José García-Montalvo, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, ha participado en el Laboratorio de Evaluación de Políticas Públicas IvieLab, en el que ha analizado las «Políticas públicas de vivienda, lo que funciona, lo que no funciona … y lo desconocido»

García-Montalvo puso de manifiesto la desinformación que existe en torno a la vivienda y las políticas públicas para facilitar el acceso a la misma. Como ejemplo, puso la disparidad de datos sobre la subida de los alquileres el pasado año. Mientras el INE evaluaba la subida en un 0,7% de media, plataformas como Idealista subían el incremento hasta el 7%.

En su opinión, por ejemplo, “no hay datos que avalen que el aumento de los apartamentos turísticos en ciudades como Barcelona o Valencia haya provocado un incremento de los precios de los alquileres de vivienda habitual”.

En su conferencia ha reclamado la necesidad de evaluar los resultados de las políticas públicas de vivienda y no las intenciones perseguidas con ellas para así, establecer unos criterios objetivos que ayuden a tomar las decisiones adecuadas. “Es tan importante saber si el programa será efectivo como analizar sus efectos colaterales y de largo plazo”, ha añadido.

El principal objetivo de las políticas de vivienda es permitir el acceso a una vivienda a colectivos más desfavorecidos y con renta baja, a través de la compra o del alquiler. Existen muchas políticas diferentes para lograr este fin, pero “la cuestión es decidir cuándo aplicarlas, cuáles son las más eficaces y cuáles tienen menos efectos colaterales”.

En opinión de Montalvo, se ha incentivado excesivamente la compra de una vivienda y es preferible estimular el alquiler como en otras economías desarrolladas, donde el alquiler representa entre el 30% y 50% de las viviendas disponibles, frente al 16% de España.

En su intervención ha mostrado algunas de las medidas que, en su opinión, pueden contribuir a mejorar el acceso a una vivienda digna en nuestro país:
1. La calificación pública de cualquier vivienda construida con una subvención pública debe ser indefinida y las nuevas deben ser todas para alquiler social
2. Eliminar definitivamente la desgravación a la vivienda en el IRPF
3. Impedir participar en el capital de las sociedades de tasación a las entidades financieras
4. Controlar al sector bancario para evitar que se vuelvan a conceder créditos hipotecarios irresponsables (control de riesgos)
5. Aumentar la oferta de vivienda de nueva construcción con una normativa urbanística controlada pero que garantice la seguridad jurídica de los promotores