Regulaciones ambientales en Países Bajos: la crianza intensiva en el punto de mira

Holanda es el segundo mayor exportador del mundo de productos de la agricultura, después de Estados Unidos, sumando entre ambos un negocio de cerca de 45.000 millones de euros anuales.

De acuerdo con la Oficina Central de Estadística, en el país hay 53.919 granjeros, los cuales representan el 0.6% del empleo total; así mismo, hay registradas 16.000 explotaciones lecheras, 11.000 agrícolas, 6.700 exploraciones dedicadas a la horticultura y 5.300 firmas porcinas.

Sin embargo, dadas las nuevas regulaciones ambientales aprobadas por el nuevo gobierno para cumplir con la normativa europea, estos números están cerca de descender a mínimos, lo que comportaría el cierre de buena parte de las explotaciones dedicadas a la cría de ganado.

Crianza intensiva y regulaciones ambientales: 70% de las emisiones de nitrógeno proceden del campo

De acuerdo con Tjeerd de Groot, miembro de la coalición gobernante y diputado liberal de izquierda, el 70% de las emisiones de nitrógeno que se generan en el país procede del campo en general, y en gran medida, se atribuye a la crianza intensiva de animales de granja.

Por ello, ha propuesto deshacerse de la enorme cantidad de 50 millones de gallinas y 6 millones de cerdos, con la finalidad de recuperar la tierra que estos ocupan y reducir, así, las emisiones. Sin duda alguna, una propuesta que no ha gustado para nada a los agricultores del país, quienes se han movilizado en varias ocasiones para mostrar su desacuerdo con ella.

De hecho, según el propio Gobierno, cerca de un 30% de las explotaciones podrían cerrar, ya que los agricultores ven imposible mantener el funcionamiento de las granjas con la nueva ley de emisiones y, es que, en algunos de los casos, esta nueva regulación implica la reducción del 95% de las cabezas.

Por ello, son muchas las organizaciones de agricultores que reclaman ayudas públicas, pues es completamente inviable mantener una explotación con tan solo el 5% del ganado. Así, Holanda ha creado un ministerio adjunto a Agricultura dedicado a mediar entre las partes y buscar soluciones en conjunto para poder llegar a cumplir con la normativa europea sin perjudicar a los propietarios de las explotaciones ganaderas.

Compensar a los dueños y expropiación de granjas

Para conseguir reducir las emisiones en un 30% para 2030, el Gobierno de los Países Bajos presentó un plan al que se destinarán 30.000 millones de euros. Este plan pone el foco en la compra del ganado, así como en su traslado y en la transformación sostenible de la sobreexplotación ganadera. Se pretende, pues, cuidar más el entorno, situarse en una economía circular más, facilitar la transición energética y criar animales mucho más sanos en granjas que puedan asegurar el bienestar de los animales.

Para conseguir esta reducción, el gobierno compensará a los dueños de aquellas explotaciones que decidan vender el excedente de ganado de acuerdo con el tamaño de su explotación, pudiéndose quedar con aquellas cabezas que no representen una sobreexplotación del terreno. Sin embargo, el gobierno también contempla la expropiación de ciertas explotaciones si estas están ubicadas cerca de una reserva natural. Así, se pretende conseguir un punto medio para la preservación del medio ambiente y de la actividad agrícola, una de las más importantes del país.

Incentivos para reorientar negocios

Además, también se ha creado un fondo especial con el que se pretende incentivar a los ganaderos a mejorar sus instalaciones de modo que sean más respetuosas con el medio ambiente y, por ende, más sostenibles. Así mismo, también se contempla la imposibilidad de llevar a cabo dichas adaptaciones; por ello, este fondo también prevé acciones con las que se pueda ayudar a estos negocios a reconducir su actividad económica a otros campos para los que puedan estar más preparados.

La ganadería intensiva, por sus efectos negativos sobre el medio ambiente, lleva tiempo en el punto de mira de muchos países europeos. Cumplir con la normativa de regulaciones ambientales requiere de planes de acción costos y no siempre son suficientes para compensar a los damnificados. Por ello, la mayoría de las asociaciones relacionadas con los agricultores reclaman medidas más ambiciosas que permitan esta transición sin que ello repercuta en sus economías.