La movilización convocada por el sector ortoprotésico por la Federación Española de Ortesistas Protesistas (Fedop), ha tenido una respuesta masiva tanto por parte de establecimientos como de fabricantes y usuarios. Las 15 asociaciones de ortopedias de comunidades autónomas que integran la federación se han movilizado por primera vez para manifestar su rechazo a una nueva normativa que tendrá un gran impacto en los usuarios, en los profesionales y en las ortopedias, que temen por el empleo, por la calidad y por la atención al paciente.

Los profesionales de toda España han mostrado su disconformidad contra los recortes que incluye el Proyecto de Orden Ministerial SSI/2015, por el que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre. 

En paralelo, casi un millar de ortopedias de todo el territorio español, casi el 100% del sector, entre ellas las 100 de la Comunitat Valenciana, dejaron de atender los requerimientos de hospitales y prescriptores.

Empeoramiento de las prestaciones

Estas acciones de protesta se han impulsado contra la orden ministerial por la que Sanidad prevé modificar, este mismo mes de octubre, la cartera de servicios de órtesis, prótesis y sillas de ruedas. Unas nuevas reglas de juego que empeorarán las prestaciones y posiblemente llevarán al cierre o a despidos en la mitad de las ortopedias que operan en el país.

Este sector, compuesto por pequeñas empresas, de carácter familiar y con pocos empleados en su mayor parte, se enfrenta a la peor crisis de su historia porque el Ministerio ha fijado a la baja los precios de los productos, no ha valorado los servicios de adaptación individualizada que prestan y se reserva la potestad de cambiar los precios nuevamente cada año.

En este contexto, el Ministerio de Sanidad únicamente cubrirá los productos del nuevo catálogo y fijará los precios de forma unilateral. En dicha relación se reduce el precio de venta al público de los productos y con él los cuatro millones de usuarios que hay en España pierden el derecho a las ayudas si optan por utilizar prótesis u otros artículos (andadores, sillas de ruedas, etc.) no catalogados, algo que, por otro lado, no podrán recetarles los especialistas. 

De esta manera, los productos que sobrepasen el importe oficial quedan fuera de la prestación pública. Hasta ahora, el usuario podía optar por un producto que quedara completamente cubierto o pagaba la diferencia entre el precio del establecimiento y la financiación asignada para un producto con otras características técnicas o estéticas.

Asimismo, el Gobierno pretende alargar los plazos de renovación de todos los productos, lo que puede dar lugar a situaciones como que a los niños que las utilizan se les queden pequeñas o que productos destinados a reducir inflamaciones o corregir posiciones no puedan remplazarse evolutivamente cuando empiecen a surtir efecto. Tampoco la orden ministerial ha tenido en cuenta que los productos ortoprotésicos están en constante evolución, con nuevas técnicas y mejoras que no podrán ser aplicadas en la sanidad pública si no las recoge el catálogo.

Todas estas dificultades se suman a los problemas que las ortopedias vienen sufriendo tiempo atrás, como el retraso en los pagos de las facturas, la falta de inspección frecuente de establecimientos que venden ortopedia sin licencias, la inacción contra los establecimientos que violan la prohibición de venta on-line… En definitiva, las ortopedias españolas se encuentran actualmente ante la mayor crisis de las últimas tres décadas.