Joaquín Maudos es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València (UV). En la actualidad, es catedrático de Análisis Económico en dicho centro universitario, director adjunto de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y colaborador del Cunef. Es experto de los 100 de Cotec y consejero de Afín-SGR de la Comunitat Valenciana. Ha sido investigador visitante en el departamento de Finanzas de diversas universidades internacionales de prestigio, así como consultor de la Comisión Europea, del Banco Europeo de Inversiones y la ONU. En nuestra sección de El Economista, por la que previamente pasó Daniel Lacalle, hablamos con Maudos sobre la competitividad de nuestro tejido empresarial; la importancia de mejorar la productividad; el modelo de financiación autonómica y le pedimos un análisis de la situación de la economía española y una comparativa respecto a otros países.

«Una pesada mochila para la recuperación»

• Como economista, háganos una breve síntesis de la situación económica de España y comparativa frente al mejor país que considere de Europa para ver qué deberíamos copiar de él. Y también con respecto a EEUU. En cuestiones como PIB, crecimiento económico y palancas en las que apoyarse, inflación, deuda pública…

España debe aspirar al nivel de bienestar de economías más desarrolladas, que son en general las que alcanzan un mayor PIB por habitante. Esas economías, como EE.UU. o Alemania, se caracterizan por alcanzar mayores niveles de productividad y ello se debe a que realizan un mayor esfuerzo inversor en las variables que la explican: I+D+i; otros activos intangibles y educación; por poner algunos ejemplos.

«La palabra clave es productividad»

Fruto de nuestro problema estructural de baja productividad, hemos acumulado una elevada deuda externa que es una pesada mochila para la recuperación. Además, tenemos un sector público muy endeudado, que condiciona nuestra capacidad de respuesta a shocks externos y nos hace vulnerables a un aumento de los tipos de interés en la actual coyuntura en la que se prevé una subida para combatir la inflación. La palabra clave es productividad, que es la respuesta a gran parte de nuestros problemas.

• ¿La reforma laboral impulsará el empleo? ¿Es positiva para las empresas?

La reforma laboral intenta reducir el gran problema de la temporalidad incentivando el empleo indefinido. Tiene elementos positivos, como simplificar los contratos y evitar abusos en los temporales, pero se queda corta. Lo que no me gusta es que prevalezca el convenio del sector sobre el de la empresa en algunos temas. En cualquier caso, ha sido un paso importante al ser fruto de un consenso social. Además, mantiene elementos positivos de la anterior reforma del 2012, como la reducción de los costes de despido o el descuelgue. Así que en términos netos, mi valoración es positiva.

«Los empresarios deben ser conscientes de que hay que ganar productividad»

• En cuanto a la competitividad del tejido empresarial, ¿cuáles son los deberes a realizar tanto desde el sector privado como público?

Desde el sector privado, los empresarios deben ser conscientes de que hay que ganar productividad. Ahora mismo, incrementar nuestra productividad exige apostar por la digitalización, máxime habiendo financiación de los fondos europeos de recuperación. Si los que toman decisiones en las empresas no son consciente de la importancia de la digitalización habremos perdido una oportunidad histórica. El sector público debe facilitar el entorno en el que se desenvuelven las empresas y eso exige reformas estructurales.

Tenemos la suerte de que los fondos de recuperación nos han impuesto reformas estructurales. Esas reformas que llevan años sin implementarse en España, como la laboral, la de las pensiones, etc. Ahora hay un impulso reformista necesario para ganar competitividad. Uno de los deberes pendientes del sector público es reducir su elevado nivel de endeudamiento y déficit estructural, por lo que debería diseñar y publicar el plan que tiene para reducirlos.

«Hemos empezado con un porcentaje muy reducido de ejecución de los fondos de recuperación»

• Los fondos europeos, ¿serán la solución o un brindis al sol?

Deberían ser parte muy importante de la solución, pero me preocupa que seamos capaces de invertir bien tanta cantidad de dinero (casi 70.000 en subvenciones a fondo perdido). Hemos empezado con un porcentaje muy reducido de ejecución de los fondos de recuperación, pero confío que en breve se coja velocidad de crucero. La inversión dirigida a la digitalización y la transición energética que concentra una parte muy importante de los fondos debe llegar a la mayor parte del tejido productivo (incluidas las micro y Pymes) y contar con la participación de las CC.AA., que son las que tienen un mejor conocimiento de los proyectos. Para invertir bien esos fondos es necesario una evaluación tanto exante como expost y en España no estamos acostumbrados a evaluar las políticas públicas.

