La medida que sacará los colores a las administraciones morosas

El Gobierno aprobó el 14 de julio una nueva normativa que, sin montante económico, establece una serie de medidas para que las Comunidades Autónomas (CCAA) y Ayuntamientos reduzcan los plazos de pago de sus deudas con proveedores. La mayoría ha recibido los importes pendientes y continúan realizando trabajos para la administración, con un retraso medio de 139 días frente a los 30 que establece la Ley de Morosidad.

Según la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos la Ley 13/2014, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, recoge una serie de normas que, de alguna manera, constituyen una forma de hacer público que las administraciones siguen teniendo comportamientos de morosidad con sus proveedores y esperan “que sirva como medida de presionar para que CCAA y entidades locales comiencen a responder en tiempo y forma a las facturas que tienen pendientes”.

De lo que se trata, continua Celia Ferrero, es de establecer un mecanismo para que aquellos autónomos a los que la administración adeuda cantidades provenientes de trabajos realizados y no han cobrado sus facturas, puedan acudir a la Administración Central o a Hacienda para que estas últimas se hagan cargo de la deuda.

La reciente ley aprobada por el Gobierno, se hará cargo de la deuda y, más adelante, será la propia administración “la que retraiga esos importes abonados a los proveedores de las transferencias del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) que tenga que hacer en su momento a las CCAA y Ayuntamientos”.

Parece de justicia, indica la vicepresidenta de ATA, que se reconozca públicamente a aquellas administraciones que no cumplen los plazos que establece la ley, “para que se sepa, como ocurre con los ciudadanos que no pagan sus deudas y entran en una lista de morosos”.

La nueva Ley no es un nuevo fondo proveedores. Se trata simplemente, destaca Celia Ferrero, de una serie de medidas de transparencia y de presión para que CCAA y Ayuntamientos cumplan de una vez los 30 días de plazo de pago que establece la Ley de Morosidad.

Ante la situación actual, manifiesta que los autónomos esperan que estas medidas de persuasión y transparencia facilite que no se vuelva a «crear una bola tan grande de deuda como la que nos encontramos, dado que los autónomos continúan trabajando para la administración y cobrando a los 139 días de la realización de los trabajos”.