Anged alerta de que el comercio físico pierde 56 días de ventas frente al online

El sector de la distribución en España afronta una transformación de fondo. La digitalización del consumo, la sostenibilidad, los cambios sociales y la presión de las grandes plataformas han abierto un debate que ya no se limita a la libertad de horarios comerciales, sino que afecta directamente a la competitividad, la productividad y al modelo de ciudad.

Bajo el título «El futuro del retail en España. Equilibrios entre libertad de horarios y ciudades vivas», representantes institucionales, Comisión Europea, empresas de distribución y expertos han analizado cómo adaptar el marco regulatorio del comercio físico a una realidad en la que el comercio online opera bajo reglas muy distintas. El punto de partida del encuentro fue claro: el retail es un motor económico de primer orden, con una facturación superior a 50.225 millones de euros y más de 240.200 empleos directos, pero también cumple una función vertebradora en barrios y ciudades.

La presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Matilde García Duarte, fue una de las voces más contundentes de la jornada. La directiva advirtió de que las restricciones actuales sobre horarios comerciales «regalan» 56 días al año a las plataformas asiáticas por la obligación de cerrar en domingos y festivos. A su juicio, esta situación coloca al comercio físico en desventaja frente a operadores como Shein, Temu o AliExpress, que pueden vender de forma continua.

García Duarte ha criticado que España cuenta con más de 400 normativas que afectan al comercio, también en materia de horarios comerciales, y ha defendido la necesidad de implantar la libertad de horarios y reformar la ley del comercio. Según ha sostenido, la situación restrictiva española «no se reproduce en ningún otro país del mundo» y el exceso de barreras regulatorias acaba perjudicando tanto a las empresas como al consumidor.

Un sector clave para la economía y la vida urbana

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha subrayado que el comercio interior vive una transformación profunda marcada por tres grandes factores: la evolución digital, la sostenibilidad y la dimensión social del consumo. En su intervención, ha destacado que el comercio no solo genera actividad económica y empleo, sino también cohesión social. De hecho, recalcó que «donde hay comercio hay vida». Según ha expuesto, el comercio interior aporta el 12,8% del PIB nacional y cuenta con más de 700.000 locales comerciales.

López Senovilla también ha puesto el foco en la necesidad de apoyar al pequeño comercio en su adaptación digital. En este sentido, ha destacado el papel del Kit Digital, enmarcado en el Plan de Recuperación, que ha movilizado 3.700 millones de euros y ha permitido acelerar la digitalización de miles de pymes. Para la secretaria de Estado, la digitalización es una vía para ganar resiliencia, escala y capacidad competitiva en un entorno cada vez más exigente.

Sobre los horarios comerciales, López Senovilla ha hecho referencia a la necesidad de «seguir avanzando en un equilibrio razonable», teniendo en cuenta que el sector opera en un entorno competitivo y cambiante y compite con una venta online que funciona de manera continua. El reto, ha indicado, pasa por combinar competitividad, cohesión urbana y diversidad comercial.

Sin embargo, el debate va más allá de la tecnología. El cierre de establecimientos, la falta de relevo generacional y la pérdida de comercio de proximidad tienen consecuencias directas sobre la vitalidad de los barrios. Por ello, la cuestión de los horarios no puede abordarse únicamente desde una confrontación ideológica, sino desde una perspectiva técnica: cómo permitir que el comercio físico compita en mejores condiciones sin vaciar de actividad las ciudades.

La Comisión Europea pide simplificación

El profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Pérez del Prado, ha centrado su intervención en el diagnóstico europeo sobre el sector. Según ha explicado, el comercio minorista aparece en los informes comunitarios como una actividad clave para la economía española, pero también como un sector afectado por restricciones, complejidad normativa y cargas administrativas.

Pérez del Prado ha apuntado que la normativa española es restrictiva en algunos ámbitos del comercio al por menor, especialmente en la concesión de licencias, y que esta situación puede perjudicar al consumidor. A su juicio, mejorar la productividad del comercio pasa por eliminar trabas administrativas, simplificar procedimientos y avanzar hacia una mayor convergencia normativa entre comunidades autónomas.

El debate ha conectado con una cuestión recurrente en la agenda europea: la fragmentación del mercado interior. Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, ha trasladado que Europa debe ganar competitividad reduciendo cargas y reforzando el mercado único. Según ha aclarado, las barreras internas equivalen a costes muy relevantes para las empresas, especialmente en servicios, y se agravan cuando se suman normas regionales, nacionales y sectoriales.

Calleja ha apostado por aminorar la normativa que afecta al comercio en la UE, simplificar la burocracia y reforzar los procedimientos de control del Derecho comunitario. En su opinión, Europa «necesita pasar de una cultura de restricción a otra de simplificación y procomercio».

El representante de la Comisión Europea también ha recordado que, desde el 1 de julio, se impondrá en la UE una tasa aduanera a los pequeños envíos de plataformas asiáticas de menos de 150 euros. Según explicó, el 91% de estos productos procede de China, y plataformas como Shein, Temu o AliExpress deberán presentar expedientes de responsabilidad para identificar a sus anunciantes. García Duarte, por su parte, ha advertido de que esta tasa «la acabará pagando el consumidor».

Reglas comunes para competir en igualdad

Desde el punto de vista empresarial, García Duarte ha aclarado que España necesita un gran pacto por la productividad y reformas estructurales que permitan al comercio competir en mejores condiciones. La presidenta de Anged ha señalado que la proliferación normativa afecta a la inversión, a la productividad y, en última instancia, al consumidor.

Para Anged, la fragmentación normativa genera competencia desleal frente a plataformas online que operan con mayor flexibilidad. García Duarte ha incidido en que proteger el comercio físico no significa inmovilismo, sino crear un marco que permita a las empresas invertir, generar empleo y mejorar salarios.

En su opinión, el cliente seguirá queriendo acudir a las tiendas y vivir una experiencia de compra, pero para que eso ocurra el sector necesita reglas más claras, menos barreras y una reforma global de la legislación comercial. «Cuanto más protejamos el comercio físico, mejor nos irá a todos», ha defendido durante el encuentro.