contar con los fondos europeos para elaborar sus previsiones, dada la «elevada incertidumbre» sobre la cuantía, el calendario para su recepción o la composición del gasto. Y todo ello siendo optimistas, al pensar que tras el segundo trimestre de 2021 se dispondrá de una vacuna, y que este año ya no se requerirán medidas de distanciamiento tan estrictas como las de marzo. No obstante, el supervisor se muestra tajante y advierte de una «distorsión sin precedentes» en la actividad económica por la pandemia. Para este año contempla una caída del PIB de entre el 10,5% y el 12,6% si se materializa la situación epidemiológica más desfavorable y ya para el año 2021 un crecimiento de entre el 7,3% en el escenario más optimista y del 4,1% en el más negativo. Aun así, 2022 acabaría por debajo del PIB precrisis. En concreto, dos puntos por debajo en el mejor de los casos y hasta seis en el escenario más adverso. Y es que el avance de la actividad económica se fija en 2022 solo en el 1,9% (mejora que podría llegar al 3,3% teniendo en cuenta el escenario 2) por lo que, como decimos: al final del año 2022, el nivel del PIB se situaría unos 2 puntos porcentuales por debajo del nivel previo a la crisis en el escenario 1, brecha que se ampliaría hasta algo más de 6 puntos en el escenario 2. Es decir y sin un horizonte de proyección más allá del 2022, cabe pensar que deben pasar al menos 3 años para recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia. Otro dato que ilustra “esta perturbación” lo señala el gobernador del BdE, Pablo Hernández de Cos, al comparar los niveles de PIB que hoy se estiman para finales de 2022, frente a los que se preveían en diciembre de 2019 antes de tener conocimiento de “este sock”. “En un escenario 1 la pérdida estaría en torno a 6,5 puntos porcentuales y en el más pesimista alrededor de 10 puntos por debajo”. Entiende Hernández de Cos que la recuperación dependerá del «mantenimiento de los estímulos» y advierte que «los riesgos de una retirada prematura son mayores que los de un mantenimiento de los mismos». Cree el gobernador que la política monetaria «ha sido fundamental» para garantizar unas condiciones financieras holgadas y adecuadas a la situación macroeconómica que han permitido mantener las primas de riesgo soberano al flexibilizar por ejemplo el programa de compra de activos. Pero asegura, no obstante que «no es suficiente con el Fondo de Recuperación Europeo” y ha instado al conjunto de la Unión Europea sobre la obligación de fortalecer la cooperación internacional, de ahí su reclamo de que se finalice la Unión Bancaria, que conlleve a su vez un esquema de seguros de depósitos a nivel europeo (fondo de garantía de depósitos), así como seguir implementando las iniciativas de la Unión de Mercados de Capitales. El Banco de España ve crucial la cesión de responsabilidades y la eliminación de líneas rojas para poder avanzar en el proyecto de la UMC, que continúa atascado tras varios años de trabajo y cuyo funcionamiento fluido se ha vuelto si cabe más relevante con la pandemia. «Es importante recordar que la construcción de la UMC es un proyecto complejo, que requiere adoptar medidas y cambiar regulaciones en ámbitos muy diversos, y que involucra responsabilidades no solo de la Unión Europea, sino también -y fundamentalmente- de cada uno de los Estados miembros», recoge el informe.
La CEOE dice que el Gobierno miente en el coste de los ERTE y el BdE pide no tener miedo a extenderlos
Antonio Garamendi, presidente de CEOE ha pedio al Gobierno que detalle el coste que supone las ayudas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto en prestaciones como en las bonificaciones a la Seguridad Social, para poder seguir negociando su ampliación. «Queremos datos objetivos. Tenemos dudas muy serias de que los datos que nos está remitiendo la Seguridad Social sean reales. Los hemos pedido y no nos los dan, cuando tenemos derecho a saberlo», ha indicado Antonio Garamendi, presidente de CEOE en el marco de la intervención del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, antes de la junta directiva de la patronal. «Los datos de coste de los ERTE son muy inferiores a los que se facilitan», ha apostillado. Y es que según la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, mensualmente se han invertido en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) «en torno a 4.500, 5.000 millones» de euros dependiendo del mes. Sin embargo, Lorenzo Amor, presidente de la principal asociación de trabajadores autónomos ATA y vicepresidente de CEOE ha afianzado esta idea. «800.000 trabajadores en ERTE con la prestación y exoneración de Seguridad Social,tiene un coste aproximado para las arcas del estado de 1.200 millones de euros /mes, cómo se puede hablar de 4.500-5.000, qué se está computando ahí. Además rechazan los empresarios la idea de designar sectores empresariales sujetos a ayudas y excluir otros: Garamendi ha insistido en que desde la CEOE «no van a dejar a nadie atrás». «Los empresarios de este país no vamos a abandonar a nuestros colegas que lo estén pasando mal y especialmente a los de aquellos sectores que estén cejados», ha insistido. Además ha lanzado un tercer mensaje al Gobierno «no por apretar se van a conseguir las cosas»: «Es díficil alcanzar un pacto el día 15 cuando los papeles llegan el día 14». No obstante, ha recordado el presidente de los empresarios que «somos pactistas y trabajamos por nuestro país», pero cree Garamendi que en las negociaciones se encuentra actualmente más cerca de la postura de los sindicatos que del Gobierno. El Banco de España cree que los ERTE deben ser cada vez más focalizados Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido no tener miedo a ampliar las ayudas a los ERTE durante el tiempo que sea necesario, aunque ha solicitado un esfuerzo para enfocar cada vez más las ayudas no solo por sectores, sino por empresas: «La focalización no estoy seguro de que tenga que ser solo sectorial, sino casi empresarial». Durante su intervención como invitado a la reunión de la Junta Directiva de CEOE, Hernández de Cos ha defendido que «no hay que ser temerosos de esa ampliación» cuando hay un «diagnóstico claro» de que un sector o empresa va a ser viable porque su pérdida de rentas es temporal. En esta línea ha recordado que, en el caso alemanen los beneficios de extender los ERTE hasta dos años fueron muy positivos según aseguraba su homólogo en el Bundesbank. Al mismo tiempo, ha dicho que a las empresas que perciban que sus problemas son estructurales hay que asegurarles el «correcto funcionamiento» de los elementos de flexibilidad que tienen a su disposición, en referencia tácita al despido. «Es importante que además de los ERTE se usen mecanismos legales de flexibilidad laboral como solución a ajustes estructurales», ha dicho literalmente. En este sentido, ha insistido en la necesidad de encontrar un equilibrio entre dar el sostén necesario a empresas y trabajadores, a la vez que se permiten los ajustes estructurales que la economía necesita. Más allá de los ERTE, el gobernador ha subrayado que la recuperación económica depende del mantenimiento de los estímulos a nivel nacional y europeo, no solo por el beneficio que conlleva su extensión, sino sobre todo por el riesgo que supondría su retirada prematura. Sobre el Fondo de Recuperación europeo, a través del que España recibirá hasta 140.000 millones de euros, ha dicho que es crucial usarlo de manera rápida y que los recursos se adjudiquen no solo a proyectos de inversión al uso -como los destinados a infraestructuras, digitalización o formación-, sino también a proyectos de reformas estructurales que tienen costes presupuestarios a corto plazo.