Vicente Lafuente, CEV: "Se está rompiendo el diálogo social en España"

Vicente Lafuente afronta sus más de cuatro meses como presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, la reconstrucción tras la DANA y los problemas estructurales de la economía valenciana. En esta entrevista reclama menos burocracia, más agilidad administrativa, energía para atraer inversiones y un esfuerzo real para que la pyme vuelva a sentirse representada.

– A principios de semana habéis mantenido una reunión con el presidente Juanfran Pérez Llorca, en la que anunció que el Consell destinará más de 300 M€ de euros a un plan de apoyo para los sectores productivos de la Comunitat Valenciana. ¿Cómo fue ese encuentro?

Fue una reunión necesaria. Hay mucha inquietud, porque la situación geopolítica está influyendo en todo el mundo y también en la Comunitat Valenciana. Era importante contrastar con el Gobierno valenciano dónde estamos y qué puede hacer cada uno.

– Al presidente se le ha reprochado que esa reunión llegaba tarde. ¿También consideras que ha llegado tarde?

No. Había que esperar a ver qué hacía el Gobierno central, y eso lo conocimos a finales de la semana pasada. Los empresarios ya teníamos bastante adelantado nuestro trabajo, con un informe previo que hoy hemos aportado a la Generalitat, y ellos también nos han trasladado sus ideas. A partir de ahí, según evolucione el conflicto, tendremos que ir más rápido o más despacio.

Preocupación

– Si tuvieras que resumir la situación en un titular, ¿cuál sería?

La palabra sería preocupación. Hay una incertidumbre geopolítica tremenda y nadie sabe cuánto va a durar el conflicto ni cuál va a ser su impacto real sobre la sociedad.

– Y si el conflicto se prolonga, ¿qué escenario contempláis?

Depende de cómo se alargue. Desde el primer momento se dijo que no sería un conflicto largo, pero estamos viendo que se está gestionando mal y ahora mismo nadie sabe cómo salir de él.

– Arrancaste tu mandado al frente de la CEV hablando de continuidad, pero también de una etapa valiente. ¿Cuál es la prioridad económica que marca tus primeros pasos?

Poner en el centro de todas las políticas los problemas reales de las empresas como son la competitividad y la productividad y trabajarlos allí donde haga falta, con el Gobierno central o con el autonómico. La primera fase ha sido encajar a todas las asociaciones, incluidas algunas que eran críticas con la casa, y creo que ese trabajo se ha hecho rápido y bien. Ahora estamos ya en fase de trabajar, que es a lo que hemos venido.

La infrafinanciación autonómica en el foco

– Una de tus batallas será la infrafinanciación autonómica. ¿Crees que 2026 puede ser un año decisivo o temes que vuelva a quedar relegada por la agenda política nacional?

Nosotros vamos a seguir reivindicándolo, como llevamos años haciendo, pero soy muy escéptico. Creo que en este momento la política nacional no está a la altura de las necesidades reales. La decisión final depende de los partidos en el Congreso. En ese sentido, espero que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, el PSPV y Compromís estén a la altura de su territorio y no de sus partidos.

– También has reclamado que la reconstrucción tras la DANA sea urgente y no quede atrapada en la confrontación política. ¿Cuál es hoy el principal cuello de botella?

Hemos hecho lo imprescindible y ahora tenemos que hacer lo urgente. Hay un crédito extraordinario de 1.300 millones de euros que tiene que aprobar el Congreso y ahí sí esperamos que el Ministerio de Hacienda se ponga las pilas pronto. Queremos que este asunto se mantenga en el plano técnico, porque la sociedad valenciana lo merece.

– ¿Qué medidas urgentes quedan por abordar?

Quedan muchas infraestructuras. En concreto, infraestructuras hídricas de cabecera, para que si vuelve a suceder una situación igual no haga tanto daño. También quedan por acondicionar polígonos industriales y muchas instalaciones municipales que todavía están en precario.

Legislación poco adecuada

– Volviendo a la reconstrucción, ¿Tragsa está ayudando a desbloquear expedientes?

Sí, está ayudando en la tramitación. Si no fuera por Tragsa, estaríamos ante un colapso absoluto del plan de recuperación. Pero no es suficiente. Hay muchas cosas que hacer. Actualmente hay dinero y no se está licitando y ejecutando, señal de que el sistema no funciona.

– ¿Se ha planteado reforzar la colaboración público-privada?

Se ha puesto sobre la mesa continuamente, pero las leyes son complicadas de cambiar. No tenemos una legislación adaptada a las emergencias. Nuestra legislación sirve para solucionar el día a día. Y estas situaciones atípicas requieren una interpretación diferente.

– ¿Y qué esperas ahora del Gobierno?

Que active cuanto antes los mecanismos técnicos que están en su mano, como el préstamo DANA. Siempre hemos pedido a la parte política que se dé cuenta de que está para resolver problemas de la sociedad. Y en este momento, que la financiación esté atrapada en el debate personal entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición es absolutamente desalentador.

Fondos sin ejecutar

– Los ayuntamientos han recibido fondos, pero la sensación es que cuesta ejecutarlos. ¿Qué está pasando?

Hay mucho trabajo por hacer. Se ha dado mucho dinero a los ayuntamientos, pero no hay estructuras técnicas para desarrollarlo a la velocidad que se necesita. Estamos en un colapso. Ahí es necesario que los ayuntamientos crean en la colaboración público-privada. Las normativas no están preparadas para emergencias y, en este momento, hay dinero, pero no capacidad para hacer con rapidez aquello que es urgente.

– ¿Eso está afectando ya al día a día de polígonos y municipios?

