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Entrevista

Dalmau: “Avanzaremos en la limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas”

La conselleria quiere plantear bajadas o bonificaciones del IBI a quienes pongan viviendas vacías en el mercado del alquiler y penalizar a los grandes tenedores

El conseller Raúl Martínez Dalmau.

Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y profesor titular de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universitatde València, Rubén Martínez Dalmau, saltó a la política en diciembre de 2015 cuando fue elegido Diputado al Congreso de los Diputados de España por la circunscripción de Alicante. En abril de 2019 obtuvo el acta de diputado en les Corts Valencianes por la circunscripción de Alicante en la X Legislatura, donde ha sido Síndic de Unides Podem hasta su acceso al Gobierno. Actualmente es el Vicepresidente Segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana.

Economía 3 habla con él para concretar algunos de sus proyectos:

– En este caso desde Unides Podem habéis considerado oportuno entrar a formar parte del Consell, y entráis con la vicepresidencia segunda y dos consellerias (también Rosa Pérez, Esquerra Unida), ¿por qué este planteamiento de cara al Botànic II, estáis satisfechos con el reparto?

– El acuerdo del Botànic, firmado hace cuatro años por Podem, Compromís y PSPV, arrancó con el objetivo de acabar con la corrupción estructural que se había asentado en las instituciones valencianas, cambiar el modelo productivo de nuestra comunidad y recuperar los servicios públicos que el PP había ido esquilmando durante sus más de veinte años de gobierno. En aquel momento Podem decidió dar apoyo a un gobierno progresista para acabar con más de dos décadas del PP y, sobre todo, vigilar de cerca esta tarea proponiendo importantes medidas desde les Corts.

Esta nueva legislatura tiene como reto concretar y demostrar a la ciudadanía el cumplimiento de estos objetivos, construyendo y consolidando un nuevo proyecto de Comunitat alejado de la corrupción y centrado en articular una sociedad más igualitaria y equitativa, basada en derechos.

Desde Unides Podem nos congratulamos de haber entrado a formar parte de este nuevo Consell, que trabaja ya para acabar con la desigualdad social en nuestro territorio, con una economía todavía dependiente de la construcción y el turismo, con los problemas de acceso a la vivienda y recuperar derechos básicos todavía privatizados.

Y para ello contamos con dos áreas de gobierno fundamentales en esta tarea. En la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática trabajamos para hacer efectivo el derecho a la vivienda, mejorando a su vez la calidad de nuestro parque. Asimismo, coordinaremos las políticas verdes del Consell, un importante reto que tenemos como sociedad.

También desde Participación y Transparencia, conselleria a cuyo frente está Rosa Pérez, se trabajará para continuar recuperando la dignidad democrática de las instituciones.

– Entrando en materia de vuestra Conselleria, ¿por qué el nombre escogido, consideras que reúne las competencias necesarias para abordar estos 4 años de trabajo?

– Las dificultades en el acceso a la vivienda ha sido uno de los elementos clave en la crisis social que todavía está presente en nuestro país. La vivienda se convirtió en un bien principalmente especulativo, dejando de lado su función social, en un contexto de desarrollo económico que estuvo fundamentalmente vinculado a ladrillazo. Una realidad que tuvo especial impacto en la Comunitat Valenciana y para la que no se desarrollaron medidas eficaces de contención desde las administraciones públicas.

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Dalmau, en un acto en el Ayuntamiento de València.

Esto hizo que muchas familias tuvieran que asumir grandes hipotecas y que, cuando no pudieron hacer frente a su pago, se quedaran en la calle desahuciadas. A estas dificultades se le suman en los últimos tiempos los desahucios por impago de alquileres o el aumento de precios debido a la irrupción en muchas ciudades de los apartamentos turísticos. Por ello, desarrollaremos políticas públicas que garanticen el derecho al acceso a la vivienda en colaboración con otras instituciones implicadas.

Por otro lado, el término Arquitectura Bioclimática, que inicialmente causó cierto impacto, tiene como principal reto gestionar una cuestión fundamental desde el punto de vista de la sostenibilidad, la calidad y eficiencia energética de nuestras edificaciones. Recordemos que la emergencia climática es una urgencia que debe ser atendida.

