El Gobierno extiende el impuesto a grandes energéticas y recaudará más de 1.100M

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un decreto ley que extiende hasta 2025 el impuesto a las grandes energéticas, una medida que busca seguir equilibrando el esfuerzo fiscal del sector energético y fomentar la transición ecológica. Este gravamen, que fue inicialmente introducido en 2022, se amplía con una nueva propuesta que introduce incentivos fiscales para las inversiones estratégicas vinculadas a la descarbonización y la transición energética, como la producción de hidrógeno verde.

En su comparecencia posterior, el presidente Pedro Sánchez ha subrayado que la extensión del impuesto hasta 2025 también contempla «un incentivo fiscal» que permitirá deducir los gastos relacionados con proyectos estratégicos en el ámbito de la descarbonización. Esta medida tiene como fin impulsar inversiones clave para avanzar en los objetivos climáticos de España, en línea con la Agenda 2030 y la Estrategia Nacional de Energía y Clima. «Lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde», comentó Sánchez.

La medida fue aprobada por primera vez en el contexto de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, con el objetivo de que las grandes compañías energéticas, que habían obtenido enormes beneficios durante el auge de los precios de la energía, contribuyesen de manera más equitativa a las arcas del Estado. La medida, que tuvo una acogida desigual, fue diseñada para garantizar que estas empresas contribuyan al esfuerzo colectivo para mitigar el impacto de la crisis energética sobre los ciudadanos y apoyar la transición hacia una energía más limpia.

Una medida polémica y ¿necesaria?

Desde su adopción, el impuesto ha generado un intenso debate político. Por un lado, el Gobierno lo ve como una herramienta clave para fortalecer la lucha contra el cambio climático y asegurar que las grandes energéticas contribuyan a los esfuerzos públicos. Sin embargo, la medida tiene una acogida muy desigual entre los socios de investidura. Partidos como ERC, Bildu y BNG, han respaldado su extensión, mientras que otras formaciones como el PNV y Junts se han mostrado en contra, argumentando que podría poner en riesgo las inversiones de estas empresas en España.

Según datos oficiales, el impuesto ha generado una importante recaudación para el Estado. Tan solo en 2023, el gravamen a las empresas energéticas recaudó 1.162 millones de euros, una cifra que el Gobierno espera que sea similar en 2024 y 2025 con la extensión de la medida. La recaudación ha sido destinada a diversos fondos, incluidos programas de apoyo a los consumidores vulnerables y proyectos de transición energética.

En conjunto, los gravámenes a las entidades de crédito y a las empresas energéticas alcanzaron los 2.859 millones de euros en 2024. Se trata de una cifra que está en línea con las previsiones del Gobierno y, además, es muy similar al importe del año anterior.

El Gobierno ahora se enfrenta a la difícil tarea de lograr la convalidación de este decreto ley en el Congreso, donde necesita contar con el apoyo de sus socios de investidura para asegurar su aprobación. Aunque las negociaciones en el Parlamento se presentan complejas, Sánchez se muestra optimista: «Somos muy conscientes de cuál es la complejidad del Parlamento, pero salimos a ganar, con humildad, pero salimos a ganar y evidentemente no damos un balón por perdido», ha afirmado.

Un apoyo condicionado

Pese a que el Gobierno ha logrado sacar adelante el impuesto, el apoyo de la izquierda nacionalista vasca no ha salido gratis. El gravamen a las grandes energéticas aprobado este lunes en el Consejo de Ministros se convertirá en impuesto concertado en el País Vasco y Navarra, según el acuerdo alcanzado en los últimos días por el Gobierno con EH Bildu, que ha llamado por ello al PNV a apoyar la convalidación de la medida en el Congreso cuando llegue.

Bildu ha defendido que su acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez garantiza que sean las haciendas forales quienes recauden y gestionen los ingresos derivados de esta medida, «fortaleciendo así el autogobierno fiscal vasco. Ante este escenario, no existe ninguna razón válida para que fuerzas políticas vascas se opongan a esta medida. Por ello, EH Bildu insta al PNV a abandonar las excusas y a apoyar la convalidación del decreto», señalan los independentistas vascos en un comunicado.

Según sus datos, no convalidarlo supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales, un ingreso que Bildu considera fundamental para garantizar servicios públicos y políticas sociales en Euskadi.

«Quien rechace esta medida deberá dar explicaciones claras a la sociedad vasca», advierte Bildu al PNV, partido que la semana pasada unió sus votos a los del PP y Junts per Catalunya para tumbar en el Congreso este gravamen.