La construcción industrializada se juega su despegue en el diseño conjunto, la financiación de lo que se fabrica y una demanda pública sostenida

Un baño que llega terminado a la obra, una fachada fabricada con sus ventanas o una habitación completa trasladada en un módulo. Todas son formas de construcción industrializada, pero ninguna explica por sí sola en qué consiste el modelo. Para Luis Fernández, vicepresidente de la Asociación Española de la Construcción Industrializada (AECI), el cambio fundamental está en decidir desde el principio cómo se diseñará, fabricará y montará el edificio.

«La cuestión clave aquí y fundamental es el diseño», afirma. El fabricante debe trabajar con el arquitecto y el promotor desde la fase de proyecto; si también participa la constructora, mejor. Así se acuerdan las funciones de cada componente, sus prestaciones, el precio y los plazos antes de iniciar la fabricación. Dejar esas decisiones para cuando la obra ya está en marcha obliga a introducir cambios que pueden encarecer o impedir la solución prevista

Fernández insiste en que no se trata simplemente de fabricar bajo techo lo que antes se hacía en una obra. Un componente industrializado puede reunir estructura, aislamiento, protección frente al fuego y otros elementos que tradicionalmente se contratan y ejecutan por separado. Después debe transportarse y ensamblarse conforme a lo proyectado. La trazabilidad permite comprobar que lo diseñado coincide con lo fabricado y finalmente instalado.

«Es un proceso organizativo absolutamente diferente», resume. Esa diferencia explica tanto el interés que despierta el modelo como sus dificultades para abrirse paso en un sector acostumbrado a resolver parte de los detalles durante la ejecución.

Un mercado cuyo tamaño aún no puede medirse con precisión

¿Cuánto representa ya la construcción industrializada en España? Fernández evita ofrecer un porcentaje . Tampoco dispone de una cifra agregada de inversión, capacidad productiva o proyectos que permita describir con precisión el tamaño del mercado.

La razón, explica, es que hasta hace poco faltaban definiciones comunes para determinar qué debía contarse como construcción industrializada. Una estimación podía incluir edificios modulares completos; otra, fachadas, baños o elementos estructurales. Sin una misma base, comparar porcentajes conduce a conclusiones engañosas.

Según Fernández, la asociación impulsó en 2023 la elaboración de una norma específica, publicada en 2026, para fijar conceptos como construcción industrializada y componente industrializado.

También destaca la aparición de nuevas categorías de actividad económica relacionadas con la fabricación de componentes de madera, acero y hormigón. Ambas novedades deberían facilitar, con el tiempo, una medición más consistente.

Eso no significa que el sector acabe de nacer. En España existen propuestas de industrialización desde hace décadas, especialmente en vivienda unifamiliar. Fernández observa que en los últimos años han aumentado las inversiones en desarrollo de productos, innovación y fábricas destinadas también a edificios de mayor altura. El salto pendiente es producir a una escala capaz de responder a una demanda amplia y continuada.

La asociación reúne a empresas de distinto tamaño, aunque el vicepresidente advierte de que muchos industrializadores operan fuera de ella. Por eso, incluso los datos de sus socios ofrecerían únicamente una imagen parcial del conjunto.

De la vivienda unifamiliar a los edificios públicos

La vivienda unifamiliar fue uno de los primeros terrenos en los que prosperó este modelo. Sus promotores suelen tomar decisiones con mayor flexibilidad y algunas empresas cuentan ya con equipos de arquitectura habituados a diseñar para sus sistemas de fabricación. Esa experiencia, sin embargo, no se traslada automáticamente a promociones de cientos o miles de viviendas.

Luis Fernández sitúa mayores facilidades en determinados edificios de uso público y terciario. Colegios, centros de formación, residencias u hospitales pueden incorporar espacios repetidos y necesidades funcionales definidas desde el inicio. La repetición ayuda a organizar la producción; conocer de antemano las instalaciones y las exigencias de uso permite ajustar cada componente.

