El informe del Ivie «Servicios públicos fundamentales y bienestar» constata la desigualdad del gasto entre las regiones de hasta el 42%. Un gasto -educación, sanidad y protección social- que en España es competencia principalmente de las administraciones regionales y la Seguridad Social. Un gasto 5 puntos porcentuales inferior a la media de la eurozona

La caída de los ingresos fiscales durante la crisis impidió a las comunidades proteger los niveles de gasto en estas funciones, pero la intensidad de los ajustes fue distinta en cada una de las regiones, señala el informe del Ivie «Servicios públicos fundamentales y bienestar»

Solo Cantabria y País Vasco han recuperado actualmente los niveles de 2009. Las diferencias en el nivel de gasto público en SPF por habitante ajustado se elevan hasta el 42% en 2016 entre la comunidad que más gasta (País Vasco) y la que menos (Canarias). Estas diferencias se arrastran desde antes de que finalizara el traspaso de competencias a las comunidades en el año 2002 y derivan en desigualdades interregionales en el acceso a los servicios públicos y en los niveles de bienestar de la población.

En España, el gasto público en los servicios públicos fundamentales (SPF) que componen el estado del bienestar (sanidad, educación y protección social) supone una cifra equivalente al 26,8% del PIB, una ratio que se sitúa casi 5 puntos porcentuales (pp) por debajo de los países de la eurozona e inferior a la de las cuatro mayores economías europeas (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia).

En España, las competencias se reparten entre las distintas administraciones públicas: las comunidades autónomas y la Seguridad Social concentran el 90% del total del gasto público en servicios fundamentales y el resto competen a las administraciones local y central.
y las administraciones locales y central absorben el resto.

Durante los años de expansión, el gasto real en SPF por habitante experimentó crecimientos generalizados en todas las administraciones públicas. En los años de crisis, la Seguridad Social logró proteger el nivel de gasto, mientras que las administraciones regionales lo ajustaron de media un 15%.

Si en la etapa expansiva las comunidades llegaron a aumentar el gasto hasta un 40% -caso de Murcia y Castilla-La Mancha-, en la época de crisis la intensidad de los ajustes no fue la misma: Castilla-La Mancha redujo su gasto en SPF por habitante en más de un 26% entre 2009 y 2013, mientras que País Vasco, Asturias y Cantabria lo hicieron en menos de un 10%.

Aunque en los últimos años se ha empezado a recuperar el gasto, sólo País Vasco y Cantabria han alcanzado los niveles previos a la crisis.

Los niveles de gasto en educación, sanidad y protección social por habitante difieren notablemente entre comunidades. Una población más envejecida tiene mayores necesidades sanitarias y de dependencia; una región con población dispersa tiene mayores costes en los servicios públicos, mientras que una población joven exige más gasto en educación. Estas diferencias justifican el indicador de población ajustada para calcular la financiación autonómica, que pondera la población total en base a unos criterios que permiten un análisis comparativo más homogéneo.

La comunidad que más gasta es el País Vasco con 3.218 euros y la que menos Canarias, con 2.265. Además, el gasto ajustado de País Vasco y Navarra resultan ser 31 y 23 puntos porcentuales superior a la media española, mientras que en el caso de las autonomías insulares resulta ser 7-8% inferior

La existencia de diferencias en el gasto responde también a la disponibilidad de recursos o el ejercicio de la autonomía por parte de las comunidades a la hora de
determinar el nivel de prestación de los servicios o la modalidad de gestión de los mismos, lo que tiene consecuencias sobre el gasto unitario.

Mejor en el norte

La monografía Las facetas del bienestar calcula un indicador por comunidades a partir de variables de naturaleza objetiva: bienestar material, educación y salud. Las comunidades que lideran el ranking son País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid y Cantabria. En las últimas posiciones se encuentran Canarias y Andalucía.

El informe del Ivie señala que es fundamental reducir las desigualdades entre territorios. En este sentido, es importante conocer los determinantes de estas diferencias
entre comunidades puesto que son un obstáculo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos y para alcanzar mayores niveles de
bienestar en la población. Asimismo, es crucial establecer un sistema que proteja los servicios públicos fundamentales prestados por todas las administraciones
ante situaciones de crisis económica y de caída de ingresos públicos como la vivida en España en la última década.