Mujeres al Timón
A partir del próximo 1 de enero las empresas deberán hacer frente a una nueva tasa por cuenta de la «fiscalidad verde», el denominado Impuesto sobre Envases de plástico no reutilizables, o impuesto al plástico, cargará impositivamente la utilización de envases no reutilizables con el objetivo de reducir su consumo.
El gravamen está en línea con lo que se exigía desde determinadas directivas europeas, y países como Italia o Reino Unido lo han implementado. «El problema que nosotros vemos es que el Gobierno español ha decidido establecer el tributo de forma expansiva», afirma María Muñoz, miembro del Grupo de Expertos de Asesores Internos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
«No sólo está afectando al sector de la alimentación en lo que son envases de plástico de un solo uso, sino que lo han ampliado a todos aquellos que efectúen cualquier tipo de importación de países de fuera de la Unión Europea (UE), o cualquier tipo de adquisición intracomunitaria de bienes que lleven plástico no reciclado o incluso embalajes. Hay productos que llevan hasta cuatro embalajes…», explica Muñoz.
Falta de coordinación
En la AEDAF aseguran que la propia Agencia Tributaria se desmarca del impuesto al plástico. Desde Hacienda, explican la asesora, dicen que este es un impuesto que ha lanzado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y no tanto el de Asuntos Económicos y Transformación Digital; y lo han hecho «sin bajar al terreno ni ver la realidad».
«Este impuesto nace con el objetivo de la sostenibilidad, pero sin saber lo que representa. No han estado muy coordinados un ministerio y otro, y ahora tenemos un problema. La propia Agencia Tributaria tiene un problema y es que no sabe cómo inspeccionar este impuesto», explican desde la AEDAF.
Muñoz asegura que «no es raro que entre ministerios se echen las culpas. Principalmente en todo lo que tenga que ver con impuestos medioambientales, diseñados por técnicos de otros ámbitos que descargan sobre la Agencia Tributaria su gestión sin haberles hecho partícipes de la elaboración de la norma. No es algo extraño».
Aduanas colapsadas
Desde la asociación denuncian que el proceso de grabar cada kilo de plástico «pone a las empresas en una complejidad que no sabemos muy bien cómo afrontar». Además, explica la experta, debemos conocer el origen del plástico «y no existe ninguna normativa internacional que obligue a los fabricantes a mantener la trazabilidad de dicho plástico». La Administración, denuncian, está obligando a las empresas a pedir a los proveedores una certificación de una entidad oficial y a pagarlo de su bolsillo.
«Lo que se prevé es un colapso en Aduana el 1 de enero, ya que las empresas van a tener que indicar la cantidad de plástico, el tipo de plástico y hacer el pago pertinente. Los agentes de aduanas no tienen ni idea de cómo aplicar esto o a quién pedir información», asegura Muñoz.
Muchas empresas que trabajan con proveedores de fuera de la UE seguro se verán afectadas, pero también aquellas que trabajen con empresas comunitarias de países que no cuenten con una norma similar. Para la asesora fiscal, esta medida está «poniendo a las empresas españolas en una situación que no podemos afrontar, no tenemos capacidad de exigir obligaciones legales a terceros ni sabemos cómo hacer frente a este follón».
Las empresas dispuestas a pagar
Para muchas de las empresas afectadas no supone un problema hacer frente a un impuesto que, aseguran, no supone un desembolso excesivo. El problema, argumentan, es que adaptar los sistemas, procesos y la obtención de las certificaciones, a menudo supone un sobrecoste mucho mayor que el propio gravamen.
«Es una locura, no nos pueden imponer obligaciones que son todavía más costosas que el propio tributo. Se podría haber jugado con los incentivos o por muchas otras vías, pero parece que nuestro país tiene que ser el líder en este tipo de medidas, cuando en realidad lo que consigue es hundir a sus empresas en una total pérdida de competitividad», sentencia la asesora fiscal.
