Herrero (M. Agricultura): “Queremos reequilibrar la cadena alimentaria”

A la espera de aprobación definitiva a “la mayor brevedad posible” de la segunda reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre los principales objetivos que se pretende conseguir, –tal y como subraya José Miguel Herrero, director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura–, se encuentran: mejorar la capacidad de negociación de los eslabones más débiles de la cadena; fomentar el reparto equitativo del valor añadido; reequilibrar la cadena alimentaria, como elemento clave de su sostenibilidad, y estimular las relaciones comerciales, favoreciéndose la operatividad y competitividad del sector.

Ley de la Cadena Alimentaria

– ¿La segunda fase de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria evitará las protestas de los ganaderos que consideran que el precio que pagan los mayoristas no cubre sus gastos de producción?

La primera parte de la reforma de la Ley de la Cadena vino a romper una dinámica en la negociación y pacto de los precios que era ajena a los costes de producción de los productos. Así, se obliga a incluir en los contratos alimentarios la indicación expresa de que el precio pactado por estos productores. Y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción y que si el precio de los productos tiene una parte variable, debe tenerse en cuenta en su fijación, entre otros factores, este último coste.

A partir de ese momento, la cadena de valor deberá conformarse de abajo hacia arriba. Lo que redundará en un reparto justo del valor que se genera en la cadena alimentaria. En cualquier caso, partimos de un sistema de prácticas muy instaurado. Por lo que romper la dinámica de negociaciones, en las que no se tenía en cuenta el coste efectivo de producción, requerirá tiempo, trabajo y compromiso de todos los eslabones de la cadena. Somos conscientes de la envergadura de la medida adoptada. Pero creemos en ella y confiamos en poder ver sus beneficios en el menor plazo de tiempo posible.

Desequilibrio de los precios en la agricultura

– Los agricultores y ganaderos alertan de desequilibrios con los precios de la leche o del aceite. ¿La Ley cambiará la situación?

En determinadas ocasiones, en la cadena alimentaria se pone de manifiesto la existencia de asimetrías en el poder de negociación de los distintos operadores que pueden derivar, y en ocasiones derivan, en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales. Para solventar estos problemas, la Ley de la Cadena Alimentaria desempeña, desde su promulgación, un servicio esencial para reequilibrar la cadena alimentaria española. Ahora necesita de un impulso para el que no cabe dilación.

Esta reforma pretende que nuestros productores obtengan un precio que remunere su trabajo. Y evitar que los alimentos sean utilizados como productos reclamo, devaluando así su valor frente a los consumidores. Así, como ya he dicho, se obliga a incluir en los contratos alimentarios la indicación expresa de que el precio pactado por estos productores y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción. De esta manera, se rompe una dinámica en la negociación y pacto de los precios que era ajena a los costes de producción de los productos.

¿Qué ocurre con la figura del mediador?

– Los sindicatos y asociaciones agrarias pedían la creación de la figura del mediador para los contratos que evitase prácticas comerciales abusivas, como la modificación unilateral de contratos. ¿Cómo se pueden evitar estas prácticas sin esa figura y quién supervisará este tipo de situaciones?

El proyecto de ley por la que se modifica la Ley de la Cadena recoge la posibilidad de que las partes puedan acudir a la mediación cuando no hubiese acuerdo entre el vendedor y el comprador a la hora de formalizar los contratos alimentarios. Por otro lado, dicha ley ya contemplaba mecanismos para evitar las prácticas comerciales abusivas. Mediante un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria.

Los instrumentos de autorregulación creados por la Ley de la Cadena Alimentaria son el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria y el Observatorio de la Cadena Alimentaria. El primero de ellos es esencial para facilitar el desarrollo de las relaciones contractuales entre los operadores de la cadena alimentaria. Fomentando la observancia de las mejores prácticas en el desarrollo de dichas relaciones y la adecuación de las mismas a la Ley de la Cadena Alimentaria y a los principios que la inspiran.

«El proyecto de ley establece mecanismos de cooperación y coordinación para garantizar la unidad de mercado»

Por otro lado, el Observatorio de la Cadena Alimentaria es un órgano de diálogo y colaboración entre los operadores de la cadena alimentaria y los poderes públicos que fomenta las buenas prácticas comerciales y los sistemas ágiles de resolución de conflictos entre las partes. Así como el seguimiento de las prácticas comerciales. Trasladando a la autoridad competente, si detectase incumplimientos en lo establecido por la ley.

