Continúan las negociaciones para regularizar a los más de 200 falsos autónomos de la sala de despiece de Mercavalencia. Esta mañana se reunirán en el Tribunal de Arbitraje Laboral de València los sindicatos UGT y CCOO con la empresa cárnica Incarlopsa, la cooperativa Work Man y la empresa pública Mercavalencia para debatir las diferentes soluciones al conflicto.

Según adelantó ayer Javier Galarza, secretario general de Industria de CCOO PV, son dos las propuestas que se encuentran sobre la mesa de negociación. Por un lado está la solución que planteó Mercavalencia de constituir una sociedad limitada en la que incluir a los falsos cooperativistas como trabajadores en Régimen General. Y por otra parte, la propuesta que realiza UGT de establecer una sociedad instrumental temporal donde se incluiría a los empleados de la sala de despiece hasta que fuera posible que Mercavalencia los asumiera en su plantilla.

«Entre una propuesta y la otra puede que existan caminos intermedios. A fecha de hoy no los hay, mañana no lo sé«, apuntó Galarza, expectante ante los posibles cambios que puedan producirse hoy en la reunión. Para Comisiones Obreras, el criterio «irrenunciable» es que los trabajadores dejen de ser falsos autónomos y pasen a cotizar al Régimen General de la Seguridad Social.

CCOO recibe «de buen grado» la propuesta de Mercavalencia

Explica que, tras hablar con Mercavalencia, Incarlopsa y el grupo inversor que estaría a cargo de la nueva sociedad limitada, existe un «acuerdo cerrado aunque no firmado» donde recogen los compromisos de todas las partes. Entre ellos se encuentra que Incarlopsa, principal cliente de Mercavalencia, mantendría su contrato durante 8 años más. «Aquella propuesta que se manifestó, hoy está armada jurídicamente«, señala Galarza, quien añade que reciben «de buen grado» que una empresa este dispuesta a asumir a los trabajadores.

Apunta que UGT no se encuentra en la misma línea pero que pese a ello no existe confrontación ya que se trata de una mesa de diálogo para encontrar una solución conjunta. «Estamos intentando conseguir el mismo objetivo por caminos distintos«, expone el secretario general de Industria de CCOO.

La línea roja de UGT siempre ha sido que se cumpla el dictamen de Inspección de Trabajo que señala que los falsos cooperativistas deben formar parte de la empresa principal, en este caso, Mercavalencia. Es por ello que proponen, como solución intermedia, que se constituya una sociedad instrumental, similar a la que se ha utilizado en el conflicto de los bomberos forestales de Tragsa, hasta que haya posibilidad de incluir a los trabajadores en Mercavalencia.

Dos vías para que una empresa pública asuma a falsos autónomos

En este sentido, al igual que existen dos propuestas para regularizar a los falsos autónomos, existen dos vías para incluir a trabajadores en situación irregular dentro de una empresa pública o mixta, como es el caso de Mercavalencia.

Según explica a Economía 3 el vicepresidente 1º de la Junta de Gobierno del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia (Cosital), Jordi García Hernández, las empresas mixtas que están participadas mayoritariamente por una administración pública «tienen limitaciones a la contratación«. Añade que la asimilación de falsos autónomos por empresas públicas es una situación muy extendida en España pero que es «muy complejo«.

Señala que la Ley de Presupuestos de Presupuestos Generales del Estado recoge que el sector público instrumental (entidades de la administración pública o empresas dependientes de esta) debe velar por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación de personal laboral. «La ley dice que no se puede atribuir a ese personal la condición de indefinidos no fijos si no es en virtud de una resolución judicial«, expone García.

Una sentencia judicial es lo único que puede obligar a una empresa pública a asumir a los falsos autónomos

De este modo, las dos vías por la que trabajadores en situación irregular podrían pasar a formar parte de una empresa pública sería o bien cambiando la Ley de Presupuestos Generales, cosa «poco probable«, en opinión de Jordi García. O bien, esperar a que una sentencia judicial determine que los trabajadores deben pasar a formar parte de la empresa.

Al respecto, apunta el vicepresidente de Cosital que «los juzgados de los social están acogiendo la tesis de obligar a las empresas a admitir a estos trabajadores«. Además, expone que las últimas sentencias que se están produciendo indican que estos empleados han de ser indefinidos no fijos, aunque pueden determinarse otro tipo de condiciones o de relaciones laborales.

En caso de establecerse un contrato como indefinido no fijo, significaría que los trabajadores prestarían sus servicios de manera indefinida a la empresa pública, hasta el momento en que esta convoque un proceso de concurrencia pública.

De este modo, para que los empleados de la sala de despiece entraran en la plantilla de Mercavalencia habría que esperar a que la sentencia del juicio, que está en proceso, obligara a la empresa del Ayuntamiento de València a asumir a los falsos autónomos. Un proceso que puede alargarse años.