Gemma Jimeno
El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia, Juan Mejías, considera necesario para desatascar la justicia establecer la mediación de manera obligatoria en temas bancarios, de consumo, laborales e inmobiliarios e introducir una sanción, que podría ser a nivel de costas al que, sin causa justificada, decida no ir a la mediación.
El juez y vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME España), también propone que las resoluciones se hagan de manera oral, una medida que agilizaría los casos un 80%. En E3tv, reflexiona sobre estos aspectos que se analizan en profundidad en la entrevista
– ¿Cuentan ya con datos sobre el atasco que va a sufrir la justicia?
Se sabe que vamos a sufrir un atasco como no lo habíamos vivido desde hace mucho tiempo, seguramente desde 2008, pero será más relevante que la de ese año que se centró en temas bancarios e inmobiliarios. Pero ahora, además de esas materias que, por supuesto, van a estar presentes, van a aparecer otras que antes no teníamos y se van a exacerbar otros pero en un nivel de intensidad más bajo.
«Implementar la mediación permite que la justicia sea rápida y sostenible»
– ¿Qué papel juega la mediación en todo ello?
La mediación es un mecanismo estratégico para que la justicia sea sostenible. Si nosotros no conseguimos introducirla de manera relevante en este momento como una herramienta estratégica se nos van a hundir los tribunales porque no vamos a ser capaces de dar salida a la cantidad gigantesca de asuntos que se van a plantear.
Por ello, considero que implementar la mediación permite que la justicia sea rápida y sostenible. Necesitamos que hasta que pase esta tormenta, incluso sería conveniente que luego se instalara esa costumbre, de utilizar la mediación como una forma responsable para resolver los conflictos porque nadie conoce mejor el asunto que las propias partes que lo tienen. Otra cuestión sería que no quisieran llegar a un acuerdo.
Por eso creo que la mediación es un mecanismo barato, rápido y pacífico que además descongestiona los tribunales.
– ¿Cuáles son los asuntos que más van a predominar?
Se producirán conflictos de consumo porque la gente cuenta con menos recursos económicos y está dispuesta a luchar por casi nada, mientras que si la situación económica es más favorable es más probable que se deje correr.
Aumentarán los problemas de convivencia vecinal. De hecho, ya estamos viendo personas que están siendo denunciadas por cantar en sus balcones. A esta situación se suma que nuestros dirigentes han decidido que sean las comunidades de propietarios las que decidan las normas a practicar con motivo del confinamiento en las zonas comunes de la comunidad. Ante esta situación, existe el problema de que no se pueden hacer juntas porque está prohibido. De hecho, los administradores de fincas ya han protestado ante este hecho.
También estamos viendo que otra de las fases será la de las “responsabilidades”, ya que todas las personas que han resultado infectadas, muchas de ellas, sanitarios, las familias de personas fallecidas… por una gestión manifiestamente mejorable, pondrán una demanda y tendremos que resolverlo nosotros.
Igualmente, durante la situación del estado de alarma hemos observado, si bien de forma excepcional, actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad muy reprobables, algunas de ellas ya han salido en los medios de comunicación. En esta línea, hay que tener en cuenta que que nosotros los jueces, los políticos, los gobernantes, los diputados y los funcionarios públicos, especialmente los de seguridad, tienen la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos ya que somos una herramienta de protección de dichos derechos y el ciudadano no se ha convertido en el enemigo por el estado de alerta, sigue siendo un ciudadano con sus derechos íntegros.
«Hay gente que prefiere no ir a la mediación y esperar a que el tribunal tarde unos años en resolver el caso. Esto sería mala fe»
Igual que en la crisis anterior, se producirán conflictos de carácter bancario, es decir, muchos ciudadanos no van a poder pagar sus hipotecas, préstamos… Todas estas situaciones se van a plantear y es mejor que se haga a través de acuerdos.
Otro campo es el inmobiliario. En esta línea, muchísimos autónomos tienen locales alquilados o incluso lo han comprado y tienen una hipoteca. Las circunstancias actuales les impide hacer frente a estas cuestiones y España necesita mantener su tejido económico constituido principalmente por pymes y autónomos. Estos acudirán al juzgado y además, no van a ganar ni unos ni otros porque, ante la avalancha de asuntos que vamos a tener que resolver, va a pasar mucho tiempo. Por ello, una justicia lenta no es justicia.
Otro ámbito en el que se va aplicar va a ser el laboral donde es especialmente útil. Hay que tener en cuenta que el retraso de los tribunales de lo social ya era muy grande antes de la crisis.
– ¿En un concurso de acreedores también es factible la mediación?
Se utiliza la mediación, incluso antes del concurso de acreedores está previsto un intento de mediación cuya regulación también es mejorable. En mi opinión, la mediación concursal necesita una reforma seria para llamarse de verdad mediación, porque lo que hay ahora no es exactamente mediación.
El mediador concursal es el que si no se produce el acuerdo extrajudicial después es el que insta el concurso y el que se convierte en administrador concursal lo cual es un disparate.
– ¿Cómo se puede plantear la mediación en todos estos asuntos?
Estableciéndola como obligatoria antes de interponer la demanda. Pero hay que legislarlo bien. Ya contamos con una Ley de Impulso a la Mediación que está en trámite pero parece que se quiere poner en marcha de manera más rápida a través de un decreto ley.
De todas formas, yo establecería la obligatoriedad de la mediación en temas bancarios, de consumo, laborales e inmobiliarios e introduciría una sanción, que podría ser a nivel de costas al que, sin causa justificada, decida no ir a la mediación. Hay gente que prefiere no ir a la mediación y esperar a que el tribunal tarde unos años en resolver el caso. Esto sería mala fe.
