El Consejo de Ministros traslada a los ayuntamientos y comunidades autónomas la facultad de regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y establece un periodo de cuatro años para que adapten la legislación. Una nueva norma que, como admite el Gobierno, no va a contentar ni a taxis ni a VTC.

Según ha informado el ministro de Fomento, José Luis Ávalos, esta moratoria que recoge el real decreto ley permite a las VTC seguir operando durante cuatro años más en el ámbito urbano como hasta ahora.,ha aprobado hoy un real decreto ley por el que faculta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con un régimen transitorio de cuatro años para que adapten la legislación.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado al término del Consejo de Ministros que esta moratoria permite a las VTC seguir operando cuatro años más en el ámbito urbano como hasta ahora, para compensar los perjuicios que puedan ocasionar la anulación de licencias otorgadas por la norma anterior para respetar el ratio 1/30.

El sector de las VTC, que actualmente presenta una proporción aproximada con el taxi de 1/6, logrará en los próximos meses una oleada de unas 9.000 nuevas licencias en el mercado por resoluciones de procesos judiciales pendientes. Ábalos ya apuntó en una comparecencia en el Congreso que esta oleada de nuevas licencias VTC colocaría la ratio en 1/3, muy alejada de la proporción fijada en la normativa.

A juicio del ministro, el crecimiento de las VTC impulsadas por las plataformas digitales entran en conflicto con el taxi. Según Ábalos, la nueva normativa «pretende ajustar un espacio de actividad como el de las VTC al correspondiente nivel regulador, que es el urbano, y que debe regularse como el resto de transportes urbanos». Y justifica que sean las administraciones local y autonómica las que tengan la potestad de otorgar las licencias, «al ser las instancias más próximas al problema.»

Horarios y ámbito de operaciones

Los ayuntamientos y autonomías podrán regular el funcionamiento de los VTC una vez que se publique el real decreto ley en el BOE, en aspectos como horarios, reservas o turnos. Hasta octubre de 2022 los VTC podrán operar en todos los ámbitos, urbanos e interurbanos, y, a partir de esa fecha, conservarán la licencia siempre en todos los recorridos entre dos comunidades autónomas.

Para los recorridos urbanos -entendiendo como tal el área metropolitana- o entre dos municipios de una misma comunidad autónoma la regulación dependerá de la normativa de la que se dote cada autonomía.

Cada ayuntamiento o área podrá establecer también sus propias ratios entre taxis y VTC -que empezarán a operar dentro de cuatro años-, siempre que no contradiga la normativa autonómica, que también podrá fijar su propia ratio.

El decreto ley que entra en vigor mañana tiene que ser convalidado en 30 días por el Congreso y, si no, decae.