Hay unanimidad sobre la situación del sistema público de pensiones: tal y como está, no tiene futuro debido al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida. Todas las entidades consultadas han constatado un cambio social en este terreno. Los distintos productos de ahorro a largo plazo no se veían como algo necesario, una opinión que ha ido cambiando al mismo tiempo que aumenta la preocupación por el incierto futuro del sistema público.
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Un reciente sondeo del BBVA revela que a un 86 % de los encuestados les preocupa bastante o mucho el futuro de las pensiones públicas. De hecho, un 39 % cree que cuando se jubile no podrá vivir sin aprietos. El mismo estudio revela que el 71 % se considera poco o nada informado sobre la jubilación y seis de cada diez querrían tener más información sobre el importe de su pensión y la edad a la que podrán jubilarse.
A esta preocupación por asegurarse un futuro económico digno tras la jubilación, las entidades financieras se preocupan por destacar las ventajas fiscales de sus diferentes planes. De hecho, las entidades diferencian claramente aquellos planes destinados a un público más joven y que, por lo tanto, cuentan con una seguridad menor de disfrutar una pensión pública, para el que se ofertan productos de máxima rentabilidad, y público maduro, con un horizonte cercano de jubilación, cuyo objetivo es asegurar unos ingresos mensuales a largo plazo.
Fomentar la contratación de los planes de pensiones a fin de aprovechar las máximas ventajas fiscales incluye, en algunos casos, hasta la posibilidad de financiar las aportaciones a tipos de interés del 0 %.