La propuesta que ha presentado el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los ayuntamientos puedan acceder a parte de su superávit a través de un préstamo voluntario que realizarían a la Administración Central, para que esta a su vez inyecte a las corporaciones locales 5.000 millones en los próximos dos años, no ha dejado indiferente a nadie, tampoco a los municipios valencianos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve viable esta fórmula para hacer uso de los remanentes de tesorería –que en conjunto suponen unos 15.000 millones de euros– dada la limitación constitucional de incurrir en déficit por parte de los ayuntamientos, pero eso sí, advierte de que puede «desincentivar la consecución del superávit» por parte de los consistorios cumplidores.

Durante la presentación del Informe sobre Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y regla de gasto 2020, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero ha explicado que ese remanente de tesorería ya fue un ingreso de naturaleza económica en el año en el que se generó y ahora es un ingreso de naturaleza financiera que solo podría destinarse a la realización de gastos de naturaleza financiera, como podría ser un préstamo a otra AAPP o a la amortización de deuda, «en ningún caso podría entrar a financiar gastos de naturaleza no financiera pues eso les llevaría al déficit».

El Gobierno defiende que es la única manera de que los ayuntamientos pueden acceder a esos fondos, pues la ley de estabilidad e incluso la propia Constitución (en el artículo 135 en su desarrollo reglamentario) obliga a que las entidades locales alcancen el equilibrio presupuestario, mientras que la utilización directa del remanente generaría déficit.

El ministerio de Hacienda ha confirmado a Economía 3 que la Administración Central, devolvería el préstamo mediante un ingreso no financiero del 35% del total –por valor de 2.000 millones en el presente año y de otros 3.000 millones el próximo–. El resto, hasta un total cercano a los 15.000 millones, se les reintegrará en un plazo de 10 años.

¿Por qué anualizarlo? Indica Hacienda a este medio que «de lo contrario, dado el calendario, los ayuntamientos no tendrían capacidad de ejecutar todo el dinero en los meses que faltan», aunque, como en el caso de una inversión financieramente sostenible, podrían ejecutarlo en el periodo de este ejercicio y la finalización de la ejecución se podría prolongar hasta el año siguiente.

Al respecto, Herrero ha señalado que este asunto no deja de poner de manifiesto «las inconsistencias que ya tenía el marco fiscal antes de la crisis». Explica que el superávit de las entidades locales es el resultado, además de la «buena gestión», de «la estabilidad y gran capacidad recaudatoria que tienen los impuestos municipales (estabilidad, por ejemplo que se refleja en el IBI) aunque tampoco dan grandes alegrías en momentos de crecimiento económico», ha matizado.

En su opinión la regla de gasto «debería de tener una visión de medio plazo, permitiendo gastar los superávit cuando las cosas vienen mal dadas», si bien el límite, actualmente viene dado por esa necesidad de equilibrio.

Dese el equilibrio de Castelló al rechazo frontal de Alicante

Amparo Marco, alcaldesa de Castaelló

Precisamente, eso es lo que ha logrado el Ayuntamiento de Castelló, según ha concretado a Economía 3. El consistorio que dirige Amparo Marco, en el pleno del 28 de mayo aprobó por unanimidad destinar el 20% del superávit (unos 350.000 euros) a gasto social. Ello fue posible mediante la modificación de crédito, basándose en los Reales Decretos-Ley 8/2020 y 11/2020, de 17 y 31 de marzo, que permitían a los ayuntamientos destinar hasta el 20% del superávit a financiar gastos corrientes y de inversión en servicios sociales y políticas de promoción social. El ejecutivo también autorizó a los ayuntamientos a utilizar un 7% de los remanentes para el pago de vehículos eléctricos.

En el caso concreto de Castelló, las ayudas han ido a emergencia social y al albergue provisional habilitado para personas sin hogar.

Mientras que el 4 de junio aprobó, sin ningún voto en contra, destinar 3,5 millones a amortización de deuda, que es uno de los supuestos que establece la ley para el uso de remanentes. «Esto nos permite seguir saneando las cuentas liberando carga financiera de cara a los próximos ejercicios y poder dedicar los máximos recursos a políticas de reactivación social y económica de la ciudad», ha indicado Marco.

