El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la propuesta de acuerdo presentada por el equipo de gobierno local (PP y Cs) por la que se plantea un modelo de gestión indirecta, concesional, para el servicio de transporte público en autobús urbano. El edil de Transportes, Manuel Villar (PP), ha explicado que se trata de una decisión previa que resulta necesaria ante el fin del contrato de explotación que mantenía la empresa Masatusa hasta junio de 2019 y que se tuvo que prorrogar de manera excepcional por un plazo de dos años para que el servicio se siguiese prestando.

El acuerdo ha prosperado por mayoría absoluta de 16 votos, gracias a la suma de las posiciones de PP (9 ediles), Cs (5) y Vox (2). Los tres grupos que conforman el eje progresista, PSPV-PSOE (9), Unides Podem (2) y Compromís (2), han votado en contra.

Villar ha defendido el acuerdo al sostener que tanto el informe encargado a una consultora externa, en 2018, como los informes elaborados por los técnicos municipales coinciden en apuntar que el modelo de gestión indirecta sería el más ventajoso para el interés municipal. En concreto, ha detallado que esos informes sostienen que la calidad del servicio actual es buena y que la alternativa de optar por su municipalización acarrearía «dificultades presupuestarias» para el ayuntamiento.

Además, ha incidido en que la gestión directa conllevaría una dificultosa tramitación administrativa al tener que dar lugar a la creación de una empresa municipal. Y, por último, ha añadido que, con el modelo concesional, el «riesgo» económico que implica la operación del servicio correría a cargo de la empresa adjudicataria y no del consistorio.

El edil de Vox, Juan José Bonet, ha secundado los argumentos de Villar y ha asegurado que no encontraba ninguna razón que recomendase optar por la gestión directa. No obstante, el concejal socialista Manuel Martínez ha recriminado la urgencia con la que el equipo de gobierno local pretendía acordar ahora la propuesta sobre el modelo de gestión, cuando en el pleno de enero pasado se había aprobado la creación de una comisión para debatir, precisamente, sobre el futuro del servicio de transporte.

Los portavoces de Unides Podem y Compromís, Xavier López y Natxo Bellido, respectivamente, han recriminado que no se haya abierto un debate «serio» y «riguroso» sobre la oportunidad de estudiar un modelo de gestión directa. También han reprochado que el expediente se inicie con un informe de asesoría externa de 2018 que, a su juicio, estaría desfasado, puesto que alude a que el ayuntamiento se encontraba sometido a las restricciones de un Plan de Ajuste. Tanto López como Bellido han insistido en que esa situación de intervención económica sobre el consistorio se levantó en junio de 2018.

En el pleno también se ha aprobado una última versión de la ordenanza reguladora de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que afecta a las condiciones de circulación de los patinetes eléctricos, para incorporar las instrucciones dictadas el pasado mes de diciembre por la Dirección General de Tráfico (DGT). Así, se ha rebajado la velocidad máxima permitida de 30 a 25 km/h y se ha rebajado la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que se contemplaba hasta ahora para que figure solo como recomendación.

Durante la sesión se ha aprobado, igualmente, la revisión de la ordenanza de protección animal, que actualiza el régimen de sanciones de la norma vigente hasta ahora y regula nuevas situaciones, como el acceso de las mascotas a las zonas de baño como la playa canina de Aguamarga. No obstante, no se ha aprobado la moción presentada por el grupo municipal de Compromís para que se constituyese una comisión sobre el estudio de la protección de la plaza de Luceros y el traslado de las ‘mascletades’ de Hogueras. La propuesta ha quedado rechazada con los votos de PP, Cs y Vox.

El portavoz de Compromís ha planteado que se trataba de una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de proteger la fuente de Bañuls como elemento patrimonial y cultural sin prejuzgar nada y desde el respeto a las tradiciones.

No obstante, los tres grupos del centro-derecha han coincidido en remarcar su interés por la protección del patrimonio, pero han incidido en que el disparo de los espectáculos pirotécnicos no es la única circunstancia que afecta al monumento, ya que también se encuentra expuesto al impacto del tránsito de vehículos y el paso subterráneo del tranvía. En esta línea, han abogado por estudiar fórmulas de protección y no por abordar un posible traslado.

El desarrollo de la sesión se ha visto marcado por la controversia suscitada a cuenta de las iniciativas presentadas por el grupo socialista, reconvertidas en declaraciones institucionales sin el consentimiento de los ediles del PSPV-PSOE.

En el inicio de la sesión, el secretario municipal ha informado de la suspensión cautelar del debate de esas declaraciones, en respuesta a la petición formulada en ese sentido en el recurso de reposición presentado por el propio PSPV-PSOE.