El vicepresidente cita proyectos de centros educativos, laboratorios y residencias, además de promociones de vivienda pública, para ilustrar que la industrialización puede aplicarse a distintos segmentos. Pero considera que la vivienda colectiva presenta más obstáculos: intervienen las condiciones urbanísticas, las particularidades de cada parcela, las distribuciones y las normas aplicables en cada territorio.

Ahí se concentra también una de las mayores oportunidades. Si las administraciones consiguieran promover vivienda pública mediante proyectos concebidos desde el principio para su fabricación industrial, ofrecerían a las empresas una cartera de trabajo más previsible. Fernández cree que esa continuidad es necesaria para justificar inversiones en capacidad productiva.

Cada edificio tiene su propio grado de industrialización

La promesa de construir más rápido, con menos residuos y a menor coste suele expresarse en porcentajes generales. Fernández se resiste a hacerlo. «La analítica no es lineal, es dependiente de cada proyecto», advierte. El resultado cambia según qué partes del edificio se fabriquen, cuánto trabajo quede en obra y cómo se coordinen los distintos proveedores.

Como ejemplo, menciona una promoción pública de 33 viviendas realizada mediante módulos tridimensionales. Según su explicación, más del 90 % del edificio se fabricó fuera de la obra y el resto correspondió a trabajos que debían ejecutarse en el emplazamiento, como la cimentación, el ensamblaje y la puesta en servicio. Fernández atribuye a aquel proyecto una reducción de residuos superior al 90 % frente a una solución tradicional comparable. Es el resultado que comunica para esa actuación, no una cifra trasladable a cualquier promoción.

En otro edificio pueden industrializarse únicamente los muros, los forjados o las fachadas. Si las instalaciones, las carpinterías y los acabados se ejecutan después en obra, la proporción industrializada será menor. Se reducirán trabajos y residuos en las partidas fabricadas, pero persistirán los plazos y efectos de aquellas que sigan el procedimiento habitual.

La misma cautela se aplica al precio. Fernández reconoce que el coste de materiales, las certificaciones y la falta de volumen limitan hoy la capacidad de algunas empresas para abaratar sus componentes. Su propuesta es comparar el coste completo del edificio: además del precio de una fachada, por ejemplo, deben calcularse el montaje, los medios auxiliares, la coordinación de oficios, la gestión de residuos y el tiempo de obra que puede ahorrarse.

Ese análisis exige diseñar para industrializar desde el primer momento. Adaptar un proyecto ya cerrado puede requerir cambios estructurales y nuevos trabajos de arquitectura. A juicio del vicepresidente de AECI, es una de las razones por las que resulta difícil evaluar el modelo mediante una comparación aislada de precios por metro cuadrado.

La contratación pública, ante el reto de diseñar en equipo

Si el diseño conjunto es imprescindible, la forma de contratar los edificios públicos adquiere una importancia decisiva. Fernández sostiene que la secuencia habitual –encargar primero el proyecto y licitar después su ejecución– dificulta la participación temprana de fabricantes y constructores. Cuando estos llegan, las decisiones principales ya están tomadas.

AECI propone facilitar la contratación conjunta del proyecto y la obra en los casos en que se justifique el uso de componentes industrializados. Según explica Fernández, la asociación plantea introducir esa posibilidad en el marco del artículo 234 de la Ley de Contratos del Sector Público. El objetivo es que arquitectos, constructora e industrializadores puedan preparar una propuesta coordinada desde el inicio.

La asociación también plantea favorecer la continuidad entre quien redacta el proyecto y quien dirige su ejecución cuando se empleen estas tecnologías. Fernández argumenta que esa continuidad ayudaría a mantener la coherencia técnica entre el diseño de los componentes, su fabricación y el ensamblaje final.

