19.200 camiones sin cita ITV en Valencia, pérdidas de 600€ al día y precios entre los más altos de España

El sistema de Inspección Técnica de Vehículos de la Comunitat Valenciana ha alcanzado un punto de ruptura. Más de 19.200 vehículos pesados no tienen cita para pasar la revisión obligatoria, y el sector del transporte lleva meses denunciando una situación que ya tiene consecuencias económicas directas y cuantificadas. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha decidido poner cifras al colapso por primera vez, bajo la campaña ‘Ni un minuto más’, y el diagnóstico es demoledor.

Dos meses de espera y flotas paralizadas

El 64% de las empresas valencianas de transporte tiene al menos dos vehículos pendientes de inspección cada año y tarda una media de dos meses en conseguir cita. Un plazo inasumible para un sector donde el vehículo es la herramienta de trabajo y cada día parado es un día sin ingresos. El 57,7% de las empresas ha tenido vehículos inmovilizados por no disponer de la inspección técnica en vigor. En más de la mitad de los casos, la paralización se prolongó durante una media de dos meses. La insatisfacción se traduce también en una valoración demoledora del servicio: siete de cada diez empresas califican la atención del servicio de ITV con la peor nota posible.

La fuga a comunidades vecinas, ya normalizada

Ante la imposibilidad de operar con normalidad, el sector ha adoptado una solución que retrata la magnitud del problema: el 78,5% de las empresas del transporte ya no pasa la ITV de parte de su flota dentro de las fronteras valencianas y se desplaza a comunidades autónomas vecinas para evitar sanciones y poder seguir operando.
La paradoja es especialmente llamativa si se tiene en cuenta el precio que se paga en la Comunitat. La Comunitat Valenciana mantiene uno de los precios más elevados de España en la revisión ITV para vehículos pesados, situándose solo por detrás de Andalucía. Los transportistas valencianos pagan más que en otras comunidades por un servicio menos eficaz, más lento y que genera incertidumbre. Pagar más para recibir peor servicio y tener que marcharse a otra región a inspeccionar: esa es la realidad cotidiana de las empresas afectadas.
FVET reclama la adopción de un modelo más realista y operativo, como el que aplican comunidades autónomas vecinas como Murcia o Castilla-La Mancha, donde el sistema de concesión o gestión privada permite una mayor agilidad, adaptación horaria y disponibilidad para vehículos industriales.

600 euros perdidos por camión y por día

El impacto económico es directo y cuantificable. Cada día que un camión permanece inmovilizado a la espera de una inspección técnica, las empresas afrontan costes fijos sin generar ingresos, lo que se traduce en una pérdida estimada de 600 euros por camión al día. Esta situación afecta directamente a la rentabilidad de autónomos y pymes, dificulta el cumplimiento de compromisos logísticos y debilita la capacidad exportadora de la Comunitat Valenciana. Carlos Prades, presidente de FVET, lo resume con dureza: «El sector no puede permitir que sus herramientas de trabajo estén paradas por la ineficiencia de un servicio público.»

A esto se suma el incremento de los costes derivados del encarecimiento del combustible por la guerra de Irán, que agrava aún más la situación de un sector estratégico para la economía valenciana. Y las consecuencias no son solo privadas: según la patronal, el colapso de las ITV está lastrando también los ingresos públicos de la región al impactar negativamente en la recaudación fiscal.

El colapso no surge de la nada. El actual gobierno atribuye la crisis a la herencia recibida tras la reversión pública de las ITV durante la etapa del Botánico de Ximo Puig, que dejó un sistema tensionado desde su origen. La transición al nuevo modelo llegó sin la preparación suficiente para sostener el volumen de inspecciones que exige el parque móvil valenciano. El problema, no obstante, tampoco es exclusivo de Valencia. A nivel nacional, más de 1,59 millones de vehículos comerciales —el 27,5% del total— circulan sin haber superado la inspección obligatoria, lo que refleja una crisis de cumplimiento que en el caso valenciano tiene una causa específica y bien identificada: la falta de capacidad del servicio público.

Julio como horizonte, con 73 plazas en juego

La Conselleria de Industria fija una fecha concreta para comenzar a revertir la situación. Julio será el mes en el que empiecen a notarse las primeras contrataciones de refuerzo en SITVAL (Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles SA).
La oferta de empleo de SITVAL prevé cubrir 73 puestos de inspector mediante concurso-oposición, con un examen tipo test de 100 preguntas, fase de méritos posterior y una bolsa ordinaria de empleo para quienes superen el proceso sin obtener plaza fija. Para la Administración, no se trata solo de cubrir vacantes, sino de reconstruir una estructura capaz de absorber la demanda acumulada y recuperar la confianza del sector.
El reto es mayúsculo. No basta con contratar: hay que lograr que esa contratación impacte en el funcionamiento real de las estaciones, en la reducción de esperas y en la recuperación de la confianza del sector. Mientras tanto, las empresas valencianas seguirán cruzando fronteras autonómicas para hacer lo que deberían poder hacer en casa.