El Consejo de Ministros remitió el día 19 a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Con ello, se inicia la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050. A este respecto, Mª Dolores Furió, profesora titular del departamento de Economía financiera y actuarial de la Universitat de València (UV), resalta que la transición energética «puede ser uno de los pilares sobre los que se asiente la recuperación social, económica y medioambiental».

«La transición energética afecta a muchos sectores estratégicos, desde el punto de vista social y económico», subraya la profesora. En concreto, ha precisado que afecta al sector eléctrico, al de transporte -por la transición hacia vehículos que no emitan gases contaminantes- y a las energías renovables. Además, añade que «supone una posibilidad de generar nuevos empleos y crear oportunidades en otros sectores que pueden estar deprimidos o sumidos en crisis estructurales, como el sector agrario o forestal».

«Servirá para seguir avanzando en la reducción de la contaminación, redundaría en una mejora de salud de las personas, habría una mejora en la competitividad de las empresas y contribuiría en la reducción de la dependencia energética internacional«, detalla.

Furió: «Se espera que estas inversiones generen un impulso económico, muy difícil de cuantificar, que sea capaz de financiar al menos parte de estos costes»

Así, ante el escenario de crisis económica, Furió apunta que cualquier paquete de medidas del Gobierno para la recuperación requerirá gran cantidad de recursos. Por ello, se pregunta: «¿Por qué no destinarlos a la transformación de un modelo que trasciende de lo energético, porque involucra a muchos sectores, y puede considerarse un cambio de modelo económico que ofrezca oportunidades de empleo, de desarrollo de sectores existentes y nuevos y como respuesta a la amenaza del cambio climático?».

En este contexto, comenta que el presupuesto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla un gasto para las administraciones públicas de 40.000 millones de euros entre 2021 y 2030 para alcanzar los objetivos. «Se espera que estas inversiones generen un impulso económico, muy difícil de cuantificar porque no sabemos el ritmo al que se responderá a estas medidas e incentivos, que sea capaz de financiar al menos parte de estos costes», puntualiza.

Mª Dolores Furió, profesora titular del departamento de Economía financiera y actuarial de la UV

Según el PNIEC, Furió desgrana que se estima la movilización de 241.000 millones de euros de inversiones en España y un ahorro de 67.000 millones de euros hasta 2030 por la reducción de la demanda de importación de combustibles fósiles. «Si somos capaces de sustituirlos por fuentes de generación renovables, que las tenemos aquí, son autóctonas y gratis, hay que contemplar la reducción de la dependencia energética y el ahorro en costes», matiza.

Asimismo, afirma que servirá para atraer inversiones y crear empleo, algo que cree que ya está ocurriendo. En este sentido, indica que hay interés de los inversores en las fuentes de generación renovables, pues lo ven como «una oportunidad». Así, hay tecnologías, como la eólica o la fotovoltaica, que ya son competitivas en el mercado y no son necesarias las ayudas del Estado, ya que «es la inversión privada la que las elige como posibles proyectos de inversión, sin necesidad de subvenciones publicas». Aunque precisa que otras, como la eólica marina o los biocombustibles sí necesitan ser subvencionadas porque están en un momento más incipiente. En la misma línea, añade que «una mayor demanda de vehículos no contaminantes por parte de potenciales clientes dirigirá los esfuerzos de las automovilísticas hacia la fabricación de este tipo de vehículos».

Furió (UV): «Más que una pérdida de empleo, debería producirse una reconversión o transformación de puestos de trabajo»

Respecto a los empleos, según el PNIEC, se estima un incremento de entre 250.000 y 350.000 personas en la década. Estos trabajos están ligados, sobre todo, a los sectores de construcción industrial y servicios, «debido a la inversión en rehabilitación energética de edificio y nuevas inversiones ligadas al cambio de modelo».

«Más que una pérdida de empleo, debería producirse una reconverisión o transformación de puestos de trabajo. En un nuevo contexto de más protagonismo de la demanda energética, a través de la posibilidad del autoconsumo, existe una demanda real de instaladores eléctricos especializados, para lo que se hace necesario fomentar la formación especializada, y también de asesores en materia energética. El objetivo tendría que ser transitar a ese cambio de modelo, que las empresas proporcionen la formación necesaria a sus trabajadores para que participen en el proceso», explica la profesora de la UV.

Sin embargo, para que en el sector de la automoción los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos sean de emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro antes de 2040, según el proyecto de ley, la Administración «tiene que plantear los incentivos necesarios». «Es un objetivo valiente y necesario para avanzar en la descarbonización», defiende.

Furió: «La automoción debe ser consciente de que la descarbonización es un proceso imparable, porque está en juego la supervivencia del planeta»

«Nadie duda de los efectos positivos en materia medioambiental y de salud. En contraposición a los costes hay que contemplar el ahorro del coste sanitario derivado de la disminución de enfermedades de índole respiratoria, gracias a la reducción de la contaminación atmosférica», alega Furió.

En este contexto, resalta la importancia de favorecer una red suficiente de puntos de recarga de vehículos, así como sustituir su flota por vehículos no contaminantes, la sustitución de los vehículos de transporte público y los puntos de recarga en edificios públicos. Asimismo, menciona algunos incentivos, como el establecimiento de la limitación de bajas emisiones en ciudades, el aparcamiento gratuito en zona azul o la autorización para circular por el carril bus para vehículos que no contaminen.

En la misma línea, detalla incentivos fiscales en forma de deducciones o el establecimiento de un impuesto a la circulación a vehículos que contaminen, que cree que debería ser finalista para financiar ayudas directas a los que adquieran vehículos que no contaminen. «La automoción debe ser consciente de que la descarbonización es un proceso imparable, porque está en juego la supervivencia del planeta. Imagino que están trabajando en esa línea, de reinventarse para mantenerse más allá de 2040. Las grandes empresas estarán centradas en vehículos que no emitan gases contaminantes, no solo el eléctrico, no es la única opción», expresa.

«Acometiendo esta transición se ven afectados positivamente más de un sector. Vamos más retrasados en el sector transporte, porque no existen exigencias en ese sentido, pero la medida a partir de 2040 es una medida decidida», defiende Furió.