El COEV estrena comisión para impulsar la vivienda asequible en la Comunitat

La Comunitat Valenciana sumó 38.200 hogares en 2025 y terminó 8.900 viviendas, según las cifras expuestas por la economista Blanca Marín. El desfase abrió un debate sobre qué impide construir más y a qué hogares llegaría esa nueva oferta. En la jornada, organizada con motivo de la presentación de la Comisión de Urbanismo y Vivienda del Colegio de Economistas de Valencia (COEV), se plantearon medidas para agilizar los trámites, ampliar el parque protegido y acortar los plazos de obra mediante la construcción industrializada.

En València y su área metropolitana hay unos ocho millones de metros cuadrados de edificabilidad pendientes de desarrollar, con capacidad estimada para unas 70.000 viviendas. Rubén Rojas, director de Negocio de Suelo en Simetría Grupo, llevó esa cifra a la mesa redonda del Colegio de Economistas de Valencia. También recordó que buena parte de ese suelo ya estaba pendiente hace una década. Para Rojas, el avance que le gustaría ver de aquí a un año, concretó, pasa por elegir sectores prioritarios y poner en marcha su programación urbanística.

La cifra se refiere a metros cuadrados que se podrían construir según el planeamiento. Para que esas viviendas lleguen al mercado, antes hay que tramitar los desarrollos, urbanizar el suelo y ejecutar las promociones. Rojas situó uno de los primeros obstáculos en los informes sectoriales, cuya demora dificulta prever cuándo podrá avanzar un proyecto. También pidió que la gestión del suelo recaiga en equipos profesionales y que se mantenga un equilibrio entre las cargas de urbanización y los beneficios del desarrollo.

Vicente Llácer, vicepresidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) y consejero delegado de Grupo Ática, llevó esa incertidumbre a las cuentas de una promoción. El promotor necesita saber con qué criterios se interpretará la normativa y en qué plazos podrá construir y entregar las viviendas. «Para hacer vivienda hay que hacer números de verdad», afirmó. También reclamó estabilidad en las reglas urbanísticas. «No podemos estar cambiando de modelo cada cuatro años», sostuvo.

Paiporta, del suelo previsto a la obra

Blanca Marín, copresidenta de la nueva comisión del COEV, defendió digitalizar el planeamiento para que administraciones y empresas puedan consultar qué suelo hay y en qué fase se encuentra cada actuación. Citó el caso de Paiporta, donde, según los datos que presentó, se han identificado 8,63 hectáreas con capacidad para 1.174 viviendas. De ellas, 533 están en construcción. El desglose permite distinguir qué parte de la oferta prevista está ya en obras y cuál sigue pendiente.

El director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, defendió en la apertura que la Administración responda en plazos razonables y mantenga las garantías de los procedimientos. También situó la aportación de los economistas a la nueva Ley del Suelo en el análisis de cuánto cuesta desarrollar una actuación, cómo se financia y qué impacto tendrá en las cuentas públicas.

La falta de oficios limita cuántas viviendas se pueden construir

Una vez que el suelo está listo, las empresas tienen que encontrar a los profesionales que ejecutarán las obras. Según las cifras de Blanca Marín recogidas por el COEV, cerca del 69% de las constructoras tiene dificultades para contratar personal cualificado. La economista señaló además que el 95% de las empresas dedicadas a la construcción residencial tiene menos de diez empleados. Ante esta situación, Llácer puntualizó que la escasez de determinados oficios limita la capacidad de las constructoras para asumir nuevas promociones.

Begoña Serrano, directora del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), planteó trasladar parte del trabajo de la obra a la fábrica. Según explicó, la construcción industrializada puede reducir los plazos de ejecución entre un 30% y un 50% y permite controlar mejor las desviaciones de presupuesto. En el debate cifró el sobrecoste de ejecución entre un 3% y un 5%. El interés económico del sistema, por tanto, también depende del tiempo que se ahorre y de la previsibilidad que se gane durante la obra.

Serrano explicó que el IVE impulsa un clúster autonómico con 59 participantes y señaló que las empresas necesitan una demanda estable para ganar escala. También se refirió a la formación. Puso como ejemplo a Inhaus, que cuenta con un aula propia para preparar a trabajadores, y señaló que la fabricación en planta ha facilitado la incorporación de mujeres a la actividad.

El ahorro inicial condiciona quién puede comprar

Vicente Llácer planteó otra pregunta: ¿quién podría comprar esas viviendas si la producción aumentara de forma significativa? El vicepresidente de Aprova señaló que hay hogares con dificultades para reunir el ahorro que exige la entrada y abrió el debate sobre fórmulas que permitan financiar hasta el 100% del precio. Su intervención puso el foco en los hogares que pueden afrontar una cuota mensual pero carecen del capital inicial para comprar.

Blanca Marín centró su propuesta en ampliar el parque público y mantener la calificación de las viviendas protegidas para que sigan formando parte de la oferta asequible con el paso de los años. También señaló que el aumento de los visados muestra una reactivación de la actividad. La diferencia entre los 38.200 hogares creados y las 8.900 viviendas terminadas en 2025, citada durante la mesa, permite comparar el ritmo al que crecen los hogares y el de la obra nueva.

Medir cuántas viviendas llegan a terminarse

El COEV reunió estas posiciones en la presentación de su Comisión de Urbanismo y Vivienda, copresidida por Blanca Marín y Francisco Javier de la Torre. El grupo trabajará en propuestas normativas, debate público y formación de los colegiados. En la apertura, el vicedecano Alfredo Hernández Torres vinculó el acceso a la vivienda con «el bienestar de las familias, la competitividad de nuestras empresas y el futuro de nuestros municipios».

Juan Antonio Pérez Sala, director general de Planificación y Políticas de Vivienda de la Generalitat, cerró la jornada con una petición: «convertir el planeamiento en viviendas». Para medir ese avance, propuso publicar y evaluar por separado el suelo disponible, el que ya se ha movilizado, las viviendas iniciadas y las que se han terminado. Añadió otra variable para valorar el resultado de las actuaciones: cuánto cuesta producir cada vivienda.