La ciudad de València atraviesa en la actualidad uno de los momentos de mayor tensión entre el Ayuntamiento y muchos de los empresarios que buscan invertir en la ciudad. Las diferencias entre el Consistorio y los afectados son grandes y no parece haber voluntad de diálogo por parte de la Administración para hallar tierra común.

Las cifras de visitantes en la ciudad de València, nombrada recientemente por la revista Forbes como una de las mejores para vivir del mundo, crecen día tras día, y, con ellas, lo hacen también los problemas habitacionales. La construcción hotelera, que podría ofrecer una solución a esta situación, continúa estancada, con más de 200 proyectos a la espera de una licencia parados en la concejalía de Igualdad, Actividades, Espacio Público y Pueblos, que dirige Lucía Beamud.

El embudo en la concesión de licencias no es un tema nuevo. Lo que sí es reciente son las herramientas que se han concedido para agilizar la situación y que, según afirman desde la Asociación de Afectados por los Retrasos de Licencias del Ayuntamiento de Valencia (Aflival), que incorpora a más de 40 empresarios del sector, el Ayuntamiento no está queriendo utilizar para aliviar una situación límite.

En Economía 3 hemos tratado en repetidas ocasiones de ponernos en contacto con los responsables pertinentes del Ayuntamiento para transmitirles estas y otras cuestiones. Nuestra intención es conocer de primera mano la problemática que atraviesan las empresas valencianas, pero también contrastar lo que nos transmiten con la versión de la Administración. Ninguno de nuestros intentos de ponernos en contacto con un portavoz de la concejalía ha sido atendido.

Una oportunidad perdida

En 2021 la Generalitat Valenciana aprueba dos decretos, la Ley de Ordenación del Territorio y el decreto de regulación de entidades colaboradoras, suponiendo ambos una gran herramienta para tratar de agilizar la tramitación de las licencias. Desde que en 2017 se sustituyese al jefe de servicio de licencias, surgió entre los afectados la esperanza de que existiese la voluntad de poner fin al problema. Hasta la fecha, manifiestan, esa voluntad «ha sido cero«.

Las entidades colaboradoras nacen como una posible solución al embudo de licencias. Consisten en unas empresas con personal cualificado y que deben contar con sello de certificación ENAC. Según el decreto, el funcionamiento de dichas entidades consistiría en certificar qué proyectos técnicos cumplen todas las condiciones técnicas para que pasen automáticamente a resolución de licencias.

Alfredo Burguera, portavoz de Aflival.

«Lo que han hecho desde el Ayuntamiento ha sido coger las licencias que necesitan para operar esas empresas de certificación y ponerlas a la cola, considerando que no tienen porqué tener prioridad. Siempre ha habido atasco en las licencias, pero no había una alternativa. Ahora tienen las herramientas para que no sea así, pero no quieren aplicarlas», explica el arquitecto Alfredo Burguera, portavoz de Aflival.

20.000 puestos de trabajos perdidos

Para los empresarios afectados, esta situación no se explica si no es por una motivación política y lamentan que desde el Consistorio se les haya señalado directamente. Aseguran que desde la Administración se está cargando directamente contra estas entidades colaboradoras, a las cuales se intenta desprestigiar.

«Las empresas nos transmiten su desesperación. Si tenemos atascados 10.000 expedientes en el Ayuntamiento, que incluyen todo tipo de negocios, significa que hay mucha gente con su situación personal en el aire. No lo podemos entender porque supone un drama económico tremendo, hablamos de gente que pide préstamos para abrir un negocio y luego lo tienen parado dos años. Es la ruina», afirma Burguera.

El caso de los más de 50 hoteles a la espera de la resolución de la licencia es el más paradigmático por lo llamativo de la situación; sin embargo, muchos otros ciudadanos sufren esta situación.

Desde Aflival estiman que «por cada millón de euros que se invierten en obras se crean 14 puestos de trabajo. En base al volumen de inversión que tenemos parado, por encima de los 1.500 millones de euros, supone que el Ayuntamiento está dejando de recaudar, solamente en tasas de licencias, más de 40 millones de euros. Podemos estar hablando también de 20.000 puestos de trabajo en una ciudad con 50.000 personas en paro».

Ahuyentar la inversión

El buen tiempo, la cercanía del mar y la oferta cultural y gastronómica, hacen de València un destino turístico muy atractivo que no ha hecho más que crecer durante los últimos años. La ciudad recibió en 2019, antes de la irrupción de la pandemia, a más de cinco millones de visitantes. Con una demanda de alojamientos creciente, la falta de una oferta hotelera regulada, avoca a los ciudadanos a una mayor tensión habitacional.

«Vemos únicamente la intención por parte del Consistorio de ideologizar todo constantemente para conseguir votantes. Cualquiera que llega hoy al Ayuntamiento de València con una propuesta de inversión, en un porcentaje muy alto de casos lo primero que se encuentra es el rechazo y en muchos casos directamente la sospecha», mantiene Burguera.

Y añade: «Si no hacemos hoteles que atiendan la demanda, se crearán apartamentos turísticos que se acabarán ofertando individualmente y eso no hay quien lo controle. Las licencias hoteleras son una solución controlada al crecimiento natural de las ciudades. Además podría ayudar a rehabilitar una parte importante del patrimonio que tenemos, en lugar de dejar que los edificios se caigan«.