Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión

Reforma del Mercado de Valores: mayor competitividad y protección al inversor

El paquete incluye 3 reales decretos relativos a empresas de servicios de inversión, instrumentos financieros y régimen de registro de valores negociables

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Reforma de la ley de Mercado de Valores

La reforma de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión permitirá potenciar la competitividad de las infraestructuras de mercado y fortalecer el régimen de supervisión aplicable a las empresas de servicios de inversión.

Así lo ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ha publicado en audiencia pública un paquete legislativo que incluye dicha reforma.

El paquete incluye además tres reales decretos de desarrollo relativos a las empresas de servicios de inversión, los instrumentos financieros, el régimen de registro de valores negociables y las infraestructuras de mercado y las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Empresas de servicios de inversión

De esta manera, se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias. En primer lugar, una sobre régimen prudencial de empresas de servicios de inversión. Esta tiene como objetivo la mejora del funcionamiento de estas empresas e incorpora obligaciones de solvencia específicas.

La norma establece un régimen prudencial propio de supervisión, adaptándolo a las particularidades del modelo de negocio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

Adicionalmente, se incluye una clasificación de estas. También, se otorgan a la CNMV potestades para establecer el régimen aplicable, dentro de determinados márgenes. En concreto, en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de las empresas de servicios de inversión. Se contempla también un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico.

Facilitar las inversiones a la economía real

En segundo lugar, se incorporan los recientes cambios aprobados en la Directiva MIFID II. El fin último es que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas. Y también que faciliten las inversiones a la economía real.

Por tanto, la reforma ajusta los requisitos y obligaciones administrativas para facilitar la canalización del ahorro hacia la financiación. Según han señalado, así se “salvaguarda la protección e intereses de los inversores“. También, ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados y el correspondiente régimen de exención de cobertura. Su fin es dar impulso a los nuevos mercados denominados en euros.

Finalmente, se incluyen modificaciones puntuales del Reglamento de la Unión Europea sobre el folleto a publicar en emisiones de valores o el Reglamento de la UE de titulizaciones, entre otras.

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Mejora de la competitividad de los mercados de capitales

Además han indicado otra serie de novedades relevantes para mejorar la competitividad de los mercados de capitales en España. En concreto, centrados en la financiación de la inversión y el crecimiento empresarial.

Se propone una reforma en la Ley de Sociedades Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (SPAC). Estas tienen como objetivo favorecer la salida a bolsa de empresas.

Según han expresado, así, se “contribuye a la diversificación de las fuentes de financiación“. “Especialmente, para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo. Así se reduce la dependencia del crédito bancario“, han añadido fuentes del ministerio.

Por otra parte, indican que para que puedan conseguirse estos objetivos “es clave asegurar la adecuada protección de los inversores“. Para ello, la propuesta se centra en “dar certeza al reembolso de las inversiones en las SPAC“.

Finalmente, se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija. De esta manera, se favorece la competitividad de los mercados.

Y se propone la eliminación de determinadas obligaciones de información aplicables a los participantes del mercado en el proceso de compensación y liquidación de valores. Según han señalado, “para alinear la regulación nacional a la normativa comunitaria y a la de los países de nuestro entorno“.


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