La consultora tecnológica francesa, Capgemini, cierra un preacuerdo que reduce en 38 las salidas inicialmente previstas y mejora las condiciones legales

El conflicto laboral en Capgemini España ha llegado a su primera resolución. La consultora tecnológica francesa y el sindicato CCOO han alcanzado un preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) abierto en el país, que afectará finalmente a un máximo de 710 trabajadores.

Un proceso que comenzó con 748 salidas sobre la mesa, se redujo a 717 tras las primeras rondas de negociación y ha concluido provisionalmente en 710, lo que supone un recorte del 5,1% respecto a la propuesta inicial y una afectación del 6,45% sobre una plantilla de cerca de 11.000 personas en España.

El detonante: cinco sindicatos y tres días de huelga

El preacuerdo no llegó solo. Las secciones sindicales de RSTIC, UGT, Intersindical, USO y Co.Bas convocaron jornadas de huelga para los días 20, 21 y 22 de mayo tras constatar el bloqueo en la negociación del ERE planteado por la dirección de la compañía. Según denunciaron, la empresa no había mostrado una voluntad real de reducir o evitar los despidos, ni de acordar medidas de voluntariedad suficientes para minimizar las salidas forzosas.

La queja sindical fue más allá del proceso en sí. Los sindicatos consideraron inaceptables las propuestas trasladadas por la empresa, argumentando que los avances en aspectos esenciales como el número de afectados, las indemnizaciones o la voluntariedad habían sido mínimos e insuficientes, pese a que Capgemini obtuvo en el pasado ejercicio un beneficio neto de 1.061 millones de euros.

Ese contraste entre los resultados del grupo y las condiciones ofrecidas a los trabajadores fue uno de los argumentos más repetidos durante el conflicto.

Las condiciones del preacuerdo: 38 días por año y primas de hasta 24.000 euros

El preacuerdo alcanzado mejora con claridad los mínimos legales y supera la oferta inicial de la empresa, que había propuesto entre 20 y 30 días por año trabajado con un techo de 12 mensualidades. Para los menores de 63 años, la indemnización acordada es de 38 días por año trabajado con un máximo de 20 mensualidades, mientras que para los mayores de 63 años se fija en 20 días por año con un tope de 15 mensualidades.

Además, se contemplan primas adicionales para incentivar la voluntariedad, que oscilan entre los 10.000 y los 24.000 euros según la edad, junto a un complemento de 3.000 euros para personas con familiares dependientes.

La cobertura social también se refuerza de forma significativa para los trabajadores de mayor edad. Los mayores de 55 años tendrán cubierto el convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años.

CCOO ha subrayado que el acuerdo se articula en torno a tres pilares fundamentales: la máxima voluntariedad en las salidas, la protección de las personas con mayor antigüedad en la empresa y la mejora de las condiciones económicas respecto a la propuesta inicial.

Siete ciudades y un perfil claro de afectados

El proceso tiene impacto en siete centros de trabajo: Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz, y se centra principalmente en trabajadores sin proyecto asignado. Este perfil —profesionales en situación de «banquillo» a la espera de ser incorporados a nuevos proyectos— es habitual en los ERE del sector tecnológico, donde la actividad comercial determina directamente la carga de trabajo disponible.

Un ajuste global con epicentro en Francia

El ERE en España no es un caso aislado. En enero de 2026, Capgemini anunció en Francia la eliminación de 2.409 puestos mediante bajas voluntarias y 600 reclasificaciones internas, en un proceso que también generó críticas sindicales por la falta de información previa a los representantes de los trabajadores.

La paradoja del ajuste es difícil de ignorar. Solo en octubre de 2024, Capgemini había anunciado la contratación de aproximadamente 1.500 ingenieros en España en los siguientes doce meses, con especial foco en Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz para sectores como la automoción, la energía, los servicios públicos y las telecomunicaciones.

En menos de dos años, el escenario ha pasado de una expansión agresiva a un ajuste de plantilla relevante, lo que refleja la volatilidad del sector tecnológico ante los cambios en la demanda y la presión sobre los márgenes.