– ¿Cuáles son las prioridades que os marcáis en esta legislatura?

– La principal urgencia es dar respuestas a aquellas personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional con los recursos de que disponemos. Es una prioridad que quienes no tienen un hogar puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas cuanto antes.

Sin embargo, la vivienda pública nunca fue una prioridad durante los gobiernos del PP, lo que hace que tengamos uno de los parques de vivienda pública más reducidos. Así que es prioritario aumentar el parque habitacional a disposición de la Administración. Para ello, desarrollaremos todos los mecanismos a nuestra disposición, fundamentalmente ampliando los recursos materiales y de personal.

Por otro lado, consideramos fundamental mejorar la calidad de nuestro parque de viviendas, haciéndolo más sostenible energéticamente, más accesible, y reconociendo todas las realidades habitacionales en su regulación normativa.


“En los próximos seis meses desde la Conselleria procederemos a la compra directa de entre 40 y 50 viviendas”


¿Qué planes o actuaciones son los más urgentes a poner en marcha? ¿Qué contempla el Plan de Emergencia Habitacional?

– Efectivamente el Plan de Emergencia Habitacional es una urgencia, y responde a una de las cuestiones recogida en la Ley para la Función Social de la Vivienda aprobada en la anterior legislatura. Una ley que supone un antes y un después, anteponiendo su derecho frente a otras cuestiones.

En los próximos seis meses desde la Conselleria procederemos a la compra directa de entre 40 y 50 viviendas. Lo llevaremos a cabo en aquellos municipios donde exista una demanda urgente y no haya sido posible su adquisición mediante el concurso del Primer Plan de Adquisición de Vivienda, un plan que puso en marcha la consellera María José Salvador gracias a la propuesta de Podem en los presupuestos de 2018 para afrontar estas situaciones.

– ¿En cuanto se quiere ampliar globalmente el parque de vivienda pública?

– Aspiramos a ampliarlo en una cantidad suficiente que permita, al menos, dar respuesta a todas aquellas necesidades más urgentes de techo. Y, en cualquier caso, en el medio y largo plazo aspiramos a consolidar un parque público que responda a las necesidades habitacionales de las vecinas y vecinos de la Comunitat, evitando que el acceso a la vivienda se convierta en un elemento de exclusión social.

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Dalmau durante el acuerdo del Botànic con Puig y Oltra. | Foto: Efe/Kai Försterling

-Los contratistas (Fecoval) pedían participar en la rehabilitación del parque de viviendas… y los promotores agilidad en la concesión de las licencias de obra nueva y más bolsa de suelo disponible…

– Desde luego otra de nuestras prioridades es dar continuidad y mejorar los planes de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética, y por otra parte, flexibilizar aquella normativa que esté dificultando la intervención en edificaciones existentes. En este sentido, ya se aprobó en la anterior legislatura el decreto que regula la accesibilidad en la edificación y los espacios públicos, y que flexibiliza las condiciones de accesibilidad en la rehabilitación, siempre garantizando la seguridad de los usuarios. Desde el IVE, donde están representados los principales agentes involucrados en esta cuestión, se trabaja activamente en este sentido.

Respecto a las licencias de obras, no entra en el marco competencial de la Conselleria, pero estoy de acuerdo en que hay que buscar los mecanismos necesarios para acelerar la obtención de licencias y mejorar los procesos en este sentido. Habrá que trabajar mano a mano con los ayuntamientos.

– ¿Desde la Evha (Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) también se abrirán los pliegos a la promoción público-privada?

– Si, efectivamente EVha tiene parcelas residenciales en las que resulta necesario construir viviendas en alquiler asequible para satisfacer la demanda actual de quienes no pueden acceder a ella a través del mercado.


“Se cederán parcelas, propiedad de EVha, a promotores privados para ejecutar viviendas en alquiler asequible”


En este momento se han puesto en marcha las dos primeras fases del Plan de Gestión Integral de Suelo. La primera de ellas consiste en la licitación de 7 parcelas para cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso. Los municipios donde se ubican son, Alcoy, Alicante, San Joan, Torrevieja, Alzira, Gandía y Torrent.

