La reconstrucción de Myanmar después del seísmo, incierta y sin liderazgo claro

El reciente terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Myanmar y el norte de Tailandia el pasado 28 de marzo ha supuesto un nuevo golpe para una de las economías más frágiles del sudeste asiático. Mientras que el impacto en la economía tailandesa se estima en un 0,06% de su PIB, el caso de Myanmar es mucho más grave: a un país devastado por la guerra civil, el aislamiento internacional y la inflación crónica, se suma ahora una catástrofe natural que podría suponer pérdidas equivalentes a más del 70% de su PIB. Con estos datos, se prevé una reconstrucción lenta, incierta y dependiente de una ayuda internacional.

Myanmar ya era un país económica y socialmente golpeado antes del terremoto del 28 de marzo de 2025. Desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021 –conocido como el Tatmadaw– por considerar fraudulentos los resultados electorales de noviembre de 2020, la economía ha sufrido un retroceso que ha eliminado los avances logrados durante la apertura al mercado iniciada a comienzos de la década pasada.

Según recoge el Informe País del ICEX, actualizado a noviembre de 2024, la Junta Militar ha gestionado el país entre sanciones internacionales, una guerra civil cada vez más extendida y una profunda recesión.

El PIB cayó un 18% en 2021, según datos del Fondo Monetario Internacional. Aunque se observó una leve recuperación del 5,6% en 2023, la economía se mantiene un tercio por debajo del nivel que habría alcanzado de no haberse cruzado ni la pandemia de la covid-19, ni el golpe de estado.

A esta contracción se suma una devaluación de más del 59% del kyat (su moneda oficial) respecto al dólar, lo que disparó la inflación hasta el 14,2% en 2023, encareciendo las importaciones y reduciendo el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos.

Con un PIB per cápita que apenas supera los 1.200 dólares (2023), Myanmar se mantiene entre los países más pobres de Asia, según el Banco Mundial. Más del 50% de su población vive bajo el umbral de la pobreza y un tercio sufre inseguridad alimentaria. La desigualdad es estructural, con una distribución de la renta afectada por factores como la etnia, el género o el entorno rural, tal y como detalla el informe del ICEX.

Estructura económica frágil

La economía de Myanmar se sostiene sobre una base productiva vulnerable. El sector primario representa aún el 22,3% del PIB, y emplea a más del 70% de la población en zonas rurales. La agricultura y la pesca, aunque vitales, sufren baja productividad y problemas logísticos. La manufactura –especialmente el textil y la industria extractiva– aporta cerca del 37% del PIB, siendo el motor de las exportaciones junto a los hidrocarburos.

Según detalla el informe del ICEX, las exportaciones birmanas alcanzaron los 17.084 millones de dólares en 2022, frente a unas importaciones de 17.352 millones, generando un déficit comercial moderado. Los principales socios comerciales del país son China, Tailandia, Japón e India. Las relaciones con la Unión Europea han caído en picado desde la imposición de sanciones por la represión política de la Junta.

El sector servicios, que antes del golpe de Estado representaba un 41,9% del PIB, ha visto paralizado su crecimiento.

La banca sigue poco desarrollada, las telecomunicaciones dependen de operadores vinculados al régimen militar y el turismo, que en 2019 había superado los cinco millones de visitantes, se desplomó hasta los 1,28 millones en 2023.

La inversión extranjera directa también se ha visto gravemente afectada. Según el ICEX, los principales inversores actuales son Hong Kong, Singapur, China y Japón, enfocados principalmente en manufactura, energía e inmobiliario. Las restricciones de acceso, la falta de seguridad jurídica y la fragilidad institucional han desincentivado nuevos proyectos.

El terremoto

El terremoto supuso un mazazo de consecuencias devastadoras. El epicentro, situado en la frontera con Tailandia, que afectó a las regiones birmanas de Mandalay, Sagaing y Shan, ha causado la muerte de más de 5.400 personas, unas 11.000 heridas y 585 desaparecidas.

Más de 120.000 viviendas resultaron destruidas o muy dañadas, junto con al menos 1.000 edificios gubernamentales, hospitales y escuelas. Cerca de 200.000 personas dependen de la ayuda humanitaria.

Por otra parte, su coste económico podría superar los 10.000 millones de dólares, una cifra que equivale a más del 70% del PIB del país. En comparación, en Tailandia las pérdidas han sido de 585 millones, lo que representa apenas el 0,06% de su economía. Esta diferencia ilustra la falta de resiliencia estructural en Myanmar frente a un desastre natural de esta magnitud.

Colapso logístico

La destrucción de puentes, carreteras, aeropuertos y líneas ferroviarias ha cortado las principales rutas de distribución de productos agrícolas, combustible y bienes esenciales. La zona del delta del Irrawaddy, clave para la agricultura y el comercio interior, ha quedado parcialmente incomunicada.

Esta situación ha provocado un repunte de los precios en productos básicos y ha agravado la inflación. Incluso el transporte de ayuda internacional se ha visto obstaculizado por la destrucción de pistas de aterrizaje y vías férreas inoperativas, lo que ralentiza las labores de emergencia.

Los sectores productivos también están paralizados. Muchas fábricas han suspendido operaciones por falta de energía, daños estructurales o pérdida de trabajadores desplazados. En las zonas rurales, la agricultura se enfrenta a pérdidas de cosechas debido a deslizamientos de tierra y daños en sistemas de riego.

Ayuda internacional limitada

La respuesta internacional ha sido rápida pero limitada. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha lanzado un llamamiento de emergencia de 100 millones de francos suizos (unos 122 millones de dólares), pero según Reuters, a mediados de abril solo se ha recaudado el 10% de esa cantidad.

Por su parte, Naciones Unidas, a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ha solicitado 240 millones de dólares adicionales para atender necesidades urgentes en agua, saneamiento, vivienda y salud. Sin embargo, la mayoría de los donantes enfrentan el dilema ético de no canalizar fondos al régimen militar, lo que complica la logística de ayuda y obliga a trabajar con ONG locales o estructuras comunitarias.

¿La reconstrucción es posible?

La reconstrucción del país requerirá enormes recursos financieros, técnicos y humanos. Pero también exige una gobernabilidad estable, credibilidad institucional y coordinación internacional que, hoy por hoy, no están garantizadas. La Junta Militar, aislada diplomáticamente y con escasa legitimidad interna, difícilmente podrá liderar un plan de recuperación nacional de forma creíble.

El ICEX ya advertía en su informe que la presión fiscal en Myanmar es apenas del 6% del PIB y que los márgenes presupuestarios son extremadamente reducidos. A esto se suma un sistema financiero intervenido, una moneda devaluada y un tipo de cambio ficticio fijado por decreto, lo que impide acceder a financiación internacional o atraer capital extranjero.

Las previsiones para 2025 apuntan a una nueva contracción del PIB, que podría superar el 10% en un escenario moderadamente pesimista, agravando aún más los niveles de pobreza y desempleo. La inflación seguirá presionada al alza, y el dólar en el mercado informal podría alcanzar niveles récord frente al kyat, erosionando más el poder adquisitivo.