El presidente de la Gremial, Santiago Fraile, ha manifestado que el Ministerio de Fomento la ha declarado ilegal y lo mismo los jueces, «y la están sancionando cada vez que la pillan».

Fraile ha criticado la «prepotencia» con la que actúa la aplicación y su forma de entrar en las ciudades -Valencia es la tercera gran ciudad española donde funciona- «a bombo y platillo» provocando «la reacción de los taxistas para que les hagamos una campaña publicitaria«.

Ha advertido del «grave problema» que suponen «los vehículos ilegales» que carecen de conductores cualificados profesionalmente y de seguro de responsabilidad civil, y cuando se produce algún incidente, el usuario es «el más desprotegido de todos».

Para Fraile, la solución a este asunto está «en los juzgados» y aunque estos «no funcionan todo lo rápido» que deberían, ya existen demandas presentadas contra Uber en Madrid.

Ha insistido en que los usuarios están «totalmente desprotegidos» y que la aplicación «perjudica gravemente» al sector del taxi porque «no respeta las reglas del juego: no paga impuestos, no tiene autorización administrativa, y no cumple los muchos requisitos que nosotros sí cumplimos», ha manifestado.

Desde L’Empresarial, su presidenta, Sonia Viudez, ha asegurado que no habla de Uber «para no darle publicidad», y se ha limitado a afirmar que se presentará una demanda contra esta aplicación en el ámbito nacional.

«El transporte que hacen no es legal, y las asociaciones nacionales irán donde tengan que ir, también a los tribunales comunitarios«, ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Federación Sindical del Taxi -que representa a 1.500 autónomos-, Fernando del Molino, también ha anunciado que se está estudiando la presentación de demandas y no descartan «ninguna medida» contra la empresa.

Los conductores no pueden hacer este servicio, ha opinado, y por ello las demandas se presentarán contra ellos por incumplir la normativa.

Uber conecta en tiempo real a conductores y pasajeros, de forma que ambos «comparten costes», al basar su negocio en el cobro al pasajero del 20 por ciento del coste del servicio, de modo que el 80 por ciento restante es para el conductor.

Para el responsable de esta plataforma en España, Carles Lloret, la ley española «permite compartir costes entre pasajeros con carácter particular o privado sin necesidad de licencia, así que a día de hoy Uber cumple con la legislación».