Por otra parte, la Ley contempla un régimen de infracciones y sanciones con el fin de prevenir y sancionar la comisión de todas aquellas conductas que son calificadas por la ley como prácticas comerciales abusivas. Los órganos competentes para velar por el cumplimiento de la ley son la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y sus entidades homólogas en las comunidades autónomas, en función del ámbito territorial donde acontezcan las relaciones comerciales.

El proyecto de ley amplía, como consecuencia de la transposición de la Directiva 633/2019, el catálogo de prácticas comerciales, desarrolla mecanismos para la protección del denunciante, amplía el catálogo de infracciones y sanciones para adecuarlo a las nuevas prácticas prohibidas y refuerza el papel de la AICA como órgano de control de la ley. Asimismo, el proyecto de ley establece mecanismos de cooperación y coordinación entre la AICA y los órganos de las autonomías para garantizar la unidad de mercado.

El papel de las las organizaciones de agricultura

– ¿Qué papel jugarán las organizaciones agrarias en el proceso productivo?

La ley vino a establecer unas reglas del juego en las relaciones comerciales de la cadena alimentaria. Con su reforma se avanza y refuerza en la consecución de sus fines. Para que sea eficaz será fundamental la implicación y el compromiso de todos los agentes de la cadena.

Lograr un impacto positivo en la dinamización del mercado y el fomento del reparto equitativo del valor añadido debe ser una prioridad para todos los eslabones de la cadena, incluidas las organizaciones agrarias. Juegan un papel fundamental tanto para defender los legítimos intereses de los agricultores y ganaderos como para vertebrar el sector productor.

Las organizaciones agrarias son necesarias para colaborar y debatir con la Administración a la hora de elaborar las políticas agrarias. Aportando datos sobre la realidad de su sector, hasta cooperando en la redacción de normas. Pero, más allá de esa misión ante las administraciones, las organizaciones agrarias aportan información, formación, asesoramiento, organización para la ordenación de la oferta y la demanda, compra de medios de producción y mejora de la gestión de las explotaciones. Todas estas funciones organizativas y de servicios contribuirán a mejorar la competitividad y la integración en la cadena alimentaria.

«Las enmiendas que resulten aprobadas recogerán las inquietudes más importantes de los representantes del sector»

– Colectivos como el sector platanero han denunciado la ley ante la UE, ¿afectará a su tramitación final?

Durante la tramitación del proyecto de ley por el que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria, el Ministerio ha mantenido un diálogo con los representantes de todos los operadores de la cadena alimentaria así como con las comunidades autónomas. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros es, por tanto, fruto de este diálogo.

Asimismo, en la tramitación parlamentaria los grupos que componen la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación han tenido la oportunidad de escuchar las inquietudes de los representantes de los distintos eslabones de la cadena sobre la reforma de la ley.

Las enmiendas que resulten aprobadas recogerán, sin duda, las inquietudes más importantes puestas de manifiesto por los representantes del sector agroalimentario y servirán para mejorar el texto del proyecto de ley. Sin olvidar que es necesario garantizar una remuneración justa para los productores primarios, puesto que esta es la única vía para mantener la viabilidad de sus explotaciones.

En este sentido, este departamento ministerial siempre se ha mostrado comprometido con el sector del plátano de Canarias. Por ello, ha dialogado con los productores, escuchando sus demandas, con un objetivo común. Conseguir una remuneración justa para nuestros productores.

Las medidas del Ministerio de Agricultura

– ¿Qué medidas impulsará el Ministerio para ayudar a la recuperación de la agricultura o la pesca?

Tenemos un sistema agroalimentario muy competitivo. Ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en una situación tan excepcional como la generada por la covid-19. Garantizando el abastecimiento a la población en todo momento.

Pero, una vez superado el momento más crítico de la crisis sanitaria, continuamos trabajando para seguir atendiendo a la sociedad. Con alimentos sostenibles y de calidad. Poniendo en valor los alimentos que producimos. Tanto el sector agroalimentario como la Administración debemos esforzarnos por conectar con un consumidor cada vez más exigente. Este busca la personalización y un trato diferenciado. Estamos ante una gran oportunidad para impulsar el cambio hacia aquellos aspectos que fortalezcan la cadena alimentaria.

La voluntad del Gobierno es continuar avanzando en los objetivos de la Ley de la Cadena Alimentaria. Son mejorar la capacidad de negociación de los eslabones más débiles de la cadena; fomentar el reparto equitativo del valor añadido; reequilibrar la cadena alimentaria, como elemento clave de su sostenibilidad, y estimular las relaciones comerciales, favoreciéndose la operatividad y competitividad del sector.