Por otro lado, se va a abrir un concurso para la licitación de parcelas propiedad de EVha, para cederlas en derecho de superficie a promotores privados para la ejecución de promociones de viviendas en alquiler asequible.

Con estas dos acciones, considerando que la situación actual de la entidad no permite la ejecución directa de vivienda, pretendemos activar los recursos de suelo disponibles para construir nueva vivienda destinada a los sectores sociales que más lo necesitan.

– No hay que olvidar que una de las cuestiones más polémicas que planteaba Podemos en su programa era la expropiación de pisos vacíos, tal y como pedía también la Plataforma de Afectados por la Hipotecas, con la que celebró uno de sus primeros actos públicos, creo que esa medida no la contempla el Botànic II pero sí ha hecho referencia a ejercer presión a grandes tenedores de viviendas (+ de 10) como bancos o inmobiliarias para que saquen las viviendas al mercado… ¿a qué líneas se apuntaría, a impuestos? El Pacto del Rialto en el Ayuntamiento de València ya habla de incrementar el IBI… ¿alguna otra propuesta autonómica?

– Una de las medidas que contemplaba la Ley valenciana de Función Social de la Vivienda era la expropiación a grandes tenedores de viviendas. Una ley que fue aprobada en les Corts por los tres integrantes del Botànic. Pero estos artículos fueron anulados por el TC, con lo cual no tenemos herramienta legal para utilizar esta medida.

Sin embargo, disponemos de otros mecanismos para activar parte del parque de vivienda de nuestra comunidad. No olvidemos que estamos hablando de que existen empresas y entidades que acumulan un importante volumen de vivienda inmovilizada, que influye en el precio de alquiler y venta al alza.


“Penalizaremos mediante sanciones a grandes tenedores de vivienda inmovilizada”


Por ello, trabajaremos para penalizar a estos grandes tenedores de vivienda inmovilizada, que deben sacarla al alquiler, mediante las sanciones oportunas. Muchos de estos tenedores están ya registrando sus viviendas sin uso. Esperamos, mediante esta medida, que próximamente aumente la oferta de alquileres y se amortigüe la tendencia al alza de los precios actuales, conteniendo la burbuja que se está creando.

Por ejemplo, se está trabajando también en plantear bajadas o bonificaciones del IBI a quienes pongan viviendas vacías en el mercado del alquiler.

– También ha hecho referencia a la “cesión temporal” por parte de aquellos propietarios que no están en condiciones de rehabilitar las viviendas para sacarlas al mercado, ¿cómo sería este mecanismo, las asumiría la Generalitat, qué beneficios tienen estos propietarios?

– Nos encontramos a menudo con propietarios de viviendas que por sus condiciones económicas no pueden ponerlas en el mercado del alquiler, y acaban cerradas y vacías.

La propuesta, que ya se lleva a cabo en otros territorios, es que la administración actúe de intermediaria entre propietarios y demandantes, permitiendo que estas viviendas estén disponibles en el mercado y la gente pueda acceder a ellas con garantías.

Desde la Conselleria estamos trabajando para que esta propuesta se pueda materializar. Y pensamos que es fundamental una implicación de las administraciones locales para que pueda prosperar, ya que es precisamente en los municipios donde más capacidad de actuación se tiene en este sentido por la proximidad a las necesidades de los potenciales usuarios. Con todo, se trata de propuestas que están incorporadas en la Ley de Función Social de la Vivienda, con la participación activa de Podem.

– La prioridad clara es conseguir que el precio del alquiler sea asequible, ¿tienen ya concretados índices referenciales del alquiler, ¿cómo se incentivaría a ello, en cualquier caso, no es posible obligar a los propietarios?

– Desde el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana, de reciente creación, se ha desarrollado un importante estudio sobre el precio del alquiler en la Comunitat. Actualmente disponemos de un Visor de precios, a través del visor cartográfico de la Generalitat, donde se pueden consultar los precios de referencia por zonas y su evolución, permitiendo también la obtención de tablas.

Esta herramienta proporciona datos que pueden actuar de instrumentos de diagnóstico y gestión como son el precio de referencia, a partir de los precios del alquiler, o la determinación de las zonas con un mercado de alquiler tensionado, a partir de la evolución del precio. Nuestra apuesta es consolidar este Observatorio como un espacio de referencia en el análisis de datos urbanos y del parque de vivienda.