Joan Ribó, alcalde València. EFE/Manuel Bruque

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó ha asegurado que la propuesta del Ministerio de Hacienda es «totalmente insuficiente», aunque ha reconocido que se trata de un «pequeño paso adelante», pero ve en el Ministerio «un comportamiento, como mínimo, paternalista respecto a los municipios».

«No es lo que ha pedido el Ayuntamiento de València», ha dicho, Ribó al tiempo que ha lamentado que el ministerio «utilice estos recursos no en función de quienes los han generado, que son los propios ayuntamientos, sino de otros intereses».

Por su parte, Carlos González, alcalde de Elche, defiende la postura unámime de la FEMP y del propio presidente y alcalde de Vigo, esto es, «que los Ayuntamientos podamos disponer del remanente de tesorería incondicionalmente para atender las necesidades surgidas en las ciudades como consecuencia de la pandemia».

Además, considera «muy necesario» que se adopten medidas que modulen la aplicación de la regla del gasto, «auténtico problema municipal precisamente este ejercicio».

No obstante, cree que ante una situación como la que vive el país, «hay que pensar que los recursos públicos tienen que estar al servicio del interés general, con lo que no hay por qué ser dogmático y cerrar la puerta a cualquier fórmula que interese al país y que entrañe la colaboración entre el municipalismo y el Gobierno de España».

Carlos González, alcalde Elche |Foto: Ayuntamiento

«Es decir –explica a este medio– pese a la preferencia indudable de gestión de los remanentes por los Ayuntamientos, una situación de grave emergencia económica y social como la que vivimos requiere estar abiertos a otras alternativas».

Desde el Ayuntamiento de Alicante, el popular, Luis Barcala ha llegado a considerar la propuesta de “un atraco” y «ante la posibilidad de que pueda apropiarse los recursos el Gobierno», ha dicho y «antes de perderlo» se utilizará para cancelar el 100% de la deuda municipal.

Así lo han asegurado al finalizar el pleno para la Recuperación de Alicante, en el que la corporación municipal ha refrendado por unanimidad la aprobación de las 105 medidas consensuadas con las fuerzas sociales, económicas y políticas de la ciudad, al tiempo que ha mostrado su rechazo frontal «a la apropiación urdida por el ejecutivo de Sánchez de los ‘ahorros’ del Ayuntamiento y a una pretendida subida de impuestos».

El pleno de Alicante aprueba las 105 medidas por unanimidad

Luis Barcala ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante dispone de un remanente de unos 47 millones de euros, «que el Gobierno Central podría utilizar para paliar los efectos de la pandemia por decreto, de forma unilateral y sin el consenso de las entidades locales en el seno de la FEMP. Antes de que nos ‘secuestren’ la hucha municipal dejaremos al consistorio libre de deuda, lo que supondrá unos 19 millones», ha concretado.

Por parte de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, su presidente, Rubén Alfaro (alcalde de Elda) ha manifestado que aún no tienen confirmación oficial de esta propuesta por parte del FEMP, «por lo que apelamos, en un primer momento, a la prudencia. En cuanto se oficialice la medida, reuniremos a nuestros órganos internos para valorar en firme las medidas».

De ser así, los consistorios recibirían este año el 40% de los remanentes de tesorería (de los primeros 5.000 millones) y, en el próximo ejercicio, el 60% restante, «lo que dejaría a los ayuntamientos un margen de acción, aunque no sea completamente el deseado por los alcaldes valencianos».

El acuerdo propuesto por Hacienda, que tendría que convertirse en un texto con rango de ley para ser aprobado en el Congreso, permitiría a los alcaldes gastar en tres áreas: Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible (incremento de la oferta de vivienda de alquiler, planes de rehabilitación o construcción de carriles bici o peatonalización de calles, por ejemplo); sistema de cuidados de proximidad (con propuestas para el aumento y mejora de programas para mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia) y cultura (incluida la creación de una red de infraestructuras culturales o la actualización digital de todas las instituciones culturales: bibliotecas, museos, casas de cultura, etc).

«Sin duda –opina Alfaro– el hecho de poder invertir en las áreas de Agenda Urbana Española, Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura, constituiría una alineación total con los objetivos ODS por los que tanto llevamos luchando desde el municipalismo valenciano en los últimos años».

No obstante, coincide con sus homólogos en que, desde los ayuntamientos, «debemos seguir trabajando por terminar con la regla de gasto que asfixia a las corporaciones locales cumplidoras».

Rubén Alfaro, presidente FVMP y alcalde Elda