• ¿Cómo va a incidir el alto precio de la energía? En esta misma línea, estos precios elevados conllevan un alto incremento de los costes que puede conllevar a que las empresas se queden fuera de mercado. ¿Cómo ve esta situación?

Es fundamental que exista un consenso empresas-sindicatos en la negociación salarial para evitar que una inflación transitoria se cronifique por la espiral salarios-precios. Hay que ser conscientes de que la inflación en gran parte se debe a la subida del precio de la energía que es importada, lo que supone un empobrecimiento de nuestra economía, porque hemos de destinar una mayor parte de nuestra renta al exterior. Si los agentes sociales no son conscientes de este hecho y no están dispuestos a asumir el coste, los precios subirán por encima de nuestros competidores y nos hará perder competitividad y cuota de mercado. Por eso es tan importante el consenso social que afecta al reparto de la renta.

Peligro de estanflación

• ¿Cómo de importante es la alta inflación que estamos registrando? ¿Puede lastrar nuestra recuperación?

Una subida del precio de la energía es lo que los economistas denominamos un shock negativo de oferta que crea estanflación. Es decir, estancamiento (más paro) con inflación. Hemos asistido a una combinación de varios shocks negativos de oferta por la subida del precio del gas, electricidad, materias primas, petróleo, etc., a los que se suma los cuellos de botella en el suministro de semiconductores.

La consecuencia es un elevado nivel de inflación cuyo interrogante es si va a ser transitorio o permanente. Cuanto más permanente sea, mayor será la reacción de los bancos centrales y por tanto mayor la subida de tipos de interés para frenar la demanda. Y España es una economía muy endeudada (sobre todo por la deuda pública) y una parte importante de la misma está en manos de no residentes. Por tanto, si los tipos suben en exceso, tendremos que transferir al exterior una mayor parte de nuestra renta para hacer frente al servicio de la deuda. Eso sin duda lastraría nuestra recuperación. Y más aún si en España la inflación supera a la de nuestros competidores, porque nos restaría competitividad.

• Por otro lado, parecía que la tan esperada reforma del modelo de financiación económica al fin estaba cerca. ¿Ve posible que se lleve a cabo en esta legislatura?

Llevamos tantos años haciéndonos ilusiones de que por fin llegaba la reforma que cada vez soy menos optimista en este asunto tan importante para la Comunitat Valenciana. Se ha dado un paso importante con un documento técnico del Ministerio que está sobre la mesa en fase de alegaciones, pero hay discrepancias entre CC.AA. a la hora de fijar los criterios de reparto. El contexto político que veo ahora mismo en España me inclina a pensar que la reforma no se va a aprobar en esta legislatura, máxime teniendo en cuenta que hace falta mayoría absoluta en el Congreso.

• A este respecto, desde el Ivie se han señalado las problemáticas del actual modelo y se ha lanzado una propuesta con la que el Gobierno valenciano coincide. Sin embargo, otras autonomías se han aliado en contra de los criterios que defiende la Generalitat Valenciana y otros territorios. ¿Ve posible un consenso? ¿Habría que valorar más otros criterios como el de la despoblación, como piden las autonomías que lidera Galicia?

No es fácil el consenso, porque cada CC.AA. hace sus cálculos y defiende el criterio que maximiza su participación en el sistema. El criterio de población ajustada parece el más razonable, pero ya hay CC.AA. que proponen que se tenga en cuenta lo que les beneficia, como la despoblación (es lo que defiende la España vacía). Mi opinión es que la variable clave en el reparto debe ser la población ajustada, porque es la que explica la necesidad de gasto y por tanto el coste de los servicios a financiar. Esa variable ajustada ya tiene en cuenta consideraciones demográficas (como el peso de la población envejecida) y geográficas (como la densidad de población). No compliquemos de nuevo el sistema incluyendo ad hoc otras consideraciones con más fondos.

***Esta entrevista se realizó para el número de febrero de la revista de Economía 3***