Alboraya lleva a pleno la suspensión cautelar de licencias hoteleras

El equipo de gobierno del municipio lleva hoy a votación paralizar la tramitación de licencias para nuevos usos terciarios hoteleros, la misma vía legal que empleó el Ayuntamiento de València en 2024

El pleno de Alboraya vota hoy la suspensión cautelar de la tramitación y el otorgamiento de licencias para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros en el municipio. El punto llega dictaminado por la comisión informativa de Servicios Sociales, Urbanismo, Igualdad, Turismo y Transición Energética y figura como primer asunto del orden del día de la sesión.

¿Qué significa «usos terciarios hoteleros»?

La suspensión no se dirige contra las viviendas de uso turístico (VUT) como categoría administrativa, sino contra el cambio de uso de locales y edificios hacia terciario hotelero, la calificación urbanística bajo la que legalmente se encuadran tanto los hoteles como los apartamentos turísticos. Es la misma vía jurídica —el artículo 68 del TRLOTUP, que permite paralizar licencias mientras se estudia o modifica el planeamiento urbanístico— que empleó el Ayuntamiento de València en mayo de 2024 para frenar la proliferación de pisos turísticos en la ciudad, y que prorrogó un año después.

Esa moratoria valenciana no ha estado exenta de litigios: el TSJCV anuló en abril de 2026 la parte del acuerdo que suspendía tanto la tramitación de licencias de cambio de uso como la eficacia de las declaraciones responsables ya presentadas, por considerar que el Ayuntamiento se había excedido en el artículo legal invocado. El tribunal sí avaló, en cambio, la suspensión de las licencias de edificación para nuevos usos hoteleros, al entender que estaba suficientemente justificada. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Supremo.

La Patacona y Port Saplaya, en el foco

La medida llega dos meses después de que el propio equipo de gobierno, impulsara una moción para pedir a la Generalitat que declare Alboraya zona de mercado residencial tensionado. El consistorio situó entonces el problema en dos puntos muy concretos del municipio: La Patacona y Port Saplaya, las zonas costeras donde la presión residencial y turística se ha intensificado en los últimos años.

Según la memoria elaborada por el propio Ayuntamiento para esa solicitud, las nuevas promociones privadas en el casco urbano alcanzan ya precios próximos a los 4.000 euros por metro cuadrado, una cifra que en La Patacona se dispara hasta los 8.000 euros. El consistorio atribuye parte de esa tensión a que propietarios están retirando viviendas del alquiler residencial para destinarlas a la venta, al alquiler turístico o a contratos temporales, reduciendo el stock disponible para residencia habitual.

La suspensión de licencias que se vota hoy actúa, así, como complemento urbanístico a esa petición: mientras la declaración de zona tensionada depende de la Generalitat —que hasta ahora ha mostrado reticencias hacia esta figura y ha apostado en su lugar por ampliar la vivienda protegida a través del Plan Vive—, la moratoria de licencias es una herramienta que el propio Ayuntamiento puede activar por sí solo.