Línea Avales ICO al Arrendamiento COVID-19

‘Unos centenares’ de solicitudes confirman el fracaso de los créditos ICO al alquiler

El próximo día 30 finaliza el plazo para solicitar estos créditos que según preveía el Ministerio iban a facilitar el pago de unos 450.000 alquileres. Solo el 1,3% de los inquilinos ha mostrado interés

Desde el Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos niegan que el plan de créditos al alquiler avalados por el ICO que concluye el próximo día 30 haya sido un fracaso. Lo cierto es que hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna cifra oficial del alcance de la medida –a pesar de las continuas demandas realizadas por parte de este medio– y las principales entidades financieras del país reconocen a Economía 3, que la demanda ha sido “muy baja”, y apenas cuentan cada una de ellas con “unos cientos de solicitudes en toda España”.

Recordemos que el Gobierno aprobó aumentar hasta en 1.200 millones el techo de gasto para cubrir estos préstamos y el total de clientes potenciales que preveía se elevaba a 450.000 en todo el territorio nacional. ¿Pero qué ha ocurrido entonces, dónde ha estado el problema y por qué el Ministerio todavía no ha emitido ningún balance?

La medida se aprobó en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, pero el reglamento no vio la luz hasta 30 días después. Quedó establecido que los préstamos, respaldados por el ICO y a tipo cero, por un importe de hasta seis meses de renta, y un máximo de 900 euros mensuales (máximo 5.400 euros) se devolvieran por los inquilinos –que debían acreditar el impacto de la pandemia– en hasta seis años, prorrogables hasta 10.

Sin embargo, las entidades financieras tardaron varias semanas más en suscribir el convenio que las habilitaba para la concesión de los préstamos, según fuentes del sector, principalmente por “la falta de definición y detalles del ICO” a la hora de articular estos préstamos que recordemos no entrañan ningún tipo de interés ni comisión, “hacía falta que la acreditación no generara ningún tipo de duda para evitar problemas en el futuro”, indican fuentes financieras.

También desde el principio, el Ministerio reconoció retrasos en su implementación que achacó a “razones de protocolo y burocracia”: “lo que se ha buscado en todo momento es que el mecanismo fuera garantista y accedieran las personas que realmente lo necesitaran, pero lo importante es que la herramienta está creada y si la gente no ha necesitado recurrir a ella, mejor que mejor”, consideraban desde la Administración.

Desde otras instancias se pone de relieve cómo algunas entidades tardaron hasta 2 meses en firmar el protocolo y sumarse por convenio a la iniciativa, pero que además el gran volumen de trabajo que acumulaban por aquel momento en gestionar otras medidas extraordinarias como las moratorias hipotecarias o los créditos también avalados por el ICO para el tejido productivo –empresas y autónomos–; relegaron la puesta en marcha de este programa.

La alternativa, un programa de ayudas directas

Desde ASVAL, la Asociasión de Propietarios de Vivienda en Alquiler, su directora general, Beatriz Toribio, confirma a Economía 3 que los créditos ICO han llegado con retraso y, además, “no han despertado mucho interés entre los inquilinos”.

Según datos de ASVAL, solo el 1,3% de los inquilinos vinculados con la asociación ha mostrado interés en solicitar los créditos ICO para hacer frente al pago de las rentas de sus alquileres. “El principal motivo es que estos créditos suponen el endeudamiento del inquilino y, con la crisis económica y la reducción de sueldos o incluso pérdida de empleos, no tiene capacidad de ahorro que permita afrontar estas obligaciones de pago, incluso aunque se pueda aplazar en el tiempo”.

Ante esta situación, en ASVAL proponen al Gobierno focalizar todos los esfuerzos en “establecer un programa de ayudas directas a través de un fondo de más de 700 millones de euros para ayudar a 350.000 familias que viven en régimen de alquiler y cuya tasa de esfuerzo en el pago de la renta supera el 48% de sus ingresos. Con esta ayuda pública, que complementaría las rentas de este colectivo vulnerable con 2.038 euros al año, el nivel de esfuerzo se reduciría del 48% al 30%”.

Fuentes cercanas al Ministerio comentan a este medio que todavía no hay nada oficial decidido al respecto, ni siquiera si se ampliará a partir del próximo día 30 de septiembre el plazo para continuar presentando solicitudes, algo que debería llegar por acuerdo del Consejo de Ministros.

Propietarios que todavía no han cobrado

Desde Asicval, la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, también apuntan que la medida ha funcionado “mal”, y que ya de entrada, muchos inquilinos ni llegaban a solicitar esta ayuda por toda la serie de trámites y requisitos que se solicitaban: “Han sido mucho más efectivos los acuerdos que hemos ido alcanzado individualmente entre inquilinos y propietarios, buscando aplazamientos o pagos diferidos…, que los préstamos del ICO”, indica a E3, su presidenta Nora García.

Asimismo, admiten conocer algunos casos donde las solicitudes de inquilinos han sido aceptadas y aprobadas por parte de las entidades –y así se lo han hecho saber al solicitante mediante una carta–, pero que a fecha de hoy “los propietarios que debían recibir la ayuda no han cobrado –el préstamo lo pide el inquilino, pero el dinero se ingresa directamente al casero– ”.

“Algo no ha funcionado bien, no sé si el fallo hay que buscarlo del Estado a las entidades financieras o de las entidades a los clientes, pero la medida no ha sido efectiva”, lamenta García.

La moratoria en los desahucios

Otras fuentes consultadas achacan el escaso tirón de la medida a que muchos inquilinos evitan endeudarse porque temen que su situación, lejos de mejorar, vaya a peor y este plan contempla que sean los inquilinos los que se comprometan con un préstamo que finalmente reciben los arrendadores, y todo esto en un momento en el que precisamente, cualquier tipo de desahucio (también por impago) quedó prohibido, por lo que pagar o no pagar no tendría consecuencias inmediatas. “Muchos inquilinos están dejando de pagar las rentas, conscientes de que no se van a enfrentar a un lanzamiento”, concretan.

De hecho, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya ha urgido al Gobierno a que apruebe otra “moratoria para todo tipo de desahucios, como mínimo hasta el 31 de diciembre”, dado que el actual decreto por el que están paralizados acaba también a finales de este mes.

Piden al Gobierno que “homologue la protección de todas las situaciones de vulnerabilidad, con independencia del momento y de las causas que las hayan provocado”, ya que el actual decreto recoge una moratoria centrada exclusivamente en casos de impago de alquiler que puedan demostrar una vinculación directa con la COVID-19.

No obstante, en su petición la PAH, que insta a que nadie pierda su casa por no poder pagarla, añade que deberían “establecerse en su caso posibles compensaciones a pequeños propietarios”.

Los últimos datos publicados, demuestran que los desahucios hechos efectivos en segundo trimestre se desplomaron un 90%, aunque la Comunitat fue la segunda autonomía que más registró, 195 casos, mientras 131 estuvieron vinculados al impago del alquiler.

Suscríbete a nuestra newsletter