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Las claves de la nueva ‘ley rider’ que ha aprobado el Gobierno y qué implica

El Consejo de Ministros ha aprobado la conocida como ‘ley rider’. Se trata de un decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados ‘riders’. Esta normativa da un plazo de tres meses para que las empresas se adapten a la medida.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que se trata de un «importantísimo avance que se va a producir en los derechos laborales de los trabajadores que se dedican al reparto en las llamadas plataformas digitales».

Las claves de la nueva ‘ley rider’ que ha aprobado el Gobierno y qué implica

El pasado 10 de marzo, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme cerraron un acuerdo para esta ley. En concreto, esta norma fija la condición de asalariados de los repartidores autónomos que trabajan para plataformas digitales.

‘Ley Rider’: tendrán los derechos recogidos en el Estatuto de los trabajadores

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que la ley aprobada parte de la premisa de que los trabajadores que desempeñan su tarea en las plataformas digitales son laborales. Por esta razón, el Gobierno considera que deben tener todos los derechos que recoge el Estatuto de los Trabajadores, relativos a la organización, sindicación, protección social, cotizaciones y salario.

La norma modifica así el Estatuto de los Trabajadores y determina la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital.

La ministra ha elogiado la «labor encomiable» desempeñada por la Inspección de Trabajo que, con unos recursos recortados, ha logrado regularizar a 16.794 trabajadores y detectar 540 infracciones. Esto ha supuesto un impacto económico de 29 millones de euros.

Esta norma va a «va a cambiar el signo de los tiempos», ha explicado Díaz. Ya que sitúa al país -ha continuado- a la vanguardia en este ámbito: «Por primera vez el Mundo está mirando a España por esta regulación».

Saber lo que esconden los algoritmos

El decreto ley aprobado precisa los derechos de información y consulta de la representación de los trabajadores en el entorno laboral digitalizado que deberán ser informados por la empresa de las reglas en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo. Incluida la elaboración de perfiles.

«No queremos jefes que nos griten ni dispositivos móviles que nos penalicen», ha dejado claro la ministra de Trabajo. «Los cambios tecnológicos son imparables y no les tenemos ningún miedo», ha añadido.

Todo el mundo debe saber «cuáles son las razones que motivan ciertas decisiones empresariales». Han de saber «lo que esconde el algoritmo», ha agregado.

Esta es la primera legislación que incorpora el acceso a la información de parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos de los sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones laborales, incluida la elaboración de perfiles de las personas trabajadoras.

Díaz ha anunciado la puesta en marcha un grupo de expertos para que estudien el impacto digital y de los algoritmos en las relaciones laborales. «Es clave, ya que las implicaciones laborales de los algoritmos están por construir y van a condicionan el futuro de miles de trabajadores», ha sentenciado Díaz.

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