Cuatro sentencias judiciales sobre decisiones del anterior gobierno autonómico han obligado al Consell a dotar nuevas provisiones de cerca de 175 millones de euros.

Según ha informado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, la Cuenta General de 2017 ha incorporado nuevas provisiones por importe de 147,5 millones fundamentalmente para hacer frente a la ejecución de sentencias judiciales derivadas de actuaciones del anterior Ejecutivo. Entre estas sentencias se incluye la del Tribunal Supremo y el auto del TSJ que obligan a demoler las dos Torres de Benidorm, dos edificios de 22 plantas en la zona de servidumbre de costa, así como a indemnizar a los 168 propietarios de los apartamentos de lujo con el dinero que pagaron incrementado en un 20%. La construcción de estas torres, autorizada en 2005 por el anterior Consell pese a los informes técnicos, jurídicos y del ministerio desfavorables, ha sido considerada ilegal por vulnerar la Ley de Costas.

Infraestructuras e ITV

Otra de las sentencias cuyo coste ha habido que provisionar -9,5 millones más intereses- es la que reconoce las indemnizaciones exigidas por los contratistas tras la resolución unilateral por parte de la Conselleria de Infraestructuras en la anterior legislatura del contrato de concesión para la construcción y explotación de una nueva autovía en la carretera autonómica CV-95, en el tramo Orihuela Costa. El contrato, adjudicado en 2007 por 466 millones, fue resuelto por la conselleria en 2012 sin establecer indemnización a la empresa.

Otro fallo se refiere a las modificaciones, dilaciones y ampliaciones de plazo en ejecución de la obra Acceso norte a Alicante (Avenida Denia), que obliga a la Generalitat a abonar al contratista 14,7 millones de euros, con lo que el coste final de la obra ascenderá a 64,4 millones, un 90% más que el precio inicial de adjudicación (33,8 millones)

Asimismo, la Generalitat ha tenido que provisionar 46,55 millones, por las obligaciones que pudieran derivarse de la sentencia 523/17, de 30 de mayo de 2017, que anuló el acuerdo del Consell  en el que se redujeron sin un estudio económico-financiero las tarifas de las concesionarias de la ITV en las pruebas de emisiones contaminantes y comprobación sonora.