«Un asunto por mediación se puede resolver entre dos y tres días y un mes. Mientras que un juicio puede alargarse un año»
Otra medida sería introducir las resoluciones orales. Es decir, que los jueces podamos dictar sentencias orales sin necesidad de redactarlas porque ya quedaría en el soporte informático en vídeo debidamente fundamentadas, igual que una sentencia, solo que en vez de escribirla, se hace en el acto en voz, como la justicia americana, y esta modalidad agilizaría mucho los procedimientos. Esto no existe todavía y además está prohibido. Con esta iniciativa se dictaría la sentencia en ese mismo instante y agilizaríamos un 80% de los casos.
En este sentido, me gustaría hacer un inciso para aclarar por qué no se hacen los juicios telemáticos ya que el testigo no puede estar declarando desde su casa porque se incumplen las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que detrás del testigo puede haber alguien apuntando al testigo lo que tiene que decir.
El testigo puede declarar online o por videoconferencia pero debe ir al tribunal que le corresponde, delante de un secretario judicial o un letrado que estén presentes y comprueben que está cumpliendo con las garantías legales.
– ¿En cuanto tiempo se puede resolver un asunto a través de la mediación?
Entre dos y tres días y un mes se puede resolver un asunto por mediación. Mientras que un juicio, entre que se interpone la demanda y se dicta la sentencia no pasa menos de un año yendo rápido, un plazo que se va alargar debido a la avalancha que vamos a sufrir.
Vamos al atasco absoluto. Hay que introducir la mediación ya. Yo he observado en documentos de otros poderes del Estado como el Ministerio de Justicia o el Consejo del Poder Judicial que hablan de la consecución de acuerdos extrajudiciales pero no se les ve pasión por la mediación para impulsarla de verdad.
– ¿Igual es porque no genera dinero?
Yo creo que sí que genera dinero. De hecho, al Estado le conviene mucho porque pierde dinero si los juicios son muy lentos. Puede ser que a alguien le interese (la empresa, la mercantil…) que el juicio sea lento porque mientras que este no salga no tiene que pagar nada.
Mientras que para el Estado, como tutelador de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, la mediación le resulta muy beneficiosa económicamente porque soluciona muchísimos problemas de manera más rápida y permite que ciertas empresas puedan seguir pagando impuestos, sigan funcionando, no vayan al concurso, no vayan a la quiebra…
– ¿Qué recursos necesitaremos para dar la salida al atasco judicial?
Habría que reforzar la plantilla ya que la ratio de jueces por habitante en España es una de la más bajas de Europa. Por ejemplo, en Alemania, para 80 millones de habitantes hay 20.000 jueces, mientras que España para 60 millones hay 5.000 jueces.
De todas formas, el número de profesionales que vamos a necesitar lo vamos a ir viendo en la medida en que se van incorporando los casos. Pero se trata de una cuestión que vamos a resolver a medio plazo porque no podemos contar con un nuevo juez de hoy para mañana ya que tiene que aprobar una oposición y además no sería bueno.
Necesitaríamos reforzar también los recursos materiales. No sirve de nada que tengamos más jueces si no tenemos más salas de vistas adecuadas para celebrar juicios porque son pequeñas y no se pueden celebrar debido al COVID-19.
– ¿Qué condiciones deben reunir las salas de vistas para que no se produzcan contagios por la COVID-19?
Estamos trabajando en ello. De hecho, los jueces estamos sugiriendo protocolos de actuación. Por ejemplo, la Ciudad de la Justicia está panelada, con lo que se pueden mover las paredes. De esta forma, la unión de varias salas van a dar lugar o otras más grandes que permitirán guardar las distancias de seguridad. En estos momentos, cada juez tenemos una sala para cada uno de nosotros. Esto nos obligará a compartir sala lo que plantea el problema de la desinfección, una cuestión de la que se tendrá que ocupar la Conselleria de Justicia.
– ¿Cuándo se podría dar esa garantía de seguridad?
Depende del interés que se ponga.
– También está sobre la mesa la posibilidad de trabajar en agosto. ¿Está a favor de esta medida?
A mí me parece perfecto, pero los abogados no quieren.
De todas formas, el art. 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el mes de agosto es inhábil. Con lo cual, si el Gobierno quiere cambiar dicho artículo debería dictar otra ley orgánica porque no se puede hacer por Real Decreto Ley. Ya que se trata de una cuestión de jerarquía normativa. Por ello, no se entiende que entre las autoridaddes nadie se haya dado cuenta de este detalle. Es decir, una ley orgánica se modifica por otra ley orgánica.
Lo que sí que estoy en contra es de hacer modificaciones legales que sabemos que si alguien las recurre va a ganar. Entonces vamos a tener un problema porque los juicios que hayamos hecho en un periodo que tenía que ser inhábil y que es hábil por una norma que ha sido inconstitucional porque el tribunal Constitucional ha dicho que debería haberse hecho por ley orgánica entonces, ¿qué hacemos? Estamos multiplicando más el problema, esos juicios habría que repetirlos otra vez.
– ¿Qué papel está jugando Gemme España en toda esta cuestión?
Una de las cosas que hemos hecho es que teníamos un simposio internacional en Málaga los días 25 y 26 de septiembre y hemos decidido hacerlo online del 21 al 25 de septiembre. Nos hemos reinventado y vamos a adaptarnos a las circunstancias.
Lo vamos a celebrar porque creemos que nuestro granito de arena tenemos que aportarlo. De hecho, hemos hecho informes que hemos hecho llegar al Ministerio de Justicia dando nuestra opinión e informando sobre la necesidad de impulsar la mediación ya que se trata de una herramienta para la justicia sostenible ante la crisis de la COVID-19.
Mujeres al Timón
