La decisión de mantener en València la sede social de la nueva entidad a partir de la fusión entre Caixabank y Bankia que ha sido acogida como «una buena noticia para los valencianos», en palabras del president de la Generalitat, Ximo Puig puede tener un trasfondo económico más allá de «reafirmar la reputación» del territorio valenciano y de seguir posibilitando el «contenido y la implicación social» que ambas entidades han tenido siempre en la región.

Tanto el Consell como los empresarios de la Comunitat –representados en la CEV– esperan que esta absorción que da lugar a la primera entidad de España en activos «no repercuta negativamente en las empresas valencianas», es más, confían en que suponga «un beneficio para las empresas y los ciudadanos de la Comunitat», en un contexto en el que el sector bancario se halla en «una situación complicada».

Pero no solo el sector privado podría verse beneficiado, sino también el ahogado sector público valenciano sometido durante años a una infrafinanciación que no hace más que ahondar su déficit estructural.

Por lo que ha podido averiguar este medio, en el caso de la Generalitat Valenciana mantendría con la nueva entidad resultante hasta doce operaciones de financiación abiertas: seis de ellas con Bankia que suponen una deuda viva actual de 325 millones de euros y otras seis operaciones con CaixaBank, con préstamos pendientes de amortizar por valor de 690 millones de euros.

Con cada una de las dos antiguas cajas mantiene tres a corto plazo y tres a largo. En el caso de las operaciones a corto plazo, los créditos vencen en 2021 y en el caso de las operaciones a largo plazo cada una finaliza en una fecha distinta, pero todas ellas, antes de 2028.

A corto plazo, con la vista puesta en el año que viene, a la Generalitat le quedan por amortizar 177,59 millones de deuda contraída con Bankia y 280,9 con CaixaBank.

Pero no es la única Administración pública que ha venido confiando en ambas entidades.

Las administraciones locales, también clientes

Según los datos facilitados a Economía 3, en 2005 el Ayuntamiento de València solicitó un crédito a Bankia por valor de 30 millones, a cierre de 2019 el capital pendiente de amortizar todavía superaba la mitad, 16,75 millones de euros, y su fecha de vencimiento se extendía hasta 2030.

En agosto de 2015, recién elegido nuevo alcalde de la ciudad Joan Ribó, el consistorio firmó una nueva operación con Bankia a diez años por 10,5 millones. A final de 2019 quedaba un saldo vivo de 4,37 millones.

El último préstamo contraído con la entidad presidida por Goirigolzarri se sella en 2018 y asciende a otros 35 millones. El capital pendiente de amortizar al cierre del último ejercicio supone 28,52 millones, con vencimiento a 2025.

En cuanto a CaixaBank, solo consta una operación en el Ayuntamiento de València alcanzada en septiembre de 2019 que ascendía a 3,2 millones de euros y cuyo capital figuraba íntegro a cierre de dicho año, pendiente de amortizar hasta 2026.

En total, 4 operaciones con un saldo vivo que tendrá que reintegrar el Ayuntamiento de València a la nueva entidad por valor de casi 53 millones.

En el caso del consistorio de Castelló, la información facilitada a Economía 3 indica que este mes de octubre vencerá un préstamo contraído con Bankia con una deuda pendiente estimada a final de 2019 de 467.000 euros; mientras que con CaixaBank la deuda contraída, con vencimiento en 2023, ascendía a 2,33 millones en dicha fecha.

Por lo que respecta al Ayuntamiento de  Alicante, según los datos a los que ha tenido acceso Economía 3, no consta deuda con CaixaBank aunque sí con Bankia con un capital vivo a cierre de 2019 de casi 600.000 euros. Vencerá en 2022. Asimismo constan dos operaciones financieras contraídas en 2016 con Banco Mare Nostrum (BMN) que fue absorbido por Bankia formalmente en 2018. El capital vivo de las mismas supera los 2 millones de euros y su vencimiento está previsto en 2026.

Con respecto a otras administraciones locales de menor tamaño, hemos podido constatar que el Ayuntamiento de Vila-real a final de 2019 mantenía un crédito con CaixaBank por valor de 1,18 millones; el de Borriana (con datos a septiembre de 2019) uno con  Bankia cercano a los 150.ooo euros y otro con CaixaBank próximo a 200.000 euros; también en el consistorio de Cullera figuran varias operaciones, con un saldo vivo a final de 2019 con Bankia de 2,26 millones y de 1,92 millones en el caso de CaixaBank; mientras que los consistorios de Dénia y Elche confirman que no tiene pendiente deuda con ninguna de las dos entidades a cierre de 2019.

Con todo, las operaciones financieras contraídas con la entidad resultante de la fusión y contabilizadas por Economía 3 ascienden a 1.079 millones de euros.