Fundación BBVA e Ivie alertan: menos estudiantes, más retos para las empresas

La evolución demográfica cambiará el panorama educativo y laboral español durante las próximas décadas. Así lo recoge el último número de la colección Esenciales, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que analiza cómo las tendencias demográficas condicionarán las necesidades futuras de inversión en educación.

El estudio, basado en las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), estima que la población de entre 6 y 24 años -la correspondiente a las etapas educativas obligatorias y posobligatorias- disminuirá un 13,7% hasta 2041, lo que supone 1,32 millones de potenciales estudiantes menos.

Aunque esta evolución podría interpretarse como una oportunidad para reducir la presión sobre el gasto educativo, los autores advierten de que las diferencias entre etapas formativas y comunidades autónomas obligarán a diseñar una planificación mucho más precisa para adaptar infraestructuras, profesorado y recursos públicos.

La caída del alumnado no será igual en todos los niveles educativos

El informe muestra que el descenso demográfico afectará de forma desigual a cada etapa educativa. La enseñanza primaria registrará una reducción del 14,5% del alumnado potencial hasta 2035, mientras que la Educación Secundaria Obligatoria perderá un 20,3% y la secundaria posobligatoria un 23,7% en el horizonte de 2041.

En cambio, la población en edad de cursar estudios superiores experimentará una caída más moderada, del 8,7%, que además no comenzará hasta después de 2032.

Esta diferencia tiene importantes implicaciones presupuestarias. La universidad es el nivel educativo con mayor gasto público por estudiante, con una media de 11.347 euros por alumno, frente a los 5.806 euros de la educación secundaria y la Formación Profesional o los 4.720 euros de infantil y primaria. Por ello, aunque el número de estudiantes disminuya, el ahorro potencial para las administraciones será menor de lo que podría parecer.

Más demanda de educación infantil

Frente al descenso previsto en las etapas obligatorias, la educación infantil seguirá una evolución opuesta. El informe prevé que la población de 0 a 2 años aumente un 18% hasta 2041, mientras que los niños de 3 a 5 años crecerán un 7,5%.

Esta tendencia coincide con un incremento constante de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, impulsado por la ampliación de la financiación pública y de la gratuidad de estas plazas. Como consecuencia, las necesidades de inversión en esta etapa educativa continuarán creciendo a pesar de la caída general de la población escolar.

Una España demográficamente desigual

Las diferencias territoriales serán otro de los grandes desafíos para las administraciones educativas. Según el estudio, la Comunitat Valenciana será una de las autonomías donde menos disminuirá la población en edad de estudiar, con una caída del 5%, seguida de Illes Balears (-8,6%). En el extremo contrario se sitúan Extremadura (-23,1%), Cantabria (-22,8%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde el descenso supera el 30%.

Esta disparidad dificultará la redistribución de centros educativos, docentes y recursos públicos, ya que la movilidad entre etapas educativas o entre comunidades autónomas resulta limitada. Los autores consideran que la planificación deberá adaptarse a las necesidades específicas de cada territorio.

Las jubilaciones del profesorado facilitarán la reorganización

El estudio también identifica una oportunidad para acometer esa reorganización.

La elevada edad media del profesorado permitirá adaptar las futuras incorporaciones a las nuevas necesidades educativas. En las universidades públicas, la edad media de los docentes alcanza los 49,5 años y el 18,7% tiene 60 años o más. En la enseñanza secundaria, un 35% del profesorado supera ya los 50 años.

Este relevo generacional facilitará orientar la contratación hacia aquellos niveles educativos y territorios donde la demanda sea mayor durante los próximos años.

Un reto creciente para las empresas

Aunque el informe se centra en el sistema educativo, sus conclusiones también tienen una lectura clara para el tejido empresarial.

La disminución del número de jóvenes implica que, salvo un aumento de la inmigración o de la participación laboral, habrá menos personas incorporándose al mercado de trabajo en un momento en el que numerosos sectores afrontan el relevo generacional derivado de las jubilaciones.

Industria, construcción, logística, sanidad o las actividades vinculadas a la digitalización podrían encontrar mayores dificultades para cubrir sus necesidades de personal cualificado.

Este escenario obligará a las empresas a reforzar sus estrategias de atracción y fidelización del talento mediante una mayor inversión en formación, planes de carrera, colaboración con universidades y centros de Formación Profesional, así como políticas laborales que mejoren su capacidad para atraer profesionales.

Una oportunidad para acercar educación y mercado laboral

El descenso del alumnado también puede convertirse en una oportunidad para mejorar la conexión entre el sistema educativo y las necesidades del tejido productivo.

Con menos estudiantes, las administraciones dispondrán de un mayor margen para orientar recursos hacia aquellas titulaciones con mayor demanda empresarial, especialmente en Formación Profesional, ingenierías, perfiles STEM y competencias digitales.

Una planificación más eficiente permitiría formar profesionales con capacidades más alineadas con los retos de una economía marcada por la inteligencia artificial, la automatización, la transición energética y la transformación digital.

Formar mejor para competir mejor

La Fundación BBVA y el Ivie concluyen que la caída del número de estudiantes no debe interpretarse únicamente como una reducción de la demanda educativa, sino como una oportunidad para adaptar el sistema a las necesidades futuras de la sociedad y de la economía.

En un contexto de envejecimiento de la población y creciente presión sobre el gasto público en pensiones, sanidad y dependencia, la educación seguirá siendo una inversión estratégica para sostener la competitividad del país.

El verdadero desafío no será únicamente gestionar un sistema educativo con menos alumnos, sino garantizar que las próximas generaciones dispongan de las competencias que demandarán las empresas. Porque la cuestión ya no será cuántos estudiantes habrá en las aulas, sino si España será capaz de formar el talento que necesitará para mantener su crecimiento económico y su capacidad de innovación.