Hemos empezado por actuar para aumentar la oferta estableciendo mecanismos que estimulen o condicionen a quienes tienen vivienda inmovilizada a sacarla al mercado. Pero sin duda esta no puede ser la única vía. Debemos avanzar también en otras líneas como la limitación del precio de los alquileres, especialmente en zonas tensionadas. Y ello pasa por un compromiso estatal y de las ciudades donde nos encontramos con estas realidades.

– De todos modos, ¿se trabaja a la par para establecer más garantías para los propietarios? ¿De qué garantías hablamos?

– Las garantías de los propietarios están ampliamente recogidas en todo el marco legislativo vigente. Hasta la aprobación de esta Ley de Función Social eran las de las personas necesitadas las que estaban desentendidas. Por ello, desde la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática trabajaremos para desarrollar esta ley, desplegando los mecanismos necesarios para garantizar que todas las valencianas y valencianos tengan acceso a un vivienda digna y adecuada.

– En cuanto a la Regeneración y Reurbanización Urbana del Cabanyal, ¿qué planes concretos contemplan? Los vecinos sienten que el tiempo pasa y no hay adelantos palpables…

– El Cabanyal arrastra la penitencia de las décadas de degradación urbana y social de los sucesivos gobiernos del PP. Una operación urbanística que, finalmente se demostró en los tribunales que era ilegal y expoliadora gracias a los vecinos, justificó que se abriera una importante herida en un barrio con un inmenso valor patrimonial, urbanístico y social. Una herida que ha comenzado a suturarse.

Los retos en cuanto a la regeneración y reurbanización son importantes. Es necesario recoser bien para que esa herida no vuelva a abrirse en un futuro. Esto pasa por movilizar todas las variables sociales, urbanas y medioambientales para articular un ecosistema sostenible. El principal objetivo sería evitar que se desate un proceso de gentrificación y posibilitar una convivencia armónica entre todas las actividades que se desarrollan en el barrio.


“El Cabanyal necesita priorizar la rehabilitación frente a la construcción nueva, regular la presencia de pisos turísticos y limitar las alturas de los desarrollos”


Para ello, necesitamos desarrollar un urbanismo que consolide el barrio, priorizando la rehabilitación frente a la construcción nueva. Necesitamos también regular la presencia de pisos turísticos para evitar que se dispare el precio del alquiler y la población residente se vea expulsada. Asimismo, es necesario limitar las alturas de los nuevos desarrollos para mantener una trama histórica y articular una infraestructura verde que vertebre y aporte calidad.

Desde la Conselleria, a través del EVHa, entidad propietaria de viviendas en el barrio, se continuará trabajando para rehabilitarlas y ponerlas a disposición de la ciudadanía, preferiblemente a través de proyectos sociales.

Además, mantenemos activa la ARRU del Cabanyal, con una financiación inicial prevista de casi 10 millones de euros, y que hasta ahora ha supuesto la concesión de 602 subvenciones para la rehabilitación y 18 para la reedificación. De ellas en el último año se han ejecutado 192 rehabilitaciones y ocho reedificaciones terminadas, abonadas y certificadas. En este momento estamos en proceso de planificación pormenorizada del ARRU 2.

– Ahora que parece que están en tela de juicio las inversiones privadas, como las del President Puig, no sé si algún proyecto personal suyo podría impactarle después de asumir esta conselleria…

– Quienes asumimos responsabilidades políticas debemos ser conscientes que nuestra actividad privada debe hacerse dentro del marco legal. Y, sobre todo, durante el ejercicio de nuestra tarea pública, nunca debemos olvidar que una de nuestras responsabilidades últimas es no desarrollar acciones dentro de las instituciones que supongan un beneficio inmediato o posterior propio. Trabajamos para la ciudadanía, y venimos escarmentados de décadas de una utilización interesada de las instituciones.

Por tanto, ese es el talante con el que afronto esta responsabilidad que me ha otorgado la ciudadanía. En Podem tenemos claro que quienes ocupamos cargos públicos lo hacemos con el objetivo de dar respuesta a los problemas de la gente, gestionando los recursos públicos de la manera más eficaz y priorizando según necesidades y urgencias.

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