Vivir peor que sus padres: el drama económico de ser joven en España al que señalan los economistas

«Queremos vivir, no sobrevivir» es la frase que más se repite en las bocas de los jóvenes españoles, como un mantra cada vez más fuerte en manifestaciones, redes sociales o conversaciones personales. No es una exageración retórica: detrás hay cifras, informes y expertos que confirman lo que se palpa a diario. Según un estudio presentado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la juventud española vive una situación económica que, más que desafiante, es estructuralmente asfixiante.

De no abordarse, la situación puede convertirse en una bomba de relojería para la sociedad española. Emanciparse después de los 30, trabajar con un contrato temporal encadenado al salario mínimo o invertir más del 40 % del sueldo en el alquiler de un piso compartido no es una excepción, sino la norma para buena parte de la juventud española. En 2024, la tasa de paro juvenil en España alcanzó el 27,7  % para los menores de 25 años, según Eurostat, el doble de la media de la Unión Europea (UE), situada en el 13,4 %. Una diferencia que evidencia un problema estructural en el mercado laboral español que penaliza especialmente a los jóvenes.

A este panorama se suma el encarecimiento vertiginoso de la vivienda: de acuerdo con datos del Banco de España, el precio medio del alquiler ha subido un 9,2 % interanual, mientras que el coste de compra se ha incrementado en un 7,5 % solo en el último año. En zonas urbanas como Madrid o Barcelona, el precio del metro cuadrado ya supera los 4.000 euros, situando el acceso a la vivienda muy por encima de las capacidades económicas de la mayoría de jóvenes.

De izda. a dcha.: José Ignacio Conde-Ruiz, Ángel de la Fuente, Miguel Vázquez Taín, Raquel Jurado, Mar Villares.

La sesión puso sobre la mesa una evidencia: los jóvenes parten desde una clara desventaja en el juego económico actual. Miguel Vázquez Taín, presidente del CGE, y Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, quienes abrieron el acto, coincidieron en que el sistema actual «no prioriza el futuro», y alertaron sobre el riesgo de consolidar una brecha intergeneracional difícil de revertir si no se actúa con urgencia.

Ingresos que no despegan, impuestos que no perdonan

La Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE) lo dice sin rodeos: un joven de entre 20 y 24 años ganó en 2023 una media de 15.364 euros brutos al año, un 45  % menos que el salario medio nacional. Sin embargo, la presión fiscal apenas perdona. Aunque muchos no tributan por IRPF, sí soportan un fuerte peso de cotizaciones sociales e impuestos indirectos, como el IVA, que golpea con más fuerza a quienes gastan casi todo lo que ganan.

«Este sistema fiscal castiga a quien menos tiene y menos puede ahorrar», señaló Raquel Jurado, miembro del equipo técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE). Y recordó que los jóvenes destinan el 7,7  % de sus ingresos solo al IVA, según Eurostat. Todo ello con una capacidad de ahorro prácticamente nula.

Contratos cortos, vidas congeladas

Mar Villares, secretaria técnica del Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE), fue directa: «La combinación de temporalidad, parcialidad involuntaria y bajos salarios retrasa la emancipación». Los datos avalan su análisis: en 2024, el 60,5  % de los contratos firmados por menores de 30 años fueron temporales, y casi la mitad trabajaba a tiempo parcial sin haberlo elegido. A eso se suma un salario mensual medio un 27 % inferior al general.

Esta realidad laboral, marcada por la inseguridad y el desajuste entre estudios y empleo, lleva a muchos jóvenes a aplazar decisiones vitales. Es el caso de Álex Urbina, de 24 años, empleado a tiempo parcial con contrato fijo. «Tuve que aceptar trabajos no cualificados, ajenos a mi formación, solo para ganar experiencia. Ahora vivo con mi pareja en un piso familiar. Si no fuera por eso, ni con más de 3.000 euros mensuales entre los dos podríamos permitirnos alquilar o comprar una vivienda», afirma.

David Raga, de 26 años, aún no ha conseguido su primer empleo. Acaba de terminar el máster de educación secundaria y se encuentra preparando el nivel medio de valenciano para entrar en bolsa. «Aunque trabajara ahora, sería en algo poco relacionado con mis estudios y mal remunerado. No me planteo emanciparme: ese ingreso serviría más para ahorrar que para vivir fuera de casa», explica. Asegura, además, que la brecha con la generación de sus padres es abismal: «Ahora los sueldos son más altos, sí, pero todo cuesta muchísimo más. La calidad de vida ha bajado, y también la visión de futuro».

La misma dificultad la encuentra Yuleidy Quimi, de 27 años, funcionaria interina. «Podemos estar un mes en un sitio y al siguiente en otro. Así es muy difícil tener estabilidad. Y con los precios de la vivienda en Valencia, ni me lo planteo. Si no tuviera pareja, sería inviable».

Según el Banco de España, cuatro de cada diez hogares jóvenes destinan el 40 % de sus ingresos solo al alquiler. Y mientras tanto, cada paso vital parece condicionado por la precariedad estructural.

Tres brechas y una urgencia

José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático y subdirector de Fedea, sintetizó los problemas en tres brechas: de renta, de vivienda y de representación política. Desde 2008, la renta de los jóvenes ha caído un 10 %, mientras la de los mayores de 65 años ha aumentado un 8 %. Solo el 43 % de los jóvenes accede hoy a la propiedad de una vivienda, frente a más del 70 % hace dos décadas. Y la edad media de emancipación ya supera los 30 años.

«El contrato intergeneracional está roto», afirmó. Y propuso reformularlo mediante pensiones sostenibles, nuevas reglas fiscales, vivienda accesible y representación política juvenil, incluso proponiendo bajar la edad de voto a los 16 años.

Desde su experiencia directa, Álex Urbina lo ve claro: «Se debería gravar fuertemente la propiedad de viviendas acumuladas. A partir de la tercera, que cueste mantenerla. Y liberar vivienda vacía de para convertirla en parque público de alquiler». Una medida en línea con la propuesta de Yuleidy Quimi: «Que el Estado adquiera viviendas desocupadas para ofrecerlas a jóvenes que no quieren irse de su pueblo por no poder pagar un alquiler».

Reformas urgentes, promesas aplazadas

El informe recoge un catálogo ambicioso de propuestas. Entre ellas: reforzar la Formación Profesional dual, alinear la educación con el mercado, fomentar el empleo juvenil en sectores estratégicos como la economía verde y digital, crear incentivos fiscales al ahorro y la emancipación, o aumentar el parque público de vivienda en alquiler.

También se plantea un Pacto de Estado por el Empleo Joven, junto a la necesidad de dar voz institucional a la juventud en órganos como el Pacto de Toledo o a través de un consejo intergeneracional.

Pero más allá de los planes, muchos jóvenes se preguntan si estas propuestas llegarán a tiempo. Entre 2021 y 2023, más de 649.000 personas jóvenes emigraron de España. Y mientras tanto, quienes se quedan lo hacen con contratos frágiles, sueldos mínimos y expectativas máximas.