Las pymes piden abordar sus problemas estructurales antes de reducir la jornada laboral

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) serían las más afectadas por una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, según un estudio de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). Problemas estructurales como su menor productividad y rentabilidad, sus inferiores recursos organizativos y la menor presencia del convenio de empresa son algunas de las causas que hacen más vulnerables a las pymes ante esta medida.

En el marco de la mesa de diálogo social, en la que el Gobierno negocia con patronal y sindicatos, el Ministerio de Trabajo ha planteado bonificar las nuevas contrataciones que realicen las pequeñas y medianas empresas (hasta 10 empleados) como consecuencia de la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Desde la Confederación Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa consideran que la reducción de la jornada laboral es una propuesta que se puede estudiar «con condiciones». «La reducción de la jornada no sería ningún problema si se aplicasen otras soluciones para ayudar a las pymes», explica el presidente de Pymev, Luis López. La cuestión en este debate, según López, es que hay dificultades en las pequeñas empresas que se deberían abordar antes, como el absentismo, el rendimiento o la falta de acceso a financiación.

«Nos preocupa mucho el alto nivel de absentismo que hay últimamente en las pymes, es algo que debería mirar el Gobierno», señala el presidente de Pymev, quien insiste en que reducir la jornada laboral puede afectar mucho a este segmento de empresas. «Si el rendimiento del personal es óptimo, sí que se podría reducir», añade.

En la misma línea se expresa la directora del Área de Trabajo de Pimec, Silvia Miró, quien lamenta que la medida del Ministerio no resuelve los déficits estructurales del mercado de trabajo: absentismo laboral, baja productividad y desempleo. «Debería ser una reforma conjunta con una visión integral y 360º que encuentre el equilibrio. Si no, difícilmente vamos a poder hacer esta medida sostenible sin que haya afectación directa sobre las empresas, especialmente, las de menor dimensión», indica.

Dudas sobre los detalles de la propuesta

A falta de conocer los detalles de la propuesta del Gobierno, el presidente de Pymev se pregunta cómo se acogerán las pymes a estas bonificaciones: «La medida es para empresas de hasta 10 empleados, ¿qué pasa con las que tienen 11 o 12? ¿Cómo lo hacen las que tienen uno o dos trabajadores? No le damos tanta importancia a las bonificaciones, sino a poder competir con compañías grandes, una opción que muchas veces no tenemos».

Por su parte, desde Pimec consideran que la efectividad de esta medida también depende de qué es lo que se financie –el salario o los costes de la Seguridad Social– , en qué porcentaje y la duración. Según Silvia Miró, es una medida que no está pensada en clave de microempresa, que representan prácticamente el 90% de las empresas con empleados en nuestro país. «Se hace difícil pensar que una empresa con dos trabajadores, un comercio, por ejemplo, va a poder acceder a este tipo de bonificación. ¿Cómo va a contratar a una persona para 2 horas y medida a la semana?», se pregunta.

A esto hay que sumar que las pequeñas empresas están teniendo muchísimas dificultades a la hora de encontrar profesionales formados en determinados sectores de actividad, un obstáculo que sería aún más grande en caso de implementarse la medida. «Las nuevas contrataciones como consecuencia de la implementación de la reducción de la jornada estarán muy condicionadas por la dimensión de la empresa. Ahí también se genera una desigualdad por las condiciones laborales que pueden ofrecer las pymes», indica.

La CEOE critica «el desprecio» a la negociación colectiva

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) considera que esta propuesta del Ministerio de Trabajo «ahonda en el intervencionismo» de las relaciones laborales y el «desprecio» de la negociación colectiva.

En este sentido, la directora del Área de Trabajo de Pimec resalta que «el tiempo del trabajo es una cuestión intrínseca de la negociación colectiva», donde debe ser abordada «con una mirada sectorial». «La negociación colectiva es la herramienta de consenso y adaptación de las condiciones laborales que tenemos en nuestro país, que nos ha ayudado justamente a estar donde estamos ahora. Debemos preservarlo porque es donde realmente podemos acotar medidas de mejora de eficiencia del trabajo», concluye.

Fuentes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) inciden en que el Gobierno debería «respetar la autonomía de la voluntad» de las partes que conforman las mesas de negociación de convenios colectivos sectoriales y de empresa. «No se pide ni más ni menos que respeto a los equilibrios alcanzados en la reforma laboral consensuada de diciembre de 2021, que mantuvo, por acuerdo de todos, las previsiones del Estatuto de los Trabajadores en materia de tiempo de trabajo y, por tanto, de jornada», recalcan estas fuentes.

La reducción de la jornada laboral afectará al 75% de asalariados

El servicio de estudios de Cepyme calcula que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas afectará a tres de cada cuatro trabajadores en mayor o menor medida, el 75% de los asalariados. Concretamente, los sectores que más lejos se encuentran de jornadas de 37,5 horas son Información y Telecomunicaciones, Transporte, Comercio y Hostelería.

«La reducción de la jornada laboral supone, de facto, una subida salarial y, por tanto, un aumento de los costes laborales», remarcan desde Cepyme, a la vez que advierten que a esta nueva subida de los costes laborales se une el mayor riesgo de conflictividad en las plantillas, las dificultades para reasignar recursos y un nuevo factor de incertidumbre si la reorganización del trabajo ha de hacerse inmediatamente, algo que es complicado en una economía como la española, aquejada de problemas de vacantes y escasez de mano de obra.

De acuerdo con la Confederación, el coste directo mínimo de la reducción de jornada asciende a 11.800 millones de euros.