Sí, está repercutiendo en el día a día de los polígonos, de los ciudadanos y en infraestructuras que ya deberían estar arregladas, entre ellas colegios, que consideramos esenciales.

– ¿Es un problema de la Administración local?

Es un problema de falta de estructura en las administraciones municipales para gestionar tantos proyectos de golpe. Con la normativa actual no se puede gestionar tan rápido.

Ayudas más agresivas

– En plena crisis por la guerra con Irán ha dicho que las ayudas del Gobierno son positivas, pero deberían ser más agresivas. ¿Qué medidas concretas considera imprescindibles?

Voy a valorar solo las medidas empresariales, porque las sociales están en una línea adecuada, aunque se puedan mejorar. En el caso de las empresas, tiene que haber una rebaja importante de los impuestos ligados a los hidrocarburos. El gran problema es la subida de los costes de los combustibles, que conlleva un aumento del coste del transporte y, sobre todo, del precio de los alimentos. La reducción del IVA para la ciudadanía es positiva, pero el IVA tiene un efecto neutro en las empresas ya que les afecta en tesorería pero no en la cuenta de resultados.

– ¿Te preocupa más el impacto inmediato del encarecimiento energético y logístico o que el conflicto termine afectando a la inversión, el consumo y el empleo?

En este momento preocupa el encarecimiento de combustibles, portes y fletes marítimos. Como la Unión Europea cedió su industria a Asia, hoy somos absolutamente dependientes. Tenemos problemas con las materias primas y con la energía. Si el conflicto se prolongara, entonces sí sería más preocupante por cuestiones como los microchips o los semiconductores, que son básicos para la industria europea.

– Ascer advertía de posibles afectaciones a la plantilla o problemas en la producción. 

El problema es el encarecimiento de las materias primas. Ya tenemos la experiencia del conflicto de Ucrania. En aquel momento sucedió algo parecido y se generaron herramientas para ayudar a las empresas y a la sociedad. Ahora hay que recuperar medidas similares, como el Plan Reactiva a nivel autonómico y que se puso en marcha en 2022.

Cómo la burocracia penaliza a las empresas

– Habéis respaldado el decreto contra la hiperregulación y habéis advertido del riesgo de fuga de inversiones. ¿Hasta qué punto la burocracia está penalizando la capacidad de la Comunitat para captar proyectos?

Los proyectos de inversión requieren suministro garantizado de energía, seguridad jurídica y retención de talento. Si las regulaciones autonómicas no van en la línea de facilitar todo estas necesidades, corremos el riesgo de que otras comunidades limítrofes capten esas inversiones. Tenemos que optimizar la legislación y la agilización administrativa para que esas inversiones vengan a nuestro territorio.

– Has defendido que simplificar no es desregular. ¿Qué cambios administrativos serían más urgentes?

Yo lo defino con tres frases: declaración responsable, silencio positivo y un sistema de inspección que funcione. Con esas tres reglas tendríamos seguridad jurídica, evitaríamos riesgos y las empresas no perderían el interés por invertir.

Buenas relaciones

– Por otra parte, en tu discurso de investidura hablaste de ampliar la influencia de la CEV en CEOE y Cepyme y en el diálogo con universidades, cámaras y centros tecnológicos. ¿Qué papel quieres que juegue la patronal en el nuevo ciclo económico valenciano?

Debemos mantener buenas relaciones con todos los actores: AVE, cámaras de comercio, red de institutos tecnológicos, universidades, administración y sindicatos. Cada uno debe tener claro su papel y su responsabilidad y, ante los problemas del día a día, intentar tener una visión coordinada.

– ¿Y cómo definirías vuestra relación con la Generalitat?

De confianza, de franqueza y de relación directa. Creo que es un buen síntoma de por dónde tiene que ir la Comunitat Valenciana si todos vamos con ese talante.

– La economía valenciana encara al mismo tiempo reconstrucción, presión regulatoria, costes energéticos, falta de agua y déficits históricos de infraestructuras. Si tuvieras que elegir una sola batalla para 2026, ¿Con cuál te quedarías?

No hay una sola. Sería la suma de todas. Necesitamos suministro energético suficiente, porque la nueva actividad empresarial es intensiva en consumo de energía. Un centro de datos, por ejemplo, tiene un consumo muy elevado. Si no tenemos una red energética suficiente para atender toda la demanda, veremos zonas de acumulación de actividad empresarial y otras zonas desérticas, y eso no es bueno.

Ruptura del diálogo social

– También has hablado de mejorar las relaciones laborales. ¿Te refieres a la reducción de jornada que promueve el Gobierno central?

Me refiero a la ruptura del diálogo social. Podemos tratar la jornada laboral, el salario mínimo o la democratización de las empresas, pero se está llevando todo a través del real decreto y no a través del diálogo y el consenso. Se está atacando a la negociación colectiva. Es decir, a la capacidad de sindicatos y empresarios para ponerse de acuerdo en las condiciones laborales.

Igualmente, ¿cómo piensas hacer más visible a la pyme dentro de la CEV en un momento en que la presión de costes y la burocracia golpean especialmente a las pequeñas y medianas empresas?

La pyme tiene que sentir que la CEV es una organización que piensa como ella y que la defiende. Para eso tenemos que potenciar nuestras raíces en la pequeña y mediana empresa: agrupaciones comarcales, asociaciones y territoriales, que son las que están a pie de calle. Tenemos que salir de la capital, visitarlas, escuchar lo que necesitan y lograr que cuando oigan un mensaje en los medios sientan que esa organización está diciendo lo que ellas piensan.