Mercavalencia amenaza con romper contrato con su principal cliente con tal de no asumir a los falsos cooperativistas, como obliga la Inspección de Trabajo, informa UGT-PV. Ayer, día 26 de noviembre se celebró una asamblea en la sede de UGT PV para tratar la propuesta planteada por Mercavalencia -propiedad al 51% del Ayuntamiento de València- de pasar los falsos cooperativistas de Work Man a una empresa privada que gestionaría la misma Work Man.

Esta asamblea es posterior a la celebrada el pasado 9 de noviembre en la que los falsos cooperativistas rechazaron la propuesta de Mercavalencia.

La oposición a la proposición de la empresa pública se justifica en que los trabajadores no aceptan pasar a depender de una sociedad limitada que califican de empresa pantalla, ya que, según indica el sindicato en un comunicado, «se repetiría el error de aglutinar en una sociedad externa a unos trabajadores que dependen directamente de las órdenes y la planificación de Mercavalencia; tal y como ha reconocido la resolución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 27 de junio de este año».

Tras la negativa de los trabajadores, Mercavalencia amenazó, según la versión del sindicato, con romper el contrato con el principal cliente del matadero, Incarlopsa en año y medio, con el objetivo de no asumir a los trabajadores de la falsa cooperativa. Sin ese cliente el volumen disminuiría de tal manera que haría inviable conservar las actuales necesidades de mano de obra.

La propuesta de Mercavalencia, según UGT, supone crear una sociedad limitada por parte de Work Man, ofreciendo salarios de 1.950 euros mensuales para los oficiales de primera, 1.680 para los de segunda y 1.500 para los peones, muy por debajo debajo de los sueldos del convenio de Mercavalència, e incluso inferiores al Convenio estatal de cárnicas. Estos salarios serían fruto de la política de nueva empresa para ahorrase los costes de asumir estos trabajadores. Estos no se costearían la seguridad social, pero tendrían unos salarios muy por debajo del convenio de Mercavalencia y del estatal.

Para UGT, lo más grave es el hecho de que «la empresa pública haya amenazado con rescindir el contrato con su principal cliente para poder despedir a los trabajadores en año y medio, incumpliendo así con lo dictado por Inspección de Trabajo. Este hecho supone un desprecio absoluto a la legislación vigente, a los derechos de los trabajadores y a las resoluciones marcadas por la Inspección de Trabajo; además de poner en peligro a las personas trabajadoras y a sus familias».

Según el sindicato, Mercavalencia afirma disponer de informes jurídicos que avalan la imposibilidad de la empresa de asumir a estos trabajadores, tal y como dicta la resolución de la Inspección de Trabajo. Sin embargo, UGT recuerda que en un conflicto similar, el de los bomberos forestales, los trabajadores serán asumidos por una empresa pública creada al efecto, «lo cual evidencia -concluye a organización sindical- que se trata de una cuestión de voluntad política y no de imposibilidad como plantea Mercavalencia».