Antonio Garamendi, presidente de CEOE ha pedio al Gobierno que detalle el coste que supone las ayudas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto en prestaciones como en las bonificaciones a la Seguridad Social, para poder seguir negociando su ampliación.

«Queremos datos objetivos. Tenemos dudas muy serias de que los datos que nos está remitiendo la Seguridad Social sean reales. Los hemos pedido y no nos los dan, cuando tenemos derecho a saberlo», ha indicado Antonio Garamendi, presidente de CEOE en el marco de la intervención del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, antes de la junta directiva de la patronal.

«Los datos de coste de los ERTE son muy inferiores a los que se facilitan», ha apostillado.

Y es que según la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, mensualmente se han invertido en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) «en torno a 4.500, 5.000 millones» de euros dependiendo del mes.

Sin embargo, Lorenzo Amor, presidente de la principal asociación de trabajadores autónomos ATA y vicepresidente de CEOE ha afianzado esta idea. «800.000 trabajadores en ERTE con la prestación y exoneración de Seguridad Social,tiene un coste aproximado para las arcas del estado de 1.200 millones de euros /mes, cómo se puede hablar de 4.500-5.000, qué se está computando ahí.

Además rechazan los empresarios la idea de designar sectores empresariales sujetos a ayudas y excluir otros: Garamendi ha insistido en que desde la CEOE «no van a dejar a nadie atrás». «Los  empresarios de este país no vamos a abandonar a nuestros colegas que lo estén pasando mal y especialmente a los de aquellos sectores que estén cejados», ha insistido.

Además ha lanzado un tercer mensaje al Gobierno «no por apretar se van a conseguir las cosas»: «Es díficil alcanzar un pacto el día 15 cuando los papeles llegan el día 14».

No obstante, ha recordado el presidente de los empresarios que «somos pactistas y trabajamos por nuestro país», pero cree Garamendi que en las negociaciones se encuentra actualmente más cerca de la postura de los sindicatos que del Gobierno.

El Banco de España cree que los ERTE deben ser cada vez más focalizados

Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido no tener miedo a ampliar las ayudas a los ERTE durante el tiempo que sea necesario, aunque ha solicitado un esfuerzo para enfocar cada vez más las ayudas no solo por sectores, sino por empresas: «La focalización no estoy seguro de que tenga que ser solo sectorial, sino casi empresarial».

Durante su intervención como invitado a la reunión de la Junta Directiva de CEOE, Hernández de Cos ha defendido que «no hay que ser temerosos de esa ampliación» cuando hay un «diagnóstico claro» de que un sector o empresa va a ser viable porque su pérdida de rentas es temporal.

En esta línea ha recordado que, en el caso alemanen los beneficios de extender los ERTE hasta dos años fueron muy positivos según aseguraba su homólogo en el Bundesbank.

Al mismo tiempo, ha dicho que a las empresas que perciban que sus problemas son estructurales hay que asegurarles el «correcto funcionamiento» de los elementos de flexibilidad que tienen a su disposición, en referencia tácita al despido.

 «Es importante que además de los ERTE se usen mecanismos legales de flexibilidad laboral como solución a ajustes estructurales», ha dicho literalmente.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de encontrar un equilibrio entre dar el sostén necesario a empresas y trabajadores, a la vez que se permiten los ajustes estructurales que la economía necesita.

Más allá de los ERTE, el gobernador ha subrayado que la recuperación económica depende del mantenimiento de los estímulos a nivel nacional y europeo, no solo por el beneficio que conlleva su extensión, sino sobre todo por el riesgo que supondría su retirada prematura.

Sobre el Fondo de Recuperación europeo, a través del que España recibirá hasta 140.000 millones de euros, ha dicho que es crucial usarlo de manera rápida y que los recursos se adjudiquen no solo a proyectos de inversión al uso -como los destinados a infraestructuras, digitalización o formación-, sino también a proyectos de reformas estructurales que tienen costes presupuestarios a corto plazo.