Un presupuesto de 180 millones de euros y concebido para atajar los efectos de la crisis económica generada por la pandemia sanitaria es el que aprobará en el pleno del 30 de julio el Ayuntamiento de Castellón, tras presentarlo hoy en rueda de prensa telemática -otro efecto de la COVID 19- los tres partidos del Pacto del Gran (PSPV, Compromís y Podem). Tan sólo 1,8 millones menos que el de 2019, aunque ahora el margen de ejecución será de tan sólo cinco meses.

El documento económico será aprobado mañana mismo en la Junta de Gobierno municipal y a partir de ello se les entregará a los grupos políticos presentes en el Consistorio, que tendrán dos semanas para revisarlo y poder plantear, si lo estiman pertinente, propuestas

Son unas cuentas, como explicó la alcaldesa Amparo Marco, “reorientadas” a partir de las gestadas en febrero pasado, antes de la llegada del virus. Por eso, aunque “este no es el presupuesto que nos hubiera gustado hacer» si  «es el que necesita Castelló en estos momentos”, apuntó. Y muestra el compromiso político con rescatar la ciudad, que también marca las directrices de la recientemente creada Comisión de Impulso Económico, que integra a los agentes sociales.

La irrupción de la pandemia, que frenó por semanas la economía mundial, ha obligado a realizar cambios en las partidas presupuestarias para intentar sacar al municipio de la crisis, impulsando partidas de las áreas de Contratación y la de Bienestar Social, principalmente. En ello trabajaron los concejales de las tres formaciones que integran el gobierno local, las mismas que deberán gestionar el presupuesto a partir de agosto.

En líneas generales el presupuesto se ajusta a la emergencia sanitaria de la ciudad, dedica 14,38 millones a ejecutar políticas de carácter social, un 4,71% más que el año pasado y un 56% más que hace cinco años. Asimismo se destinan 2,3 millones al Plan Castellón Contrata y 1,5 millones a contratos del Pirecas

En este ejercicio se invertirán 5,2 millones en nuevos proyectos, se destinan 7,4 millones a renovar el alumbrado público para hacerlo más sostenible, se apuesta por políticas de sostenibilidad ambiental y se impulsarán medidas por la emergencia habitacional con actuaciones para mejorar el parque de vivienda social.