El Ayuntamiento de València ha tomado finalmente una decisión con respecto al futuro del hotel-residencia de estudiantes previsto en la Saidïa: trasladará la edificabilidad del proyecto mediante una modificación urbanística. Desde el Consistorio no ocultan que, tal y como se remarcan en el comunicado de prensa emitido, el traslado y la fragmentación tienen como objetivo «evitar el macrohotel que una empresa privada quiere construir».

Sobre el papel, la medida da respuesta al temor de una asociación de vecinos a los conflictos de ruidos que la futura residencia, que cumplía con todos los requisitos urbanísticos, podría haber generado. A efectos prácticos, aseguran expertos y afectados, la decisión del Ayuntamiento pone en grave peligro la seguridad jurídica de las empresas y manda una advertencia clara a todos aquellos inversores interesados en la ciudad de València.

El polémico proyecto se ha convertido en uno de los banderines de enganche en torno al cual se han congregado los socios de gobierno de cara a las próximas elecciones municipales. El actual alcalde, Joan Ribó, ha afirmado que «es una buena solución que no perjudica a nadie». Desde la Asociación de Afectados por los Retrasos de Licencias del Ayuntamiento de Valencia (Aflival) disienten; la medida, aseguran, «la pagaremos todos los valencianos de nuestro bolsillo».

El «invento» amenaza la seguridad jurídica

La ordenación de esta polémica manzana es muy compleja, ya que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de 1988, se encontró con unas naves en funcionamiento con calles de acceso público. Por aquel entonces se trató de permitir el mantenimiento de los viales existentes y la consolidación de la manzana. El ahora inviable proyecto de la residencia para estudiantes de Saïdia cumple con todos los requisitos del plan de ordenación.

Expertos urbanistas conocedores del PGOU consultados por este medio aseguran que «el proyecto es impecable y cumple perfectamente lo que pide la regulación vigente. Es una propuesta de inversión legítima y, sobre todo, es un acto reglado. Esto quiere decir que si tú presentas un proyecto en base a un plan en vigor, si este cumple con los requisitos se te tiene que conceder la licencia porque es una obligación municipal. No puede no darse porque eso sería prevaricación».

Y apuntillan: «Para no dar esa licencia, el Ayuntamiento ha tenido que hacer un invento que ha consistido en instar a una modificación de plan, imagino que con suspensión de licencias. Eso nos costará al bolsillo de los valencianos mucho dinero. Ahora mismo en València no existe ninguna seguridad jurídica, en el sentido de que un inversor sabe que lo que diga un plano puede cambiarlo la voluntad política y te impidan la inversión».

En este sentido, el arquitecto Alfredo Burguera, portavoz de Aflival, explica que la medida que ha adoptado el Consistorio reduce la seguridad jurídica «a cero». Y resume la situación en que «el Ayuntamiento sabe que esto acabará en los tribunales y que un juez dictaminará una indemnización a la propietaria. Lo pagarán con el dinero de todos los valencianos, pero les da igual porque esperan recoger un buen puñado de votos».

Guerra a la inversión privada

La seguridad jurídica es uno de los elementos fundamentales que buscan los inversores a la hora de elegir un destino para su dinero. La situación en la ciudad de València ha llegado hasta tal punto, afirma un profesional del sector que prefiere permanecer en el anonimato, que muchos de estos inversores están asustados o directamente han abandonado la idea de trabajar en la ciudad.

El mismo experto asegura a este medio que «llueve sobre mojado». Y explica que la inversión privada «toma nota y busca lugares donde esté mejor considerada, el daño que este tipo de situaciones están haciendo a la imagen de València como destino inversor es tremendo. No tiene sentido, el proyecto de la residencia de estudiantes respetaba al 100% el PGOU, hacía un uso más amable que el actual del espacio, añadía a la ciudad 400 plazas para estudiantes… con todo eso a favor, dejas un interior de manzana condenado a no se sabe qué».

Poco ha importado que el proyecto residencial para estudiantes cumpliese con la normativa vigente, ni el fallo a su favor de los hasta tres informes encargados por Ribó a expertos de la Facultad de Geografía e Historia. El Ayuntamiento, en palabras de Sandra Gómez, vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, está impidiendo «que en ese u otro punto de la ciudad se pueda desarrollar un proyecto de las mismas características».

Una decisión politizada

Tras la residencia de estudiantes de la Saïdia se encuentra la promotora inmobiliaria navarra Merkel Capital. Para su director ejecutivo, Jokin Andueza, la naturaleza del proyecto es muy diferente a la imagen que desde la Administración se ha querido trasladar. La cuestión principal, asegura, «es encontrar una solución habitacional para los 36.000 estudiantes en movilidad que en la actualidad hay en València».

«Llevamos tiempo tratando de que nos escuchen desde el Ayuntamiento. Únicamente hemos logrado una interacción con el señor Ribó, el 27 de diciembre, de la que seguimos esperando una respuesta. Nosotros queremos explicarles bien un proyecto que siempre hemos estado dispuestos a mejorar. Todavía no se nos ha escuchado, siempre se nos ha trasladado que hay otras cosas más importantes en estos momentos», afirma el empresario.

Los promotores, recalca Andueza, no hablan de política, sino de «soluciones empresariales, soluciones de ciudad y de poner remedio a la problemática habitacional». Y asegura que «en este caso se ha buscado un entorno de 17.000 cuadrados de techo edificable, que sería el equivalente a un hotel normal de 270 habitaciones. Esto no es un espacio descomunal, por mucho que se pretenda vender como tal».

Campaña electoral «con el dinero de todos»

Los expertos críticos con la decisión del Ayuntamiento afirman no entender las motivaciones que han llevado a los socios de gobierno a tomar esta decisión. Desde el Consistorio explican que ha sido la voluntad de velar por los interesas de los vecinos; sin embargo, la recogida de firmas contra la residencia de estudiantes organizada por una asociación vecinal tan sólo logró recaudar 1000 firmas, en un barrio de 40.000 habitantes.

«Esta asociación afirma que el proyecto iba a generar gentrificación, pero lo que se proponía en el proyecto de la Saïdia era incorporar estudiantes que iban a consumir y gastar en el barrio. En una ciudad como València, que es hoy una de las principales capitales universitarias de Europa, con una masa enorme de estudiantes extranjeros que vienen cada año y a los que hay que ofrecer una solución habitacional, acabar con un proyecto que va en línea con lo que la economía de esta ciudad necesita es una aberración», afirma el experto urbanista.

Según el portavoz de Aflival, es la cercanía de las elecciones lo que explica la forma de actuar del Consistorio: «Están llevando a cabo  una campaña electoral con el dinero de todos, no tiene otra explicación», sentencia.