La Fiscalía Provincial de Valencia ha dictado un decreto para unificar los criterios de actuación frente a la ocupación ilegal de inmuebles sin violencia o intimidación, por considerar que se trata de «un problema actual que afecta a la ciudadanía».

Según ha informado en un comunicado, el decreto dictado por el fiscal jefe establece que si el inmueble ocupado constituye morada se estaría ante «un delito menos grave de allanamiento de morada«, por lo que se procederá al «desalojo inmediato de la vivienda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado«.

A tal efecto, ha señalado, los fiscales «instarán la adopción inmediata, como medida cautelar, del desalojo inmediato y la restitución de la posesión con carácter cautelar al morador».

Según la Fiscalía, al tratarse de un delito menos grave y afectar de forma clara y directa a un derecho fundamental (inviolabilidad del domicilio) concurrirán los presupuestos de urgencia, necesidad y proporcionalidad de la medida.

Asimismo, indica que serán los fiscales quienes deben instar que se haya comprobado previamente la titularidad del inmueble, la falta de autorización y la ausencia de titulo legítimo de ocupación.

Lo mismo debe predicarse, según el decreto, para el supuesto de la ocupación ilegal del domicilio de una persona jurídica y de un establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura.

Asimismo, se añade que cuando se soliciten el desalojo del inmueble y se observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que lo ocupan, los fiscales pondrán los hechos en conocimiento de los Servicios Sociales para que estos adopten las medidas oportunas para su protección.