Son propuestas de AECI, no cambios normativos ya aprobados. Su vicepresidente considera que darían más seguridad a las administraciones que quieren impulsar este tipo de edificios y permitirían convertir los encargos aislados en una demanda sostenida. «Podríamos tener una demanda consolidada de decenas de miles de viviendas», afirma al describir el potencial que atribuye a la promoción pública. La cifra expresa una posibilidad condicionada a esos cambios, no una previsión de viviendas ya comprometidas.

Para las fábricas, esa continuidad importa tanto como cada adjudicación. Una instalación industrial necesita planificar compras, personal y turnos con suficiente antelación. Encadenar proyectos puntuales sin saber cuándo llegará el siguiente reduce el incentivo para ampliar capacidad.

¿Quién paga un edificio cuando está en la fábrica?

La financiación constituye el segundo gran obstáculo que identifica Fernández. En una promoción convencional, el crédito suele disponerse conforme avanza la obra y se certifican los trabajos realizados. En un proyecto industrializado, una parte considerable del edificio puede estar casi terminada en la fábrica mientras sobre la parcela apenas se aprecia avance.

«Hay muchos millones de euros en la fábrica del industrializador que alguien tiene que financiar», explica. El fabricante necesita pagar materiales, equipos y salarios antes de trasladar los componentes. El promotor, por su parte, necesita garantías de que recibirá lo contratado. Y las entidades financieras deben valorar cómo respaldar bienes que todavía no están incorporados al inmueble.

Fernández compara la situación con la financiación de otros bienes industriales que se construyen por fases. Su planteamiento consiste en reconocer hitos verificables de fabricación y establecer garantías que permitan adelantar fondos sin esperar a que cada pieza llegue a la obra.

Según relata, AECI ha trabajado con responsables públicos y entidades financieras en una posible fórmula a través del ICO. El esquema que describe permitiría financiar a los industrializadores durante la producción y recuperar esos importes cuando los componentes se entregasen, instalasen y certificasen en el edificio. Fernández asegura que la propuesta sigue pendiente de ponerse en marcha.

Sin una solución de este tipo, advierte, incluso una empresa con pedidos puede encontrar dificultades para atenderlos: cuanto más produzca, más capital necesitará adelantar. Por eso vincula la financiación con la escala. Conseguir nuevos proyectos no bastará si las fábricas carecen de recursos para fabricarlos a tiempo.

Otro lugar de trabajo, otros perfiles

La industrialización también cambia quién construye y dónde lo hace. Buena parte de la actividad se desplaza a oficinas técnicas y plantas de producción, mientras que en la obra permanece un equipo más reducido para ensamblar los componentes y completar los trabajos necesarios.

Fernández cree que ese entorno puede resultar más atractivo para jóvenes y mujeres. Cita su propia empresa como ejemplo, sin presentarla como representativa del conjunto del sector: señala que la edad media de su plantilla de fábrica es de 28,7 años y que las mujeres representan el 34 % de la empresa.

Los perfiles que enumera incluyen arquitectura, ingeniería, diseño, automatización, robótica, mecatrónica y mantenimiento industrial. También se necesitan profesionales de formación profesional para operar los procesos de fábrica y equipos especializados en montaje. La precisión del diseño y del ensamblaje exige capacidades distintas a las que se asocian habitualmente con una obra convencional.

Pero trasladar trabajadores a una nave no convierte por sí solo la actividad en industria. «O lo que estarás haciendo pues es lo que hacías en la obra en una nave. Eso no es industria», afirma. Para Fernández, la diferencia está en combinar diseño, maquinaria, organización y control del proceso.

En definitiva, la construcción industrializada tiene, de este modo, una oportunidad ligada a la necesidad de vivienda y a la escasez de profesionales en determinados oficios. Su desarrollo dependerá de resolver problemas menos visibles que la velocidad de montaje: medir bien el mercado, contratar edificios concebidos para fabricarse, asegurar trabajo continuado y financiar lo que ya se está construyendo aunque todavía no haya llegado a la parcela.