El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que la Comunitat Valenciana recibirá 377 millones de euros para la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que beneficiarán a 100.00 familias y, en su conjunto, a 280.000 personas, de las que 82.000 son menores.

El Gobierno valenciano apuesta por la necesidad de que haya coordinación entre administraciones para que el ingreso llegue a las personas beneficiarias de la manera más eficaz, pedirá un convenio para poder cogestionar esta renta mínima «lo más pronto posible». 

El president de la Generalitat ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para abordar la evolución de la pandemia de COVID-19 y las medidas para la desescalada.

Puig ha destacado en la rueda de prensa posterior a esta conferencia de presidentes y presidentas la «enorme relevancia» de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que supone «un gran paso adelante para corregir las desigualdades entre personas».

En concreto, la inversión del Gobierno en la aplicación de esta medida en la Comunitat Valenciana será de 377 millones de euros e irá dirigido a 100.000 familias con rentas inferiores a los 310 euros mensuales, con un total de 280.000 personas beneficiarias, de las que 82.000 son menores (el 30%). El 15% de estas familias son monoparentales y más del 40% tienen menores a cargo.

Por provincias, habrá 125.000 personas y 45.000 familias beneficiarias en la provincia de Valencia, otras 125.000 personas y 45.000 familias en la provincia de Alicante y 28.000 personas y 10.000 familias en la provincia de Castellón.

Valoración

Preguntado sobre las posibles discrepancias internas en el gobierno del Botànic, Puig ha negado esta cuestión y ha hablado de que es momento de poner a las personas como prioridad. El jefe del Consell es partidario de que se empieza cuanto antes y de que todos los trámites administrativos se simplifiquen.

La idea de la cogestión, al estilo de lo que van a hacer Navarra y Euskadi, es lo que puso encima de la mesa la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, el pasado viernes. Puig ha preferido poner el acento sobre el valor de «pasarela» que tiene el IMV para que la «pobreza no se cronifique».